Municipalidad de la Molina — Res. 168-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Vacaciones); Discriminación en el trabajo (Sub materia: Otras discriminaciones); Bonificación no remunerativa (Sub materia: Incluye todas); Remuneraciones (Sub materia: Pago íntegro y oportuno de la remuneración convencional (Sueldos y salarios); y, Gratificaciones); y, Compensación por tiempo de servicios (Sub materia: Depósito de CTS). 2 Véase folio 114 del expediente inspectivo. 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no depositar la CTS de los semestres devengados en noviembre de 2017 y 2018, a favor del trabajador Eusebio López Huamán, tipificada en el numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,670.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 06 de febrero de 2019, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,450.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no asistir a la diligencia de comparecencia programada para el día 21 de diciembre de 2018 a las 09:00 horas, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,337.50.

i. Sobre el cumplimiento de la obligación laboral, refieren que al corresponder a un periodo anterior debió ser pagada por la propia gestión saliente, lo que no ocurrió. Sin perjuicio de ello, han realizado acciones administrativas para que se viabilice el citado pago, a través del Memorándum N° 132-2019-MDLM-GAF-SGTH, N° 068- 2019-MDLM-GAF-SGT, N° 863-2019-MDLM-GA/SGTH, N° 1568-2019-MDLM-GAF y N° 562-2019-MDLM-GAF-SGGTH.

ii. Alegan que el artículo 4 de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019 y de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021, establece que todo acto administrativo que autorice gasto no

3 Mediante Resolución de Intendencia N° 1004-2020-SUNAFIL/ILM, de fecha 17 de diciembre de 2020, se declara nulo lo actuado incluyendo la Resolución de Sub Intendencia N° 252-2020-SUNAFIL/ILM/SIRE1, de fecha 15 de octubre de 2020, en tanto que, los descargos presentados por la inspeccionada al Informe Final de Instrucción, no fueron contemplados por el inferior jerárquico, lo que afecta el debido proceso y el derecho de defensa.

es eficaz si no cuenta con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o si condiciona el mismo a la asignación de mayores créditos presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del titular de la entidad, del jefe de la Oficina de Presupuesto y del jefe de la Oficina de Administración, o el que haga sus veces, lo que permite inferir que al no contarse con los créditos presupuestarios autorizados en el Presupuesto Institucional 2019 y 2020 para cumplir con la ejecución del gasto del pago de la CTS, no se cuenta con el sustento presupuestal y financiero correspondiente.

iii. Señalan que de conformidad con el Decreto Legislativo N° 1440 que regula el Sistema Nacional de Presupuesto Público, los créditos presupuestarios tienen carácter limitativo. No se pueden comprender ni devengar gastos por cuantía superior al monto de los créditos presupuestarios autorizados, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos, o de administración que incumplan esta limitación.

iv. Esto debe ser tomado en cuenta por el órgano sancionador, pues los entes públicos tienen restricciones respecto del cumplimiento de obligaciones dinerarias no incluidas dentro de sus presupuestos anuales. La totalidad de sus gastos y pagos se encuentran rigurosamente supervisados, lo cual evita la transgresión de las normas presupuestales o la acumulación de adeudos.

v. Por otro lado, manifiestan que producto de la COVID-19, los gobiernos locales registran una reducción en la recaudación de sus ingresos (impuestos municipales y fondo de compensación municipal), lo que pone en riesgo el financiamiento de los gastos operativos esenciales y la continuidad de los servicios públicos a favor de la comunidad.

vi. Alegan que se impone multa por incumplimiento de la medida de requerimiento; sin embargo, sí se han iniciado los trámites internos necesarios para verificar el pago del trabajador, siempre y cuando existan créditos presupuestarios para poder disponer de dinero público. Actuar en contra de dicha situación generaría responsabilidad funcional en los actuales jefes de área. Sin embargo, la Sub Intendencia ha hecho caso omiso a los documentos presentados en su defensa.

vii. Por último, refieren que la Sub Intendencia no evaluó que las sanciones propuestas sancionan dos veces la comisión de un mismo hecho, el no pago oportuno de la CTS y el no cumplir con la medida de requerimiento referido exactamente a la misma materia, lo que vulnera el principio de non bis in ídem. Por tanto, la resolución apelada es nula por incurrir en vicio insubsanable al no ser dictada conforme al ordenamiento jurídico, conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 10 del TUO de la LPAG.

i. Que, respecto al incumplimiento de depositar la compensación por tiempo de servicios (CTS), debe precisarse que, la inspeccionada en su condición de persona jurídica de derecho público, es la que responde por la omisión de depositar la CTS en los semestres de noviembre 2017 y 2018 a favor del trabajador Eusebio López Huamán, por lo que, mal hace en eximirse de responsabilidad por haber ocurrido en una gestión anterior cuando esta circunstancia no justifica que no se haya pagado dichos adeudos laborales al trabajador afectado, debido a que la gestión actual es la que asume lo que se ha producido en gestiones pasadas.

ii. Es necesario recordar la Resolución de Sala Plena N° 002-2021-SUNAFIL/TFL, en tanto que, la documentación que ha presentado la inspeccionada en los descargos efectuados contra el Informe Final no acreditan que haya agotado las gestiones razonablemente exigibles para poder efectuar la provisión y/o gasto necesario para cumplir con el depósito de la CTS; pues, luego de haberse dispuesto las acciones para que se realicen los depósitos de dicho beneficio social con el Informe N° 863-2019- MDLM-GA/SGTH, la Gerencia de Administración y Finanzas solo indicó que el gasto no ha sido previsto en el Presupuesto Institucional de Apertura, no efectuando acciones adicionales a fin de que el Ministerio de Economía y Finanzas le pueda asignar, autorizar y/o permitir ejecutar presupuesto adicional para cumplir con esta obligación fiscalizada.

iii. Sobre el impacto que ha tenido la recaudación de ingresos por la pandemia de la COVID-19, esta circunstancia no guarda relación con el incumplimiento de su obligación sociolaboral, toda vez que los hechos que son parte de la imputación de cargos son del año 2017 y 2018, es decir, anteriores a las circunstancias actuales.

iv. Respecto al incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, presentan los Memorandos N° 132-2019-MDLM-GAF-SGGTH y N° 068-2019-MDLM-GAF-SGT, que tratan sobre un pedido de información a la Sub Gerencia de Tesorería relativos a los depósitos de la CTS y la respuesta respecto a que no se habría efectuado al no haber recibido expediente de pago. Al respecto, dichos medios probatorios, no acreditan haber efectuado el inicio de las gestiones para obtener la autorización presupuestal; asimismo, no acreditan el depósito de la CTS de los semestres devengados en noviembre 2017 y 2018 al trabajador afectado.

v. Sore la vulneración al principio de non bis in ídem, la inspeccionada no ha demostrado que concurra la identidad de sujetos, hechos y fundamentos en el presente caso, a afectos de que se revoque la infracción a la labor inspectiva.

4 Notificada a la impugnante el 28 de marzo de 2022. Véase folio 99 del expediente sancionador.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

5 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 6“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 7 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 8“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.” 9“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 10 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017- TR.

segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Municipalidad De La Molina

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 13 de abril de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 488-2022-SUNAFIL/ILM, solicitando la nulidad de la misma, bajo los siguientes alegatos:

i. Refieren que han realizado las acciones administrativas conducentes para que se viabilice el citado pago, a través de los Memorándum N° 132-2019-MDLM-GAF- SGTH, N° 068-2019-MDLM-GAF-SGT, N° 863-2019-MDLM-GA/SGTH, N° 1568-2019- MDLM-GAF y N° 562-2019-MDLM-GAF-SGGTH.

ii. Señalan que el pago que debió efectuarse no fue realizado en la gestión que correspondía, emitiéndose el Memorándum N° 562-2019-MDLM-GAF-SGGYH, que fue remitido a la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios para las acciones disciplinarias respectivas debido a que los ex funcionaros de la gestión saliente no previeron los gastos por concepto de CTS a los trabajadores sujetos al Régimen Laboral del Decreto Supremo N° 728.

iii. Alegan que el artículo 4 de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019 y de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021, establece que todo acto administrativo que autorice gasto no es eficaz si no cuenta con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o condiciona la misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del titular de la entidad, así como del jefe de la Oficina de Presupuesto y del jefe de la Oficina de Administración, o el que haga sus veces, lo que permite inferir que al no contarse con los créditos presupuestarios autorizados en el Presupuesto Institucional 2019 y 2020 para cumplir con la ejecución del gasto del pago de la CTS, no se cuenta con el sustento presupuestal y financiero correspondiente.

iv. Señalan que de conformidad con el Decreto Legislativo N° 1440 que regula el Sistema Nacional de Presupuesto Público, los créditos presupuestarios tienen carácter limitativo. No se pueden comprender ni devengar gastos por cuantía superior al monto de los créditos presupuestarios autorizados, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos, o de administración que incumplan esta limitación.

v. Esto debe ser tomado en cuenta por el órgano sancionador, pues los entes públicos tienen restricciones respecto del cumplimiento de obligaciones dinerarias no incluidas dentro de sus presupuestos anuales. La totalidad de sus gastos y pagos se encuentran rigurosamente supervisados, lo cual evita la transgresión de las normas presupuestales o la acumulación de adeudos.

vi. Por otro lado, manifiestan que producto de la COVID-19, los gobiernos locales registran una reducción en la recaudación de sus ingresos, lo que pone en riesgo el financiamiento de los gastos operativos esenciales y la continuidad de los servicios públicos a favor de la comunidad.

vii. Alegan que se impone multa por incumplimiento de la medida de requerimiento; sin embargo, sí han efectuado los trámites internos necesarios para verificar el pago del trabajador, siempre y cuando existan créditos presupuestarios para poder disponer de dinero público. Actuar en contra de dicha situación generaría responsabilidad funcional en los actuales jefes de área. Sin embargo, la Sub Intendencia ha hecho caso omiso a los documentos presentados en su defensa.

viii. Por último, refieren que la Sub Intendencia no evaluó que las sanciones propuestas sancionan dos veces la comisión de un mismo hecho, el no pago oportuno de la CTS y el no cumplir con la medida de requerimiento referido exactamente a la misma materia, lo que vulnera el principio de non bis in ídem, y consecuentemente, el derecho constitucional al debido proceso legal.

ix. En tal sentido, con la finalidad de respetar el principio de non bis in ídem, no se debió proponer una multa por el incumplimiento a la medida inspectiva de requerimiento, sino ello debió efectuarse únicamente por la supuesta infracción sustantiva.

x. Por tanto, la resolución apelada es nula por incurrir en vicio insubsanable al no ser dictada conforme al ordenamiento jurídico, conforme a los numerales 1 y 2 del artículo 10 del TUO de la LPAG.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la infracción grave

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

“…la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas

de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019- 2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

marco de la ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo.

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

11 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

Figura 01: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, la cual constituye una infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

Sobre la inasistencia a la diligencia de comparecencia

12 LGIT, artículo 1. 13 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.” 14 “Artículo 11.- Modalidades de actuación Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el sector público”.

requiera en cada caso y/o para efectuar las aclaraciones pertinentes. El requerimiento de comparecencia se realiza conforme a lo previsto en los artículos 67 y 68 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS" (énfasis añadido).

Sobre el principio del non bis in ídem 6.29 Debemos precisar que el principio de non bis in ídem se encuentra regulado en el numeral 11 del artículo 248° del TUO de la LPAG, mediante el cual el Estado se encuentra impedido de imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento.

a. Identidad Subjetiva. - Para que se configure este presupuesto el administrado debe ser el mismo en ambos procedimientos.

15 Fund. Jur. N°. 3.3. 16 Fund. Jur. N°. 19. 17 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Novena Edición. Lima: Gaceta Jurídica S.A. 2011, pp.729-730.

b. Identidad Objetiva. - Los hechos constitutivos de la infracción deben ser los mismos en ambos procedimientos. c. Identidad causal o de fundamento. - Identidad entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

18 LGIT Artículo 5.- Facultades inspectivas En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para: (…) 5. Adoptar, en su caso, una vez finalizadas las diligencias inspectivas, cualesquiera de las siguientes medidas: (…) 5.3 Requerir al sujeto responsable para que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento.

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Relaciones Laborales No depositar la CTS de los semestres devengados en noviembre de 2017 y 2018, a favor del trabajador Eusebio López Huamán. Numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 06 de febrero de 2019. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE Labor Inspectiva No asistir a la diligencia de comparecencia programada para el día 21 de diciembre de 2018 a las 09:00 horas. Numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley

General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA, en contra la Resolución de Intendencia N° 488-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 25 de marzo de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 3136-2019-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 488-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referido a las infracciones muy graves a la labor inspectiva, tipificadas en los numerales 46.7 y 46.10 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a la MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA, y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240214MCR