Municipalidad de Independencia — Res. 981-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Jornada y horario de trabajo; Horas extras; Descanso semanal obligatorio y, Descanso en días feriados no laborables (locales o nacionales)); Registro de control de asistencia (Sub materia: Incluye todas); Relaciones colectivas (Sub materia: Convenios colectivos); Contratos de trabajo (Sub materia: Primacía de la realidad) y, Desnaturalización de la relación laboral (Sub materia: Incluye todas). soft PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con acreditar el cumplimiento de su obligación de registrar en su planilla electrónica al trabajador obrero Amadeus Gastelú Peceros bajo el régimen laboral de la actividad privada, por los periodos comprendidos del 1 de abril de 2013 al 30 de junio de 2015 y del 05 de febrero de 2016 al 17 de octubre de 2016, tipificada en el numeral 24.2 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 4,147.50.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con acreditar el pago de los beneficios económicos (costo de vida, bonificación por concepto de riesgo de salud, bonificación por escolaridad y bonificación por retorno vacacional) derivados del laudo (convenio colectivo) de fecha 10 de diciembre de 2015, a partir del 29 de agosto de 2014, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 17,281.25.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con acreditar el pago en sobretiempo (horas extras) a favor del trabajador obrero Amadeus Gastelú Peceros, a razón de tres horas diarias del 29 de agosto de 2014 al 31 de diciembre de 2015, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,912.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento dispuesta el 10 de octubre de 2016, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 30,415.00.

i. En la resolución apelada no se emite pronunciamiento con relación a su argumento referido a la vulneración del principio de non bis ídem, al existir otro procedimiento sancionador por los mismos hechos (registro en planilla), sujeto y fundamento (Orden de Inspección N° 19228-2015-SUNAFIL/ILM), habiéndose realizado solo una apreciación individual refiriéndose a determinados periodos, sin haber motivado la procedencia o no de su argumento, lo cual además vulnera su derecho de defensa. ii. No se emite pronunciamiento respecto a la vulneración del principio de tipicidad y legalidad, puesto que la conducta que se les imputa referida al registro de planilla no guarda relación con el tipo infractor (numeral 24.2 del artículo 24 del RLGIT), ya que si cumplieron con registrar en planilla al trabajador, de acuerdo a los procedimientos y directivas establecidas para el régimen laboral que le correspondía con la entidad

municipal (CAS), puesto que postuló de manera voluntaria a dicha plaza, no existiendo datos falsos, desactualizados o ajenos a la realidad. iii. No se emite pronunciamiento respecto al proceso judicial instaurado por el trabajador Amadeus Gastelú Peceros contra la municipalidad, sobre desnaturalización de contrato CAS y reconocimiento de vínculo como trabajador obrero a plazo indeterminado -entre otras pretensiones-, el cual se encuentra en etapa de ejecución de sentencia a partir del 03 de enero de 2018; por lo que, al haberse encontrado pendiente dicho proceso, la municipalidad estaba en la obligación de inhibirse de realizar cualquier acto respecto a la relación laboral con el servidor, de ahí que el requerimiento efectuado no podía ejecutarse por estar pendiente dicha dilucidación. iv. Además, de acuerdo al inciso 2 del artículo 239 de la Constitución Política del Perú, ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional, no interferir en el ejercicio de sus funciones; por lo que, la suspensión del procedimiento administrativo frente a la existencia de un proceso judicial, tiene justificación en la seguridad jurídica como principio que impide la existencia de pronunciamientos estatales contradictorios, y en la supremacía del Poder Judicial por sobre la Administración Pública, pues los actos que emita ésta última, así tengan la condición de firmes, son revisables en la vía judicial, por el contrario, las sentencias emitidas por el Poder Judicial, cuando ostentan calidad de cosa juzgada, no son revisables en ningún ámbito del ordenamiento nacional, criterio que fue adoptado en el Oficio N° 51-2014-SUNAFIL/ILM. v. El mandato contenido en la medida de requerimiento de fecha 10 de octubre de 2016, resulta imposible de cumplir en el plazo señalado, en virtud de las prohibiciones de índole presupuestal y los mecanismos establecidos en la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, y la actual Ley N° 30693, el mismo que se elabora el año anterior a su aprobación; por lo que, no se encontraba prevista la contratación de un servidor adicional a los proyectados en su momento, y si se pretendía su incorporación resultaba necesaria la modificación presupuestal para lo cual se prevé determinadas acciones, las cuales son materialmente imposibles de ser cumplidas en cuatro (04) días. Actualmente, en virtud del mandato judicial emitido en el proceso judicial antes mencionado, vienen realizando los trámites respectivos ante el Ministerio de Economía y Finanzas para la modificación de la partida presupuestal y cumplir con el registro en la planilla, conforme a lo requerido, lo cual se acredita con el Oficio N° 056-2018-GPPR-MDI. vi. No existe documento alguno a través del cual los inspectores comisionados hayan comprobado que el trabajador Amadeus Gastelú Peceros laboró horas extras; asimismo, se hace referencia a un reconocimiento sobre el no pago de dicho concepto; sin embargo, no se indica en qué documento consta dicha afirmación, la cual niegan rotundamente, sin perjuicio de ello, en la resolución apelada no se emite pronunciamiento sobre su argumento referido a que mediante resolución de alcaldía se encuentra regulado el horario de prestación de servicios y solo en los casos autorizados puede laborarse horas extras las cuales, frente a su prohibición

presupuestal de pago deberán ser compensadas con descanso físico equivalente al total de horas laboradas en exceso. vii. La autoridad de primera instancia no se pronunció respecto al proceso judicial iniciado sobre nulidad de laudo; además, al no tratarse de un convenio colectivo no podría vulnerarse el artículo 42 del Decreto Supremo N° 010-2013-TR; por lo que, es errónea la tipificación invocada, constituyendo vulneración de los principios de legalidad y tipicidad.

i. En cuanto al ámbito de actuación de la Inspección del Trabajo, el artículo 5 del RLGIT, señala: “La actuación de la Inspección del Trabajo se extiende a todos los sujetos obligados o responsables del cumplimiento de las normas sociolaborales, ya sean personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, aun cuando el empleador sea del sector público o de empresas pertenecientes al ámbito de la actividad empresarial del Estado, siempre y cuando estén sujetos al régimen laboral de la actividad privada”. ii. Bajo el contexto normativo señalado, en cuanto a los trabajadores obreros municipales, el artículo 37 de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 27922), establece: “Los funcionarios y empleados de las municipalidades se sujetan al régimen laboral general aplicable a la administración pública, conforme a ley. Los obreros que prestan sus servicios a las municipalidades son servidores públicos sujetos al régimen laboral de la actividad privada, reconociéndoles los derechos y beneficios inherentes a dicho régimen”. iii. No obstante, en torno a ello, la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, como ente rector del Sistema Administrativo de gestión de Recursos Humanos, a través del Informe Técnico N° 409-2019-SERVIR-GPGSC, ha señalado en los numerales 2.15 y 2.16 que, si bien la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley N° 30889, establecen que el régimen laboral aplicable a los obreros municipales es el régimen laboral de la actividad privada, ello no es óbice para celebrar contratos mediante el régimen CAS cuando las circunstancias o la necesidad de la prestación así lo requiera. En ese orden de ideas, primero deben ser contratados bajo régimen de la actividad privada y de manera alternativa bajo el régimen CAS, pues la contratación bajo este régimen se encuentra permitido en todos los niveles del Sector Público. iv. En ese contexto, de acuerdo con la Resolución de Superintendencia N° 62-2021- SUNAFIL, de fecha 02 de febrero de 2021, que aprueba los criterios normativo adoptados por el “Grupo de Trabajo de Análisis de Criterios en materia legal aplicables al Sistema de Inspección del Trabajo de la SUNAFIL”, estableció que: “Los trabajadores obreros municipales son contratados bajo el régimen laboral de la actividad privada y, de forma alternativa, bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios; precisando que la inspección del trabajo tiene competencia, únicamente, respecto al régimen laboral de la actividad privada”. v. De la revisión de los actuados, se advierte que se encuentra acreditada la relación de naturaleza laboral de prestación de servicios entre el señor Amadeus Gastelú Peceros y la inspeccionada, pues el recurrente tenía la condición de obrero y realizaba labores de vigilancia y seguridad, siendo contratado bajo la modalidad del Contrato

2 Notificada a la impugnante el 30 de diciembre de 2021, véase folio 113 del expediente sancionador.

Administrativo de Servicios – CAS, en el marco del Decreto Legislativo N° 1057. En esa línea, son aplicables los criterios asumidos y establecidos por la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, Tribunal Constitucional y la SUNAFIL, por el cual se habilita la contratación administrativa de servicios - CAS, en tanto que, la inspección del trabajo tiene competencia, únicamente, respecto al régimen laboral de la actividad privada. vi. En consecuencia, corresponde revocar las infracciones, por no registrar en la planilla electrónica bajo el régimen de la actividad privada y por no pagar las horas extras al señor Amadeus Gastelú Peceros, dejando sin efecto la sanción impuesta en estos extremos. vii. Si bien el artículo 6 de la Ley N° 30372, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 y el artículo 6 de la Ley N° 30518, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, prohíben el reajuste e incremento de remuneraciones; dicha prohibición no puede operar de modo absoluto frente al derecho fundamental del trabajador a que se le pague las remuneraciones, en modo equitativo y suficiente; además, ello no es impedimento para realizar el pago de los beneficios económicos derivados del laudo, ya que no se trata de un incremento sino de beneficios tales como: costo de vida, bonificación por concepto de riesgo de salud, bonificación por escolaridad y bonificación por retorno vacacional. viii. Respecto al proceso judicial, la autoridad de primera instancia ha valorado dicho argumento, pronunciándose en los considerandos 63 al 72 de la resolución apelada, con los cuales este despacho coincide, pues al no existir mandato judicial que ordene o disponga expresamente la suspensión o extinción de la eficacia jurídica del laudo, este surte plena eficacia jurídica por el lapso convenido. ix. Resulta válido considerarse como vulnerado el artículo 42 del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, en razón de que los acuerdos adoptados en conciliación o mediación, los laudos arbitrales y las resoluciones de la Autoridad de Trabajo, tienen la misma naturaleza y surten idénticos efectos que las convenciones adoptadas en negociación directa. x. De otro lado, se debe señalar que la conducta infractora materia de sanción para el incumplimiento del laudo arbitral, se encuentra tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT, por cuanto constituye una infracción grave en materia de relaciones laborales; por lo que, no se advierte vulneración a los principios de tipicidad y legalidad.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

Del Recurso De Revisión

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Municipalidad De Independencia

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 06 de enero de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1811-2021-SUNAFIL/ILM, señalando lo siguiente:

i. Se sanciona con una falta muy grave proveniente de haber incumplido con los beneficios económicos de pagar el laudo de fecha 10 de diciembre de 2015, a favor de 77 trabajadores; sin embargo, se ha evidenciado la existencia de proceso judicial, y la sanción muy grave que amerita de incumplir la medida inspectiva no correspondería, ya que el reconocimiento se encuentra en litigio en el expediente judicial N° 09200- 2017-0-0901-JR-LA-01. ii. Se nos imputa el no haber cumplido con la medida inspectiva de requerimiento del 10 de octubre de 2016, lo que vulnera el principio de legalidad y también no encuadraría en la tipificación, ya que en el recurso de apelación han cumplido con demostrar, que el incumplimiento se debe a la existencia de un proceso judicial. iii. Conforme a lo previsto en el inciso 2) del artículo 13 de la Constitución Política del Perú, la actuación judicial debe prevalecer sobre la administrativa; cuando SUNAFIL tome conocimiento que en sede judicial se viene tramitando una cuestión litigiosa esta debe ser esclarecida previamente al pronunciamiento administrativo hasta que la litis sea resuelta. iv. Por otra parte, el artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que “ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización jerárquica del Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional”. v. En consecuencia, si la administración omitió solicitar al Poder Judicial la información necesaria para verificar si debería haberse inhibido en cumplimiento del artículo 64 del TUO de la LPAG, la actuación administrativa deviene en violatoria, bajo la premisa que ninguna autoridad puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional y que ante el surgimiento de una cuestión contenciosa, que requiera de una pronunciamiento previo, sin el cual no puede ser resuelto el asunto por la autoridad, debe suspenderse aquel por la autoridad que conoce del mismo, a fin que el Poder Judicial declare el derecho que defina el litigio.

vi. Ya vuestra entidad se ha pronunciado a través de la Resolución N° 043-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, que deberá aplicarse a nuestro caso, ya que hemos cumplido con la total colaboración de ofrecer los medios probatorios; sin embargo, no han sido valorados, faltando motivación en su pronunciamiento.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la suspensión del Procedimiento Administrativo Sancionador

“Artículo 75.- Conflicto con la función jurisdiccional 75.1 Cuando, durante la tramitación de un procedimiento, la autoridad administrativa adquiere conocimiento que se está tramitando en sede jurisdiccional una cuestión litigiosa entre dos administrados sobre determinadas relaciones de derecho privado que precisen ser esclarecidas previamente al pronunciamiento administrativo, solicitará al órgano jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones realizadas. 75.2 Recibida la comunicación, y sólo si estima que existe estricta identidad de sujetos, hechos y fundamentos, la autoridad competente para la resolución del procedimiento podrá determinar su inhibición hasta que el órgano jurisdiccional resuelva el litigio”.

9 En igual sentido, tenemos el artículo 4 del TUO de la LOPJ, cuyo texto estipula que “ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización jerárquica del Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional”.

a) Que exista una cuestión contenciosa entre dos administrados tramitada en sede jurisdiccional, y que requiere ser esclarecida de manera previa al pronunciamiento administrativo, b) Que la cuestión contenciosa verse sobre relaciones de derecho privado, y, c) Que exista identidad de sujetos, hechos y fundamentos

“Si bien el proceso administrativo se inició antes del proceso judicial; sin embargo, la norma establece que si durante el trámite del proceso administrativo se toma conocimiento que en sede judicial se viene tramitando una cuestión litigiosa que debe ser esclarecida previamente al pronunciamiento administrativo, se debe solicitar al órgano jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones realizadas y sólo si estima que existe triple identidad (sujetos, hechos y fundamentos), podrá inhibirse hasta que la litis sea resuelta”.

Figura Nº 01:

10 Fundamento séptimo de la Casación Laboral N° 8389-2018 MOQUEGUA.

11https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/70fa0b004c77deb38148d77b99635ed1/RA_N_245_2009_CE_PJ.pdf?MO D=AJPERES&CACHEID=70fa0b004c77deb38148d77b99635ed1 12https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/c08fc9004e16a5d3b949bb7ef3caaf63/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA- 000129-2020-CE+%2Banexo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c08fc9004e16a5d3b949bb7ef3caaf63 13https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/7a4f85004f0f6e90a127b56976768c74/D_Lineamientos_Modulo_Atencio n_Usuario_180720.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7a4f85004f0f6e90a127b56976768c74

tanto, es indispensable conocer la decisión de la magistratura para poder culminar el proceso sancionador.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar, por mayoría, FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por la MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA, en contra la Resolución de Intendencia N° 1811-2021- SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 2735-2016-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestas en la presente resolución.

SEGUNDO. – SUSPENDER el presente procedimiento administrativo sancionador, respecto del pronunciamiento que debe emitir este Tribunal, hasta que la sentencia que resuelva el expediente judicial en trámite tenga calidad de cosa juzgada, de acuerdo a lo señalado en los fundamentos 6.1 al 6.7 de la presente resolución. Por lo tanto, quedan suspendidos los efectos de la Resolución de Intendencia N° 1811-2021-SUNAFIL/ILM, con relación a las infracciones muy graves, hasta que esta Sala del Tribunal tome conocimiento de la resolución firme dictada en vía judicial, a fin de emitir pronunciamiento sobre el recurso de revisión interpuesto.

TERCERO. – ENCARGAR a la Secretaria Técnica requerir la información al Poder Judicial respecto de las actuaciones realizadas en el expediente N° 09200-2017-0-0901-JR-LA-01, de conformidad al numeral 75.1 del artículo 75 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a la MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA, a la Intendencia de Lima Metropolitana y al 1° Juzgado Especializado de Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL LUIS ERWIN MENDOZA LEGOAS Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, discrepo de la posición mayoritaria con la que se ha resuelto el recurso de revisión interpuesto por la impugnante. He sintetizado mi posición en el voto en discordia emitido en la Resolución Nº 071-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala (del 8 de julio de 2021) y el voto en discordia emitido en la Resolución Nº 144-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala (del 27 de julio de 2021), a cuyos fundamentos me remito aquí, para sostener mi voto en este caso en concreto. Así, sostengo que corresponde que se declare infundado el extremo del recurso que arguye que, por haber un proceso judicial en trámite debiera extinguirse el procedimiento sancionador o suspender su tramitación (situaciones que, en la práctica, pueden producir semejantes efectos). No existe relación de condicionalidad entre los pronunciamientos esperables en ambas vías, salvo que una orden judicial, motivadamente, así lo determine. Por estos fundamentos, mi voto es porque el recurso de revisión se declare INFUNDADO en este extremo, debiendo procederse al análisis del resto del recurso.

Presidente

20221019MCR