Municipalidad Distrital de Casa Grande — Res. 445-2025

Antecedentes

Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Pago de la Remuneraciones (Sueldos y Salarios). Se notificó a la Procuraduría Pública del impugnante el 17 de febrero de 2022. Cabe precisar que, conforme a la notificación realizada a la impugnante, su procuraduría pública tomó conocimiento del inicio del procedimiento administrativo sancionador, y presentó los descargos que obran en el expediente sancionador, los mismos que han sido valorados por las instancias competentes. 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

numeral 53.2 del artículo 53° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR y modificatorias (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con el pago íntegro y oportuno de la remuneración, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 22,968.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 34,672.00.

i. La resolución impugnada carece de una debida motivación, lo que vulnera el principio de legalidad y, en consecuencia, el debido procedimiento. ii. La entidad se encuentra inmersa en un proceso de cese colectivo, conforme al trámite N° 06099823, iniciado el 10 de marzo de 2021, mediante el cual se solicitó la terminación colectiva de las relaciones de trabajo por causas objetivas (motivo económico). Si bien la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (GRTPE) de la Libertad notificó, el 18 de marzo de 2021, el Auto Sub Gerencial N° 019-2021- GRLL-GGR-GRTPE/SGPSC, que declaró no ha lugar lo solicitado, el 05 de abril de 2021, se interpuso el respectivo recurso de apelación. Posteriormente, el 19 de mayo de 2021, ante la falta de pronunciamiento, se solicitó la aplicación del silencio administrativo positivo, de conformidad con la normativa aplicable, requiriéndose la ejecución de la resolución ficta. iii. Adicionalmente, no se ha considerado que se encuentra en trámite un proceso judicial de acción de cumplimiento, mediante el cual se ha solicitado la ejecución de la resolución ficta favorable, correspondiente al Expediente N° 00097-2021-0-1602- JR-CI-02, seguido ante el Juzgado Civil de Ascope. En ese sentido, resulta incoherente sostener que el pedido ya se agotó por haberse declarado improcedente, por extemporáneo, el recurso de apelación, ya que dicho proceso aún no ha concluido. iv. Conforme a lo establecido en el artículo 13° del TUO de la LPAG, cuando en el desarrollo del procedimiento administrativo surja una cuestión contenciosa que requiera ser resuelta previamente en sede judicial para poder determinar el fondo

Notificada a la Procuraduría Pública el 07 de octubre de 2022. Véase folio 51 del expediente sancionador

del asunto, corresponde suspender dicho procedimiento hasta que el Poder Judicial declare el derecho que define la litis; esto se encuentra en concordancia, con el artículo 75° del mismo cuerpo normativo, que regula los supuestos de conflicto con la función jurisdiccional. Dicho criterio ha sido recogido, además, en la Resolución N° 662-2021-SUNAFIL/TFL–Primera Sala que dispuso la suspensión del procedimiento hasta que se resuelva en el fuero judicial.

i. Previamente, corresponde revisar detalladamente el presente procedimiento administrativo sancionador en lo que respecta a la solicitud de cese colectivo, tramitada ante la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de la Libertad. Tanto el administrado como el personal inspectivo coinciden en que dicha solicitud fue presentada y que, en primera instancia, la Subgerencia resolvió declararla no ha lugar. Dicha decisión fue objeto de apelación por parte del administrado; sin embargo, el recurso fue desestimado por extemporáneo. Ante la falta de pronunciamiento dentro del plazo legal, se solicitó la aplicación del silencio administrativo positivo. En ese contexto, no existiría controversia sobre estos hechos, por lo que no correspondería mayor cuestionamiento ni pronunciamiento adicional. ii. El administrado ha señalado que presentó una solicitud de aplicación del silencio administrativo positivo, lo cual fue reconocido por el personal inspectivo en el Acta de Infracción. No obstante, es necesario precisar que se emitió la Resolución Gerencial Regional N° 013-2021-GR-LL que, entre otros extremos, ratifica la validez de la resolución que declaró improcedente el recurso de apelación por extemporáneo. Si bien no se contaba con la fecha de notificación al administrado de dicha resolución, se destaca que, independientemente de ello, las gestiones realizadas por el administrado en sede administrativa se encuentran concluidas. iii. En cuanto al proceso judicial de acción de cumplimiento iniciado, se ha advertido, a través de la consulta en el portal web del Poder Judicial que, mediante la Resolución N° 03, entre otros puntos, se corre traslado de la demanda y se ha fijado fecha para la realización de la audiencia única. Sin embargo, no se ha dictado disposición judicial alguna que ordene a esta Autoridad Administrativa la suspensión del procedimiento

Notificado a la Procuraduría Pública del impugnante en fecha 12 de mayo de 2023.

administrativo sancionador. Cabe señalar que, conforme al artículo 74° del TUO de la LPAG, la competencia administrativa es inalienable, y solo por ley o mediante mandato judicial expreso, en un caso concreto, puede exigirse a una autoridad no ejercer una atribución administrativa de su competencia; por lo que, cualquier incumplimiento, implicaría responsabilidad para dicha autoridad administrativa. iv. Aunado a ello, se señala que el artículo 75° del TUO de la LPAG se refiere a los casos en los que se tramita una cuestión litigiosa entre dos administrados, en relación con determinadas relaciones de derecho privado que deben ser esclarecidas previamente al pronunciamiento administrativo. No obstante, en el presente caso, el administrado es únicamente el sujeto inspeccionado, mientras que los trabajadores fueron afectados por la verificación de la infracción administrativa relacionada con el incumplimiento del pago de sus remuneraciones. Aunque el origen de la infracción proviene de una obligación de derecho privado (el pago de remuneraciones), la verificación de las infracciones administrativas se enmarca dentro del derecho público. Por tanto, el supuesto previsto no resulta aplicable en el presente caso. v. Si bien el artículo 13° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, contempla la suspensión del procedimiento administrativo cuando exista una cuestión contenciosa que resulta determinante para su resolución, en el presente caso lo que se discute en sede judicial es la eventual existencia y eficacia de una resolución ficta. Sin embargo, debe señalarse que, en vía administrativa, el procedimiento concluyó con la emisión de la resolución que declaró improcedente el recurso de apelación por haber sido presentado de manera extemporánea, conforme se ha expuesto previamente. En tanto no exista un mandato judicial firme que ordene expresamente la suspensión del procedimiento, esta Autoridad no puede dejar de continuar con su tramitación y emitir pronunciamiento, caso contrario, implicaría un incumplimiento de funciones, debiendo desestimarse también dicho extremo. vi. Por otra parte, el administrado no ha negado el incumplimiento en el pago de las remuneraciones adeudadas a sus trabajadores afectados, tal como se consigna en el Acta de Infracción que sustenta el presente procedimiento, y considerando que los argumentos expuestos han sido desestimados conforme a lo anteriormente señalado, corresponde confirmar la resolución impugnada. vii. De conformidad con lo dispuesto en la LGIT y su reglamento, la medida inspectiva de requerimiento constituye una medida correctiva destinada a revertir los efectos de la conducta infractora antes del inicio del procedimiento sancionador. Su incumplimiento reviste carácter insubsanable, pues la inacción dentro del plazo otorgado por la autoridad inspectiva compromete la eficacia de la propia función inspectiva. En el presente caso, el administrado no formuló descargo respecto a este extremo y se verificó que no cumplió con lo requerido en el plazo establecido, por lo que corresponde confirmar este extremo. viii. En cuanto a la multa impuesta, corresponde confirmar su determinación conforme a lo resuelto en primera instancia, en aplicación de la tabla de sanciones vigente establecida mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-TR, que modificó el numeral 48.1 del artículo 48° del RLGIT. Ello resulta procedente, toda vez que la constatación

de las infracciones se efectuó en el mes de setiembre de 2021, fecha en la cual dicho marco normativo se encontraba plenamente vigente. ix. Finalmente, conforme al artículo 38° de la LGIT, la graduación de sanciones se efectúa en función de la gravedad de la infracción, el tipo de empresa y el número de trabajadores afectados. En el presente caso, se ha verificado que la primera instancia aplicó correctamente dichos criterios al determinar la sanción, conforme a lo previsto en la LGIT y su RLGIT. En consecuencia, corresponde confirmar la multa impuesta.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias. Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…)

LGIT), el artículo 17° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR8, y el artículo 2° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR9 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.

por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”10.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Municipalidad Distrital De Casa Grande

10 De conformidad con lo preceptuado en el artículo 14° del Reglamento del Tribunal. 11 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006- PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

corresponde analizar los argumentos planteados por MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASA GRANDE.

Del Analisis Sobre La Existencia De Causales De Improcedencia Del Recurso De Revisión

12 Publicado en fecha 06 de enero de 2017, a través del diario oficial “El Peruano”.

y designar un apoderado judicial especial; sin embargo, no se consignan de manera expresa y específica las facultades conferidas al apoderado judicial especial, lo cual resulta relevante para efectos de verificar la legitimidad de su actuación en el presente procedimiento.

“El Estado y las demás entidades de derecho público, incluyendo los órganos constitucionales autónomos, pueden designar apoderados judiciales especiales para los procesos en que sean parte, siempre que lo estimen conveniente por razón de especialidad, importancia del asunto discutido, distancia o circunstancias análogas, conforme a la legislación pertinente”.

“La representación judicial confiere al representante las atribuciones y potestades generales que corresponden al representado, salvo aquellas para las que la ley exige facultades expresas. La representación se entiende otorgada para todo el proceso, incluso para la ejecución de la sentencia y el cobro de costas y costos, legitimando al representante para su intervención en el proceso y realización de todos los actos del mismo, salvo aquellos que requieran la intervención personal y directa del representado”.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No cumplir con el pago íntegro y oportuno de la remuneración Numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT GRAVE Labor Inspectiva I No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento Numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar IMPROCEDENTE el recurso de revisión interpuesto por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASA GRANDE, en contra de la Resolución de Intendencia N° 127-2023- SUNAFIL/IRE-LIB, de fecha 19 de abril de 2023, emitida por la Intendencia Regional de la Libertad, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 964-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – Notificar la presente resolución a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASA GRANDE, y a la Intendencia Regional de la Libertad, para sus efectos y fines pertinentes.

TERCERO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA Presidente

20250507MABJ – HR: 88194-2021