Molinera Espiga Dorada S.A.C — Res. 384-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Registro de control de asistencia( Sub materia: Incluye todas), Compensación por Tiempo de Servicios (Sub materia: Depósito de CTS); Bonificación (Sub materia: incluye todas), Jornada, Horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: No goce de vacaciones, descanso en días feriados no laborables y descanso semanal obligatorio), Remuneraciones (Sub materia: Gratificaciones), y, Seguridad social (sub materia: inscripción en la seguridad). soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

económica a la impugnante por la comisión de tres infracciones (03) muy graves en materia de relaciones laborales, por no cumplir con registrar en la planilla de pago o planilla electrónica de trabajadores al trabajador afectado, no implementar el registro de control de asistencia y el no goce de 15 días de vacaciones, ni el pago de indemnización; así como por la comisión de dos (02) infracciones muy graves en materia de seguridad social, por no cumplir con registrar en la seguridad social en salud y en pensiones al trabajador afectado, y una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento notificada el 23 de mayo de 2022; en mérito a la denuncia presentada por el trabajador Joaquín Valera Muñoz.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la gratificación, correspondiente a navidad del año 2021, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 621.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la bonificación no remunerativa del 9%, correspondiente a la gratificación de navidad del año 2019, fiestas patrias y navidad 2020, fiestas patrias y navidad 2021, correspondiente a navidad del año 2021, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 621.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el goce de 15 días de vacaciones, ni el pago de indemnización por estos días, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,062.6.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago del descanso vacacional del periodo 2020 – 2021 y vacaciones truncas del periodo 2021 – 2022, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 621.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el depósito de CTS, correspondiente a todo el periodo laborado, esto es, 02/10/2019 – 31/12/2021, tipificada en el numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 621.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar haber registrado en la planilla a la denunciante durante el periodo laborado, tipificada en el numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 3,542.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad social, por no acreditar haber inscrito en el régimen de seguridad social en salud a la denunciante desde el inicio de la relación laboral, tipificada en el numeral 44.B-1 del artículo 44 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 3,542.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad social, por no acreditar haber inscrito en el régimen de seguridad social en pensiones, a la denunciante desde el inicio de la relación laboral, tipificada en el numeral 44.B-1 del artículo 44 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 3,542.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no implementar el registro de control de asistencia, correspondiente al periodo 02/10/2019 – 31/12/2021, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 3,542.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo, respecto a la medida de requerimiento notificada el día 23/05/2022, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 3,542.00.

- Una (01) infracción GRAVE a la labor inspectiva, por no remitir la información solicitada mediante requerimiento de información de fecha 06/05/2022, tipificada en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 2,070.00.

i. “No obstante que el recurrente presentó ofreció nuevas pruebas nuevas que no fueron analizadas. Mas aún que en el punto 5 de los considerandos la Sub Intendencia señala lo siguiente: “(…) sino que su camino está orientado a pruebas nuevas que no hayan sido analizados por este Despacho, (…)”. Pero que no fue actuado los medios probatorios ofrecidos por el recurrente. Que, la autoridad administrativa cita a un texto o autor de un libro; pero que no cita en primer lugar, a una norma o ley para sustentar los considerandos: (…) “por otro lado, es necesario dejar indicado que la característica de “Prueba Nueva”, en el recurso de reconsideración, requiere el cumplimiento de dos condiciones notablemente definidas: 1) Que la obtención del nuevo medio probatorio alegado se haya producido con posterioridad a la resolución de sanción impuesta; y, 2) Que, el nuevo medio probatorio desvirtúe los hechos motivadores de la resolución de sanción o que acredite que en dicho procedimiento sancionatorio, se ha incurrido en vicio procesal o deficiencia formal”. Es así que no está debidamente motivada y respaldada con normas administrativas. En el punto 7, la autoridad administrativa no fundamenta su decisión para NO considerar la declaración de parte, más aun teniendo en cuenta que es para ampliar la declaración que se realizó en el descargo, teniendo en cuenta que el descargo se realizó en unos minutos y de manera rápida en los pasadizos del inmueble donde se realizó la inspección. En el noveno considerando señala que la autoridad instructora ha llegado a determinar la comisión de infracciones sociolaborales, sin embargo, no explica cómo llega a esa conclusión. Y respecto al principio de Primacía de la Realidad, no explica a qué hecho se refiere y solo podría señalar a la declaración parcializada del trabajador que no ha sido respaldada por pruebas, elementos de convicción. Es así que la autoridad administrativa no recabo datos ni informaciones relevantes, circunscribiéndose en la declaración del denunciante y al acta elaborada por los inspectores. No existe fundamentación fáctica respecto a los periodos y la forma de cálculo de los Beneficios Sociales y acredita la declaración parcializada del trabajador denunciante, sin corroborar con ninguna otra evidencia. - No existe análisis de lo planteado en el recurso de reconsideración como lo siguiente y no existe pronunciamiento de lo siguiente: La administración pública no tuvo en cuenta que la empresa está dedicada al rubro de alimentos o actividad esencial, por lo que las actividades no se suspendían durante la pandemia; sin embargo, el denunciante no cumplió con la asistencia al centro de labores y la administración pública no considera ni contempla lo señalado.” (sic).

ii. Finalmente, tampoco se considera la información proporcionada por el denunciado en el sentido que se acreditó pagos detallados en los escritos presentados como descargos. Si el sujeto inspeccionado no acreditó el pago de la bonificación no remunerativa del 9%, correspondiente a la gratificación de navidad del año 2019, fiestas patrias y navidad 2020, fiestas patrias y navidad 2021.La administración pública no tuvo en cuenta que la empresa está dedicada al rubro de alimentos o actividad esencial, por lo que las actividades no se suspendían durante la pandemia; sin embargo, el denunciante no cumplió con la asistencia al centro de labores y la administración pública no considera ni contempla lo señalado. iii. La administración no precisa qué periodo es por lo que es impreciso y no se puede efectuar el descargo respectivo. La administración pública no precisa cuál es la suma que le correspondería, teniendo en cuenta que el trabajador no asistió a laborar, no obstante que la empresa está dedicada a alimentos o esencial razón por la cual las actividades no se suspendieron en pandemia. La administración no señala cuál es el monto teniendo en cuenta la inasistencia del trabajador a una empresa que se dedica al rubro de alimentos. La administración no precisa el periodo de vacaciones truncas, por lo tanto, es impreciso y no es posible ejercer el descargo correspondiente. Es así que no se puede atribuir que el solo dicho del denunciante sea válido la misma que no está acreditado con ningún medio que cause convicción. Además de ser impreciso los cargos y/o el objeto que la administración pública determina, por lo que es imposible ejercer el derecho de contradicción. Si el sujeto inspeccionado no cumplió con implementar el registro de control de asistencia, correspondiente al periodo 02/10/2019 –31/12/2021.El periodo señalado corresponde al periodo de pandemia y la atención de la administración estaba restringida por lo que existe problemas logísticos para haber implementado determinadas formalidades. Si el sujeto inspeccionado no cumplió con la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo, respecto a la medida de requerimiento notificada el día 23/05/2022.No precisa a qué normativa de seguridad y salud se refiere, por lo que es genérica e imprecisa. Si el sujeto inspeccionado no cumplió con remitir la información solicitada mediante requerimiento de información de fecha 06/05/2022.La administrada sí cumplió con realizar los descargos y no existe norma que señale que los descargos no deben considerarse por el simple hecho de haber sido presentados de manera extemporánea. Que, la administración pública no precisa a cuánto es la gratificación, teniendo en cuenta que el trabajador no asistió los meses de pandemia. Además del numeral 14 al 40, solo existen citas de normas y reglamentos, pero no existe la adecuación de la conducta a los presupuestos legales, teniendo en cuenta que los cargos son imprecisos. La obligación de la inspeccionada de acreditar el goce de 15 días de vacaciones, ni el pago de indemnización por restos días. No señala qué periodo/año corresponde la obligación de vacaciones, teniendo en cuenta que existe

inasistencia reiteradas. Del numeral 41 al 61 no existe adecuación de la conducta de la denunciada a las normas, lo que sí existe es citas de las normas. No existe medio probatorio documental que acredite la supuesta omisión; es decir, no existe información de la ONP y/o AFP respecto a los aportes del señor Joaquin Valera Muñoz. Es decir, la autoridad administrativa no solicitó información respecto al trabajador y si tiene alguna afiliación a la ONP o AFP.

i. La inspeccionada manifiesta que, no habría incurrido en infracción alguna en específico respecto a no acreditar el pago de beneficios laborales del periodo laborado 02/10/2019 - 31/12/2021, del trabajador Joaquín Valera Muñoz, con DNI N° 41694965, lo cual es contradictorio siendo que, en su escrito de descargos a la Imputación de Cargos, presenta la liquidación de beneficios sociales, de fecha 15 de junio de 2022. ii. Sin embargo, esta subsanación ocurrió después de la notificación de la Imputación de Cargos, teniendo en cuenta que la notificación de dicho documento se realizó con fecha 14 de junio de 2022, mientras que la subsanación de las conductas infractoras, se dio recién con la presentación a los descargos a la Imputación de Cargos, es decir con fecha 17 de junio de 2022, según la constancia de depósito en casilla electrónica antes señalada, por lo que, en aplicación del artículo 40° de la LGIT, la autoridad instructora resolvió realizar la reducción de la multa prevista al 30%, criterio acogido por la autoridad de primera instancia respecto de las infracciones que son subsanables. iii. Respecto a que la autoridad administrativa debió solicitar la información sobre la inscripción del trabajador afectado a ESSALUD, ONP/AFP, a fin de acreditar las conductas infractoras imputadas, debe tenerse en cuenta que dicho argumento se encuentra ligado a la presunción de inocencia que alega y la carga de la prueba que, según la inspeccionada pertenece a la autoridad, ante esto debe señalarse que, los hechos constatados por el personal inspectivo que se plasmaron en el Acta de Infracción gozan de la presunción legal de certeza y merecen fe, conforme a los artículos 16° y 47° de la LGIT. En su calidad de servidores públicos con función de inspección, no requieren acreditar los hechos que emanan de su propia constatación directa. Más bien, es la inspeccionada quien tiene la carga de aportar las pruebas de descargo a fin de desvirtuar los incumplimientos que se le imputan, lo cual no ocurrió en el presente caso, en que la misma no acreditó el cumplimiento de lo requerido por el personal inspectivo, por lo que, se desestima este extremo del recurso de apelación. iv. Asimismo, respecto a las infracciones por no registrar al trabajador en la planilla electrónica, régimen social en salud y pensiones, así como no contar con el registro de control de asistencia, las mismas son consideradas como hechos insubsanables. v. En el presente caso, siendo que al momento de realizar las actuaciones inspectivas, el denunciante Joaquín Valera Muñoz, ya no mantenía vínculo laboral alguno con la inspeccionada, es por ello que la autoridad inspectiva determinó dicho hecho como insubsanable, pues no puede ser revertido de forma posterior, lo cual fue consignado por el personal inspectivo en el Anexo de Hechos Insubsanables de fecha 23 de mayo de 2022.

2 Notificada a la impugnante el 02 de noviembre de 2022.

vi. Se tiene que, el inspector comisionado solicitó a la inspeccionada información relativa a las materias objeto de inspección, precisándose que el incumplimiento de lo requerido constituía una infracción a la labor inspectiva; no obstante, el sujeto inspeccionado no cumplió con su obligación de brindar la información y documentación pertinente en el requerimiento de información de 06 de mayo de 2022, dentro del plazo otorgado en el mismo (03 días hábiles). Por tal motivo, se colige que la conducta del sujeto inspeccionado constituye una infracción a la labor inspectiva, y por ello debe confirmarse la sanción referida a esta materia. vii. De la revisión del expediente de actuaciones inspectivas, se verificó que el inspector comisionado emitió la medida inspectiva de requerimiento el 23 de mayo de 2022, otorgando el plazo de (03) días hábiles para que la inspeccionada proceda a subsanar el incumplimiento detectado, a favor del trabajador afectado. Sin embargo, la inspeccionada no cumplió con acreditar el cumplimiento de la referida medida inspectiva, por lo que debe confirmarse la sanción establecida en la resolución apelada en todos sus extremos. viii. Respecto del escrito 18 de mayo de 2022, se tiene que el mismo fue objeto de evaluación en su debida oportunidad por el inspector comisionado, además de contener únicamente “notas de abono”, como se aprecia a continuación, no existiendo en dicho escrito la liquidación de beneficios laborales del trabajador afectado, más aún si se tiene en cuenta que dicho documento recién habría sido suscrito con fecha 15 de junio de 2022, por lo que este punto no amerita mayor pronunciamiento. ix. Respecto al cuestionamiento de la forma de cálculo de los periodos impagos y su forma de cálculo de beneficios sociales en favor del trabajador afectado, debe tenerse en cuenta que dicho argumento es contradictorio siendo que la propia inspeccionada elaboró la liquidación de beneficios sociales que fue suscrita por el trabajador afectado presuntamente el 15 de junio de 2022. x. Así, también la inspeccionada manifiesta que la autoridad inspectiva no habría especificado los periodos y el cálculo de los montos impagos lo cual carece de veracidad, siendo que de la revisión del expediente inspectivo se verifica que se ha especificado las conductas infractoras incurridas detallando el cálculo y montos que permitieron determinar que se habrían vulnerado diversas normas en materia de relaciones laborales y en materia de seguridad social, por lo que la inspeccionada no puede pretender que este despacho transcriba íntegramente el Acta de Infracción en el cual se detallan periodos y conceptos impagos en perjuicio del trabajador, más aún si se tiene en cuenta que fue la propia inspeccionada la que acreditó mediante escrito de descargos a la Imputación de Cargos de fecha 17 de junio de 2022, en consecuencia debe confirmarse la sanción en este extremo. xi. Del argumento respecto al rubro de la empresa inspeccionada (elaboración de productos de molinería) y que el periodo señalado corresponde al periodo de pandemia y la atención de la administración estaba restringida por lo que existe problemas logísticos para haber

implementado determinadas formalidades, dicho hecho es irrelevante más aún si el inspector comisionado ha determinado que la inspeccionada no implementó de forma alguna el registro de control de asistencia, en el periodo 02/10/2019 – 31/12/2021, no siendo el argumento del periodo de pandemia un argumento válido siendo que durante dicho periodo fue anterior a la pandemia producido por la COVID-19 (2019), siendo así debe confirmarse la sanción referida a esta materia.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa

por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE MOLINERA ESPIGA DORADA S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 18 de noviembre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 166-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ en términos similares al recurso de apelación, señalando los siguientes alegatos:

i. La autoridad administrativa no realizó motivadamente el punto planteado ya que no aparece el periodo que supuestamente se reclama, además de no estar planteada de

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR.

manera ordenada, no existe elementos fácticos que puedan crear convicción y solo existe la declaración del administrado. ii. No existe legislación y norma del año 2019-2020 por PANDEMIA COVID, la misma que flexibilizó las relaciones laborales. iii. La administración señala de manera arbitraria que no está inscrito desde el inicio de la relación laboral; sin embargo, el inicio de la relación laboral está en punto controvertido y no se ha establecido y la autoridad no puede concluir si no existe una premisa cierta. Y NO EXISTE INFORMACION OFICIAL DE LA AFP O DE LA ONP. iv. La administración no exhibe las normas aplicables en pandemia teniendo en cuenta que es una de producción de derivados de alimentos. Es decir, no está debidamente motivada y carente de fundamentos de derecho y normas que le corresponden al periodo de emergencia COVID. v. La norma señala que corresponde por el incumplimiento de medidas al cumplimiento de normas socio laborales, pero no exhibe que haya sido requerido con fecha anterior y mucho menos aparece notificaciones al respecto. En conclusión, no está debidamente fundamentada. vi. No existe fundamentación fáctica respecto a los periodos y la forma de cálculo de los Beneficios Sociales y acredita la declaración parcializada del trabajador denunciante, sin corroborar con ninguna otra evidencia. - No existe análisis de lo planteado en el recurso de reconsideración y no existe pronunciamiento de lo siguiente: (…) La administración pública no tuvo en cuenta que la empresa está dedicada al rubro de alimentos o actividad esencial, por lo que las actividades no se suspendían durante la pandemia; sin embargo, el denunciante no cumplió con la asistencia al centro de labores y la administración pública no considera ni contempla lo señalado. Finalmente, tampoco se considera la información proporcionada por el denunciado en el sentido que se acreditó pagos detallados en los escritos presentados como descargos. - Si el sujeto inspeccionado no acreditó el pago de la bonificación no remunerativa del 9%, correspondiente a la gratificación de navidad del año 2019, fiestas patrias y navidad 2020, fiestas patrias y navidad 2021. La administración pública no tuvo en cuenta que la empresa está dedicada al rubro de alimentos o actividad esencial, por lo que las actividades no se suspendían durante la pandemia; sin embargo, el denunciante no cumplió con la asistencia al centro de labores y l administración pública no considera ni contempla lo señalado. Finalmente, tampoco se considera la información proporcionada por el denunciado en el sentido que se acredito pagos detallados en los escritos presentados como descargos. - La administración no precisa que periodo es por lo que es impreciso y no se puede efectuar el descargo respectivo.

- La administración pública no precisa cual es la suma que le correspondería, teniendo en cuenta que el trabajador no asistió a laborar, no obstante que a empresa está dedicada a alimentos o esencial razón por la cual las actividades no se suspendieron en pandemia. - La administración no señala cual es el monto teniendo en cuenta la inasistencia del trabajador a una empresa que se dedica al rubro de alimentos. - La administración no precisa el periodo de vacaciones truncas, por lo tanto, es impreciso y no es posible ejercer el descargo correspondiente. vii. Es así que no se puede atribuir que el solo dicho del denunciante sea válido, la misma que no está acreditado con ningún medio que cause convicción. Además de ser impreciso los cargos y/o el objeto que la administración pública determina por lo que es imposible ejercer el derecho de contradicción. - Si el sujeto inspeccionado no cumplió con implementar el registro de control de asistencia, correspondiente al periodo 02/10/2019 –31/12/2021. El periodo señalado corresponde a periodo de pandemia y la atención de la administración estaba restringida por lo que existe problemas logísticos para haber implementado determinadas formalidades. - Si el sujeto inspeccionado no cumplió con la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo, respecto a la medida de requerimiento notificada el día 23/05/2022. No precisa a qué normativa de seguridad y salud se refiere, por lo que es genérica e imprecisa. - Si el sujeto inspeccionado no cumplió con remitir la información solicitada mediante requerimiento de información de fecha 06/05/2022. viii. La administrada sí cumplió con realizar los descargos y no existe norma que señale que los descargos no deben considerarse por el simple hecho de haber sido presentados de manera extemporánea. - Que, la administración pública no precisa a cuánto es la gratificación, teniendo en cuenta que el trabajador no asistió los meses de pandemia. Además del numeral 14 al 40, solo existen citas de normas y reglamentos, pero no existe la adecuación de la conducta a los presupuestos legales, teniendo en cuenta que los cargos son imprecisos. - La obligación de la inspeccionada de acreditar el goce de 15 días de vacaciones, ni el pago de indemnización por restos días. No señala qué periodo año corresponde la obligación de vacaciones, teniendo en cuenta que existe inasistencia reiteradas. - Del numeral 41 al 61 no existe adecuación de la conducta de la denunciada a las normas, lo que si existe es citas de las normas. - No existe medio probatorio documental que acredite la supuesta omisión; es decir, no existe información de la ONP y/o AFP respecto a los aportes del señor JOAQUIN VALERA MUÑOZ. Es decir, la autoridad administrativa no solicitó información respecto al trabajador y si tiene alguna afiliación a la ONP o AFP.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre las infracciones graves 6.1 Se debe precisar que, de la verificación de la resolución impugnada, se advierte que se ha sancionado a la impugnante por la comisión de cuatro (04) infracciones graves y tres (03) infracciones muy graves en materia de relaciones laborales, dos (02) infracciones muy graves en materia de seguridad social, tipificadas en los numerales 24.4, 25.6, 25.19, 25.20 y 44-B.1

de los artículos 24, 25 y 44-B del RLGIT. Asimismo, una (01) infracción muy grave y una (01) grave a la labor inspectiva, tipificada en los numerales 46.7 y 45.2 del artículo 46 y 45 del RLGIT.

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“…la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Sobre el pago y goce de vacaciones

a) Una remuneración por el trabajo realizado; b) Una remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado; y

c) Una indemnización equivalente a una remuneración por no haber disfrutado del descanso. Esta indemnización no está sujeta a pago o retención de ninguna aportación, contribución o tributo. El monto de las remuneraciones indicadas será el que se encuentre percibiendo el trabajador en la oportunidad en que se efectúe el pago. 6.12 Sobre el particular, el inspector comisionado señala en el Acta de Infracción que el administrado no acreditó el goce de vacaciones ni el pago de la indemnización del periodo 2019-2020, respecto a 15 días, en perjuicio del trabajador Joaquín Valera Muñoz. Ahora bien, de la documentación exhibida por la Inspeccionada, se acreditó el pago de dicho concepto, no obstante, se verifica que la liquidación de beneficios sociales se suscribió el 25 de junio de 2022, es decir, con fecha posterior a la notificación de la Imputación de Cargos (realizada el 14 de junio de 2022).

no existe elementos fácticos que puedan crear convicción y solo existe la declaración del administrado.

Sobre la obligación del sujeto inspeccionado de registrar en planilla a sus trabajadores 6.20 Mediante Decreto Supremo N° 015-2010-TR se modificó el Decreto Supremo N° 018-2007- TR, mediante el cual se establecen disposiciones relativas al uso del documento denominado “Planilla Electrónica”, estableciendo en su art. 4-A lo siguiente:

“4-A.- Registro de Información Laboral (T-REGISTRO) El empleador deberá registrarse, así como a sus trabajadores, pensionistas, prestadores de servicios, personal en formación – modalidad formativa laboral y otros, personal de terceros y derechohabientes, de acuerdo a los siguientes plazos: a) Trabajador, prestador de servicios a que se refiere el numeral ¡¡) del literal d) del artículo 1 del presente Decreto Supremo, personal en formación - modalidad formativa laboral y otros, y personal de terceros: dentro del día en que se produce el ingreso a prestar sus servicios, independientemente de la modalidad de contratación y de los días laborados. (...) Cualquier modificación o actualización de los datos de la información existente en el TREGISTRO, deberá ser efectuada por el empleador dentro del plazo de cinco (05) días hábiles de haber ocurrido el evento o de la fecha en que el empleador tuvo conocimiento.”

la planilla electrónica. Por lo que, de no hacerlo, dicha conducta constituiría infracción imputada, tipificada en el numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT.

Sobre la obligación de realizar la inscripción de Seguridad Social en Pensiones 6.23 Es preciso recordar que el derecho a la seguridad social, como derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida (artículo 10° de la Constitución) y, en particular, el derecho al libre acceso a las prestaciones de salud y pensiones (artículo 11° de la Constitución) forman parte del elenco de derechos constitucionales respecto de los cuales ninguna relación laboral puede, válidamente, limitar su ejercicio, conforme lo establece el propio artículo 23° de la Constitución.

Sobre la obligación de inscribir al trabajador en el régimen de la seguridad social en salud 6.32 Al respecto, el artículo 3° de la Ley 26790 - Ley de Modernización de la Seguridad en Salud y sus modificatorias, establece que, “Son asegurados del Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud, los afiliados regulares o potestativos y sus derechohabientes”.

Sobre el registro del control de asistencia 6.38 Las disposiciones sobre el registro de control de asistencia y de salida en el régimen laboral de la actividad privada, aprobadas mediante Decreto Supremo N° 004-2006-TR, en su artículo 1 referente al ámbito, precisa lo siguiente:

“Todo empleador sujeto al régimen laboral de la actividad privada debe tener un registro permanente de control de asistencia, en el que los trabajadores consignarán de manera personal el tiempo de labores. La obligación de registro incluye a las personas bajo modalidades formativas laborales y al personal que es destacado o desplazado a los centros de trabajo o de operaciones por parte de las empresas y entidades de intermediación laboral, o de las empresas contratistas o Subcontratistas” (énfasis añadido).

“El control de asistencia puede ser llevado en soporte físico o digital, adoptándose medidas de seguridad que no permitan su adulteración, deterioro o pérdida. En el lugar del centro de trabajo donde se establezca el control de asistencia debe exhibirse a todos los trabajadores, de manera permanente, el horario de trabajo vigente, la duración del tiempo de refrigerio, y los tiempos de tolerancia, de ser el caso”.

9 Artículo 2 del Decreto Supremo N° 004- 2006-TR.

Respecto de la medida inspectiva de requerimiento 6.47 Respecto de la medida inspectiva de requerimiento, el principio de buena fe procedimental regulado en el numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG establece que “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental” (énfasis añadido).

para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley”.

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de

10 TUO de la LPAG, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo “1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (el subrayado no es del original).

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (el subrayado no es del original).

Figura N° 01

“6.26. La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la

11 Publicado en el Diario El Peruano el 11 de junio de 2023.

razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica.

a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado; b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago—y, c) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. d) Así las cosas, un análisis circunscrito únicamente a la determinación del quantum a cancelar por los incumplimientos en materia de relaciones laborales de significado económico, como supuesto de quiebre del principio de legalidad (arguyéndose la “necesidad” de una identificación específica del monto a cancelar por parte del sujeto inspeccionado por los incumplimientos laborales de naturaleza económica), resulta erróneo; toda vez que el bloque de legalidad invocable (conforme con lo dispuesto por los artículos 5 y 14 de la LGIT y los artículos 13 y 17 del RLGIT) no establece como requisito sine qua non que la medida inspectiva de requerimiento deba identificar el monto dinerario que adeuda el sujeto inspeccionado. e) En ese sentido, estando a lo dispuesto en el artículo 10 de la LPAG, solo es causal de nulidad, entre otros, la contravención a la Constitución a las leyes o a las normas reglamentarias o por el defecto u omisión de algún requisito de validez. Sobre el particular ni la LGIT ni el RLGIT, norma especial del Sistema de Inspección Laboral, así como ni la LPAG, disponen de forma expresa como condición de validez de la medida inspectiva de requerimiento, la determinación del monto que el administrado adeuda a su trabajador (a) o trabajadores (as) por un incumplimiento al ordenamiento jurídico laboral o de seguridad y salud en el trabajo o de la seguridad social, en números y letras. f) Por tanto, el argumento referido a que la medida de requerimiento es imprecisa, por no expresar en términos numéricos el monto adeudado en favor de los “supuestos trabajadores afectados” resulta infundado con relación al contenido del principio de legalidad, por no

haberse previsto que este sea un requisito necesario para su validez. Además, este alegato, resulta, también, contrario al principio de razonabilidad, como manifestación de una adecuada proporción entre los medios y fines dispuestos ante un caso concreto; en tanto se verifique que la medida dictada ha sido emitida de acuerdo a la facultad discrecional de la inspección del trabajo, por los incumplimientos advertidos, referidos a la realización de labores en sobretiempo de sus trabajadores, hechos derivados del propio expediente y cuyo mandato resulta claro; lo que evidencia, además, su proporcionalidad. Finalmente, este argumento es desechable por contravenir al deber de colaboración con la inspección del trabajo, tomándose en cuenta que el empleador está obligado a contribuir con la fiscalización y que, además, esta colaboración redunda en un comportamiento material que le es exigible como sujeto obligado a pagar los beneficios laborales de forma integral. g) En este punto, debe recordar que de acuerdo a los principios que guían a la inspección de trabajo contenidos en la LGIT, así como los mandatos recogidos en el RLGIT, esta tiene una autonomía técnica y funcional, por lo que, los administrados, en este caso la recurrente, no puede pretender guiar o dirigir la función o competencias de dichos servidores o el modo en cómo es que se realiza la inspección de trabajo; en consecuencia, el argumento de la recurrente referido a que la medida inspectiva de requerimiento dictada debió individualizar el monto a cancelar, debe ser desestimado. (énfasis añadido)” 6.63 En el presente caso, se corrobora que el personal inspectivo ha cumplido con detallar al trabajador afectado, el periodo incumplido y el monto a pagar. Del mismo modo, el empleador es responsable de las relaciones laborales de su empresa. Por tanto, es obligación de los administrados brindarle el sentido concreto al mandato contenido en la medida de requerimiento, conforme a su deber de colaboración con la inspección de trabajo. En ese sentido, los argumentos del Sujeto inspeccionado no tienen asidero.

Sobre los demás argumentos de la Inspeccionada 6.67 Sostiene que la administración pública no tuvo en cuenta que la empresa está dedicada al rubro de alimentos o actividad esencial, por lo que las actividades no se suspendían durante la pandemia; sin embargo, el denunciante no cumplió con la asistencia al centro de labores y la administración pública no considera ni contempla lo señalado. Finalmente, tampoco se considera la información proporcionada por el denunciado en el sentido que se acreditó pagos detallados en los escritos presentados como descargos. Asimismo, refiere que el periodo señalado corresponde al periodo de pandemia y la atención de la administración estaba restringida por lo que existe problemas logísticos para haber implementado determinadas formalidades.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones laborales No acreditar el pago de la gratificación, correspondiente a navidad del año 2021. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT.

GRAVE

Relaciones laborales No acreditar el pago de la bonificación no remunerativa del 9%, correspondiente a la gratificación de navidad del año 2019, fiestas patrias y navidad 2020, fiestas patrias y navidad 2021, correspondiente a navidad del año 2021. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT.

GRAVE Relaciones laborales No acreditar el pago del descanso vacacional del periodo 2020 – 2021 y vacaciones truncas del periodo 2021 – 2022. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT.

GRAVE Relaciones laborales No acreditar el depósito de CTS, correspondiente a todo el periodo laborado, esto es, 02/10/2019 – 31/12/2021. Numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT.

GRAVE Relaciones laborales No acreditar haber registrado en la planilla a la denunciante durante el periodo laborado. Numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT.

MUY GRAVE Relaciones laborales No acreditar el goce de 15 días de vacaciones, ni el pago de indemnización por estos días. Numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT.

MUY GRAVE Relaciones laborales No implementar el registro de control de asistencia, correspondiente al periodo 02/10/2019 – 31/12/2021. Numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT.

MUY GRAVE Seguridad social No acreditar haber inscrito en el régimen de seguridad social en salud a la denunciante desde el inicio de la relación laboral. Numeral 44.B-1 del artículo 44 del RLGIT

MUY GRAVE Seguridad social No acreditar haber inscrito en el régimen de seguridad social en pensiones, a la denunciante desde el inicio de la relación laboral. Numeral 44.B-1 del artículo 44 del RLGIT

MUY GRAVE Labor inspectiva No cumplir con la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo, respecto a la medida de requerimiento notificada el día 23/05/2022. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

MUY GRAVE

Labor inspectiva No remitir la información solicitada mediante requerimiento de información de fecha 06/05/2022. Numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT.

GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por MOLINERA ESPIGA DORADA S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 166-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, de fecha 27 de octubre de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Cajamarca, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 220-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO.- CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 166-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, en los extremos referidos a las infracciones muy graves en materia de relaciones laborales por no haber registrado en la planilla a la denunciante durante el periodo laborado, no acreditar el goce de 15 días de vacaciones, ni el pago de indemnización por estos días, no implementar el registro de control de asistencia, correspondiente al periodo 02/10/2019 – 31/12/2021, tipificadas en el los numerales 25.20, 25.6 y 25.19 del artículo 25 del RLGIT; en los extremos referidos a las infracciones muy graves en materia de seguridad social por no haber cumplido con inscribir al recurrente en el régimen de seguridad social en pensiones y salud , tipificadas en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT. Asimismo, por no

cumplir con la medida de requerimiento notificada el día 23/05/2022, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa CUARTO. - Notificar la presente resolución a MOLINERA ESPIGA DORADA S.A.C., y a la Intendencia Regional de Cajamarca, para sus efectos y fines pertinentes. QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240417MLA