Municipalidad Distrital Bellavista — Res. 1469-2025

Mediante Orden de Inspección N° 1680-2020-SUNAFIL/IRE-PIU, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 389-2020-SUNAFIL/IRE-PIU (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la LGIT.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 305-2022-SUNAFIL/IRE-PIU/SIAI-IC, de fecha 31 de agosto de 2022, notificado el 02 de setiembre de 20222, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 583-2022-SUNAFIL-SIFN-IRE-PIURA, de fecha 28 de noviembre de 2022, (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Piura, la que mediante Resolución de Sub Intendencia N° 290-2023-SUNAFIL/IRE- PIU/SISA, de fecha 26 de abril de 2023, notificada a la impugnante el 02 de mayo de 20233, multó a la impugnante por la suma de S/ 45,150.00 por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 17 de mayo de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 290-2023-SUNAFIL/IRE-PIU/SISA.

Mediante Resolución de Intendencia N° 131-2023-SUNAFIL/IRE-PIU, de fecha 31 de agosto de 20234, la Intendencia Regional de Piura declaró infundado el recurso de apelación interpuesto, confirmando la sanción impuesta.

Con fecha 22 de setiembre de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Piura, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 131-2023- SUNAFIL/IRE-PIU.

La Intendencia Regional de Piura admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-001541-2023- SUNAFIL/IRE-PIU recibido el 10 de octubre de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299815, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299816, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo7 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR8,y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR9 (en adelante, el Reglamento

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”10.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho,

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL BELLAVISTA, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 131- 2023-SUNAFIL/IRE-PIU, que confirmó la sanción impuesta de S/ 45,150.00, por la comisión de dos (02) infracciones MUY GRAVES a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 12 de setiembre de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL BELLAVISTA.

Sobre el particular, cabe precisar que, en todo procedimiento administrativo sancionador existe la obligación de observar las reglas que informan y regulan el procedimiento administrativo. En esa línea, conforme ha señalado el Tribunal Constitucional Peruano, el fundamento de dicha obligación nace de la Constitución Política del Perú, que en su artículo 139 establece como un derecho de la función jurisdiccional, aplicable en sede administrativa, la “observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”.

El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA:

Asimismo, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

En ese contexto, en el mencionado principio se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa11, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia recaída en el Expediente N° 01709-2011-PA/TC que:

Ahora bien, para el caso de las entidades públicas, en “los procedimientos sancionadores instaurados en su contra, la autoridad competente en cada instancia o fase debe notificar también a los procuradores de estas entidades los actos administrativos y documentos emitidos, para su conocimiento y consideración, y así no vulnerar los derechos de defensa y al debido proceso consagrados en la Constitución”12. Esta disposición es coherente con lo establecido en el artículo 47 de la Constitución Política del Perú de 1993, según el cual, la defensa de los intereses del Estado se encuentra a cargo de los Procuradores Públicos.

Así, el artículo 27 numeral 27.1 del Decreto Legislativo N° 1326, Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, establece que los Procuradores Públicos del Poder Ejecutivo ejercen la defensa jurídica de los intereses del Estado por mandato constitucional. Por su sola designación, le son aplicables las disposiciones que corresponden al representante legal y/o al apoderado judicial, en lo que sea pertinente.

De ese modo, el numeral 14.2 del artículo 14 del Decreto Legislativo N° 1326, Decreto Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 018-2019- JUS, establece la obligación de notificar a las Procuradurías Públicas en su domicilio real o procesal13. En ese entendido, cuando el Estado sea emplazado, se debe notificar a dichos servidores en el domicilio oficial dentro del horario previsto para las actividades de las entidades del Estado, sin perjuicio del uso de la dirección electrónica y/o el domicilio procesal alternativo para sucesivas notificaciones14 (énfasis añadido).

En el presente caso, conforme se advierte de la “Constancia de notificación electrónica”, que obra a fojas 6 el expediente administrativo sancionador, con fecha 02 de setiembre de 2022, se notificó a la impugnante la Imputación de Cargos N° 305-2022-SUNAFIL/IRE- PIU/SIAI-IC. No obstante, no se advierte que se haya notificado la Imputación de Cargos a la Procuraduría Pública de dicha entidad en su domicilio real o procesal15, tampoco se observa que dicho Procurador haya tenido conocimiento de la misma o haya presentado algún escrito convalidando la notificación, si bien obra en el expediente la impresión de un correo electrónico enviado al email: mesadepartes@munibellavista.com y en cuyo contenido se menciona que el correo se dirige al Procurador de dicha entidad, no obra ningún documento que autorice notificar a dicho Procurador utilizando dicho correo, y tampoco consta algún acuse de recibo de parte de este, únicamente la Unidad de Trámite Documentario de dicha entidad dio acuse de recibo de dicho correo, lo que implica una transgresión al principio del debido procedimiento, en razón que tal entidad impugnante se habría visto limitado de poder ejercer adecuadamente su derecho de defensa al no haberse notificado válidamente a su Procurador Público. Del mismo modo, en el expediente sancionador no obran las constancias de notificación a la Procuraduría Pública de dicha entidad de la Resolución de Sub Intendencia N° 290-2023-SUNAFIL/IRE-PIU/SISA, de fecha 26 de abril de 2023 y de la Resolución de Intendencia N° 131-2023-SUNAFIL/IRE- PIU, de fecha 31 de agosto de 2023, y solo obran a folios 41 y 71 del expediente sancionador impresiones de correos remitidos al email: mesadepartes@munibellavista.com, donde igualmente dice que están dirigidos al Procurador de dicha entidad, pero no hay acuse de recibo de dicho Procurador y solo hay acuse de recibo de parte de la Unidad de Trámite Documentario, lo cual una vez más no acredita que dicho Procurador haya tomado conocimiento de la existencia de dicho procedimiento sancionador.

En dicho sentido, cabe señalar que la necesidad de la debida notificación de un acto emitido por la Autoridad Administrativa no solo tiene relevancia desde la óptica de su validez, sino que la misma se extrapola a la toma de conocimiento integral del acto por parte del administrado, en aras de ejercer adecuadamente su defensa. Entonces, de acuerdo con lo manifestado por el Tribunal Constitucional, este derecho constituye una garantía básica para toda persona sometida a un procedimiento administrativo sancionador, a fin de que tenga la oportunidad de contradecir y argumentar en defensa de sus derechos e intereses16.

En ese sentido, a criterio de esta Sala, toda actuación de la administración pública — indistintamente de la calificación que ésta reciba— debe darse acorde con los principios y el contenido del TUO de la LPAG, como una manifestación misma de la validez de sus procedimientos materializada en actos administrativos que no pueden generarse en contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias (según el

El/la Procurador/a Público/a ejerce la defensa jurídica del Estado en el ámbito nacional, en sede administrativa, jurisdiccional y no jurisdiccional, conforme a las siguientes acciones: (…) 3. Participar como denunciante o sujeto procesal en defensa de los intereses de la entidad donde ejerce sus funciones, en representación del Estado, interviniendo en las audiencias que corresponda, contribuyendo con los objetivos de la investigación, ofreciendo medios probatorios o requiriendo la realización de actos procesales, de investigación o indagación, conforme a la ley de la materia. (…)” 15 Se observa, a folios 08 del expediente administrativo sancionador, la cédula de notificación N° 0000039858-2022, la cual no tiene ningún sello de recepción o anotación. 16 Cf. Sentencia recaída en el expediente N° 3741-2004-AA/TC, fundamento 24 al 26.

En consecuencia, se advierte que las autoridades del procedimiento sancionador no han constatado que el inicio del procedimiento sancionador y todos los actos emitidos al interior hayan sido efectivamente notificados al Procurador Público de la entidad en su domicilio real o procesal, máxime si se advierte de autos que no hubo descargos a la Imputación de Cargos, y al Informe Final de Instrucción, y los recursos interpuestos, no han sido suscritos por el Procurador Público sino por el Jefe de Asesoría Jurídica y el Alcalde; es decir, no hubo apersonamiento del Procurador Público de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL BELLAVISTA en ninguna etapa del presente procedimiento sancionador. Por tanto, es necesario que la instancia de sanción emita pronunciamiento al respecto, valorando lo advertido por esta Sala. (énfasis añadido)

En ese sentido, tanto la Sub Intendencia de Sanción como la Intendencia Regional de Piura, al emitir la Resolución de Sub Intendencia N° 290-2023-SUNAFIL/IRE-PIU/SISA y la

Cabe precisar que, realizado el análisis de conservación del acto conforme al artículo 14 del TUO de la LPAG, el vicio resulta trascendente y no comprendido en las causales taxativamente consideradas en el precitado artículo por no tratarse de una transgresión directa al derecho de defensa y debido procedimiento. Por ello, conforme al numeral 1 del artículo 10 del TUO de la LPAG, el acto deviene en nulo.

Por tanto, resulta imposible convalidar el vicio cometido por parte de la Sub Intendencia de Sanción y de la Intendencia de Lima Metropolitana, que debió de evaluar de manera adecuada los hechos y las notificaciones efectuadas dentro del procedimiento administrativo sancionador.

En consecuencia, esta Sala determina que en el procedimiento seguido contra la impugnante, al omitirse las notificaciones aludidas al Procurador Público de la entidad, ha incurrido en una vulneración contra el debido procedimiento y el derecho de defensa, incurriéndose en la causal de nulidad prevista en el numeral 1 del artículo 10° del TUO de la LPAG, correspondiendo declarar la nulidad de la Resolución de Sub Intendencia N° 290- 2023-SUNAFIL/IRE-PIU/SISA y la de los actos sucesivos, incluyendo la Resolución de Intendencia N° 131-2023-SUNAFIL/IRE-PIU.

El artículo 15 de la Ley N° 29981 señala que el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. Asimismo, el artículo 14° del Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”. Precisa, además, que se sustenta en la “inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal”.

En este procedimiento se han identificado vicios en el trámite del Procedimiento Administrativo Sancionador, que acarrean la nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo.

En tal sentido, considerando que la Resolución de Sub Intendencia N° 290-2023- SUNAFIL/IRE-PIU/SISA ha sido emitida vulnerando el derecho al debido procedimiento administrativo y el derecho de defensa de la impugnante. Por lo que, la resolución carece de efectos y, en consecuencia, corresponde declarar su nulidad, así como la de los sucesivos actos u actuaciones del procedimiento.

En consecuencia, se remite la presente Resolución al Intendente respectivo y a la Gerencia General de SUNAFIL, a efectos que -de ser el caso- procedan conforme a sus competencias, en el marco del ejercicio de la potestad disciplinaria de la Administración regulada en el Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos Humanos y conforme al Título V del TUO de la LPAG.

Finalmente, por las consideraciones antes dichas, no corresponde pronunciarse sobre los otros alegatos planteados en el recurso de revisión.