Municipalidad de San Bartolo — Res. 1109-2025

Mediante Orden de Inspección N° 12972-2019-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante, SST)1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 2807-2019 (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de dos (02) infracciones muy graves a la labor inspectiva, por la inasistencia a las diligencias de comparecencia del 12 y 31 de julio de 2019, respectivamente. Infracción identificada en las actuaciones inspectivas realizadas en la orden de inspección generada en mérito al

Que, mediante Imputación de Cargos N° 1051-2019-SUNAFIL/ILM/AI2, de fecha 18 de octubre de 2019, notificada al impugnante y al procurador público el 05 de noviembre de 2019, se inició la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 348-2019-SUNAFIL/ILM/AI2, de fecha 29 de noviembre de 2019 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Subintendencia de Resolución 4 de la Intendencia de Lima Metropolitana, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 211-2020- SUNAFIL/ILM/SIRE4, de fecha 12 de marzo de 2020, notificada al impugnante y al procurador público el 27 de agosto de 2020, multó a la impugnante por la suma de S/ 56,700.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 17 de setiembre de 2020, la impugnante interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución de Sub Intendencia N° 211-2020-SUNAFIL/ILM/SIRE4, argumentando lo siguiente:

Asimismo, mediante Resolución de Sub Intendencia N° 489-2020-SUNAFIL/ILM/SIRE4, de fecha 30 de setiembre de 2020, notificada al impugnante 02 de octubre del 2020 y al procurador público el 08 de octubre de 2020, se declaró improcedente el recurso de reconsideración, calificándolo como recurso de apelación.

Mediante Resolución de Intendencia N° 376-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 25 de febrero de 20222, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación, por considerar los siguientes puntos:

Con escrito de fecha 28 de febrero de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 376-2022-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORÁNDUM-002596-2023- SUNAFIL/ILM, recepcionado el 28 de agosto de 2023.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe otorgarle esta facultad al administrado mediante ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 376- 2022-SUNAFIL/ILM, que confirmó la sanción impuesta de S/ 56,700.00, por la comisión de dos (02) infracciones muy graves a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT, respectivamente, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día siguiente hábil de la notificación de la citada resolución; esto es, el 08 de febrero de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por la MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO.

Previo al análisis de los alegatos materia de recurso, debe tenerse en cuenta que, mediante Resolución de Sala Plena N° 003-2022-SUNAFIL/TFL, vigente desde el 18 de agosto de 2022, este Tribunal estableció el precedente de observancia obligatoria, señalando que:

Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones.

Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo este órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación.”

Del recurso de revisión se evidencia que algunos alegatos son generales, no vinculados a los criterios antes señalados, esto es, algunos de los fundamentos del recurso no se sustentan en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal, así como tampoco se encuentran vinculados a las infracciones muy graves materia de sanción. Por lo tanto, corresponde a esta instancia analizar sólo los fundamentos vinculados a los aspectos señalados en el precedente antes invocado y/o los referentes a la invocación de la afectación del debido procedimiento9, no correspondiendo pronunciarse sobre los alegatos que no se encuentren en dichos presupuestos.

Del recurso de revisión se advierte que la impugnante alega una incorrecta notificación de los requerimientos, específicamente relacionada con el domicilio en el que se efectuaron las notificaciones y con las personas que recepcionaron las mismas.

Sobre el particular, debemos tener en cuenta que el inciso 3 del numeral 3.2 del artículo 5 de la LGIT establece que, en el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo, que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para exigir la presencia del empleador o de sus representantes y encargados en el centro inspeccionado o en las oficinas públicas designadas por el inspector de trabajo.

Asimismo, el numeral 15.1 del artículo 15 del RLGIT señala que, durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas, los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la LGIT. Asimismo, de acuerdo al numeral 15.2 del mismo dispositivo legal, el Sector Público y quienes ejerzan funciones públicas están obligados a prestar su colaboración a los inspectores del trabajo cuando les sea solicitada como necesaria para el ejercicio de la función inspectiva y a facilitarles la información que requieran.

De acuerdo a los “Requerimientos de comparecencia” de fechas 25 de junio y 22 de julio de 2019, el inspector comisionado se constituyó en el domicilio de la impugnante, siendo atendido por personal que se encontraba en el centro de trabajo de la inspeccionada, notificándole los requerimientos de comparecencia, a fin de que el representante o apoderado de la inspeccionada se apersone en las fechas indicadas y cumpla con presentar la documentación requerida.

Al respecto, es importante precisar lo dispuesto por el artículo 21 del TUO de la LPAG, que señala:

La notificación personal se hará en el domicilio que conste en el expediente, o en el último domicilio que la persona a quien deba notificar haya señalado ante el órgano administrativo en otro procedimiento análogo en la propia entidad dentro del último año.

La notificación personal, se entenderá con la persona que deba ser notificada o su representante legal, pero de no hallarse presente cualquiera de los dos en el momento de entregar la notificación, podrá entenderse con la persona que se encuentre en dicho domicilio, dejándose constancia de su nombre, documento de identidad y de su relación con el administrado”.

En ese contexto normativo, y de la revisión integral del expediente de inspección, se advierte que se cumplió con las disposiciones normativas referidas a la notificación,

Estando a lo señalado, se advierte que la impugnante alega que la comparecencia del 12 de julio del 2019 fue notificada a un domicilio incorrecto, diferente al domicilio fiscal. Sobre el particular, es importante citar lo previsto en el artículo 4 de la LGIT, que establece:

Estando a la norma señalada y conforme se advierte de los actuados, la notificación efectuada en la fecha señalada se efectuó válidamente en el centro de trabajo de la inspeccionada, cuya dirección no solo se desprende de las notificaciones efectuadas por el comisionado, sino de la propia documentación presentada por la impugnante; en particular, véase el escrito que contiene el recurso de revisión, en el que se señala como domicilio la Av. Parque Central s/n - San Bartola, dirección que se desprende también del rotulado del Decreto de Alcaldía Nº 006-2019-MDSB. Por lo que se advierte que resulta contradictorio lo alegado por la impugnante, no correspondiendo acoger dicho extremo del recurso de revisión.

Por otro lado, respecto a la notificación del primer requerimiento de comparecencia, se advierte que la impugnante alega que se efectuó a una persona sin vínculo laboral. Al respecto, debemos tener en cuenta lo establecido en los artículos 16 y 47 de la LGIT, en los que se establece lo siguiente:

Debemos advertir que el comisionado constató lo siguiente: “En la visita de inspección del 25/06/2019, realizada en las oficinas de la Gerencia de Servicios a la Comunidad de la inspeccionada, fue atendido por el señor (…), con el DNI (…), quien se presentó como especialista ambiental de la inspeccionada, exhibiendo su fotocheck de la Municipalidad, y por la señora (…), con DNI (…), quien se presentó como la Secretaria de la Gerencia de Servicios a la Comunidad de la Inspeccionada, quienes le informaron al inspector del trabajo que suscribe que la Gerencia de Servicios a la Comunidad se encarga de la gestión de residuos y cuenta bajo su dirección con los 37 trabajadores detallados en la Tabla 1 para la gestión de limpieza pública. Se verificó que estos trabajadores se encuentran registrados en la planilla de la inspeccionada mediante una comprobación de datos al Sistema de Planillas Electrónicas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.”

Estando a lo constatado por el comisionado, se advierte que la impugnante se limita a alegar que uno de los trabajadores que participó de la diligencia y que recepcionó el requerimiento de comparecencia no era su trabajador en la fecha de la diligencia, haciendo alusión a informes internos, los mismos que no adjunta, y que a su vez no contradicen los hechos constatados por el comisionado, respecto a que el referido personal se encontraba laborando en el centro de trabajo, se identificó, señaló datos personales y cargo desempeñado y portaba su fotocheck de identificación institucional. Por lo que el solo hecho de alegar que no era su trabajador, de manera genérica, no desvirtúa los hechos señalados, que fueron constatados el día de la visita inspectiva. Por tanto, no corresponde acoger dicho extremo del recurso de revisión.

Respecto a la notificación del segundo requerimiento de comparecencia, se advierte que la impugnante alega que se notificó un día no laborable y fue recepcionado por un personal no competente. Sobre el particular, se advierte que dichos alegatos ya fueron expuestos ante las instancias previas, encontrando la respuesta por parte de las mismas. Asimismo, debemos considerar que el día de la visita inspectiva del 22 de julio de 2019, el comisionado se constituyó en el centro de trabajo de la inspeccionada, encontrando personal en las instalaciones, procediendo con la notificación

Considerando las circunstancias concurrentes, señaladas previamente, se aprecia que, en aplicación al principio de razonabilidad, se trató de personal que se encontraba plenamente facultado para recepcionar los requerimientos efectuados y realizar la gestión interna necesaria para su atención por parte de la inspeccionada. Asimismo, no se evidencia que la impugnante haya acreditado que el personal antes referido no era idóneo o no tenía las capacidades para poder recepcionar dichas notificaciones, limitándose a realizar argumentos genéricos. Por lo tanto, los requerimientos de comparecencia notificados al impugnante son válidos, al cumplirse con las disposiciones normativas antes precisadas respecto de los actos de notificación. De este modo, se establece la idoneidad de dicha notificación. Por todo ello, la impugnante se encontraba en la obligación de cumplir con los requerimientos efectuados, los días y en las horas establecidas.

Por tales consideraciones, lo alegado por la impugnante sobre que no fue debidamente notificada, pues el personal que recibió las notificaciones no era competente para ello, no desvirtúa en lo absoluto su responsabilidad administrativa, más aún si en cada notificación precisaba que el incumplimiento constituiría infracción a la labor inspectiva sancionable con multa. Por ello, corresponde desestimar lo alegado por la impugnante en su recurso de revisión.

La impugnante alega que se ha vulnerado el principio del debido procedimiento al no haber valorado sus argumentos de defensa, incurriendo en una falta de motivación. Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente: “Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento,

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Sub Intendencia como la Resolución impugnada han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestas por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Asimismo, conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA7TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Del examen efectuado por esta Sala sobre la resolución emitida por la instancia de apelaciones, se puede observar que los cuatro elementos antes referidos pueden ser satisfactoriamente comprobados; toda vez que, de la resolución impugnada, se verifica que en sus fundamentos se han absuelto todos los extremos alegados por la impugnante en su recurso de apelación, de manera suficiente y congruente. Del mismo modo, atendiendo al desarrollo de la resolución impugnada, se advierte que la instancia de apelaciones establece la fundamentación jurídica que respalda su decisión; asimismo, efectuó el análisis detallado de los medios probatorios que respaldan la misma, así como los hechos constatados en el acta de infracción.

Por lo tanto, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador, no evidenciándose vulneración alguna a dicho principio ni al deber de motivación, no correspondiendo acoger dichos extremos del recurso de revisión y, por tanto, no resultando amparable lo alegado por la impugnante.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.