Molinos Escaly S.R.L — Res. 1099-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Planillas o registros que la sustituyan (Sub materias: Registro trabajadores y otros en la planilla; Alta, modificación y baja en el T-Registro); Seguridad Social (Sub materias: Inscripción de trabajadores en el régimen de Seguridad Social en Salud y Pensiones). soft 20555195444 soft CABALLERO SEGA Katty Angelica FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no registrar en planillas electrónicas a sus trabajadores, tipificada en el numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 292,950.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad social, por no inscribir en la Seguridad Social en Salud a sus trabajadores, tipificada en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 292,950.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad social, por no inscribir en la Seguridad Social en Pensiones a sus trabajadores, tipificada en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 292,950.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 28,350.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa o impedimento de entrada al centro de trabajo, tipificada en el numeral 46.1 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 28,350.00.

2 En mérito a la adecuación del recurso de apelación, dispuesto en la Resolución de Sub Intendencia N° 473-2021- SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no registrar en planillas electrónicas a sus trabajadores, tipificada en el numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 198,450.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad social, por no inscribir en la Seguridad Social en Salud a sus trabajadores, tipificada en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 198,450.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad social, por no inscribir en la Seguridad Social en Pensiones a sus trabajadores, tipificada en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 198,450.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 18,900.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa o impedimento de entrada al centro de trabajo, tipificada en el numeral 46.1 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 18,900.00.

i. El Inspector se presenta ante el señor Miguel Llontop Suclupe, de cargo vigilante, quien le negó el Ingreso, el cual no es representado de mi empresa, siendo que la norma exige que la negativa o impedimento debe ser por una orden directa del representante del empleador, esta orden jamás se dio y el inspector comisionado jamás dejó constancia de que la acción del señor Miguel Llontop Suclupe fuera por una orden directa del empleador. ii. Tres inspectores comisionados en la orden de inspección no firman la medida inspectiva de requerimiento, contraviniendo lo establecido en los numerales 7.7.2, 7.7.2.3 del artículo 7.7. de la Directiva N' 001-2016-SUNAFIL/INII, no señalando además la gravedad y naturaleza de la Infracción, advirtiendo que todos los documentos emitidos durante las actuaciones inspectivas no se encuentran debidamente firmados por todos los inspectores comisionados. iii. Las personas que encontraron en el centro de trabajo no fueron ni son mis trabajadores, siendo que los Molinos contratamos a terceros los cuales llevan cuadrillas de trabajadores, éstos pueden laborar entre 01 y 02 horas y luego se trasladan a otro Molino, además nunca se acreditó que exista el elemento principal

de la relación laboral, como lo es la subordinación, adjuntándose las constancias de SCTR en donde se advierte que el real empleador de aquellas personas (11 trabajadores) es la empresa Fabrensa E.I.R.L. con RUC N° 20600176171, al igual que los señores (10 trabajadores) que laboran para la persona natural con negocio Juan Alberto lpanaque De La Cruz con RUC N° 10456925770.

i. La inspeccionada no cumplió con acreditar el registro en planilla de pago o planilla electrónica a los veintiún (21) trabajadores afectados. Asimismo, no cumplió con inscribir en la seguridad social en salud y en pensiones. ii. El impedimento de ingreso al centro de trabajo inspeccionado puede ser directo o indirecto, como en el caso del personal de vigilancia, quien tardó más de diez minutos en dejar ingresar al inspector comisionado, configurándose una infracción muy grave a la labor inspectiva. lo cual se encuentra corroborado en la Constancia de Actuaciones Inspectivas de Investigación obrante a folios 11 del presente expediente sancionador, donde se precisa también que se configuró con dicha conducta, la obstrucción a la labor inspectiva, documento que se encuentra debidamente suscrito por la señora Cecilia Talledo Baca, en su calidad de secretaria de Molinos Escaly S.R.L., desvirtuándose lo alegado por el impugnante en este extremo. iii. La Medida lnspectiva de Requerimiento no está sujeta a Impugnación, puesto que no resulta ser un acto administrativo que ponga fin a la instancia, o que imposibilite la continuidad del procedimiento, no siendo pasible de contradicción administrativa. iv. Los inspectores están facultados para realizar actuaciones inspectivas en equipo, visitando las empresas o entidades a inspeccionar, no debiendo entenderse que el equipo inspectivo deba actuar en forma conjunta físicamente en todas las diligencias inspectivas, verificándose que el Acta de Infracción ha sido emitida por el equipo de inspectores, lo que denota la distribución del trabajo que realizan, no habiéndose vulnerado lo dispuesto en la LGIT. v. Sobre la presunta falta de notificación de la copia del empadronamiento de personal que efectuó el inspector comisionado, se verifica que la Relación de Personal obrante de folios 03 a 09 del presente expediente sancionador, se encuentra debidamente suscrita tanto por el Inspector de Trabajo actuante. como por la parte empleadora, en este caso, la señora Cecilia Talledo Baca, en su calidad de secretaria de Molinos Escaly S.R.L. vi. Por el principio de primacía de la realidad prevalece lo constatado por el Inspector del Trabajo al haber comprobado la recurrencia de los elementos esenciales del contrato de trabajo (prestación personal del servicio, remuneración y subordinación), correspondiéndole a los trabajadores afectados el registro en la planilla de pago o planilla electrónica, así como todos los beneficios laborales propios del régimen laboral de la actividad privada. vii. En cuanto a las Constancias de Alta de los trabajadores que adjunta el impugnante a su recurso de apelación, las mismas tienen como fecha de registro el 27 de julio del 2021 por parte de los empleadores Fabrensa E.I.R.L. y Juan Alberto lpanaque De La Cruz, siendo que, la visita inspectiva mediante la cual se encontró laborando a los trabajadores afectados, se efectuó el 20 de junio del 2019, por lo que se desestima lo alegado por el impugnante en este extremo.

3 Notificada a la impugnante el 17 de febrero de 2022, véase folio 659 del expediente sancionador.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…)

17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR7, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”9.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE MOLINOS ESCALY S.R.L.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 10 de marzo de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 021-2022-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, señalando los siguientes alegatos:

9 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14

i. Con fecha 17 de febrero de 2022, se notificó la Resolución de Intendencia N° 021- 2022-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, pese a haber transcurrido 1 año y 4 meses de iniciado el procedimiento sancionador, lo cual supera en exceso el plazo de 9 meses establecido en el TUO de la LPAG y el D.S. N° 019-2006-TR, inaplicando dichas normas. ii. Con escrito de fecha 05 de octubre de 2021 solicitaron el archivamiento del procedimiento sancionador por transcurso del tiempo. Señalando que, con fecha 20 de febrero de 2022 solicitó pronunciamiento de dicha solicitud de caducidad, sin embargo, no se respondió. iii. Se han apartado de la Resolución de Sala Plena N° 001-2022-SUNAFIL/TFL, sin motivación, en la que se señala el plazo de caducidad, por lo que se ha apartado de dicho precedente. iv. En la resolución impugnada no se ha absuelto el segundo fundamento del recurso de apelación, en el extremo de la contravención a lo establecido en el numeral 7.7.2.3, 7.7.2 del 7.7 de la Directiva N° 001-2016-SUNAFIL/INII, que establece: “Las medidas inspectivas deben ser firmadas por todos los inspectores que actuaron durante la investigación, salvo uno de ellos no pueda hacerlo por fuerza mayor, caso fortuito o circunstancias propias de la función, debidamente acreditadas”. En ese entendido, de la medida de requerimiento se verifica que no fue firmada por todos los inspectores. v. No se ha valorado el extremo referente a que no si todos los documentos emitidos fueron firmados por todos los inspectores que participaron en la visita al centro de trabajo, que se haya notificado copia de los empadronamientos de las personas que encontraron en el centro de trabajo, no señalándose en la constancia de actuaciones inspectivas las referidas hojas de empadronamiento, lo cual contraviene el numeral 7.7.2.3, 7.7.2 del 7.7 de la Directiva N° 001-2016-SUNAFIL/INII. vi. Se aparta del precedente emitido por la propia Intendencia Regional de Lambayeque, contenido en el expediente sancionador N° 103-2019-SUNAFIL/SIRE-LAM/SIRE, la misma que se adjuntó al expediente, vulnerando el debido procedimiento y el derecho de defensa. vii. Las personas encontradas en el centro de trabajo, no fueron trabajadores, pues eran trabajadores de terceros, conforme acredito con las constancias de SCTR y las constancias de altas de los trabajadores de la empresa Fabrensa E.I.R.L. Por lo que, no se ha acreditado el elemento subordinación, como elemento principal de la relación laboral. viii. No se cumplió con la LGIT y su reglamento, así como con la Directiva N° 001-2016- SUNAFIL/INII, pues es vigilante que los recepcionó no es su representante, siendo que la norma exige la negativa o impedimento por orden directa del representante. Asimismo, no se acreditó haber esperado por más de 10 minutos. Cabe señalar que, en dicha visita ya habían ingresado los inspectores Hernán Mosquera y otros. ix. No se señaló que la infracción era insubsanable, por qué era insubsanable y el perjuicio que se causaba.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten…” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos (…)” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido

proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N° 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

Sobre la presunta vulneración a la garantía de la motivación de las resoluciones

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo

10 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

motivación: (i) la obligación de la motivación en las decisiones que tome la Administración Pública, conforme al principio del debido procedimiento; y, (ii) la obligación de verificar plenamente los hechos que sustentan la decisión adoptada por la Administración Pública, conforme al principio de verdad material11.

“La falta de motivación equivale a una falta de fundamentación y afecta la validez del acto, ya que la Administración Pública no puede obrar arbitrariamente. Las decisiones de las entidades deben expresar los motivos de hecho y de derecho que concurren para determinar la legitimidad del acto. Por dicha razón, la ausencia de motivación constituye un vicio transcendente, que no es susceptible de enmienda, no siendo posible la aplicación de la conservación del acto”13.(énfasis añadido)

11 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”. 12 GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Manual del Procedimiento Administrativo General. 3era ed. Lima: Instituto Pacifico, 2017. p. 348. 13 El subrayado no es del original. 14 TUO de la LPAG Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 9. Presunción de licitud. - Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.

- En los fundamentos 3.20 a 3.27 se absuelve los alegatos referentes al impedimento en el acceso al centro de trabajo inspeccionado, detallando los extremos de configuración de dicha infracción.

- En los fundamentos 3.34 a 3.37 se advierte el pronunciamiento respecto de la participación de los inspectores comisionados; sin embargo, no se advierte pronunciamiento sobre todos los extremos alegado por la impugnante, respecto a la participación de los inspectores comisionados en la medida de requerimiento y la inclusión de una inspectora comisionada que no se encuentra consignada en la orden de inspección, señora Rocio Ripalda Neyra, la misma que suscribe dicha medida de requerimiento, omitiendo motivar dicho extremo.

- Asimismo, en el fundamento 3.43 se establece que la documentación presentada por la impugnante, respecto a la vinculación de los trabajadores empadronados con otras empresas, tiene como fecha 27 de julio de 2021, fecha posterior al inicio de las actuaciones inspectivas, de fecha 20 de junio de 2019. Sin embargo, de los actuados verificamos la siguiente documentación, que también fue presentada con el recurso de apelación: i) Contrato de locación de servicios de fecha 14 de junio de

15 TUO de la LPAG Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.

2019, suscrito entre la impugnante y la empresa FABRENSA EIRL16; ii) Carta de fecha 22 de julio de 201917, remitido por la empresa FABRENSA EIRL, con la relación de su personal; iii) Anexo al Contrato N° 907052, emitido por La Positiva EPS, con la relación de trabajadores asegurados, señalando fecha de vigencia 29 de mayo de 2019 a 29 de junio de 201918; iv) Constancia de fecha 01 de julio de 2019, emitido por La Positiva EPS, con la relación de los trabajadores asegurados, por el periodo 01 de julio de 2019 al 31 de julio de 201919; v) Contrato de arrendamiento y permiso de operatividad de fecha 27 de abril de 2018, suscrito entre la impugnante y el señor Juan Ipanaque de la Cruz, con una vigencia de dos años; vi) Convenio preferente de servicios de secado artesanal para agricultores de fecha 26 de abril de 2018, suscrito entre la impugnante y el señor Juan Ipanaque de la Cruz, vigente desde el 27 de abril de 2018 al 26 de abril de 202020; vii) Constancia de presentación del periodo mayo y junio 2019, correspondiente a la razón social Juan Alberto Ipanaque de la Cruz21; viii) Convenio preferente de servicios de secado artesanal para agricultores, suscrito entre la impugnante y el señor Juan Tantalean Suclupe de fecha 17 de abril de 2018, con una vigencia desde el 17 de abril de 2018 al 16 de abril de 2020 y formato R01 del periodo enero 2019 presentado por el señor Juan Tantalean Suclupe22. En tal sentido, se advierte que la instancia de apelaciones no ha efectuado una correcta valoración de los medios de prueba aportados, así como tampoco una adecuada motivación respecto al extremo alegado por la impugnante. En tal sentido, es oportuno que dicha instancia evalúe la referida documentación, motivando adecuadamente la implicancia de la misma, respecto a la comisión de las infracciones, los trabajadores afectados y/o la repercusión de dichos documentos.

- Asimismo, respecto a la solicitud de caducidad, no se advierte pronunciamiento alguno de parte de la intendencia, analizando y/o desvirtuando lo alegado por la impugnante.

16 Folio 165 del expediente sancionador. 17 Folio 170 del expediente sancionador. 18 Folio 174 del expediente sancionador. 19 Folio 176 del expediente sancionador. 20 Folio 181 del expediente sancionador. 21 Folios 222 y 225 del expediente sancionador. 22 Folio 273 del expediente sancionador. 23 TUO de la LPAG, artículo IV. 1.1. Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. 24 TUO de la LPAG “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. 3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición. 4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma”. 25 TUO de la LPAG Artículo 12.- Efectos de la declaración de nulidad 12.1 La declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo caso operará a futuro.

relación jurídica procedimental establecida en el marco del Sistema de inspección del Trabajo.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por MOLINOS ESCALY S.R.L., en consecuencia, NULA la Resolución de Intendencia N° 021-2022-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, de fecha 15 de febrero de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Lambayeque, en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 185-2019-SUNAFIL/IRE-LAM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

26 TUO de la LPAG Artículo 227.- Resolución (…) 227.2 Constatada la existencia de una causal de nulidad, la autoridad, además de la declaración de nulidad, resolverá sobre el fondo del asunto, de contarse con los elementos suficientes para ello. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá la reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo.

SEGUNDO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en el cual se produjo el vicio, esto es, la emisión de la Resolución de Intendencia N° 021-2022-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, de fecha 15 de febrero de 2022, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento considerando los alcances señalados en la presente resolución. TERCERO. - Notificar la presente resolución a MOLINOS ESCALY S.R.L., y a la Intendencia Regional de Lambayeque, para sus efectos y fines pertinentes. CUARTO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Lambayeque y a la Gerencia General, a fin de que, de estimarlo conveniente, procedan con sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.25 de la presente resolución.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente KATTY ANGÉLICA CABALLERO SEGA

20221123CEC