Municipalidad de Lurín — Res. 1089-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Contratos de trabajo (Sub Materia: Formalidades; Primacía de la realidad).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no rectificar la planilla electrónica respecto del régimen laboral de setenta y un trabajadores identificados en el Cuadro 1 de la presente resolución, debiendo ser de la actividad privada, tipificada en el numeral 24.2 del artículo 24° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 22,801.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no registrar en la planilla electrónica bajo el régimen laboral de la actividad privada a favor de siete trabajadores identificados en el Cuadro 2 de la presente resolución, tipificada en el numeral 25.20 del artículo 25° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 63,787.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir la medida inspectiva de requerimiento de fecha 01 de diciembre de 2017, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 40,095.00.

i. Manifiesta que la resolución apelada no ha valorado ni desarrollado los fundamentos del escrito de descargo al Informe Final, donde se ha señalado que en los contratos de locación de servicios el locador debe prestar personalmente el servicio, pero puede valerse, bajo su propia dirección y responsabilidad, de auxiliares y sustitutos si la colaboración de otros está permitida por el contrato o por los usos y no es incompatible con la naturaleza de la prestación, tal como indica el artículo 1176° del Código Civil. Asimismo, se precisó que contratos de Servicios no Personales o Locación de Servicios, a partir del año 2001 en adelante se aplicaba la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aplicándose supletoriamente el Código Civil, por lo que, dada su naturaleza contractual, no hay permanencia, subordinación

2 Notificada a la Procuraduría Pública el 06 de febrero de 2020, véase folio 20 del expediente sancionador. 3 Notificada a la Procuraduría Pública el 12 de noviembre de 2020, véase folio 69 del expediente sancionador.

ni mucho menos prestación de servicios de manera interrumpida, por lo que, resulta ser falso que la entidad edil haya desnaturalizado los contratos de locación de servicios, y estando a que no se trata de un contrato de trabajo, no es de aplicación el Decreto Legislativo 728. ii. Por otra parte, en el Informe Final señala que el personal inspectivo aplicando el Principio de Primacía de la Realidad, comprobó la existencia de los tres elementos esenciales del contrato de trabajo, y es en virtud de dicho principio que la corporación municipal debió registrar en la “Planilla Electrónica” bajo el régimen de la actividad privada a los trabajadores inspeccionados; sin embargo, cabe precisar que el Principio de Primacía de la Realidad tiene por finalidad determinar dentro de un proceso judicial, que labores efectuadas por una persona dentro de una organización pública y/o privada sean consideradas como si estas hubieran sido realizadas bajo un vínculo laboral, en ese sentido la SUNAFIL carece de la facultad para reconocer derechos y/o beneficios, por lo tanto, no puede irrogarse una competencia que es exclusiva del órgano jurisdiccional, según nuestra Carta Magna. iii. Nada impide a la Corporación Edil a contratar personal obrero mediante Contratos Administrativos de Servicios, máxime si el Tribunal Constitucional, ha señalado en la Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 12 de octubre de 2010, Expediente N° 03818-2009-PA/TC, que: “(…) a partir del 21 de setiembre de 2010, ningún Juez del Poder Judicial o Tribunal Administrativo de carácter nacional adscrito al Poder Ejecutivo puede inaplicar el Decreto Legislativo N° 1057, porque su constitucionalidad ha sido confirmada a través de la sentencia recaída en el Exp. N° 00002-2010 PI/TC…”, no obstante, los supuestos afectados en todo caso soliciten mediante un proceso contencioso ante el fuero jurisdiccional desconocer los Contratos CAS y no SUNAFIL.

i. Cabe señalar que, en relación con los trabajadores contratados bajo la modalidad de locación de servicios, la normativa vigente establece que la actuación de la Inspección del Trabajo se extiende a todos los sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, incluyendo a los empleadores del sector público siempre que los trabajadores estén sujetos al régimen laboral de la actividad privada, tal como consta en el artículo 4° de la LGIT y el artículo 37° de la Ley N° 27972. Además, la Dirección General de Inspección del Trabajo, mediante opinión técnica, ha señalado expresamente que los inspectores tienen facultades para verificar los

4 Notificada a la Procuraduría Pública el 07 de febrero de 2023 , véase folio 87 del expediente sancionador.

derechos laborales de los obreros municipales, sin perjuicio de imponer las sanciones correspondientes. ii. La revisión de la resolución apelada muestra que la autoridad de primera instancia evaluó la existencia de los elementos esenciales de una relación laboral entre los trabajadores afectados y la inspeccionada, determinando que prestaban servicios de manera personal, directa y vinculada a las actividades principales de la entidad (limpieza y mantenimiento de jardines), percibían remuneración periódica y cumplían jornadas bajo supervisión directa, evidenciando subordinación. De acuerdo con el artículo 4° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, estas condiciones generan la presunción de un contrato de trabajo a plazo indeterminado, aplicándose además el Principio de Primacía de la Realidad, que privilegia los hechos constatados por la autoridad sobre los contratos formales. En consecuencia, la autoridad inspectiva tiene competencia para verificar el cumplimiento de las disposiciones sociolaborales respecto de estos trabajadores, aun cuando hayan sido contratados formalmente bajo locación de servicios. La decisión de la primera instancia se sustentó tanto en las constataciones del personal inspectivo como en la revisión del material probatorio y los alegatos de la inspeccionada, concluyendo que existía un vínculo laboral sujeto al régimen de la actividad privada. Por ello, la resolución apelada confirma que la inspeccionada debía registrar a los trabajadores en la planilla electrónica, y la sanción imputada por incumplimiento de esta obligación se mantiene debidamente fundamentada. iii. Por otra parte, en relación con los trabajadores contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR ha señalado que, si bien los obreros municipales están sujetos al régimen laboral de la actividad privada, es posible su contratación bajo el régimen CAS cuando las circunstancias lo requieran. SERVIR precisa que los obreros deben ser contratados inicialmente bajo el régimen laboral privado, pero de manera alternativa se puede recurrir al régimen CAS, conforme a lo establecido en el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1057. Esta posición ha sido recogida por el Tribunal Constitucional, que reconoció la constitucionalidad del régimen CAS y precisó que su uso no vulnera derechos constitucionales de los trabajadores, en tanto la extinción de la relación laboral se produzca por vencimiento del plazo contractual. iv. En tal sentido, la SUNAFIL, como organismo técnico especializado encargado de supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, dicta normas y procedimientos para asegurar el cumplimiento de las políticas públicas en materia laboral. En este contexto, mediante la Resolución de Superintendencia N° 62-2021, la SUNAFIL estableció criterios normativos claros sobre la contratación de obreros municipales, señalando que estos pueden ser contratados bajo el régimen laboral de la actividad privada y, de forma alternativa, bajo el régimen CAS; sin embargo, la competencia de la Inspección del Trabajo se limita al régimen laboral privado. v. En el caso concreto, se verificó que setenta y un (71) trabajadores de la Subgerencia de Medio Ambiente, que desempeñaban funciones como barrenderos, jardineros y ayudantes de camión, estaban contratados bajo la modalidad CAS conforme al Decreto Legislativo N° 1057. La relación de prestación de servicios de estos trabajadores con la inspeccionada quedó acreditada a través del Acta de Infracción y de los documentos examinados, confirmando la existencia de un contrato administrativo de servicios. Este hecho respalda la aplicación de los criterios establecidos por SERVIR, el Tribunal Constitucional y la SUNAFIL sobre la contratación bajo el régimen CAS.

vi. De acuerdo con los Principios de Legalidad y Jerarquía que rigen la actuación de los servidores del Sistema de Inspección del Trabajo, la existencia de contratos CAS en este caso hace que la Inspección del Trabajo no tenga competencia para fiscalizar estas relaciones laborales, ya que su competencia se limita al régimen laboral de la actividad privada. En consecuencia, la sanción económica impuesta en la resolución apelada respecto a estos trabajadores debe ser revocada, dejando a salvo el derecho de los trabajadores para hacer valer cualquier reclamación por la vía judicial si así lo consideran conveniente. vii. Finalmente, la multa previamente establecida para los trabajadores bajo el régimen laboral privado se mantiene únicamente respecto de los siete trabajadores identificados en el Cuadro 2 de la resolución apelada, ascendiendo a un monto total de S/ 72,900.00, distribuido entre la infracción por no registrar en planilla electrónica y por no cumplir la medida inspectiva. La decisión de revocar la sanción respecto a los trabajadores contratados bajo CAS se adopta conforme a las facultades conferidas por el artículo 41° de la LGIT, en aplicación de la normativa vigente y de la resolución de Superintendencia que autoriza la actuación del Intendente a cargo del procedimiento.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

5 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.

Del Recurso De Revisión

6 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye la última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). 7 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. 8 Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye la última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 9 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.

término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

10 De conformidad con lo preceptuado en el artículo 14° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR. 11 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Municipalidad De Lurin

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 28 de febrero de 2023, la MUNICIPALIDAD DE LURIN fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 312-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Manifiesta que los contratos cuestionados son contratos de locación de servicios regulados por el artículo 1764° del Código Civil, el cual establece que el locador actúa bajo su propia dirección y responsabilidad, pudiendo incluso valerse de auxiliares o sustitutos. En este sentido, se trata de una relación contractual carente de los elementos propios de una relación laboral, como la subordinación y la continuidad, por lo que no resulta compatible su reconversión en vínculo laboral. ii. Los servicios contratados se realizaron en el marco de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. En tanto dicha norma establece los criterios para la contratación civil de servicios, el Código Civil se aplica supletoriamente. Por tanto, no puede imputarse desnaturalización contractual, ya que no existió subordinación, ni vínculo laboral encubierto, y no corresponde aplicar el régimen del Decreto Legislativo N° 728. iii. El Informe Final invoca el Principio de Primacía de la Realidad para sustentar la supuesta existencia de una relación laboral. Sin embargo, dicho principio tiene eficacia en el marco de un proceso judicial, siendo competencia exclusiva del Poder Judicial su aplicación. En consecuencia, SUNAFIL no tiene la facultad de reconocer derechos laborales ni beneficios derivados de una relación laboral sobre la base de este principio. iv. Se afirma que no existe impedimento legal para contratar personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057. Así lo respalda el Informe Técnico N° 888-2017-SERVIR- GPGSC. En ese sentido, los contratos civiles celebrados no se oponen a la normativa vigente, ni configuran una infracción. v. La autoridad instructora no ha fundamentado por qué los contratos civiles válidamente celebrados bajo el marco legal vigente deben considerarse inaplicables. Ello resulta especialmente grave si se considera que el Segundo Juzgado Civil de Barranca, mediante

Resolución N° 10 del 27 de noviembre de 2020, ha determinado que los servicios prestados bajo locación deben regirse por el Código Civil. La impugnante sostiene que se está pretendiendo reconocer derechos laborales con base en criterios administrativos, lo cual excede las competencias de SUNAFIL. vi. La impugnante advierte que acatar lo dispuesto por SUNAFIL implicaría una vulneración a la Ley de Presupuesto y al Decreto de Urgencia N° 016-2020, el cual establece que el acceso a la función pública debe realizarse mediante concurso público, incluso para personal obrero. Por tanto, cumplir con lo ordenado podría dar lugar a responsabilidad administrativa, civil y penal por parte de los funcionarios. vii. Se reitera que la impugnante no ha incurrido en la infracción que se le atribuye y que, en caso de haber cumplido con la medida inspectiva, habría contravenido el artículo 77° de la Constitución, que rige el uso de los recursos públicos. En ese contexto, solicita que se declare la nulidad de la multa impuesta. viii. La resolución impugnada incurre en vulneración al Principio de Legalidad, al no encontrarse debidamente sustentada en normas jurídicas aplicables. Asimismo, se ha incumplido con el deber de motivación, al no valorarse las pruebas presentadas ni la subsanación de los supuestos incumplimientos, razón por la cual correspondería reducir o anular la sanción impuesta. ix. Por otra parte, señala que la autoridad inspectiva emitió una nueva orden de inspección una vez determinada la supuesta responsabilidad, lo cual constituye un exceso de sus facultades. Esta actuación transgrede el Principio de Legalidad, al carecer de respaldo normativo, y vulnera el Principio del Debido Procedimiento, configurando un supuesto de nulidad. Además, se evidencia un actuar de mala fe por parte de la autoridad, al emitir actos contrarios a las normas que regulan su función. x. Por todo lo expuesto, la impugnante solicita se declare la nulidad de la Resolución de Intendencia por haber sido emitida con vicios sustanciales que afectan su validez.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la naturaleza y finalidad del recurso de revisión

“Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral.

El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”. (Énfasis añadido).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo N° 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal. 6.18. Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones. 6.19. Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos

promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo éste órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación. (…)”.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”. (Énfasis añadido).

“(…) 2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”. (Énfasis añadido).

contemplado la argumentación y medios de prueba expuestos por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Sobre la infracción a la relación laboral

“4-A.- Registro de Información Laboral (T-REGISTRO) El empleador deberá registrarse, así como a sus trabajadores, pensionistas, prestadores de servicios, personal en formación – modalidad formativa laboral y otros, personal de terceros y derechohabientes, de acuerdo a los siguientes plazos: a) Trabajador, prestador de servicios a que se refiere el numeral ¡¡) del literal d) del artículo 1 del presente Decreto Supremo, personal en formación - modalidad formativa laboral y otros, y personal de terceros: dentro del día en que se produce el ingreso a prestar sus servicios, independientemente de la modalidad de contratación y de los días laborados. (...) Cualquier modificación o actualización de los datos de la información existente en el TREGISTRO, deberá ser efectuada por el empleador dentro del plazo de cinco (05) días hábiles de haber ocurrido el evento o de la fecha en que el empleador tuvo conocimiento”. (Énfasis añadido).

Municipalidades, dado que realizan actividades manuales como jardinería, limpieza y apoyo en camión, propias del trabajo obrero. Asimismo, respecto al personal contratado mediante locación de servicios, se constató, a través del considerando cuarto del Acta de Infracción que, sus labores también reúnen los elementos esenciales de una relación laboral: prestación personal de servicios, subordinación y remuneración periódica. Específicamente, se observó que estos trabajadores cumplían horarios establecidos, recibían órdenes directas de supervisores y funcionarios, y desempeñaban funciones permanentes vinculadas al giro principal de la municipalidad, como limpieza pública y mantenimiento de áreas verdes. Además, a pesar de estar contratados como locadores, realizaban sus actividades de manera continua y bajo supervisión directa, lo que demuestra una relación de dependencia propia de un vínculo laboral. Conforme al Principio de Primacía de la Realidad, recogido en el numeral 2 de artículo 2° de la LGIT, y el artículo 4° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, que presume la existencia de un contrato de trabajo cuando se presta un servicio personal, remunerado y subordinado.

“Artículo 5.- Campos desarrollados por los Obreros Municipales Las actividades de los obreros municipales se desarrollan en los siguientes campos: a. Limpieza pública. - Barrido de vías públicas; lavado de calles, locales públicos y plazas públicas; recolección, reciclaje, transporte, descarga y disposición final de residuos sólidos; fumigación; entre otros. b. Áreas verdes. - Mantenimiento de parques y jardines, viveros municipales, áreas comunes y de recreación; ambientación de áreas verdes; fumigación; riego por inundación, cisterna y por punto de agua; poda; mantenimiento de canales subterráneos; entre otros. c. Obras y mantenimiento. - Reparación de vías públicas; pintura; mantenimiento metalmecánico, mecánico de automóviles y maquinaria en general; carpintería; gasfitería; construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación, recojo y levantamiento de desmonte; habilitación de bienes inmuebles como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, que requieran de dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos; entre otros. d. Seguridad ciudadana. - Vigilancia y protección vecinal; mantenimiento del orden en la comuna; fiscalización de locales y de transporte; entre otros. e. Otros Campos: como el sacrificio, izaje y corte de ganado; lavado de vísceras, almacenamiento y conservación de carne; limpieza, mantenimiento, guía y vigilancia de cementerio; cuidado y limpieza de animales y sus instalaciones; manejo de vehículos municipales; limpieza y mantenimiento de semáforos; entre otras actividades realizadas por los obreros municipales”. (Énfasis añadido)

“Cuarto: Régimen laboral de los obreros municipales. (…) 2. Pronunciamientos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. (…) Asimismo, en el numeral 3.1 del informe Técnico N° 518-215-SERVIR/GPGSC, se concluye: “(…) que el régimen de los obreros al servicio del Estado (Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales) es el de la actividad privada, el cual contempla distintas modalidades de contratación para dicho personal, entre ellas los contratos modales.” Como se puede apreciar la propia Autoridad Nacional del Servicio Civil, ha concluido que los trabajadores que tienen la condición de obreros municipales, solo pueden ser contratados bajo el régimen laboral de la actividad privada y que en ningún caso podrán ser contratados bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios, ya que incorporarlos bajo dicho régimen se estaría desconociendo la evolución de las normas que regulan la protección de trabajo de los obreros municipales.

3. II Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral.

12 Amparado en el quinto fundamento de la Sentencia recaída en el Expediente N° 1869-2004 AA/TC que señala: “Este Colegiado, atendiendo al criterio utilizado por la Sala para resolver el conflicto constitucional, considera conveniente reiterar lo indicado en la Sentencia N° 3061-2003-AA/TC respecto al régimen laboral de los trabajadores municipales, pues si bien aquellos “tienen la condición de servidores públicos, los que se desempeñan como obreros están sujetos al régimen laboral de la actividad privada, como lo establece el artículo 52.° de la Ley N° 23853, Orgánica de Municipalidades, modificado por la Ley N° 27469, aplicable al caso; así como el artículo 37° –segundo párrafo– de la vigente Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.”

Además, debemos tener en cuenta el II Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Laboral realizado los días ocho y nueve de mayo de dos mil catorce, en el que los Jueces de la Corte Suprema han acordado por unanimidad en el numeral uno punto seis del tema uno, respecto al régimen laboral de los obreros municipales, lo siguiente: “El órgano jurisdiccional competente es el juez laboral en la vía del proceso ordinario o abreviado laboral según corresponda, atendiendo a las pretensiones que se planteen; pues de conformidad con el artículo 37° de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los obreros municipales se encuentran bajo el régimen laboral de la actividad privada y como tales, no están obligados a agotar la vía administrativa para acudir al Poder Judicial.”

4. Interpretación de la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema sobre el artículo 37° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Teniendo en cuenta lo expresado en los considerandos anteriores, esta Suprema Sala adopta como criterio de interpretación de los alcances del artículo 37° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el siguiente: Los trabajadores que tienen la condición de obreros municipales se encuentran sujetos al régimen laboral de la actividad privada regulado por el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR; en consecuencia, en ningún caso pueden ser contratados bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios”. (Énfasis añadido)

13 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 2. – Principios ordenadores que rigen el Sistema de Inspección del Trabajo El funcionamiento y la actuación del Sistema de Inspección del Trabajo, así como de los servidores que lo integran, se regirán por los siguientes principios ordenadores: (…) 2. Primacía de la Realidad, en caso de discordancia, entre los hechos constatados y los hechos reflejados en los documentos formales debe siempre privilegiarse los hechos constatados.

naturaleza de la relación laboral. En tal sentido, la autoridad inspectiva también se encuentra habilitada para aplicar este principio, siempre que lo motive y sustente en lo actuado, por lo que no constituye una potestad reservada únicamente a la judicatura.

Sobre la medida inspectiva de requerimiento

“6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia”. (Énfasis añadido).

Así como a la luz de los alcances establecidos en la Resolución de Sala Plena N° 009-2023- SUNAFIL/TFL, el cual dispone que:

“6.26 La medida La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica. a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado; b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. (…)”.

FIGURA N° 01

14 Esto al momento de las actuaciones inspectivas realizadas.

sancionador, corresponde desestimar los alegatos formulados por la parte impugnante y confirmar la sanción impuesta por la comisión de la referida infracción.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones laborales No registrar en la planilla electrónica bajo el régimen laboral de la actividad privada a favor de siete (07) trabajadores identificados en el Cuadro 2 de la resolución apelada. Numeral 25.20 del artículo 25° del RLGIT MUY GRAVE Labor inspectiva No cumplir la medida inspectiva de requerimiento de fecha 01 de diciembre de 2017. Numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la MUNICIPALIDAD DE LURIN, en contra de la Resolución de Intendencia N° 312-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 10 de febrero de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 1697-2019-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 312-2022-SUNAFIL/ ILM, de fecha 10 de febrero de 2022, en los extremos referentes a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.20 del artículo 25° del RLGIT, y a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT.

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia. .

CUARTO. – Notificar la presente resolución a la MUNICIPALIDAD DE LURIN, y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20250820MABJ – HR: 39084-2017