Mirador de Chiclayo S.R.L — Res. 886-2024

Mediante Orden de Inspección N° 766-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 355-2021- SUNAFIL/IRE-LIB (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de dos (02) infracciones muy graves a la labor inspectiva.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 532-2021-SUNAFIL/IRE-LIB/SIAI-IC, de fecha 27 de julio de 2021, notificada el 04 de agosto de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 814-2021-SUNAFIL/IRE-LIB/SIAI-IFI, de fecha 15 de octubre de 2021 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de la Libertad, la cual mediante Resolución de Subintendencia N° 748-2021-SUNAFIL/IR-LL/SIRE, de fecha 11 de noviembre de 2021, notificada el 15 de noviembre de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 23,144.00 por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Mediante Constancia N° 581-2021, de fecha 28 de diciembre de 2021, el Sub Intendente de Resolución de la Intendencia Regional de La Libertad informa al Ejecutor Coactivo que la Resolución de Subintendencia N° 748-2021-SUNAFIL/IR-LL/SIRE, había quedado firme, porque no se interpuso ningún recurso administrativo. Con fecha 3 de mayo de 2022, la impugnante solicita la nulidad de la Resolución de Subintendencia N° 748-2021-SUNAFIL/IR-LL/SIRE, y de todo el procedimiento inspectivo realizado en la orden de inspección N° 766-2021- SUNAFIL/IRE-LIB y el Expediente Administrativo Sancionador N° 385-2021-SUNAFIL/IRE-LIB.

Mediante Resolución de Intendencia N° 011-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, de fecha 11 de enero de 20232, la Intendencia Regional de la Libertad declaró improcedente la solicitud de nulidad interpuesto por la impugnante contra la Resolución de Subintendencia N° 748-2021- SUNAFIL/IR-LL/SIRE emitida el 11 de noviembre de 2021, y precisó que la misma se encuentra debidamente consentida.

Con fecha 25 de enero de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de la Libertad el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 011-2023- SUNAFIL/IRE-LIB.

La Intendencia Regional de la Libertad admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORÁNDUM-000155-2023- SUNAFIL/IRE-LIB, recibido el 8 de febrero de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que EL MIRADOR DE CHICLAYO S.R.L presentó el recurso de revisión contra Resolución de Intendencia N° 011-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, emitida por la Intendencia Regional de la Libertad, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la notificación de la citada resolución; el 16 de enero de 2023.

Así, al haber el órgano competente realizado el análisis respecto de si el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar si se encuentra en alguna de las causales de improcedencia establecidas en el artículo 16 del mismo Reglamento del Tribunal.

Conforme se verifica de los actuados, la Resolución de Sub Intendencia N° 748-2021- SUNAFIL/IR-LL/SIRE, de fecha 11 de noviembre de 2021, fue notificada el 15 de noviembre de 2021, venciendo el plazo para su impugnación el 6 de diciembre de 2021; sin embargo, se advierte que, la impugnante no interpuso recurso administrativo alguno. Posteriormente, el Sub Intendente de Resolución de la Intendencia Regional de la Libertad informa al Ejecutor Coactivo que la Resolución de Sub Intendencia N° 748-2021-SUNAFIL/IR-LL/SIRE notificada el 15 de noviembre de 2021, había quedado firme el acto.

Con fecha 3 de mayo de 2022, la impugnante solicita la nulidad de la Resolución de Sub Intendencia N° 748-2021-SUNAFIL/IR-LL/SIRE y todo el procedimiento inspectivo realizado en la orden de inspección N° 766-2021-SUNAFIL/IRE-LIB y el expediente sancionador N° 385- 2021-SUNAFIL/IRE-LIB, el cual es resuelto mediante la Resolución de Intendencia N° 011-2023- SUNAFIL/IRE-LIB, a través del cual la Intendencia Regional de La Libertad, determina improcedente la solicitud de nulidad interpuesto por la impugnante contra la Resolución de Subintendencia N° 748-2021-SUNAFIL/IR-LL/SIRE emitida el 11 de noviembre de 2021, y precisó que la misma se encuentra debidamente consentida.

En ese sentido, se observa que la Resolución de Intendencia N° 011-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, elevada en revisión, constituye un acto confirmatorio de un acto ya declarado firme, toda vez que el plazo legal perentorio para la interposición de los recursos administrativos previstos en el artículo 218 del TUO de la LPAG, en contra de la Resolución de Sub Intendencia N° 748-2021- SUNAFIL/IR-LL/SIRE, transcurrió sin que esta haya sido impugnada. Por lo que en virtud del literal d) del artículo 16 del Reglamento del Tribunal9, que indica como causal de improcedencia del recurso de revisión que: “d) El acto impugnado sea un acto preparatorio o un acto confirmatorio de otro ya consentido”, corresponde declarar la improcedencia del recurso.

Asimismo, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante no cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal, no corresponde analizar los argumentos planteados por la impugnante.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.