Municipalidad de Independencia — Res. 569-2026

Mediante Orden de Inspección N° 0000005232-2019-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa en materia de relaciones laborales1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 1594-2019-SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la LGIT.

Mediante Imputación de Cargos N° 646-2021-SUNAFIL/ILM/AI1, notificada al Procurador Público el 08 de febrero de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final N° 411-2022-SUNAFIL/ILM/AI1, notificado al Procurador Público el 31 de marzo de 2022 (en adelante, el Informe Final), a través del cual se determinó la existencia de la conducta infractora imputada a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador en su fase sancionadora y procediendo a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución 5 de la Intendencia de Lima Metropolitana, la que mediante Resolución de Sub Intendencia N° 598-2022-SUNAFIL/ILM/SIRE5, notificada al Procurador Público el 22 de junio de 2022, multó a la impugnante por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 12 de julio de 2022, la impugnante interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución de Sub Intendencia N° 598-2022-SUNAFIL/ILM/SIRE5.

Mediante Resolución de Sub Intendencia de Sanción N° 1080-2022-SUNAFIL/ILM/SISA5, notificada al Procurador Público el 25 de octubre de 2022, la Sub Intendencia de Sanción declaró improcedente por extemporáneo el recurso de reconsideración interpuesto por la impugnante.

Con fecha 03 de noviembre de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia de Sanción N° 1080-2022-SUNAFIL/ILM/SISA5.

Mediante Resolución de Intendencia N° 0075-2023-SUNAFIL/ILM, notificada al Procurador Público el 07 de noviembre de 2023, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante.

Con fecha 28 de noviembre de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 0075- 2023-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-000658-2024- SUNAFIL/ILM, recibido el 28 de febrero de 2024 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo4 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”7.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En este orden de ideas, resulta indispensable que el Tribunal revise el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral -tanto adjetivo como sustantivo- así como vele por la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema de Inspección del Trabajo. La normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como sujetos del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídico-procedimental establecida en el marco del Sistema de Inspección del Trabajo. Cabe precisar que dicho análisis garantiza la vigencia del debido proceso en sede administrativa, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional8.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 0075-2023-SUNAFIL/ILM, que confirmó la sanción impuesta por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT; dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 08 de noviembre de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por la MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA.

Al respecto, dado los argumentos expresados por la impugnante, este Tribunal debe realizar un análisis respecto a la aplicación del principio del debido procedimiento en el presente caso y su relación con la validez de los actos administrativos emitidos en el marco del expediente en cuestión.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

A su vez, el numeral 2 del artículo 248° del TUO de la LPAG señala que:

Concordante a ello, la LGIT desarrolla en su artículo 44 los principios generales del procedimiento sancionador, entre ellos: “(…) a) Observación del debido proceso, por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho (…)”.

Al respecto, el Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia en relación a ello, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA:

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico 5 de la Sentencia recaída en el Expediente N° 02098-2010-AA señaló que no solo existe base Constitucional o jurisprudencial para la configuración y desarrollo del derecho al debido procedimiento, sino que existe sustento Convencional, a saber:

El numeral 3 del artículo 139° de la Constitución establece, como derecho de todo justiciable y principio de la función jurisdiccional, la observancia del debido proceso. Dicho derecho, a tenor de lo que establece nuestra jurisprudencia, admite dos dimensiones: una formal, procesal o procedimental, y otra de carácter sustantivo o material. En la primera de las mencionadas, está concebido como un derecho continente que abarca diversas garantías y reglas (las cuales, a su vez, son derechos que parten de un gran derecho con una estructura compuesta o compleja) que garantizan un estándar de participación justa o debida durante la secuela o desarrollo de todo tipo de procedimiento o proceso (sea este judicial, administrativo, corporativo, particular o de cualquier otra índole). En la segunda de sus dimensiones, exige que los pronunciamientos o resoluciones con los que se pone término a todo tipo de proceso respondan a un referente mínimo de justicia o razonabilidad, determinado con sujeción a su respeto por los derechos y valores constitucionales.

El debido proceso, dentro de la perspectiva formal, comprende un repertorio de derechos que forman parte de su contenido constitucionalmente protegido, entre ellos, el derecho al procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, el derecho a la pluralidad de instancias, el derecho a la motivación de las resoluciones, el derecho a los medios de prueba, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, etc. La sola inobservancia de cualquiera de estas reglas, como de otras que forman parte del citado contenido, convierte al proceso en irregular, legitimando con ello la necesidad de ejercer labores de control constitucional (énfasis añadido).

En este sentido, el derecho de defensa se encuentra reconocido en el numeral 14 del artículo 139° de la Constitución, el cual establece: “el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso”.

Al respecto, en la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 5871-2005-AA/TC, mediante los fundamentos jurídicos 12 y 13, el máximo intérprete de la Constitución sostuvo que el derecho de defensa:

La posibilidad de su ejercicio presupone, que quienes participan en un proceso para la determinación de sus derechos y obligaciones jurídicas tengan conocimiento, previo y oportuno, de los diferentes actos procesales que los pudieran afectar, a fin de que tengan

Conforme a ello, dada la claridad expositiva del Tribunal Constitucional, así como de la norma contenida en el TUO de la LPAG y la LGIT, respecto de los alcances del derecho al debido procedimiento, debe analizarse el caso concreto en relación con la vulneración alegada.

Con relación al derecho o garantía de la motivación de las decisiones que afecten los intereses de la impugnante, es importante recalcar que el Principio del Debido procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo. Lo anterior, se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho (énfasis añadido).

En ese contexto, en el mencionado principio se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

Partiendo de ello, resulta relevante traer a colación el requisito de la motivación de las resoluciones señalado en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, en concordancia con el artículo 6 del citado instrumento; en virtud del cual, todo acto administrativo debe estar motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en más de una ocasión estableciendo, incluso, criterios jurisprudenciales al respecto. A este entender, el propio Tribunal Constitucional recopiló en la Sentencia recaída en el Expediente N° 00312-2011-AA una serie de elementos vinculados a la motivación de los actos administrativos, resaltando la definición de la naturaleza jurídica de la motivación de actos administrativos: una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señaló el Tribunal Constitucional, además, lo siguiente:

Así, las cosas, la motivación deberá ser expresa a efectos de que el acto administrativo que sustenta sea emitido a partir de una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso y donde se expongan las razones jurídicas que justifiquen su adopción; no siendo admisibles como motivación las fórmulas que, por su contradicción, no resulten esclarecedoras para la motivación del acto.

En efecto, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido algunos alcances sobre la exigencia de la motivación de las resoluciones en el ámbito de la actuación administrativa, siendo que, en los numerales 1.2 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG se establecen dos reglas generales vinculadas a la motivación: (i) la obligación de la motivación en las decisiones que tome la Administración Pública, conforme al Principio del Debido Procedimiento; y, (ii) la obligación de verificar plenamente los hechos que sustentan la decisión adoptada por la Administración Pública, conforme al Principio de Verdad Material9

Conforme a ello, la motivación deberá ser expresa a efectos de que el acto administrativo que sustenta sea emitido a partir de una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso y donde se expongan las razones jurídicas que justifiquen su adopción; no siendo admisibles como motivación las fórmulas que, por su contradicción, no resulten esclarecedoras para la motivación del acto.

Del marco expuesto se concluye que la motivación exige que, en la justificación de la decisión adoptada por parte de la Autoridad Administrativa respecto a la determinación de responsabilidad por conductas contra el ordenamiento administrativo, se realice la exposición de la valoración de los medios probatorios y/o argumentos que el administrado formule durante el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, en aras de desvirtuarlos conforme a la normativa vigente; ello como garantía del debido procedimiento administrativo (énfasis añadido).

Además, conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Al respecto, la impugnante sostiene que, en el presente caso, mediante Resolución de Sub Intendencia de Sanción N° 1080-2022-SUNAFIL/ILM/SISA5, se declaró improcedente su recurso de reconsideración por extemporáneo, bajo el argumento de que la resolución impugnada habría sido notificada electrónicamente el 02 de junio de 2022. No obstante,

En relación a dichos alegatos, esta Sala advierte que mediante Resolución de Sub Intendencia de Sanción N° 1080-2022-SUNAFIL/ILM/SISA5 se declaró improcedente por extemporáneo el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución de Sub Intendencia N° 598-2022-SUNAFIL/ILM/SIRE5, tomando como referencia la supuesta notificación efectuada el 02 de junio de 202210. No obstante, de la revisión de los actuados, se corrobora que la notificación efectuada en dicha fecha, fue la efectuada a la Municipalidad de Independencia, a su casilla electrónica, conforme la constancia que obra en el expediente administrativo sancionador.

Sin embargo, de la revisión del expediente materia del presente caso, se observa que obra la cédula de notificación N° 0000020867-2022 O11, misma que se encuentra dirigida a la Procuraduría de la Municipalidad de Independencia, en la que se adjunta la Resolución de Sub Intendencia N° 598-2022-SUNAFIL/ILM/SIRE5 y contiene el sello de recibido de la Plataforma de Atención al Contribuyente de la misma municipalidad, con fecha de recibido 22 de junio de 2022. Del mismo modo, en relación al recurso de reconsideración, se constata que el mismo fue presentado a esta administración el 12 de julio de 2022, conforme lo acredita la constancia de solicitud ingresada por Mesa de Partes Virtual, que obra en el expediente sancionador.

En cuanto a la defensa jurídica de la entidad edil, debe señalarse que las municipalidades, conforme al artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27972, son personas jurídicas de derecho público con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, cuya estructura orgánica incluye, entre otros, a la Procuraduría Pública Municipal como órgano integrante del ámbito administrativo. En ese marco, el artículo 29 de la citada ley establece que la Procuraduría Pública Municipal es el órgano especializado encargado de la defensa jurídica de los intereses del Estado en el ámbito de la entidad municipal, formando parte del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y actuando bajo la normativa que regula dicha materia.

En concordancia con ello, el numeral 39.1 del artículo 39 del Decreto Supremo N° 018- 2019-JUS dispone que el Procurador Público ejerce la representación y defensa de los intereses del Estado en los procesos, procedimientos y actuaciones en los que la entidad es parte. En ese sentido, tratándose de un procedimiento administrativo sancionador seguido contra una municipalidad, la defensa institucional recae en su Procuraduría Pública, por lo que las notificaciones de los actos administrativos deben dirigirse a dicho órgano, a fin de garantizar una comunicación válida y eficaz que permita el ejercicio oportuno del derecho de defensa.

En ese contexto, se advierte que la autoridad administrativa no constató si la notificación efectuada el 02 de junio de 2022, respecto de la cual contabilizó el cómputo del plazo impugnatorio, resultaba válida y eficaz para dicho fin tratándose de una entidad pública, cuyo ejercicio de defensa se canaliza a través de su Procuraduría Pública. Por el contrario, de los actuados se desprende que la notificación dirigida a dicho órgano se realizó el 22

En tal sentido, esta Sala advierte que la declaración de extemporaneidad del recurso de reconsideración se sustenta en un presupuesto fáctico incorrecto, al haberse determinado indebidamente el dies a quo del plazo para impugnar. Ello evidencia una errónea aplicación de las reglas de notificación y cómputo de plazos, tratándose de una entidad municipal, lo que derivó en una restricción ilegítima del derecho de defensa de la impugnante, así como en la vulneración del debido procedimiento administrativo, al impedir el acceso efectivo a los mecanismos impugnatorios previstos en el ordenamiento jurídico.

Asimismo, la omisión de verificar la validez de la notificación contraviene el principio de verdad material, en tanto la autoridad administrativa no adoptó las medidas necesarias para establecer el momento en que la impugnante tuvo conocimiento del acto administrativo, limitándose a asumir la eficacia de una notificación que no resultaba idónea para garantizar el ejercicio de su defensa. En consecuencia, la Resolución de Sub Intendencia de Sanción N° 1080-2022-SUNAFIL/ILM/SISA5 se encuentra incursa en un vicio de nulidad al haberse sustentado en una premisa fáctica y jurídica incorrecta.

Por otro lado, se advierte que la Resolución de Intendencia N° 0075-2023-SUNAFIL/ILM, que resuelve el recurso de apelación, omite efectuar un pronunciamiento expreso respecto a la validez de la declaración de improcedencia del recurso de reconsideración, pese a que los cuestionamientos formulados por la impugnante en su escrito de apelación se encuentran vinculados a aspectos sustanciales como la validez de la notificación y la afectación al derecho de defensa.

En ese sentido, la autoridad de segunda instancia emite pronunciamiento sobre el fondo del asunto sin haber previamente evaluado la existencia del vicio advertido en la etapa procedimental anterior, el cual constituía un presupuesto necesario para habilitar dicho análisis. Esta omisión configura una vulneración al deber de motivación de las resoluciones administrativas, al no haberse emitido un pronunciamiento expreso sobre aspectos esenciales para la adecuada resolución del caso.

Al respecto, cobra especial relevancia lo dispuesto en la Resolución de Sala Plena N° 011- 2024-SUNAFIL/TFL, publicada en el diario oficial El Peruano el 05 de junio de 2024, que enfatiza:

En tal sentido, la omisión de motivación en que incurrieron los pronunciamientos de primera y segunda instancia vulneran los principios de debido procedimiento y de verdad material, así como el derecho de defensa de la administrada. Debe recordarse, además, que conforme al numeral 2 del artículo 10 del TUO de la LPAG, constituye causal de nulidad del acto administrativo la omisión de alguno de sus requisitos de validez, entre los cuales se encuentra la debida motivación.

Por consiguiente, resulta necesario que la autoridad administrativa competente emita un nuevo pronunciamiento, evaluando de manera previa la validez de la notificación y del cómputo del plazo impugnatorio, así como la correcta admisibilidad del recurso de reconsideración, a fin de garantizar el ejercicio del derecho de defensa. En ese marco, deberá pronunciarse de forma expresa sobre los vicios advertidos en el procedimiento y, de corresponder, analizar el fondo del asunto, sustentando su decisión en una motivación adecuada, suficiente y conforme al debido procedimiento administrativo.

De lo expuesto en los fundamentos precedentes, corresponde enfatizar que las instancias del sistema encargadas de la tramitación del procedimiento administrativo sancionador deben garantizar el respeto irrestricto de los principios de debido procedimiento y verdad material, lo que implica verificar adecuadamente la validez de las notificaciones y el correcto cómputo de los plazos impugnatorios, así como asegurar el ejercicio efectivo del derecho de defensa de los administrados. En tal sentido, la motivación de sus actos debe comprender un análisis integral y coherente de las alegaciones formuladas, pronunciándose expresamente sobre los aspectos esenciales del procedimiento, incluyendo aquellos vinculados a la admisibilidad de los recursos, y sustentando de manera suficiente la aplicación de las normas pertinentes al caso concreto.

Respecto de la forma específica del vicio del acto administrativo identificado, debe precisarse que el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia no solo ha identificado sino ratificado el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación de las resoluciones, por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00728-2008-PHC/TC, precisa:

En consecuencia, esta Sala advierte la vulneración del debido procedimiento administrativo en ambas instancias, toda vez que, en primera instancia, la Resolución de Sub Intendencia de Sanción N° 1080-2022-SUNAFIL/ILM/SISA5 declaró improcedente el recurso de reconsideración sobre la base de un cómputo erróneo del plazo impugnatorio, sustentado en una notificación distinta a la efectuada al procurador, omitiendo verificar el momento en que esta tomó conocimiento efectivo del acto administrativo; mientras que, en segunda instancia, la Resolución de Intendencia N° 0075-2023-SUNAFIL/ILM incurre en una motivación insuficiente al no pronunciarse sobre la validez de dicha

Por tanto, se vulneró el derecho de defensa12 y el debido procedimiento administrativo de la impugnante, al haberse restringido indebidamente su acceso a los mecanismos impugnatorios mediante un cómputo erróneo del plazo, así como al emitirse en segunda instancia un pronunciamiento sin haber evaluado previamente la validez de dicha improcedencia. En ese sentido, corresponde a la Administración garantizar que sus decisiones se sustenten en un procedimiento tramitado con respeto a las garantías constitucionales, verificando adecuadamente los presupuestos de validez de los actos y el ejercicio efectivo del derecho de defensa.

Cabe precisar que, realizado el análisis de conservación del acto conforme al artículo 14° del TUO de la LPAG, el vicio resulta trascendente y no comprendido en las causales taxativamente consideradas en el precitado artículo por no tratarse de una motivación insuficiente o parcial sino una aparente. Por ello, conforme al numeral 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG, el acto deviene en nulo.

Por tanto, no resulta posible convalidar los vicios advertidos en ambas resoluciones, correspondiendo a este Tribunal declarar que las mismas incurren en causal de nulidad, de conformidad con el numeral 2 del artículo 10 del TUO de la LPAG, al haberse emitido sobre la base de una motivación insuficiente y de un presupuesto fáctico incorrecto en el cómputo del plazo impugnatorio, lo que ha conllevado a la vulneración del debido procedimiento administrativo y del derecho de defensa de la impugnante.

En consecuencia, la contravención de los principios de debido procedimiento y verdad material en la Resolución de Intendencia N° 0075-2023-SUNAFIL/ILM, así como los vicios advertidos en la Resolución de Sub Intendencia de Sanción N° 1080-2022- SUNAFIL/ILM/SISA5, generan su nulidad conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 10 del TUO de la LPAG.

El artículo 15 de la Ley N° 29981 señala que el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. En ese sentido, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”.

En el caso concreto, se han identificado vicios en el trámite del procedimiento administrativo sancionador que acarrean la nulidad de al menos un acto administrativo expedido por una autoridad del Sistema de Inspección del Trabajo.

De este modo, considerando que la Resolución de Sub Intendencia de Sanción N° 1080- 2022-SUNAFIL/ILM/SISA5, ha sido emitida vulnerando el derecho al debido procedimiento administrativo, de conformidad con el numeral 12.1 del artículo 12 y el numeral 13.1 del artículo 13 del TUO de la LPAG; y ya que tal resolución carece de efectos, corresponde declarar la nulidad de la citada resolución, y de los sucesivos actos u actuaciones del procedimiento, por vulneración del debido procedimiento y motivación.

Conforme a lo anterior, se deberá retrotraer el procedimiento administrativo sancionador al momento en el cual se produjo el vicio inicial; esto es, al momento de emisión de la Resolución de Sub Intendencia respectiva, a efectos que dicha instancia emita una nueva decisión considerando los argumentos contenidos en la presente Resolución, conforme a lo prescrito en el numeral 12.1 del artículo 12 del TUO de la LPAG.

En consecuencia, corresponde remitir los actuados del presente procedimiento sancionador al Intendente respectivo y a la Gerencia General de SUNAFIL, a efectos que – de ser el caso – procedan conforme a sus competencias, en el marco del ejercicio de la potestad disciplinaria de la Administración regulada en el Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos Humanos y conforme al Título V del TUO de la LPAG.

Finalmente, por las consideraciones antes dichas, no corresponde emitir pronunciamiento sobre los alegatos restantes planteados en el recurso de revisión por parte de la impugnante.