Municipalidad Distrital de Baños del Inca — Res. 1935-2025

Mediante Orden de Inspección N°436-2023-SUNAFIL/IRE-CAJ, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N°240-2023-SUNAFIL/IRE-CAJ (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la LGIT.

Que, mediante Imputación de Cargos N°249-2023-SUNAFIL/IRE-CAJ/SIFN, notificada a la impugnante el 22 de agosto de 2023,se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N°290-2023-SUNAFIL/IRE-CAJ/SIFN, que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Cajamarca, la cual, mediante Resolución de Sub Intendencia N°340-2023-SUNAFIL/IRE-CAJ/SISA, notificada el 31 de octubre de 2023, resuelve sancionar a la impugnante por haber incurrido en la siguiente infracción:

Mediante Resolución de Intendencia N°147-2023-SUNAFIL/IRE-CAJ, notificada el 12 de diciembre de 2023, La Intendencia Regional de Cajamarca declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante.

Con fecha 05 de enero de 2024, la impugnante presentó ante la Intendencia de Regional de Cajamarca, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N°147-2023-SUNAFIL/IRE-CAJ.

La Intendencia Regional de Cajamarca admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-000016- 2023-SUNAFIL/IRE-CAJ, recibido el 11 de enero de 2024 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo4 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias7.

En ese contexto, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esa línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el Principio de Legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAÑOS DEL INCA, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N°147-2023-SUNAFIL/IRE-CAJ, emitida por la Intendencia Regional de Cajamarca, que confirmó la sanción impuesta, por la comisión, de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del citado cuerpo normativo, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 13 de diciembre de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos jurídicos, previstos en el ordenamiento jurídico corresponde analizar los argumentos planteados por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAÑOS DEL INCA.

Ahora bien, conforme lo establece el numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5 de la LGIT, los inspectores del trabajo están investidos de autoridad y facultados para requerir al sujeto responsable que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento. Sobre ello, el numeral 13.5 del artículo 13 del RLGIT establece que, dichas medidas, se adoptan dentro del plazo establecido para la

Al respecto, el artículo 14 de la LGIT, establece lo siguiente:

En similar sentido, el artículo 17 del RLGIT, establece en su numeral 17.2 que “si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

Como se evidencia de las normas glosadas, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento administrativo sancionador (PAS).

Cabe indicar que, la inobservancia o incumplimiento de la medida de requerimiento genera la infracción calificada como muy grave a la labor inspectiva, prevista en el inciso 46.7 del artículo 46 del RLGIT, por no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas para el cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral. No obstante, cabe precisar que, esta infracción a la labor inspectiva se generaría con independencia y en forma adicional a la identificada dentro del marco de la ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo.

En ese orden de ideas, de conformidad con el precedente administrativo de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2022-SUNAFIL/TFL, publicada el 06 de mayo de 2022 en el diario oficial El Peruano, la evaluación de los alegatos relativos a las medidas inspectivas de requerimiento deben de encontrarse vinculadas bajo los siguientes aspectos:

En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal.

De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

En el caso concreto, la medida inspectiva de requerimiento de fecha 26 de junio de 2023, requirió que en el plazo de tres (03) días hábiles se cumpla la siguiente acción, conforme se aprecia a continuación: Figura N°01

En este punto, resulta importante invocar lo determinado en el precedente administrativo de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución de Sala Plena N°019-2024-SUNAFIL/TFL, publicada el 30 de noviembre de 2024 en el Diario Oficial El Peruano, referida a la aplicación del principio de razonabilidad y la identificación de los supuestos de exceso de punición administrativa.

Así de los actuados se advierte que durante la tramitación del procedimiento administrativo sancionador la impugnante presentó diversos medios probatorios orientados acreditar el cumplimiento de la única obligación contenida en la medida inspectiva de requerimiento. A partir de dicha documentación, las instancias de mérito verificaron que la obligación había sido cumplida con anterioridad al inicio del procedimiento sancionador, por lo que se dejó sin efecto la infracción sociolaboral asociada. Sin embargo, a criterio de las citadas instancias, dicha verificación no enervaba la configuración de la infracción muy grave a la labor inspectiva prevista en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT, en tanto se constató que la impugnante no cumplió con atender de forma oportuna la medida inspectiva de requerimiento dentro del plazo otorgado por el personal inspectivo. En ese sentido, determinaron que persistía la

Sin embargo, mantener la responsabilidad administrativa por la inobservancia de la medida inspectiva de requerimiento, pese a haberse verificado que la infracción sociolaboral fue corregida ex ante del inicio del procedimiento sancionador, resulta contrario no solo al citado precedente, sino también a los fines esenciales de la inspección de trabajo previstos en los artículos 1 y 3 de la LGIT. La función inspectiva no tiene como objetivo la punición administrativa, sino la vigilancia del cumplimiento normativo y la reconducción del comportamiento infractor hacia la legalidad, esto es, la observancia de las normas de orden público en materia de relaciones laborales y de la seguridad y salud en el trabajo. En ese contexto, sancionar una infracción a la labor inspectiva en estos supuestos configura un exceso de punición administrativa, pues desconoce la voluntad de enmienda del inspeccionado y convierte la medida inspectiva en un fin en sí mismo, vaciando de contenido su naturaleza correctiva y preventiva, y alejándose de los principios de razonabilidad y finalidad que deben orientar toda actuación administrativa sancionadora.

En consecuencia, habiéndose acreditado la obligación sociolaboral que motivó la medida inspectiva de requerimiento fue cumplida voluntariamente antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador, esta Sala advierte que no subsiste un supuesto material que justifique la imposición de la infracción a la labor inspectiva por el presunto incumplimiento de dicha medida.

Por las razones que anteceden, corresponde dejar sin efecto la infracción muy grave prevista en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT y declarar fundado el recurso de revisión interpuesto, al no resultar procedente mantener una sanción cuando la finalidad correctiva de la medida inspectiva de requerimiento fue alcanzada con anterioridad del inicio del procedimiento sancionador.