Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso — Res. 366-2021

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Discriminación en el trabajo (sub materia: cuadro de categorías y funciones y/o política salarial, y deber de informar sobre la política salarial o remunerativa implementada), hostigamiento y actos de hostilidad (sub materia: otros hostigamientos), y relaciones colectivas (sub materia: convenios colectivos). 20555195444 soft PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft

- Una infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar contar con una Política de Prevención y Sanción de Hostigamiento Sexual en el Trabajo, tipificada en el numeral 25.15 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole la multa ascendente a la suma de S/ 52,245.00.

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento del 14 de febrero de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo del RLGIT. Imponiéndole la multa ascendente a la suma de S/ 52,245.00.

i. La resolución que expide el acto y el convenio colectivo es nulo de pleno derecho, ya que no se ha realizado conforme a los procedimientos establecidos por la Ley N° 30057, razón por la cual se solicita la nulidad del convenio colectivo celebrado entre el Sindicato SOMUN-CLR y la Municipalidad ante el Poder Judicial en el Expediente N° 00973-2020-0- 0701-JR-LA-04 del 4to Juzgado Especializado de Trabajo del Callao.

ii. Respecto a que el sujeto inspeccionado no puede modificar de manera unilateral los acuerdos arribados y sustentar su modificación por causas presupuestales; se indica que, al haberse demostrado que la resolución que otorga los supuestos derechos al sindicato no se encuentra conforme a ley, se solicita su nulidad.

iii. Se debe tener en cuenta que la demanda fue presentada el día 24 de setiembre del 2020 y el informe final de instrucción fue remitido el día 03 de marzo de 2021. Al respecto, se puso de conocimiento a SUNAFIL, a fin de que se inhiba del procedimiento administrativo hasta que exista un pronunciamiento final de parte del poder judicial sobre la nulidad del convenio colectivo.

iv. Se pone en conocimiento que el sindicato SOMUN-CLR ha presentado una demanda de cumplimiento de la décimo sexta y décimo séptima cláusula del convenio colectivo bilateral 2019 (cumplimiento del convenio colectivo), ante el Segundo Juzgado de Trabajo del Callao. Además, se debe señalar que la audiencia de conciliación ha sido programada para el 07 de setiembre del 2021, por lo que se solicita la inhibición de emitir pronunciamiento sobre la supuesta infracción.

v. En cuanto a no contar con una política de prevención y sanción de hostigamiento sexual en el trabajo, se ha demostrado que la subgerencia de recursos humanos remitió la Resolución de Gerencia Municipal N° 172-2020/GM/MDCLR, de fecha 23 de diciembre del 2020, donde se aprueba el Reglamento Interno de Servicios Civiles 2020, la misma que contiene en su capítulo XIV, del artículo 122 al 125, políticas que promueven y sancionan los actos en materia de hostigamiento sexual. Enese sentido, con fecha 10 de setiembre de 2020 mediante oficio N° 09-2020-SGRH-GAH/MDCLR, se comunicó que cuenta con una política de prevención y sanción de hostigamiento, elemento probatorio que no ha sido valorado, vulnerando su derecho de defensa y el de debido procedimiento.

vi. La Subgerencia de recursos humanos, mediante Informe N° 236-2021-SGRH-GAF/MDCLR, señala que ha cumplido en subsanar todas las observaciones indicadas en el requerimiento el 10 de setiembre del 2020; por lo que, resulta falso la aseveración indicada.

i. Respecto al punto i y ii del recurso de apelación, la autoridad instructora señala que el hecho de que la Municipalidad haya declarado la nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 276-2019-MDCLR, que aprueba el acta de acuerdo de comisión negociadora (paritaria) - ejercicio fiscal 2019, no enerva la validez del acta de acuerdo de la comisión negociadora, la cual debe cumplirse, ya que no puede desconocer unilateralmente los acuerdos que se han producido durante la negociación colectiva. De igual modo, la autoridad sancionadora de primera instancia señala que la impugnante no puede

2 Notificada a la inspeccionada el 30 de julio de 2021, ver fojas 368 del expediente sancionador.

modificar de manera unilateral, mediante Resolución de Alcaldía N° 493-2019-MDCLR, los acuerdos arribados y sustentar su modificación por causas presupuestales vulnerando con ello la buena fe que prevaleció al momento de la suscripción del convenio colectivo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 42 y 43 del TUO del Decreto Ley N° 25593, ley de relaciones colectivas de trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2003-TR.

ii. Respecto al punto iii y iv del recurso de apelación; el avocamiento significa la posibilidad de un órgano resolutivo de ejercer o interferir con la labor de otro, de manera tal que le impide cumplir sus funciones o la sustituye, lo cual no sucede en el caso de la inspección de trabajo, toda vez que la misma no impide, limita o condiciona lo que el Poder Judicial en uso de su jurisdicción pueda efectuar, salvo que haya emitido un mandato expreso que ordene a la autoridad administrativa que no desarrolle su competencias y este haya hecho caso omiso. Asimismo, en el presente procedimiento administrativo y a lo ventilado en sede judicial, no existe identidad de sujetos, hecho y fundamento, razón por la cual no es atendible lo requerido por el sujeto inspeccionado.

iii. Respecto al punto v, sobre el documento denominado Reglamento Interno de Servidores Civiles – RIS de la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso, aprobado mediante Resolución de Gerencia N° 172-2020-GM/MDCLR del 23 de setiembre del 2020, se aprecia que este fue elaborado y aprobado con fecha posterior al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador. Además, el tema de hostigamiento sexual fue abordado de manera genérica, sin precisar la obligación y responsabilidad de todo empleador de establecer medidas de prevención de hostigamiento sexual, y sin hacer mención al procedimiento de investigación y sanción. Por tanto, el mencionado documento no lo exime de responsabilidad. Asimismo, respecto al oficio N° 09-2020-SGRH-GAF/MDCLR, este fue presentado como descargo a la imputación de cargos, evaluado y valorado en el informe final de instrucción, en el que se concluye que, del documento presentado por la impugnante, no se acreditó la elaboración y publicación de una política de prevención y sanción de hostigamiento sexual.

iv. Conforme a lo desarrollado, se verifica que la impugnante no cumplió con el otorgamiento de los beneficios laborales pactados en el acta de acuerdo de la comisión negociadora (paritaria) - ejercicio fiscal 2019; tampoco cumplió con acreditar la política de prevención y sanción de hostigamiento sexual en el trabajo, lo cual evidencia el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, emitida el 14 de febrero del 2020.

II. DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL 2.1 Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de Sunafil Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno.

de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que sean sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que éste se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por La Municipalidad Distrital De Carmen De La Legua Reynoso

Fundamentos Del Recurso De Revisión

- Inaplicación del principio del debido procedimiento (derecho de defensa y motivación) y principio de legalidad

Precisa que, se ha demostrado que la Subgerencia de Recursos Humanos remitió la Resolución de Gerencia Municipal N° 172-2020/GM/MDCLR del 23 de diciembre del 2020, que aprueba el Reglamento Interno de Servicios Civiles 2020, la misma que contiene en su capítulo XIV del artículo 122 al 125, políticas que promueven y sancionan los actos en materia de hostigamiento sexual, en el que se cumple la obligación de todo empleador de establecer medidas de prevención de hostigamiento sexual, así como el procedimiento y sanción. Asimismo, el 10 de setiembre del 2020, cumplió con remitir el oficio N° 09-2020- SGRH-GAF/MDCLR, en el cual se informó a SUNAFIL que la impugnante cuenta con una política de prevención y sanción de hostigamiento, pero dicho medio probatorio no fue valorado, infringiéndose el principio al debido procedimiento y el derecho de defensa y la

debida motivación; vulnerándose también el principio de legalidad, al no haberse tomado en cuenta sus descargos presentados; en adición, señala que se realiza un cálculo de la multa exorbitante. Por todo ello, solicita la nulidad de las relaciones impugnadas.

- Caducidad del procedimiento administrativo sancionador

Precisa que el presente procedimiento administrativo sancionador ha caducado, en razón que ha pasado más de un año (un año y 7 meses para la sanción impuesta), por lo que las multas han fenecido en razón a lo estipulado en las normas. Es más, existe pronunciamiento sobre caducidades de los procedimientos sancionadores en otros procesos administrativos, por lo que se deberá declarar la nulidad de las resoluciones y archivar el procedimiento sancionador puesto que habrían excedido el plazo para la emisión de la sanción.

- Respecto a la medida inspectiva de requerimiento

Precisa que la subgerencia de recursos humanos, mediante informe N° 236-2021-SGRH- GAF/MDCLR, señala que ha cumplido con subsanar todas las observaciones indicadas en la medida inspectiva de requerimiento el 10 de setiembre del 2020, cumpliendo además con indicar el motivo por el que no se le debería imponer una multa. Sobre ello, adjunto un medio probatorio a fin de acreditar lo vertido por la Subgerencia de Recursos Humanos, el cual no ha sido merituado, infringiéndose el debido procedimiento, el derecho de defensa, así como el principio de buena, fe, objetividad, razonabilidad e imparcialidad.

VI. ANÁLISIS DEL RECURSO DE REVISIÓN 6.1 Respecto de lo señalado por la impugnante referente a la inexistencia de infracciones graves en materia sociolaboral (no cumplir con el otorgamiento de beneficios laborales pactados en el Acta de Acuerdo de la Comisión Negociadora - Paritaria), fue objeto de pronunciamiento en la resolución de segunda instancia: Resolución de Intendencia N° 138- 2021-SUNAFIL/IRE-CAL. Al respecto, debe dejarse establecido que el recurso de revisión, conforme al artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR, es aquel que se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el RLGIT.

incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento y la infracción en materia de relaciones laborales, relativa a no acreditar contar con una Política de Prevención y Sanción de hostigamiento sexual en el trabajo.

En vista de esta última cuestión, se analizará la normativa sustantiva invocada por la impugnante, conforme a la competencia que tiene asignada esta instancia de revisión. Sobre la vulneración al principio del debido procedimiento y principio de legalidad

8 “Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.” 9 STC recaída en el Expediente N° 01412-2007-PA/TC, que señala: “Como ya lo ha expresado el Tribunal Constitucional en abundante sostenida jurisprudencia el debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, en cuyo seno se alberga los actos administrativos, a fin de que las personas estén en la posibilidad de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado o de los particulares que pueda afectarlos. Queda

claro, entonces, que la cláusula fundamental contenida en el artículo 139.3 de la Constitución Política del Perú, no es “patrimonio” exclusivo de los procesos jurisdiccionales, sino que el respeto del contenido del debido proceso se hace extensivo a los procesos administrativos públicos (como es el caso de autos) o privados”. (Fundamento 8). – “Dentro de la misma línea de razonamiento este Colegiado ha precisado que dentro de aquel conjunto de garantías mínimas que subyacen al debido proceso se encuentra el derecho a la motivación de las resoluciones, que adquiere vital preponderancia en el caso que nos ocupa, pues es este el derecho que el demandante reclama como vulnerado y por el cual acude a esta instancia en pos de tutela. Por su parte, la doctrina considera que la motivación supone la exteriorización obligatoria de las razones que sirven de sustento a una resolución de la administración” (Fundamento 10). – “En consecuencia debemos afirmar que el derecho a la motivación de las decisiones administrativas si bien no tiene un sustento constitucional directo, no es menos cierto que forma parte de aquella parcela de los derechos fundamentales innominados que integra la construcción constitucional del Estado que permite apartarse de toda aquella visión absoluta o autoritaria” (Fundamento 11). – “Hablar de un Estado Constitucional significa hablar de un modelo estatal en el que sus acciones están regidas por el Derecho, lo que trae como correlato que la actuación de la administración deberá dar cuenta de esta sujeción para alejar cualquier sospecha de arbitrariedad. Para lograr este objetivo, las decisiones de la administración deberán contener una adecuada motivación, tanto de los hechos como de la interpretación de las normas o el razonamiento realizado por el funcionario o colegiado, de ser el caso”. (Fundamento 12). – “Cuando en el considerando precedente se ha hecho referencia al término adecuada motivación, esta debe ser entendida como aquella que genera consecuencias positivas en un Estado de Derecho en el que la protección de los derechos fundamentales se rige como uno de sus principales pilares. Así, por un lado tenemos que una resolución debidamente motivada brinda seguridad jurídica a los administrados, y por otro, sirve como elemento de certeza a la autoridad administrativa que decide el procedimiento”. (Fundamento 13). 10 http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/15713/16149

aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas o aducir alegaciones.

comparte, al ser el mencionado oficio un documento en el que se verifica el procedimiento que se sigue para ser aprobada la mencionada Directiva, lo que no acredita el cumplimiento de la obligación referida a contar con una Política de Prevención y Sanción de Hostigamiento Sexual en el Trabajo.

Sobre la inaplicación del plazo de caducidad del procedimiento administrativo

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General “Artículo 259.- Caducidad del procedimiento sancionador. (…) 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado el procedimiento y se procederá a su archivo.” Decreto Legislativo N° 1272, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo “Disposiciones Complementarias Finales (…) Quinta. - Para la aplicación de la caducidad prevista en el artículo 237-A de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se establece un plazo de un (1) año, contado desde la vigencia del presente Decreto Legislativo, para aquellos procedimientos sancionadores que a la fecha se encuentran en trámite.” Resolución de Superintendencia N° 171-2017-SUNAFIL. – Directiva N° 001-2017-SUNAFIL/INII, Directiva que regula el Procedimiento Sancionador del Sistema de Inspección del Trabajo.

7. Disposiciones Especificas

202015, la suspensión “del cómputo de los plazos de inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a plazo, que se tramiten en entidades del Sector Público, y que no estén comprendidos en los alcances de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 026-2020; incluyendo los que encuentran en trámite a la entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia”. El plazo del Decreto de Urgencia N° 029-2020 fue posteriormente ampliado mediante el artículo 12 del Decreto de Urgencia No. 053-202016 y el Decreto Supremo N° 087-2020-PCM17, este último ampliándolo hasta el 10 de junio de 2020.

15 Dictan medidas complementarias destinadas al financiamiento de la micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del impacto del Covid-19 en la economía peruana, publicado el 20 de marzo de 2020 en el diario oficial El Peruano. 16 Decreto de Urgencia que otorga un bono extraordinario al personal del Instituto Nacional Penitenciario, del programa nacional de centros juveniles, al personal del Ministerio de Defensa y al personal del Ministerio del Interior, por cumplir acciones de alto riesgo ante la emergencia producida por el Covid-19, y dicta otras disposiciones, publicada el 05 de mayo de 2020 en el diario oficial El Peruano. 17 Decreto Supremo que dispone la prórroga de la suspensión del cómputo de plazos regulada en el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del D.U. Nº 026-2020, ampliado por el Decreto Supremo Nº 076-2020-PCM y de lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto de Urgencia Nº 029-2020, ampliado por el Decreto de Urgencia Nº 053-2020, publicado el 20 de mayo de 2020 en el diario oficial El Peruano. 18 Ver fojas 08 del expediente sancionador

Sobre la Medida Inspectiva de Requerimiento 6.23 Sobre el particular, en el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, pueden adoptar acciones orientas a la misma, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse”. (el énfasis es añadido)

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización”. (el énfasis es añadido)

inspectivas, con la visita inspectiva del 28 de enero del 2020 y el requerimiento de comparecencia del 04 de febrero de 2020.

- Resolución de Sub Intendencia N° 493-2021-SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE,

- Resolución de Intendencia N° 138-2021-SUNAFIL/IRE-CAL

probatoria de cara a que la Administración Pública acredite la existencia de las infracciones imputadas.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, contra de la Resolución de Intendencia N° 138- 2021-SUNAFIL/IRE-CAL, de fecha 26 de julio de 2021, emitida por la Intendencia Regional del Callao dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 231-2020- SUNAFIL/IRE-CAL, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO.- CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 138-2021-SUNAFIL/IRE-CAL, en los extremos referentes a la sanción impuesta por el incumplimiento en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.15 del artículo 25 del RLGIT y a la sanción impuesta por la infracción la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 de la LGIT.

TERCER.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO y a la Intendencia Regional del Callao, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Remitir los actuados a la Intendencia Regional del Callao.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – Sunafil (www.gob.pe/sunafil).

Documento firmado digitalmente

Documento firmado digitalmente Desirée Bianca Orsini Wisotzki

Luz Imelda Pacheco Zerga Presidente

Documento firmado digitalmente Jessica Alexandra Pizarro Delgado