Monsanto Perú S.A — Res. 383-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Formación e Información sobre seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Incluye todas) y Gestión Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo (Sub materia: Comité (o Supervisor) de Seguridad y Salud en el Trabajo).

PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft soft 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no acreditar la formación e información suficiente y adecuada a los trabajadores y las trabajadoras acerca de los riesgos del puesto de trabajo y sobre las medidas preventivas aplicables, en perjuicio de once (11) trabajadores, tipificada en el numeral 27.8 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 16,856.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no constituir o no designar a uno o varios trabajadores para participar como supervisor o miembro del comité de seguridad y salud, así como no proporcionarles formación y capacitación adecuada, en perjuicio de un (01) trabajador, tipificada en el numeral 27.12 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,751.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo, notificada el 05 de noviembre del 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 22,575.00.

i. Que, se ha vulnerado el derecho de defensa, al no notificárseles debidamente los requerimientos de información de fechas 05 y 11 de enero de 2021 y la Imputación de Cargos N° 114-2021-SUNAFIL/SIAI-IRE-CA, solicitando la nulidad de todo lo actuado y que se retrotraiga los actos a la notificación de los requerimientos de información e Imputación de Cargos antes mencionados. ii. Es recién con la notificación adecuada del Informe Final de Instrucción N° 142-2021- SUNAFIL/IRE-SIAI-ICA, que toman conocimiento de las imputaciones e indica que sí ha cumplido debidamente con todas las capacitaciones que le corresponden; así como con todos los deberes de información en el periodo 2019, acreditando todas las capacitaciones. iii. Igualmente, sobre la supuesta omisión de haber proporcionado formación e información en el periodo 2019 respecto al comité o supervisor de seguridad, reitera que jamás les fueron notificados los requerimientos.

iv. Manifiesta que, no existe omisión alguna por su parte y que ha cumplido con proporcionar formación e información respecto al comité o supervisor de seguridad, no incurriendo de forma alguna en infracción sancionable. v. Asimismo, respecto de la obligación de cumplir oportunamente con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 5 de noviembre de 2020, considera que se le exige un imposible fáctico y jurídico, por cuanto le es imposible cumplir con un actuado que jamás le fue notificada, tal como lo ha señalado anteriormente, siendo improcedente cualquier sanción al respecto, pues vulnera todo derecho a un procedimiento justo y arreglado a ley. vi. Señala que el Informe Final no presenta una relación concreta de los hechos probados relevantes del caso específico; además sustenta su fundamentación en una serie de fórmulas genéricas que no aterrizan en el caso concreto y no analizan la indefensión que ha sufrido. Por ello, considera que dicho acto debe ser dejado sin efecto por contener una indebida motivación e inobservar el principio de legalidad. vii. En atención a ello, es evidente que la calificación de las supuestas infracciones graves y muy graves señaladas no se ajustan a lo previsto por la normatividad y al no haberse tomado en consideración el principio de razonabilidad y proporcionalidad resulta carente de validez por los motivos antes señalados, máxime que la multa aplicable es desproporcionada.

i. Precisa que, las actuaciones inspectivas realizadas por los inspectores comisionados fueron desarrolladas en el marco de la emergencia sanitaria nacional frente al Covid-19, razón por la cual, SUNAFIL por medio del Protocolo N° 005-2020-SUNAFIL/INII, dispuso que las actuaciones inspectivas podían desarrollarse a través de requerimiento de información, mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación; en tal sentido, con relación a la información requerida con ocasión de las actuaciones inspectivas de investigación y, de considerarlo necesario, el Inspector actuante podía demandar que ésta sea entregada en formato digital, a través de los medios de tecnología de la información y comunicación, para sustentar los hechos verificados; así como para las conclusiones del Acta de infracción o del Informe de Actuaciones Inspectivas, según corresponda. ii. Así pues, se recoge de autos los requerimientos de información notificados a la inspeccionada por medio de los correos electrónicos (fatima.albitres@bayer.com y susan.pariona@bayer.com) que fueron debidamente autorizados y presentados como respuesta al requerimiento de información notificado el día 13 de octubre de 2020,

2 Notificada a la impugnante el 03 de mayo de 2022, véase folios 166 del expediente sancionador.

obrante a folios 84 del expediente inspectivo. Asimismo, advierte que cada uno de los requerimientos de información realizados por los inspectores comisionados fueron respondidos por medio de los correos autorizados por la inspeccionada, dándose por debidamente notificada la inspeccionada. iii. En tal sentido, se evidencia que los inspectores comisionados aplicaron lo dispuesto en la Directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva – versión 1 (vigente cuando se desarrollaron las actuaciones inspectivas), la cual en el Sub numeral 7.11.2 establece mediante declaración jurada (Anexo N° 1), que el sujeto inspeccionado autoriza a la Autoridad Inspectiva de Trabajo la comunicación por dicho medio, indicando al personal inspectivo a qué correo electrónico, número de teléfono u otro medio electrónico le puede solicitar información y este se compromete a revisarlos diariamente. iv. Ahora bien, en cuanto a la notificación por casilla electrónica, precisa que el T.U.O. de la LPAG en el quinto párrafo del numeral 20.4 del artículo 20 dispone, entre otros, que, mediante decreto supremo del sector, previa opinión favorable de la Presidencia del Consejo de ministros y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se puede aprobar la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica. En ese caso, la notificación se entiende válidamente efectuada cuando la entidad la deposite en el buzón electrónico asignado al administrado, surtiendo efectos el día que conste haber sido recibida, conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 25. v. En relación a ello, conforme a la información brindada por la OGTIC de la SUNAFIL, a la fecha de la notificación de la imputación de cargos, es decir el 24 de abril de 2021, es cierto que la inspeccionada no recibió correo y/o alerta, de dichos requerimientos, empero ello fue a razón de que la inspeccionada registró de manera negligente su correo electrónico de contacto, con fecha posterior a la notificación de la imputación de cargos e informe final de instrucción. vi. Al respecto, refiere que, el hecho que la inspeccionada no haya registrado sus datos de manera oportuna, no significa que no haya sido debidamente notificada, muy por el contrario demuestra su negligencia de no registrar sus datos a tiempo, es decir desde las fechas establecidas en la Resolución 114-2020-SUNAFIL, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01 de agosto del 2020, en concordancia con la publicación del D.S N° 003- 2020-TR, que aprueba el uso obligatorio de la casilla electrónica para efectos de notificación de los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL. vii. En tal sentido a partir de la publicación del D.S N° 003-2020-TR, la casilla electrónica de la inspeccionada se constituye en su domicilio digital obligatorio para la notificación de los actos administrativos y/o actuaciones emitidas en el marco de sus funciones, siendo entera responsabilidad y diligencia de la inspeccionada de ingresar sus datos necesarios de manera oportuna para recibir las alertas correspondientes. viii. Por otra parte, de los hechos constatados del acta de infracción, se precisó que la inspeccionada no acredita haber dotado de las cuatro (04) capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo a favor de once (11) trabajadores. Ello se ratifica, en la etapa sancionadora, cuando la inspeccionada presenta documentos intitulados como registros de capacitaciones referidos a distintos temas tratados e impartidos a los trabajadores considerados como afectados, sin considerar que, los temas impartidos en las capacitaciones implican temas sobre actividades que trasmitan conocimientos respecto prevención de los riesgos, la seguridad y la salud. ix. Así, en la medida de requerimiento se tiene que lo requerido puntualmente por los inspectores comisionados fue que cumpla con acreditar las capacitaciones a favor de sus trabajadores respecto al año 2019, de conformidad con el artículo 35 de la LSST, de ese modo realizando un reexamen de los documentos adjuntos por la inspeccionada, se tiene que de un total de once (11) trabajadores afectados, de seis (06) de ellos se acredita el total de cuatro (04) capacitaciones; no obstante, los cinco (05) trabajadores

restantes continúan teniendo la calidad de afectados, ya que la inspeccionada no acreditó haber impartido las cuatro (04) capacitaciones dentro del año 2019. x. En ese entender, se arriba a la conclusión que dicho cumplimiento parcial, no enerva la responsabilidad de la inspeccionada de haber incurrido en conducta infractora, toda vez que, no ha levantado la observación del total de trabajadores afectados; no obstante, procede a corregir el número de trabajadores afectados, a efectos de tener un nuevo cálculo de la sanción pecuniaria, únicamente respecto a dicha conducta infractora, tipificada en el numeral 27.8 del artículo 27 del RLGIT. xi. Por otro lado, en relación al trabajador Sr. Siguas Yáñez Gerardo Antonio, miembro del comité de seguridad y salud en el trabajo, se reevaluaron los registros presentados por la inspeccionada dentro de la etapa sancionadora, y se determinó que no se acreditó haber impartido las capacitaciones especializadas en materia de seguridad y salud en el trabajo a favor de su trabajador, miembro del comité de seguridad y salud en el trabajo, toda vez que, las capacitaciones adjuntas al expediente sancionador, como masoterapias, diabetes, yoga, entre otros, a criterio de la Intendencia, no son capacitaciones especializadas, persistiendo el incumplimiento de la inspeccionada, siendo tipificada dicha conducta infractora en el numeral 27.12 del artículo 27 del RLGIT. xii. En ese entender, pese al plazo otorgado la inspeccionada no cumplió con lo requerido en su momento mediante la medida inspectiva de requerimiento, motivo por el cual la conducta infractora a la labor inspectiva queda confirmada, asimismo, respecto a la cantidad de trabajadores afectados, se ratifica que el total de ellos es doce (12) toda vez que, en el momento oportuno, es decir en el plazo otorgado por los inspectores comisionados, la inspeccionada no acreditó lo requerido. xiii. Por otra parte, no se advierte causal de nulidad del informe final de instrucción, más aún si no se tiene descargos presentados por parte de la inspeccionada y aunado a ello, dicho informe cuenta con todo el contenido mínimo establecido en la Directiva N° 001-2017- SUNAFIL/INII. xiv. Finalmente, advierte que se engranaron equilibrada y correctamente los criterios, la graduación y el cálculo de la multa con el monto de la UIT vigente, en función al año en que se determinaron los incumplimientos, es decir, en el año 2020, cuando la inspeccionada debió acreditar el cumplimiento de dicho pago, colaborando así con la labor inspectiva, siendo equivalente a la suma de S/ 4,300.00, aprobado por el D.S N° 380-2019-EF; siendo ello así, acredita que los inspectores comisionados, han realizado un correcto cálculo de la multa impuesta, siendo esto ratificado por la autoridad de primera instancia, quedando desvirtuando lo señalado por la inspeccionada en su escrito venida en alzada.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17. Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión” 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14. 9 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE MONSANTO PERÚ S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 11 de mayo de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 047-2022-SUNAFIL/IRE-ICA, señalando los siguientes alegatos:

i. Refiere que existe una interpretación errónea de los artículos 27.8, 27.12 y 46.7 del RLGIT, puntualizando que no le llegó las alertas de las notificaciones de todas las actuaciones y se ha violentado su derecho de defensa, por lo que, corresponde la nulidad de todo lo actuado. ii. Indica que, se ha afectado su derecho al debido procedimiento y principio de legalidad, y que con la dación de la Ley N° 31465, la recepción del documento digital es obligatoria, pero que no estaba contemplada en el momento que SUNAFIL supuestamente efectuó las notificaciones vía electrónica. iii. Considera que la resolución impugnada ha incurrido en una motivación aparente y es imposible cumplir con la medida de requerimiento, pues jamás fue notificado.

Análisis Del Recurso De Revisión

Del derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier

órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis agregado).

10 Véase folio 155 del expediente sancionador. 11 Cabe precisar que el impugnante alega que “(…) la Intendencia ha incurrido en afectaciones a nuestra garantía a un debido procedimiento administrativo, toda vez que se ha valido de falacias e información tergiversada a fin de esbozar una aparente motivación, incurriendo inclusive en ausencia de motivación sobre aspectos determinantes a fin de alcanzar

“Artículo 55.- De los recursos administrativos Los recursos administrativos previstos en el procedimiento sancionador son los siguientes: a) Recurso de reconsideración: se interpone ante la autoridad de primera instancia que emitió la resolución objeto de impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. (…)”.

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

la verdad en la presente inspección. Aspectos que le restan validez y eficacia al acto administrativo, obteniendo como sanción su nulidad.” 12 TUO de la LPAG, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo “1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.” 13 Cfr. artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 14 TUO de la LPAG, Artículo 10.- Causales de nulidad “Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. (…)”.

finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”. Precisa, además, que se sustenta en la “inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal”.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar la NULIDAD del Auto de Sub Intendencia de Resolución N° 169-2022- SUNAFIL/IRE-SIRE-ICA, de fecha 14 de febrero de 2022, emitida por la Sub Intendencia de

Resolución de la Intendencia Regional de Ica, y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 11-2021- SUNAFIL/IRE-ICA.

SEGUNDO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio; esto es, a la emisión del Auto de Sub Intendencia de Resolución N° 169-2022- SUNAFIL/IRE-SIRE-ICA, de fecha 14 de febrero de 2022, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

TERCERO. - Notificar la presente resolución a MONSANTO PERÚ S.A. y a la Intendencia Regional de Ica, para sus efectos y fines pertinentes.

CUARTO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Ica y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.17 de la presente resolución.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20230419JCR