Molitalia S.A — Res. 923-2026

Mediante Orden de Inspección N° 16863-2021-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 6922-2021-SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del literal c) del artículo 12° de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 2183-2022-SUNAFIL/ILM/SINS/AI-I, notificada el 26 de octubre de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la Autoridad Instructora 1 emitió el Informe Final de Instrucción N° 2798-2022-SUNAFIL/ILM/SINS/AI- I, notificado el 12 de diciembre de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual, procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Subintendencia de Sanción 4 de la Intendencia de Lima Metropolitana, la que mediante Resolución de Subintendencia N° 528-2023- SUNAFIL/ILM/SISA4, notificada el 08 de febrero de 2023, multó a la impugnante por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 01 de marzo de 2023, la impugnante presentó recurso de apelación contra la Resolución de Subintendencia N° 528-2023-SUNAFIL/ILM/SISA4.

Mediante Resolución de Intendencia N° 1047-2023-SUNAFIL/ILM, notificada el 15 de agosto de 2023, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante y confirmó la sanción contra la administrada.

Con fecha 05 de setiembre de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 1047- 2023-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, recibido el 02 de mayo de 2024 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299811, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299812, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo3 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR4, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR5 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 206° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS y modificatorias (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos,

Así, el artículo 49° de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55° del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”6.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17° del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En este orden de ideas, resulta indispensable que el Tribunal revise el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral -tanto adjetivo como sustantivo- así como vele por la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema de Inspección del Trabajo. La normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como sujetos del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídico- procedimental establecida en el marco del Sistema de Inspección del Trabajo. Cabe precisar que dicho análisis garantiza la vigencia del debido proceso en sede administrativa, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional7.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por MOLITALIA S.A.

Del mismo modo, el numeral 15.1 del artículo 15 del RLGIT establece que “durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas, los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley”.

En ese sentido, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la LGIT: “los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y, en cumplimiento de dicha obligación de colaboración, deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”.

Cabe señalar que, conforme al artículo 1 de la LGIT, “las actuaciones inspectivas son las diligencias que la Inspección del Trabajo sigue de oficio, con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, para comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y poder adoptar las medidas inspectivas que en su caso procedan, para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales”. Asimismo, “la función inspectiva es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”. En ese entendido, el comportamiento del inspector comisionado debe orientarse al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su Reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad8.

Por su parte, en el numeral 3.1 del artículo 5 de la LGIT se establece que, “en el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y, en particular, para requerir información, solo o ante testigos, al sujeto inspeccionado o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, así como a exigir la identificación, o razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado”. En similar sentido, el artículo 11 del mismo dispositivo legal establece que “las actuaciones inspectivas de investigación se

Es pertinente recordar que el artículo 36 de la LGIT9, establece que el comportamiento subsumible dentro de las infracciones a la labor inspectiva “puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario”. (énfasis añadido).

En el presente caso, mediante requerimientos de información de fechas 21 y 27 de mayo de 2021, el inspector comisionado requirió presentar la hoja de trabajo de distribución de utilidades del ejercicio económico 2020 en el que se reflejan todos los trabajadores incluido el recurrente, dejando constancia en el numeral 4.8 del acta de infracción que, la información era necesaria para conocer la forma de cálculo de la participación de utilidades de todos los trabajadores del inspeccionado.

Como se concluye, de la lectura del numeral 4.11 y 4.12 del Acta de Infracción, al impedir el acceso a la información solicitada, no resulta posible determinar si los cálculos efectuados por el concepto de utilidades en favor del recurrente resultan correctos. Por tanto, la impugnante al haberse negado a facilitar al inspector de trabajo la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones, frustró la actuación del mismo, constituyendo dicho accionar un actuar reprochable plausible de sanción. Ello se explica en atención que la norma busca proteger el correcto funcionamiento de la labor inspectiva, la cual se puede perjudicar por la conducta de los empleadores que, teniendo posesión de la documentación e información necesaria para dilucidar un caso, se nieguen a exhibirla o no colaboren con proporcionarla a la Autoridad Administrativa

Ahora bien, sobre el argumento del recurso de revisión que resultaría abusivo exigir la presentación de un documento con el que no se cuenta en más de una ocasión, debemos precisar que, la emisión del requerimiento de información de fecha 27 de mayo de 2021 constituye una consecuencia directa del cumplimiento parcial del requerimiento de información de fecha 21 de mayo de 2021. En efecto, si bien la inspeccionada remitió un archivo denominado "cálculo de utilidades 2020", este únicamente comprendía la información correspondiente al trabajador investigado, omitiendo remitir la información respecto de la totalidad de trabajadores, conforme había sido expresamente requerido por el inspector comisionado. En consecuencia, resultaba razonable que la autoridad inspectiva reiterara el requerimiento a efectos de obtener la información necesaria para el desarrollo de la investigación.

Por tanto, la reiteración del requerimiento de información constituyó una actuación favorable para la inspeccionada, pues, en lugar de considerar configurado inmediatamente el incumplimiento del deber de colaboración, el inspector comisionado le otorgó una nueva oportunidad para remitir la información faltante. En tal sentido, lejos de constituir una actuación arbitraria o desproporcionada, el segundo requerimiento evidenció una actuación razonable y orientada a privilegiar el cumplimiento voluntario de las obligaciones de colaboración antes que la imposición de consecuencias sancionadoras. Por tanto, corresponde desestimar los argumentos del recurso de revisión en este extremo.

Respecto del argumento del impugnante referido a que no podía ser sancionada por no presentar la "Hoja de trabajo de distribución de utilidades del ejercicio económico 2020", por tratarse de un documento cuya conservación no resulta exigida por la normativa laboral, esta Sala considera que dicho cuestionamiento no resulta atendible.

En efecto, el requerimiento formulado por el inspector comisionado no tuvo por finalidad exigir la presentación de un documento cuya existencia estuviera expresamente prevista por el ordenamiento jurídico, sino obtener la información necesaria para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la distribución de utilidades respecto de los trabajadores comprendidos en la investigación. En ese sentido, la obligación de colaboración no se circunscribe únicamente a exhibir los documentos cuya tenencia es legalmente obligatoria, sino también a facilitar la información y documentación que resulte pertinente y necesaria para el desarrollo de la función inspectiva, siempre que esta se encuentre bajo el ámbito de disponibilidad del sujeto inspeccionado.

Así, si la inspeccionada no contaba con un documento denominado "Hoja de trabajo de distribución de utilidades", ello no la eximía de cumplir el requerimiento inspectivo. Por el contrario, correspondía que proporcionara la información solicitada mediante la documentación de la que razonablemente disponía o mediante cualquier otro soporte documental idóneo que permitiera verificar la forma en que efectuó el cálculo y distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2020, colaborando de esta manera con el objeto materia de investigación.

El inspector no requirió un documento por su nomenclatura, sino por su contenido. Es decir, requirió el soporte documental donde constara el cálculo de la distribución de utilidades de todos los trabajadores, incluido el denunciante. Por ello, aun cuando dicho soporte tuviera otra denominación, la inspeccionada podía cumplir el requerimiento remitiendo documentación que contuviera la información solicitada.

En consecuencia, la infracción imputada no se sustenta en la inexistencia de un documento específico, sino en el incumplimiento del deber de colaboración con la labor inspectiva, al no facilitar la información necesaria para que el inspector pudiera verificar el cumplimiento de la normativa sociolaboral. Por tanto, corresponde desestimar el recurso de revisión en este extremo.

Por otro lado, respecto del argumento del impugnante referido a que la remisión de la hoja de trabajo de distribución de utilidades no resultaba indispensable para verificar el pago de utilidades del trabajador denunciante, debemos precisar que si bien la inspeccionada presentó documentación que acreditaba el pago de utilidades al trabajador comprendido en la investigación, ello no resultaba suficiente para satisfacer el requerimiento formulado por el inspector comisionado. La finalidad del requerimiento no era únicamente constatar la existencia del pago, sino verificar que el monto abonado hubiera sido determinado conforme a los criterios legales aplicables y, en consecuencia, que correspondiera efectivamente al trabajador.

En ese contexto, la hoja de trabajo de distribución de utilidades de todo el personal constituía un medio idóneo para verificar el procedimiento de cálculo aplicado por la inspeccionada, al permitir contrastar la distribución efectuada entre todos los trabajadores comprendidos en el reparto, los factores utilizados para su determinación y la correcta asignación del monto correspondiente al trabajador denunciante. Por ello, la información requerida respecto a todos los trabajadores de la empresa incluido el trabajador recurrente, guardaba una relación directa con la materia objeto de investigación y resultaba necesaria para el adecuado ejercicio de la función inspectiva.

En consecuencia, no puede sostenerse que el requerimiento careciera de utilidad o pertinencia por el solo hecho de haberse acreditado la realización del pago o se haya remitido la información de un solo trabajador. La función inspectiva no se limita a verificar la existencia formal de un desembolso, sino que comprende la facultad de constatar que este se haya efectuado de manera correcta y conforme al ordenamiento jurídico. En tal sentido, corresponde desestimar los argumentos del recurso de revisión en este extremo.

Respecto del argumento del impugnante referido a que el plazo de tres (03) días hábiles otorgado para remitir la información requerida resultaba insuficiente, considerando que cuenta con aproximadamente tres mil (3000) trabajadores, debemos precisar que, la información requerida se encontraba referida al ejercicio económico 2020 y correspondía a documentación vinculada al cálculo y distribución de utilidades, información que razonablemente debía encontrarse en poder de la inspeccionada por haber servido de sustento para efectuar el reparto de utilidades a sus trabajadores. En consecuencia, el requerimiento no implicaba la elaboración de nueva información, sino la remisión de documentación preexistente relacionada con una obligación ya ejecutada por la empresa. Por tanto, el plazo resulta razonable para remitir la información en este caso, por ende, corresponde desestimar los argumentos del recurso de revisión en este extremo.

El tipo infractor previsto en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT está dirigido a sancionar la negativa del sujeto inspeccionado o de sus representantes a facilitar la información y documentación requerida. No se trata, por tanto, de sancionar una simple omisión o demora, sino de reprochar la falta de atención del requerimiento cuando esta, por sus efectos, frustra la labor inspectiva e impide verificar las materias objeto de inspección.

En ese contexto, corresponde analizar la observancia del Principio de Tipicidad10. Al respecto, la doctrina recuerda que “el mandato de tipificación que este principio conlleva, no solo se impone al legislador cuando redacta el ilícito, sino a la autoridad administrativa cuando instruye un procedimiento sancionador y debe realizar la subsunción de una conducta en los tipos legales existentes”11. Es decir, no basta con la existencia de una norma sancionadora general, sino que la conducta atribuida debe encajar de manera precisa y objetiva en el supuesto previsto por la norma, garantizando así la legalidad y previsibilidad de la sanción.

Es preciso señalar que, del análisis de las normas que sancionan los incumplimientos a la labor inspectiva, se desprende que la responsabilidad administrativa no se limita únicamente a conductas dolosas. En virtud del principio de culpabilidad, también se consideran factores subjetivos de responsabilidad como negligencia o la falta de diligencia en el cumplimiento de los deberes exigidos al administrado.

En el presente caso, el inspector comisionado requirió la "Hoja de trabajo de distribución de utilidades del ejercicio económico 2020 en la que se reflejen todos los trabajadores, incluido el recurrente", debido a que la materia investigada comprendía la verificación del pago de las utilidades al trabajador denunciante. En ese contexto, la documentación solicitada constituía un medio pertinente para verificar no solo la existencia del pago,

En consecuencia, la información requerida guardaba una relación objetiva y directa con los hechos materia de investigación, por lo que resultaba necesaria para el adecuado ejercicio de la función inspectiva. En ese sentido, el requerimiento formulado por el inspector se encontraba plenamente comprendido dentro de las facultades previstas en la LGIT y su Reglamento, sin que se advierta una ampliación o creación de supuestos no contemplados en el tipo infractor previsto en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

Por tanto, no se evidencia vulneración de los principios de legalidad y tipicidad, toda vez que la conducta imputada consiste precisamente en no facilitar información necesaria para el desarrollo de las actuaciones inspectivas, supuesto expresamente previsto por el ordenamiento jurídico. El cuestionamiento de la impugnante, en realidad, se dirige a discrepar de la valoración efectuada por el inspector sobre la pertinencia de la información requerida, lo cual no desvirtúa la adecuación de los hechos al tipo infractor previsto en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

Asimismo, sobre el argumento del recurso de revisión referido a la observancia de las resoluciones emitidas por este Tribunal de Fiscalización Laboral, debemos precisar que no se vulnera el principio de predictibilidad o confianza legítima cuando la autoridad administrativa adopta un criterio distinto al contenido en una resolución ordinaria previa del Tribunal de Fiscalización Laboral, toda vez que dichas resoluciones no constituyen precedentes de observancia obligatoria, como las resoluciones citadas por la impugnante en el recurso de revisión, siendo exigible únicamente que la decisión administrativa se encuentre debidamente motivada y razonablemente sustentada.

Cabe precisar que, cualquier autoridad administrativa se debe regir por los principios de buena fe procedimental12 y predictibilidad o de confianza legítima13, que garantiza que los partícipes del procedimiento administrativo guíen su conducta con respeto mutuo, colaboración y buena fe. Así como la obligación de la autoridad administrativa de brindar información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo.

Así pues, el principio de predictibilidad —derivado de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima— no implica la obligación de resolver de manera idéntica todos los casos, sino el deber de mantener criterios coherentes cuando concurran supuestos fácticos y jurídicos sustancialmente iguales.

En tal sentido, la Resolución N° 906-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala contiene diferencias relevantes en los hechos, en tanto, en el presente caso se ha evidenciado que el administrado tenía conocimiento de los requerimientos de información al estar debidamente notificados y al haberse remitido las alertas correspondientes; y a pesar de ello, ha faltado a su deber de colaboración con la inspección del trabajo al no remitir la información solicitada, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución. Por tanto, corresponde desestimar los argumentos del recurso de revisión en este extremo.

Con respecto al principio de non bis in ídem corresponde precisar que, se encuentra regulado en el numeral 11 del artículo 230° del TUO de la LPAG, mediante la cual el Estado se encuentra impedido de imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento.

Por su parte, el máximo intérprete de la constitución, en las sentencias recaídas en los Expedientes N° 02704-2012-PHC/TC14 y N° 2050-2002-AA/TC15, remarca la triple identidad en que se sustenta este principio, que, en su aspecto material, no permite que el administrado sea sancionado dos veces por un mismo hecho y procesalmente no es permisible que nadie sea juzgado dos veces por un mismo hecho.

De manera explicativa, según Morón Urbina16, los presupuestos de operatividad de este principio rector se encuentran supeditado a los siguientes elementos:

La concurrencia de la triple identidad, invocada por la impugnante, con el objeto de sustentar una vulneración al principio de non bis in ídem, se advierte que, cada negativa injustificada a colaborar con el inspector de trabajo por la impugnante posee una identidad objetiva diferente, puesto que obedecen a distintos requerimientos de información. Cabe precisar que, cada inconducta constituye un acto autónomo, voluntario y con independencia uno del otro, afectando cada una a la labor inspectiva.

Sobre la base de lo antes dicho, cada incumplimiento supone ser reprochado de manera particular en el presente procedimiento administrativo sancionador, pues no se está sancionando dos (02) veces por un mismo hecho, sino por dos (02) hechos diferenciados en el tiempo, con entidad infractora propia, conforme lo sustentado en el fundamento 3.24 de la Resolución de Intendencia. Por tanto, corresponde desestimar este extremo del recurso de revisión.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

A su vez, el numeral 2 del artículo 230 del TUO de la LPAG señala que:

Por otro lado, el Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA/TC:

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional, en el Fundamento Jurídico 5 de la Sentencia recaída en el Expediente N° 02098-2010-AA señaló que no solo existe base constitucional o jurisprudencial para la configuración y desarrollo del derecho al debido procedimiento, sino que existe sustento convencional, a saber:

Conforme a ello, dada la claridad expositiva del Tribunal Constitucional, así como de la norma contenida en el TUO de la LPAG, respecto de los alcances del derecho al debido procedimiento, debe analizarse el caso concreto, respecto de la debida motivación de las resoluciones.

El Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en más de una ocasión estableciendo criterios jurisprudenciales que deben ser tenidos en cuenta por quienes deban administrar justicia, al momento de resolver, de acuerdo al artículo VII del Código Procesal Constitucional17. A este entender, en la Sentencia recaída en el Expediente N° 00312-2011-AA, estableció una serie de elementos vinculados a la motivación de los actos administrativos, resaltando la definición de la naturaleza jurídica de la motivación de actos administrativos: una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señalando, además, lo siguiente:

Así las cosas, la motivación deberá ser expresa a efectos de que el acto administrativo que sustenta sea emitido a partir de una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso y donde se expongan las razones jurídicas que justifiquen su adopción; no siendo admisibles como motivación las fórmulas que, por su contradicción, no resulten esclarecedoras para la motivación del acto.

En efecto, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido algunos alcances sobre la exigencia de la motivación de las resoluciones en el ámbito de la actuación administrativa, siendo que, en los numerales 1.2 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG se establecen dos reglas generales vinculadas a la motivación: (i) la obligación de la motivación en las decisiones que tome la Administración Pública, conforme al principio del debido procedimiento; y, (ii) la obligación de verificar plenamente los hechos que sustentan la decisión adoptada por la Administración Pública, conforme al principio de verdad material18.

Además, conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 08 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Subintendencia N° 528-2023-SUNAFIL/ILM/SISA4, como la Resolución de Intendencia N° 1047-2023-SUNAFIL/ILM, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestos por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Asimismo, se aprecia que, se ha cumplido con observar los cuatro elementos antes referidos sobre el deber de motivación conforme al expediente 349-2021-PA/TC, pueden ser satisfactoriamente comprobados; toda vez que, de la resolución impugnada, se verifica que se han absuelto todos los extremos alegados por la impugnante en su recurso de apelación, de manera suficiente y congruente. Del mismo modo, atendiendo al desarrollo de la resolución impugnada, se advierte que la Intendencia establece la fundamentación jurídica que respalda su decisión; asimismo, efectuó el análisis detallado de los medios probatorios que respaldan la misma, así como los hechos constatados en el acta de infracción.

Por las razones que anteceden, no se verifica vulneración alguna al debido procedimiento ni al deber de motivación; en consecuencia, los alegatos dirigidos a cuestionar este extremo, deben ser desestimados, así como el pedido de nulidad conforme a lo argumentado, al no evidenciarse que el presente procedimiento haya incurrido en alguna causal de nulidad contemplada en el artículo 10° del TUO de la LPAG.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones: