Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracin — Res. 1053-2025

Mediante Orden de Inspección N° 657-2022-SUNAFIL/IRE-TAC, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 025-2023-SUNAFIL/IRE-TAC (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante bajo el importe ascendente a S/ 24,196.00 (Veinticuatro mil ciento noventa y seis con 00/100 soles), por la comisión de dos (02) infracciones muy graves a la labor inspectiva.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 043-2023-SUNAFIL/IRE-TAC, de fecha 17 de febrero de 2023, notificado mediante casilla electrónica el 20 de febrero de 20232, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 043-2023-SUNAFIL/IRE-TAC/SIFN- IFI, de fecha 03 de marzo de 2023 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual, procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Tacna, la que mediante Resolución de Sub Intendencia N° 200-2023- SUNAFIL/IRE-TAC/SISA, de fecha 21 de abril de 2023, notificada vía casilla electrónica el 25 de abril de 20233, multó a la impugnante por la suma de S/ 24,196.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Mediante escrito de fecha 11 de mayo de 2023, la impugnante presentó recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 200-2023-SUNAFIL/IRE-TAC/SISA, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 049-2023-SUNAFIL/IRE-TAC, de fecha 23 de junio de 2023 y notificado vía casilla electrónica el 26 de junio de 20234, la Intendencia

Con fecha 10 de julio de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Tacna el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 049-2023- SUNAFIL/IRE-TAC.

La Intendencia Regional de Tacna admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 499-2023- SUNAFIL/IRE-TAC, recibido el 08 de agosto de 2023, por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299815, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299816, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo7 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR8, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR9 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”10.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN, presentó el 10 de julio de 2023 el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 049-2023-SUNAFIL/IRE-TAC, que confirmó la sanción impuesta de S/ 24,196.00 por la comisión de dos (02) infracciones muy graves a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 27 de junio de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN

Sobre el particular, el TUO de la LPAG establece que “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. (…)”11

El numeral 3 del artículo 5 de la LGIT, en el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados están investidos de autoridad y facultados de proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observen correctamente, y en particular, para requerir información al sujeto inspeccionado, situación que se condice con lo dispuesto en el artículo 12 del RLGIT.

De igual modo, el numeral 15.1 del artículo 15 del RLGIT establece: “Durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley”.

En ese sentido, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la LGIT, “Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”. Por lo que, queda entendido que constituye una obligación ineludible de los empleadores, el colaborar con el desarrollo de las actuaciones inspectivas, coadyuvando a que las mismas se logren desarrollar en atención a su finalidad, esto es, la verificación del cumplimiento de las normas sociolaborales y/o en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Asimismo, el artículo 11 de la LGIT establece que “Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público” (énfasis añadido).

Es pertinente recordar que el artículo 36 de la LGIT12 establece que el comportamiento

El tipo administrativo contenido en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, está orientado a sancionar una negativa del sujeto inspeccionado o de sus representantes de facilitar la información y documentación necesaria; no una mera omisión o falta de respuesta, sino una conducta claramente establecida en la que la impugnante o su representante se niegan a entregar la información solicitada.

Así, corresponde analizar el cumplimiento del principio de tipicidad13. Sobre el particular, recuerda la doctrina que “el mandato de tipificación que este principio conlleva, no sólo se impone al legislador cuando redacta el ilícito, sino a la autoridad administrativa cuando instruye un procedimiento sancionador y debe realizar la subsunción de una conducta en los tipos legales existentes”14.

Debemos señalar que de la lectura de las normas que sancionan los incumplimientos a la labor inspectiva, la responsabilidad administrativa no solo admite el comportamiento doloso, pues bajo el principio de culpabilidad se admite también factores subjetivos de responsabilidad, tales como la falta de diligencia15.

Así también, el artículo 16 de la Ley N° 28806 establece la presunción de certeza de los hechos constatados por los inspectores en las fiscalizaciones realizadas, el cual no ha sido desvirtuado por la impugnante. Se advierte que, se ha configurado el tipo infractor contenido en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, al no haberse cumplido con los dos requerimientos de información solicitados por la autoridad inspectiva, en los términos y plazos otorgado por ésta, conforme lo han determinado, adecuadamente, las instancias de mérito, al establecer la sanción a imponerse. Por tales razones, se deben desestimar los argumentos expuestos en este extremo.

Del mismo modo, el Tribunal de Fiscalización Laboral, en la línea de procurar la más estricta aplicación del principio de tipicidad, emitió el primer precedente sobre la materia, establecido en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL, que en su fundamento 15 determina lo siguiente:

En esa misma línea, es pertinente hacer referencia a la Resolución de Sala Plena N° 008- 2023-SUNAFIL/TFL, publicada el 09 de mayo de 2023, que constituye precedente vinculante, por medio de la cual se determinó:

Sobre dicho marco, del expediente inspectivo se verifica que, en fecha 05 de diciembre de 2022, notificado mediante casilla electrónica, el comisionado emplazó a la impugnante un primigenio requerimiento de información, mediante el cual se le solicitó la siguiente información:

Conforme se dejó constancia en el numeral 4.3. del acta de infracción, el requerimiento de información de fecha 05 de diciembre de 2022 no fue satisfecho por la administrada, al no otorgar la información correspondiente respecto de lo solicitado, configurándose una infracción contra la labor inspectiva tipificada labor el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Posteriormente, en fecha 16 de diciembre de 2022, el comisionado volvió a emplazar la medida de requerimiento de información a la impugnante bajo un contenido similar (se omitió del listado el siguiente requerimiento: “Registros de control de asistencia y/o Tareo del personal obrero”), sobre el cual tampoco se acreditó cumplimiento, según se dejó constancia en el numeral 4.5. del acta de infracción, configurándose una segunda infracción tipificada bajo el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

Al respecto, conforme lo establece la orden de inspección, la actuación inspectiva se encontró orientada a investigar sobre la materia de seguridad y salud en el trabajo, la cual ha resultado obstruida y se ha frustrado la fiscalización imposibilitando la continuación de la misma, en razón al proceder omisivo de la administrada; en ese sentido, la afectación a la labor inspectiva ha desencadenado efectos gravosos, por lo cual, cada una de las infracciones califican como muy graves, según lo establece el RLGIT.

Así, respecto a la evaluación de la validez del emplazamiento de los requerimientos de información en fechas 05 y 16 de diciembre de 2022, se advierte que cada uno de los mismos han contado con sus respectivas alertas al contacto registrado por la impugnante con fecha anterior a la notificación de los requerimientos, así tenemos:

Del mismo modo, no debe perderse de vista que el administrado ha tenido accesos a la casilla electrónica con antelación inmediata a la notificación de los requerimientos de información, conforme se visualiza a continuación:

De ese modo, en cuanto a los argumentos formulados en el recurso de revisión, se desestima toda alegación dirigida a negar el correcto emplazamiento y conocimiento de la administrada en cuanto a la notificación de los requerimientos de información, máxime si sobre la base de lo regulado en el Decreto Supremo Nº 003-2020-TR, publicado el 13 de enero de 2020, se reguló, con antelación a la notificación de los mismos, la obligatoriedad del uso de la casilla electrónica para efectos de la notificación de los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL, sin establecer como requisito de validez, la manifestación del consentimiento previo por parte de los investigados. De este modo, los emplazamientos mediante casilla electrónica han resultado plenamente válidos.

Por otro lado, en cuanto al ítem i) del resumen del recurso de revisión, mediante el cual se cuestiona el plazo otorgado a la administrada para el cumplimiento de los requerimientos de información, se verifica que en el requerimiento de información de fecha 05 de diciembre de 2022, se le otorgó el plazo de 06 días hábiles, y en el requerimiento de información de fecha 16 de diciembre de 2022, se le otorgó el plazo de 04 días hábiles, a fin de proporcionar la información señalada en la imagen Nº 01 adjunta de manera precedente. En el marco del principio de razonabilidad17, se verifica que el plazo otorgado a la impugnante resultó pertinente en función al cúmulo de información requerida, máxime si se encuentra dentro de los parámetros que la Directiva Nº 001-2020-SUNAFIL/INII18 define, esto es, no menos de 03 días hábiles como plazo para el primer requerimiento de información emitido.

En ese sentido, es responsabilidad de la inspeccionada ajustar sus procedimientos de requerimiento documental interno a los plazos otorgados por la autoridad de inspección, el cual cuenta con un plazo de desarrollo específico según la orden de inspección (30 días hábiles, en el presente caso), razón por la cual el procedimiento de actuación inspectiva requiere estar enmarcado en parámetros de celeridad. No debe perderse de vista que la administrada no ha proporcionado la información solicitada en ninguna de las dos oportunidades proporcionadas por el inspector, pues a pesar de contar con 10 días hábiles (en total) no ha dado cumplimiento al mismo; por tanto, no encuentra sustento lo alegado por esta, en cuanto a la necesidad de mayor tiempo para el cumplimiento de los requerimientos de información.

Respecto al ítem ii) del resumen del recurso de revisión, en cuanto a la aplicación del precedente de observancia obligatoria de la Resolución de Sala Plena N° 001-2021- SUNAFIL/TFL, en el numeral 6.11 de la presente resolución. Al respecto, no se configura el supuesto alegado por la inspeccionada referido a la aplicación de la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL al presente caso, toda vez que no se verifica una entrega tardía de la información que pueda ser susceptible de encuadrarse en el supuesto de hecho previsto en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT. Por el contrario, de las constancias de actuaciones inspectivas de fechas 16 y 23 de diciembre de 2022, se aprecia que la administrada no cumplió con entregar la información solicitada dentro del plazo conferido; así como tampoco se advierte que haya cumplido siquiera de manera extemporánea, esto es, antes de la apertura del procedimiento administrativo sancionador a efectos que el inspector de trabajo pueda cumplir con el objeto de la orden de inspección. En tal sentido, se advierte la configuración e la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, por lo que debe ser confirmada.

Dicho escenario, constituye un proceder gravoso que configura infracciones instantáneas, independientes e insubsanables por cada oportunidad en la cual la inspeccionada no ha contribuido con la actuación inspectiva, por tanto, la tipificación de cada una de las infracciones imputadas a la administrada se encuentra correctamente encuadrada en los supuestos establecidos en el precedente de observancia obligatoria invocado y materia de análisis. De acuerdo a ello, se desestima los argumentos formulados en el recurso impugnatorio de revisión.

Por lo expuesto, conforme a lo precedente, no queda ápice de duda de la validez de la notificación de los requerimientos de información a la administrada en fechas 05 y 16 de diciembre de 2022; razón por la cual, las infracciones imputadas contra la misma resultan ser justificadas, al haberse configurado las infracciones tipificadas bajo el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT para cada uno de los casos.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente —sin perjuicio del pronunciamiento que se emita como efecto de la nulidad desarrollada en la presente resolución—, como resultado del procedimiento administrativo sancionador, serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.