Municipalidad Distrital de Characato — Res. 591-2025

Antecedentes

Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Condiciones de seguridad: en lugares de trabajo, instalaciones civiles; Equipos de protección personal; Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo: Comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo; Estándares de higiene ocupacional: Comedor – Vestuario – Servicios Higiénicos. Cabe precisar que mediante proveído Nº 782-2022-SUNAFIL/IRE-AQP/SIAI de fecha 08 de junio de 2022, se procedió a la corrección del error material incurrido, conforme a lo dispuesto en el numeral 212.1 del artículo 212º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con la entrega de equipos de protección personal de los que se derive un riesgo grave para la seguridad o salud de los trabajadores, tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,890.00. - Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, en materia de comedor y casilleros, tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,890.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, materia de comité de seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 27.12 del artículo 27° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,890.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 21 de diciembre de 2021, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

Cabe precisar que mediante proveído Nº 782-2022-SUNAFIL/IRE-AQP/SIAI de fecha 08 de junio de 2022, se procedió a la corrección del error material incurrido, conforme a lo dispuesto en el numeral 212.1 del artículo 212º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. Se notificó a la Procuraduría Pública de la impugnante en fecha 09 de junio de 2022, mediante Cédula de Notificación Nº 0000020542-2022. Se notificó a la Procuraduría Púbica de la impugnante en fecha 17 de enero de 2023, mediante Cédula de notificación Nº 0000001355-2023.

i. Señala que cumplieron con la entrega de los equipos de protección personal, lo cual se acredita con los registros de entrega que contienen los nombres, números de documentos de identidad y las firmas de recepción de los trabajadores beneficiarios. ii. Respecto a la supuesta infracción por incumplimiento de disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, específicamente en lo referido a la habilitación de comedor y casilleros, se presentaron oportunamente fotografías que evidencian la existencia y disposición de los casilleros y percheros en la institución. iii. Asimismo, llevaron a cabo la conformación de la junta directiva para la convocatoria de elecciones, así como la constitución del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, cumpliéndose con los requisitos establecidos por la normativa vigente. iv. Por otra parte, dieron cumplimiento a la medida inspectiva de requerimiento de fecha 21 de diciembre de 2021, lo cual se demuestra con la remisión de la información solicitada a través de la casilla electrónica. En ese sentido, se debe señalar que las presuntas irregularidades en materia de relaciones laborales fueron debidamente subsanadas.

i. Respecto a la obligación de entregar los equipos de protección personal (EPP), la autoridad sancionadora concluyó que la entidad incurría en una infracción grave conforme al numeral 27.9 del artículo 27° del RLGIT, al no entregar de manera completa los EPP requeridos por la normativa vigente, en perjuicio de tres trabajadores. En efecto, según lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 017-2017-TR y la Resolución Ministerial N° 249-2017-TR, las municipalidades deben entregar anualmente al menos dos dotaciones de uniformes, dos pares de calzado de seguridad, ponchos impermeables, y un litro mensual de bloqueador solar con FPS 50 o superior a los obreros expuestos a radiación solar. Sin embargo, durante las actuaciones inspectivas se verificó que sólo se entregaron parcialmente estos implementos, faltando una dotación de calzado, dos uniformes y la entrega mensual del bloqueador, sin que la entidad haya acreditado con documentación suficiente la entrega íntegra de dichos elementos de protección.

Cabe precisar que, con fecha 05 de mayo de 2023, se notificó a la Procuraduría Pública de la impugnante mediante Cédula de Notificación Nº 0000012853-2023. Mientras que, con fecha 10 de abril de 2023 se notificó a la impugnante mediante casilla electrónica.

ii. Si bien, la impugnante sostiene haber cumplido con sus obligaciones y presentó registros de entrega con nombres, DNI y firmas de los trabajadores, la documentación aportada no fue suficiente para desvirtuar los hallazgos de la autoridad inspectiva. Tan es así que, sólo se acreditó la entrega de un par de zapatos a un trabajador, sin evidencia que confirme la entrega del bloqueador solar ni el cumplimiento con los demás requerimientos mínimos. En ese contexto, se ratifica que el empleador no cumplió integralmente con su deber de protección conforme a los principios de prevención y protección en materia de seguridad y salud en el trabajo, incurriendo en una infracción grave que afecta directamente el bienestar y seguridad de sus trabajadores, y que es pasible de sanción administrativa. iii. Con relación a la obligación de cumplir con las norma que regulan los estándares de higiene ocupacional, se verificó que el sujeto inspeccionado no acreditó la implementación de condiciones mínimas de higiene ocupacional exigidas por la normativa de seguridad y salud en el trabajo, en particular la habilitación de casilleros en los vestuarios del área de limpieza del Estadio Municipal, ni la existencia de un comedor o ambiente adecuado donde los obreros municipales pudieran conservar, calentar e ingerir sus alimentos. Esta omisión afecta directamente a los trabajadores afectados, configurándose una infracción grave conforme al numeral 27.9 del artículo 27° del RLGIT, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 20° del Decreto Supremo N° 017-2017-TR y el artículo 9° de la Resolución Ministerial N° 249-2017-TR. Estas disposiciones obligan a los empleadores a garantizar espacios adecuados para la higiene y bienestar de los trabajadores, en especial aquellos expuestos a agentes contaminantes o condiciones laborales adversas. iv. Ahora si bien la impugnante alega haber cumplido con dichas disposiciones, presentando fotografías y diversos informes administrativos, se constató que la documentación ofrecida fue la misma presentada en instancias previas y no acredita fehacientemente la existencia ni la operatividad de los ambientes señalados. En efecto, no se ha probado la implementación real de los casilleros ni del comedor conforme a los estándares exigidos. De acuerdo con el artículo 49° de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el empleador tiene la obligación de adoptar de forma permanente medidas preventivas y de mejora en las condiciones laborales sin necesidad de requerimiento previo. Por tanto, al persistir la omisión pese a las oportunidades de subsanación, se configura una infracción grave, confirmándose válidamente la sanción impuesta por la autoridad de primera instancia. v. Por otra parte, de las actuaciones inspectivas desarrolladas, quedó acreditado que el sujeto inspeccionado no cumplió con la constitución e instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, infringiendo lo establecido por la Ley N° 29783 y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR. La normativa exige que el Comité esté conformado por representantes elegidos por los trabajadores y por el empleador, mediante un proceso electoral formal, y que su instalación conste en acta. No obstante, se constató que, para el período enero-noviembre de 2021, no

se realizó el proceso de elección, ni se presentó el acta de instalación, constituyendo una infracción grave conforme al numeral 27.12 del artículo 27° del RLGIT. vi. Si bien la impugnante alegó haber realizado actos preparatorios como la conformación del comité electoral, la convocatoria a elecciones y la emisión de resoluciones de alcaldía, dichos documentos presentados no acreditan el cumplimiento efectivo de los requisitos normativos, ya que no se acompañó evidencia del proceso electoral ni el acta de instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Además, se verificó que los supuestos miembros del comité fueron designados directamente, sin respetar el derecho de los trabajadores a elegir a sus representantes, lo que constituye una vulneración sustancial a las garantías de participación y representación que exige la normativa vigente. vii. Dado que la constitución del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es un componente esencial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y que el empleador tiene la responsabilidad directa de garantizar su implementación efectiva, la omisión en su conformación compromete gravemente el cumplimiento de las obligaciones legales en materia preventiva. En consecuencia, se confirma la infracción grave atribuida por la autoridad de primera instancia, al haberse verificado que la Municipalidad no acreditó debidamente la elección ni la instalación del Comité conforme a lo establecido por ley. viii. En el marco de la fiscalización realizada, se acreditó que la impugnante no cumplió con la medida inspectiva de requerimiento notificada el 21 de diciembre de 2021, en la cual se le solicitó documentación que acredite el cumplimiento de sus obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pese al plazo otorgado, no presentó la información requerida de forma oportuna ni suficiente, lo que configuró un incumplimiento al deber de colaboración frente a la autoridad inspectiva. Aunque la impugnante sostiene haber remitido los documentos mediante la casilla electrónica institucional, dicha remisión no acreditó la subsanación de las observaciones formuladas, ni el cumplimiento integral de la medida. ix. Cabe recordar que, conforme al artículo 9° de la LGIT y al artículo 15° de su Reglamento, todo empleador está obligado a colaborar con la labor inspectiva, lo que incluye facilitar documentación e información veraz y completa dentro de los plazos establecidos. La medida de requerimiento constituye una herramienta correctiva con la finalidad de revertir situaciones de incumplimiento antes de la apertura de un procedimiento sancionador. En este caso, la impugnante no logró acreditar: (i) la entrega de equipos de protección personal, (ii) la implementación de condiciones de higiene ocupacional (comedor, casilleros y vestuarios), ni (iii) la constitución del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en perjuicio de tres trabajadores identificados en el acta inspectiva. x. En consecuencia, el incumplimiento reiterado frente a la medida de requerimiento evidencia una infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT. A ello se suma la comisión de tres infracciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, todas debidamente comprobadas en el

expediente administrativo. Dado que no se advierte vulneración a derechos ni vicios en la resolución apelada, y considerando que fue emitida conforme a ley y con debida motivación, corresponde confirmar la sanción impuesta y desestimar el recurso impugnatorio en todos sus extremos.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias. Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.

aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR10, y el artículo 2° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR11 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

10 Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 11 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Municipalidad Distrital De Characato

12 De conformidad con lo preceptuado en el artículo 14° del Reglamento del Tribunal. 13 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006- PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT; dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 08 de mayo de 2023.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 23 de mayo de 2023, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 100-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, señalando los siguientes alegatos:

i. La impugnante solicita la nulidad de la Resolución de Subintendencia y la Resolución de Intendencia, al haberse vulnerado de manera evidente el régimen legal de notificaciones establecido en el artículo 26° del TUO de la LPAG. Dado que, en el presente caso, las notificaciones de las actuaciones inspectivas, tales como la medida inspectiva de requerimiento de fecha 21 de diciembre de 2021, se efectuaron únicamente a través de medios virtuales, omitiendo la notificación física, la cual no ha sido derogada ni sustituida expresamente por norma legal. Por tanto, dicho acto contraviene el procedimiento válido y obligatorio de notificación, generando indefensión y afectación al derecho de defensa del sujeto inspeccionado. ii. Asimismo, indica que no se remitieron las alertas electrónicas correspondientes, situación que agrava la irregularidad de las notificaciones virtuales, ya que impidió que la entidad tome conocimiento oportuno de los requerimientos y adopte las acciones necesarias para su cumplimiento. Conforme al marco normativo vigente, las notificaciones electrónicas deben ir acompañadas de sistemas que garanticen la recepción efectiva de los actos administrativos, como el envío de alertas a correos electrónicos registrados, lo que en este caso no ocurrió, configurándose una vulneración al principio de debido procedimiento. La notificación virtual, por sí sola, no garantiza la validez ni eficacia del acto si no se complementa con mecanismos adecuados que aseguren el conocimiento por parte del administrado. iii. Finalmente, la resolución materia de impugnación también incurre en transgresión de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, previstos en el artículo IV del TUO de la LPAG. Las sanciones impuestas, tanto en su naturaleza como en su cuantía, se han determinado de forma mecánica y descontextualizada, sin valorar debidamente las circunstancias particulares del caso concreto, como el nivel de afectación, la conducta colaborativa de la impugnante, o la posibilidad de subsanación. En ese sentido, las multas resultan excesivas y punitivas, desnaturalizando el carácter preventivo y correctivo que debe regir el ejercicio del poder sancionador de la administración pública. Por tanto,

corresponde declarar la nulidad de ambos actos administrativos impugnados, por carecer de validez formal y material, y por vulnerar principios fundamentales del derecho administrativo sancionador.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la notificación por casilla electrónica

a. El objeto del citado cuerpo normativo regula el uso obligatorio de la notificación vía casilla electrónica (artículo 1). b. La casilla electrónica se constituye como un domicilio digital obligatorio para efectos de la notificación artículo 6, primer párrafo). c. La SUNAFIL tiene la carga de comunicar al usuario cada vez que se le notifique un documento a través de alertas dirigidas al correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería (artículo 6, segundo párrafo).

d. Los usuarios tienen la obligación de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada a efectos de tomar conocimiento de los documentos y/o actos administrativos que se les notifiquen (numeral 8.1 del artículo 8). e. El contenido de la notificación vía casilla electrónica debe contener cinco elementos, sin que —entre ellos— se haya previsto a la alerta referida antes (artículo 9). f. La validez de la notificación se produce con el depósito del documento en la casilla electrónica (numeral 11.1 del artículo 11)

“Sólo puede reputarse "publicitada" una norma cuando hay la posibilidad de que sea conocida por todos por haberse usado los medios necesarios para su divulgación. Esa posibilidad, precisamente, produce un efecto jurídico fundamental: el precepto se convierte en norma ya que por la "publicidad" (que es el resultado, estado o calidad) el precepto alcanza, simultáneamente, "existencia" en el mundo del derecho”15.

14 Consúltese en el enlace alojado en la cuenta de youtube de SUNAFIL: “Guía del usuario para el envío de respuestas a las cartas inductivas”, del 27 de julio de 2020: https://www.youtube.com/watch?v=ZvndX6G6yfE&t=2s 15 Paniagua Corazao, V. (1987). La publicidad y publicación de las normas del Estado: El caso de los decretos supremos no publicados. Themis: Revista de Derecho, (6), 18.

“7. No cabe duda entonces que el requisito de la publicidad, tanto de las leyes como de las normas con rango de ley, tiene por objeto la difusión de su contenido de manera que todos tengan conocimiento de aquella y pueda exigirse su cumplimiento obligatorio, dentro del ámbito territorial correspondiente”.

“28. Ahora bien, el derecho al debido proceso en el ámbito administrativo sancionador garantiza, entre otros aspectos, que el procedimiento se lleve a cabo con estricta observancia de los principios constitucionales que constituyen base y límite de la potestad disciplinaria, tales como el principio de legalidad, tipicidad, razonabilidad y, evidentemente, el principio de publicidad de las normas. Estos principios garantizan presupuestos materiales que todo procedimiento debe satisfacer plenamente, a efectos de ser reputado como justo y, en tal sentido, como constitucional”.

Sobre la infracción a la medida inspectiva de requerimiento

“(…) 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia”. (Énfasis añadido).

Figura N° 01

que para la extensión de una medida inspectiva de requerimiento resulta de vital importancia, la verificación de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral. Tal supuesto se ha configurado en el presente caso, toda vez que, durante la fase inspectiva, se llevó a cabo una actuación probatoria adecuada, orientada a que la Administración Pública acredite fundadamente la existencia de la infracción imputada.

Figura N° 02

16 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…). 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 17 Enlace web: https://aplicativosweb6.sunafil.gob.pe/si.consultaNotificacion/

anterioridad a dicha fecha. Asimismo, se verifica que había registrado previamente sus datos de contacto, conforme se detalla seguidamente:

Figura N° 03

Figura N° 04

Sobre el principio de razonabilidad y proporcionalidad

“Artículo 38.- Tipos de sanciones y criterios de graduación de las sanciones

18 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…). 3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación: a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción; b) La probabilidad de detección de la infracción; c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; d) EI perjuicio económico causado; e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción. f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. 19 Ocampo Vásquez, F. (2011). El principio de razonabilidad como límite a la tipificación reglamentaria de los organismos reguladores. Ius et Veritas, (42), 2.

Las infracciones son sancionadas administrativamente con multas administrativas y el cierre temporal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39-A de la presente ley. Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la presente Ley, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: a) Gravedad de la falta cometida. b) Número de trabajadores afectados. c) Tipo de empresa. El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación”.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y Salud en el Trabajo No acreditar la entrega de equipos de protección personal de los que se derive un riesgo grave para la seguridad o salud de los trabajadores Numeral 27.9 del artículo 27° del RLGIT GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo No acreditar el cumplimiento de los estándares de higiene ocupacional – comedor, vestuarios, casilleros. Numeral 27.9 del artículo 27° del RLGIT GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo No acreditar el cumplimiento de las disposiciones en materia de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en materia de comité de seguridad y salud en el trabajo Numeral 27.12 del artículo 27° del RLGIT GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 21 de diciembre de 2021 Numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO, en contra de la Resolución de Intendencia N° 100-2023-SUNAFIL/IRE- AQP, de fecha 31 de marzo de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Arequipa, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 303-2022- SUNAFIL/IRE-AQP, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 100-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 31 de marzo de 2023, en todos sus extremos.

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. – Notificar la presente resolución a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO, y a la Intendencia Regional de Arequipa, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA Presidente 20250604MABJ – HR: 98774-2023