Ministerio Público — Res. 353-2021

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Desnaturalización de la relación laboral, Registro de control de asistencia, Contratos de trabajo (Formalidades, Primacía de la realidad), Entrega de boletas de pago al trabajador y sus formalidades, Registro de trabajadores y otros en planilla, Jornada y horario de trabajo. 20555195444 soft PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft

- Una infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar la celebración de contratos de trabajo respecto a catorce (14) trabajadores, tipificada en el numeral 25.5 del artículo 25 del RLGIT, ascendente a S/ 39,500.00.

- Una infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no contar con el registro de asistencia de forma permanente en el centro de trabajo, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT, ascendente a S/ 39,500.00.

- Una infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el registro en planilla electrónica de catorce (14) trabajadores, tipificada en el numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT, ascendente a S/ 276,500.00.

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, ascendente a S/ 39,500.00.

- Afirma que el acta de infracción contiene un acto administrativo basado en una serie de actuaciones administrativas realizadas y comprobadas, para finalmente establecerse contra los sujetos inspeccionados o fiscalizados la comisión de presuntas infracciones acarreando la imposición de posibles sanciones de multa. Señala que el acta de infracción produce efectos jurídicos por cuanto se refiere a la proyección de sanción y a raíz de aquello que la instancia superior competente emite pronunciamiento, es decir sirven de cimiento para las resoluciones de primera y segunda instancia emitidas por el órgano competente, por lo que deben estar debidamente motivadas, ya que dan inicio al procedimiento sancionador; debiendo estar dotada de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, y respetar los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador.

- Que, invoca la caducidad de la notificación del Acta de Infracción, indicando que el acta de infracción fue emitida el 30 de diciembre de 2016 y notificada el 18 de febrero de 2020, es decir después de tres años de haberse emitido el acto administrativo, vulnerando una norma de carácter imperativo al no haberse respetado el plazo para la notificación, así como el derecho a ser notificado, a refutar los cargos imputados, a contradicción, al plazo razonable y al principio de celeridad.

- Manifiesta que la comisión de las infracciones ha sucedido en el año 2016 y a la fecha que se emitió el acta de infracción han transcurrido más de 4 años, para determinarse la comisión de las infracciones, haciendo referencia a la prescripción.

- Que, señala el avocamiento indebido, dado que 4 de las personas que denunciaron, también interpusieron en el Poder Judicial demandas de desnaturalización de contratos y otros, que aún siguen en trámite, señalando que no debieron ser sancionados, por la misma materia, invocando la triple identidad en ambos procedimiento, por transgresión el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, deviniendo en nula la apelada por contravención a la Constitución, y vulneración al Principio de Legalidad.

- Respecto a las infracciones imputadas, manifiesta que entre los 14 vigilantes y el Ministerio Público se llevó a cabo la prestación de servicios mediante órdenes de servicios para satisfacer un fin público consistente en el servicio de vigilancia, como servicio complementario por no ser una actividad principal del Ministerio Público, por lo que en sus diferentes regímenes no se encuentran previstos las labores de seguridad, lo que determina que no los contemplen en sus planillas.

- Reafirman que no ha existido vínculo laboral con los vigilantes supuestamente afectados, por cuanto no existió subordinación, no ingresaron por concurso público, además por ser complementario, por lo que no se incurrió en desnaturalización de contratos y debido a que no se encuentra en la estructura organizacional del Ministerio Público y tampoco en el Cuadro de Asignación Personal.

- Precisa que la naturaleza de la orden de Servicio, es como una contratación estatal de servicios, que cuenta con elementos subjetivos y objetivos, causa, forma y finalidad. Se trata de un contrato de colaboración, con una posición contractual como proveedor; y frente al desabastecimiento del ministerio, se emitieron órdenes de servicio de los 14 afectados.

- Concluyen que es un deber resolver conforme al ordenamiento jurídico, bajo los principios de razonabilidad, interdicción de la arbitrariedad, con criterio de discrecionalidad, y en cautela del debido procedimiento.

2 Notificada a la inspeccionada el 07 de julio de 2021.

396,975.00 y confirmando la Resolución Sub Directoral N° 146-2020- GRJ/GRDS/DRTPEJ/DIT/SDIL/HYO en lo demás que lo contiene, por considerar que:

- Respecto al Registro de Planillas Electrónicas, registro de asistencia y contrato de trabajo, se advierte que, califican como infracciones permanentes toda vez que la situación antijurídica se prolonga en el tiempo, en ese sentido, en cuanto las infracciones permanentes, el autor Morón Urbina señala: “Las infracciones permanentes consisten, por lo tanto, en la realización de un acto ilícito que se configura en un momento determinado y que se consuma a través de los efectos que se prolongan durante el tiempo. La particularidad de este tipo de infracciones es (...) su vocación de ilicitud luego de consumada la acción ilícita. Dicha vocación de continuidad permanece durante el desarrollo de dichos efectos, los cuales no cesan en tanto se mantiene la voluntad infractora del sujeto”. Por su parte, Baca Oneto menciona que: “son infracciones permanentes, aquellas en las que el administrado se mantiene en la situación infractora, cuyo mantenimiento le es imputable, persistiendo la conducta infractora”, en esa línea de ideas, este despacho concluye en que las infracciones en las que incurrió el sujeto inspeccionado no se encuentran prescritas, en tanto no se demuestre que las infracciones hayan cesado.

- Respecto a la infracción relacionada con la entrega de boletas de pago el cómputo del plazo debe efectuarse a partir de la fecha en que la infracción se hubiera cometido, es decir, a partir del vencimiento del plazo legal para entregar la boleta de pago. Así, la facultad sancionadora respecto de la infracción de entrega de boletas de pago se encuentra prescrita para 13 trabajadores, quedando a salvo su derecho de hacerlo vale en la vía correspondiente; confirmando la sanción relacionada a la entrega de boleta de pago del trabajador Jorge Luis Orellana Quiñones.

- De los actuados se advierte, que el procedimiento sancionador inició el 18 de febrero de 2020, fecha en que se notificó el decreto de apertura del procedimiento sancionador y el Acta de Infracción con cédula de notificación N° 100-2020, culminando con la notificación de la Resolución Sub Directoral N° 146- 2020-GRJ-GRDS-DRTPEJ/DIT/SDIL- HYO de 16 de octubre de 2020, acto que se realizó el 27 de abril de 2021, según cargo de notificación de mesa de partes virtual del Ministerio Público; y dado que el procedimiento vencía en junio de 2021, se observa que, el procedimiento fue resuelto en el plazo establecido por Ley, por lo que no opera la caducidad del procedimiento sancionador.

- Se verifica del acta de infracción, que fue emitida de conformidad con lo dispuesto al artículo 54 del RLGIT y contiene los requisitos mínimos establecidos, por Ley; además que las actuaciones inspectivas se condicen con las materias de la orden de inspección. Se advierte que, en el desarrollo del procedimiento sancionador, se cauteló por todos los medios que el sujeto inspeccionado, tenga la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, su derecho a ofrecer pruebas, a obtener una decisión fundada en derecho.

- Los cuatro expedientes judiciales, datan del año 2017; es decir fueron interpuestos en fecha posterior al inicio y desarrollo de las actuaciones inspectivas, pues la orden de inspección data del 27 de octubre de 2016 y concluyen con el acta de infracción de 30 de diciembre de 2016, por la cual los inspectores comisionados comprueban la existencia de los elementos de laboralidad entre los trabajadores afectados y el sujeto inspeccionado como la prestación personal de labores, subordinación y remuneración, en virtud al Principio de Primacía de la Realidad; aspectos que posteriormente fueron

reconocidas a nivel judicial. Del análisis del caso en particular se aprecia: i) Identidad de hechos, si bien los hechos ventilados en el proceso judicial guardan relación con los hechos comprobados durante las actuaciones inspectivas; cabe precisar que las sentencias emitidas, consolidaron y declararon la desnaturalización de labores, y ordenaron la reposición de tales trabajadores; ii) Identidad de sujetos, en tanto los procesos judiciales fueron entablados entre cuatro de los trabajadores afectados y su empleador (sujeto inspeccionado), y el presente procedimiento se desarrolla entre la autoridad inspectiva y el sujeto inspeccionado; iii) Identidad de fundamento, los bienes jurídicos vulnerados son disímiles, por la diferencia entre los bienes jurídicos tutelados, pues en el expediente judicial se persigue la declaración y reconocimiento de un derecho, buscando la satisfacción del demandante; y en el caso administrativo el bien jurídico que se busca tutelar es la tutela del interés público por medio de la sanción ante la comisión de faltas administrativas. Por lo que corresponde desestimar lo alegado por el sujeto inspeccionado en este extremo.

- Se ha revelado el fraude a la Ley en la contratación efectuada por el sujeto inspeccionado, pues se contrató personal bajo los alcances de un contrato civil, cuando en el campo de los hechos la labor que realizaban era de naturaleza laboral.

- Resulta innegable la existencia de una relación laboral entre los trabajadores afectados y el sujeto inspeccionado, en consecuencia, correspondía que los mismos sean registrados en planillas, a plazo indeterminado, contar con un registro de asistencia y la entrega de boletas de pago, y al no realizarlo así el sujeto inspeccionado incurrió en infracción a los derechos laborales; en tal sentido los argumentos de la apelación carecen de sustento.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de Sunafil Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte Del Ministerio Público

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Mediante escrito de fecha 02 de agosto de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 48-2021-SUNAFIL/IRE-JUN, señalando que:

INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DEL ARTÍCULO 252.1 DEL TUO DE LA LPAG

- La Intendencia Regional de Junín, llega a determinar que, las faltas: (1) Registro de Planillas Electrónicas, (2) Registro de asistencia y (3) Contrato de trabajo, se advierte que, califican como infracciones permanentes. Sin embargo, por la naturaleza de las infracciones, nuestra posición, es que se deben calificar como infracción instantánea con efectos permanentes, porque, es aquella que, asimismo, se consuma en el mismo acto, pero produce un estado de cosas antijurídico permanente. Tomando en cuenta, la fecha de ingreso de los trabajadores afectados, que datan, y tienen como fecha de inicio del cómputo: 15/03/2015 al 01/06/2016, dichas faltas han prescrito; tomando como fecha final del cómputo:16/10/2020, fecha en la que la primera instancia determina las faltas. Por tanto, al interpretar que las faltas son infracciones permanentes, cuando, son infracción instantánea con efectos permanentes; existe una interpretación errónea.

INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DEL ARTÍCULO 51 DEL DECRETO SUPREMO 016-2006-TR

- La correcta interpretación del artículo 51 del Decreto Supremo 016-2006-TR, para el caso de autos, es que se trata de infracción instantánea con efectos permanentes, es decir, esta clase de infracción crea un status quo antijurídico duradero pero que se consuma cuando se produce la situación antijurídica.

INAPLICACIÓN DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 28175

- El Ministerio Público, es un organismo autónomo del Estado que tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos y que se basa en un presupuesto estatal; por lo que, disponer: (1) Registro de Planillas Electrónicas, (2) Registro de asistencia y (3) Contrato de trabajo, implica, una desnaturalización del contrato de trabajo, inobservando la Ley del Empleo Público.

8 Iniciándose el plazo el 08 de julio de 2021.

INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DEL ARTÍCULO 4 DEL DECRETO SUPREMO 003-97-TR

- En efecto, la Autoridad Administrativa de Trabajo al haber realizado una interpretación errónea y aplicación literal del artículo 4° del Decreto Supremo N° 003-07-TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ha establecido el incumplimiento de normas sociolaborales, es decir, la desnaturalización del contrato; pese a no haber cumplido con los requisitos que taxativamente establece la Ley Marco del Empleado Público N° 28175 en su artículo 5°.

ARGUMENTOS RESPECTO DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES

- En el presente caso, no ha ocurrido una desnaturalización de contratos, por cuanto los supuestamente afectados prestaban servicios al Ministerio Público, bajo las denominadas “Órdenes de Servicios”; que prevé la posibilidad de contratar a personas naturales o jurídicas para que presten servicio de carácter general, como por ejemplo el servicio de vigilancia y seguridad.

- El Ministerio Público no cuenta dentro de su estructura orgánica y mucho menos en su Cuadro de Asignación de Personal (CAP), con ninguna plaza que sea de vigilante.

- SUNAFIL, al requerirse y, proponer la sanción de multa efectuando un avocamiento indebido, puesto que, está asumiendo el rol de una “entidad ejecutora de sentencias judiciales” al pretender multarnos por, supuestamente, no haber cumplido con un requerimiento que abarca un mandato judicial.

- Respecto al cumplimiento de los mandatos de incorporación de personal a las entidades públicas, la cual preceptúa que estas deben encontrarse en calidad de cosa juzgada, condición que aún no han adquirido alguno de los procesos promovidos por los precitados demandantes, por tanto, el Ministerio Público como entidad de la administración pública se encuentra sujeto a las disposiciones normativas establecidas por la Autoridad Publica, las cuales se encuentran sujetas a las disposiciones normativas establecidas por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR). Finalmente, la autoridad administrativa de trabajo no puede pretender sancionar a nuestra entidad por una infracción, que está siendo materia de análisis por el órgano jurisdiccional.

- Se debe precisar que el requerimiento referido a la inclusión en planilla, producto de una desnaturalización de un contrato, se encuentra estrictamente ceñido a un procedimiento específico que debe seguirse y está regulado por un marco normativo: La Décima Sétima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil1, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM y la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GDSRH

denominada: “ Normas para la gestión del proceso administrativo de puestos, y elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad –CPE”.

- Requerir que se cumpla con incorporar al demandante otorgando un plazo corto para el cumplimiento del mandato, sin considerar en absoluto la normativa establecida para la ejecución de los mandatos como el de autos; así mismo, que el cumplimiento del precitado mandato no depende de la decisión exclusiva del Ministerio Público.

Análisis Del Recurso De Revisión

Respecto a la prescripción de las infracciones

TEMA VOTACIÓN ACUERDO La prescripción administrativa UNANIMIDAD El plazo de prescripción de cuatro (4) años para determinar la existencia de infracciones en materia sociolaboral, es aplicable para todos los hechos constitutivos de infracción, incluso si ocurrieron antes del 16 de marzo de 2017.

prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos, por lo que corresponde en primer término, que esta Sala analice si al momento en que se notificó la Resolución de Sub Directoral N° 146-2020- DRTPEJ/DIT/SDIL-HYO, esto es al 16 de octubre de 2020, habría prescrito el plazo que tenía la autoridad de primera instancia para determinar cómo infracciones los incumplimientos constatados en la etapa inspectiva, el cual es de cuatro (4) años máximo, para lo cual se debe tener en cuenta las reglas de cómputo previstas en el numeral 252.2 del artículo 252° del TUO de la LPAG (sobre el inicio, la suspensión y la reanudación del plazo de prescripción).

respecto de la infracción de entrega de boletas de pago se encuentra prescrita para 13 trabajadores”.

9 Numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 10 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 173.- Carga de la prueba 173.1 La carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio establecido en la presente Ley. 173.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.” (el resaltado es nuestro). 11 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 124.- Requisitos de los escritos Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente (…) 2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoyen y, cuando le sea posible, los de derecho.” 12 Numeral 1 del artículo 67 del TUO de la LPAG, a través del cual se establecen los deberes generales de los administrados en el procedimiento.

Respecto a la inaplicación del artículo 5 de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público

13 Véase folio 4 del expediente sancionador, fundamento 6. 14 Dicho presupuesto fue desarrollado con carácter de precedente vinculante por el Tribunal Constitucional en la sentencia desarrollada para el expediente N° 05057-2013-PA/TC. 15 Casación Laboral N° 11169-2014 — LA LIBERTAD, fundamento décimo sexto. 16 Ley N° 28175, “Artículo 4.- Clasificación El personal del empleo público se clasifica de la siguiente manera: 1. Funcionario público.- El que desarrolla funciones de preeminencia política, reconocida por norma expresa, que representan al Estado o a un sector de la población, desarrollan políticas del Estado y/o dirigen organismos o entidades públicas. El Funcionario Público puede ser: a) De elección popular directa y universal o confianza política originaria. b) De nombramiento y remoción regulados. c) De libre nombramiento y remoción. 2. Empleado de confianza.- El que desempeña cargo de confianza técnico o político, distinto al del funcionario público. Se encuentra en el entorno de quien lo designa o remueve libremente y en ningún caso será mayor al 5% de los servidores públicos existentes en cada entidad. El Consejo Superior del Empleo Público podrá establecer límites

Respecto a la medida inspectiva de requerimiento

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

inferiores para cada entidad. En el caso del Congreso de la República esta disposición se aplicará de acuerdo a su Reglamento. 3. Servidor público.- Se clasifica en: a) Directivo superior.- El que desarrolla funciones administrativas relativas a la dirección de un órgano programa o proyecto, la supervisión de empleados públicos, la elaboración de políticas de actuación administrativa y la colaboración en la formulación de políticas de gobierno. A este grupo se ingresa por concurso de méritos y capacidades de los servidores ejecutivos y especialistas, su porcentaje no excederá del 10% del total de empleados de la entidad. La ineficiencia en este cargo da lugar al regreso a su grupo ocupacional. Una quinta parte del porcentaje referido en el párrafo anterior puede ser designada o removida libremente por el titular de la entidad. No podrán ser contratados como servidores ejecutivos o especialistas salvo que cumplan las normas de acceso reguladas en la presente Ley. b) Ejecutivo.- El que desarrolla funciones administrativas, entiéndese por ellas al ejercicio de autoridad, de atribuciones resolutivas, las de fe pública, asesoría legal preceptiva, supervisión, fiscalización, auditoría y, en general, aquellas que requieren la garantía de actuación administrativa objetiva, imparcial e independiente a las personas. Conforman un grupo ocupacional. c) Especialista.- El que desempeña labores de ejecución de servicios públicos. No ejerce función administrativa. Conforman un grupo ocupacional. d) De apoyo.- El que desarrolla labores auxiliares de apoyo y/o complemento. Conforman un grupo ocupacional.” 17 Constitución Política del Perú, “Artículo 1.- Defensa de la persona humana La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.”

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fi n de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

18 TUO de la LPAG, “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias” (….) 19 Véase folio 435 y siguientes del expediente inspectivo. 20 Véase folio 437 del expediente inspectivo.

documentación sobre planilla de pago de remuneraciones de 14 trabajadores del personal de vigilancia y guardianía a plazo indeterminado, suscripción de contratos a plazo indeterminado, registro de asistencia, boletas de pago, dicho documento fue remitido a Gerencia general Abog. Luis Echevarria Escribens con fecha de recepción el 26/12/2016. Así mismo menciona que a la oficina encargada no le han remitido ninguna documentación”.

21 Vigente a la fecha. 22 7.7.2.7. En caso se verifiquen infracciones insubsanables no se emitirá medida inspectiva de requerimiento, debiendo dejar constancia del carácter insubsanable de la infracción en la respectiva constancia de actuaciones inspectivas y anexos (…). 23 Numeral 2 del artículo II del Título Preliminar del TUO de la LPAG.

POR TANTO Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la Sunafil, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

24 TUO de la LPAG, “Artículo 247.- Ámbito de aplicación de este capítulo (…) 247.2 Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo se aplican con carácter supletorio a todos los procedimientos establecidos en leyes especiales, incluyendo los tributarios, los que deben observar necesariamente los principios de la potestad sancionadora administrativa a que se refiere el artículo 248, así como la estructura y garantías previstas para el procedimiento administrativo sancionador. Los procedimientos especiales no pueden imponer condiciones menos favorables a los administrados, que las previstas en este Capítulo. (…)” 25 Dentro del Capítulo III (Procedimiento Sancionador) del Título IV (Del procedimiento trilateral, del procedimiento sancionador y la actividad administrativa de fiscalización). 26 TUO de la LPAG, artículo IV. 1.1. Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por el MINISTERIO PÚBLICO en contra de la Resolución de Intendencia N° 48-2021-SUNAFIL/IRE-JUN, de fecha 05 de julio de 2021, emitida por la Intendencia Regional de Junín dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 08-2016-SUNAFIL/IRE-JUN (006-2017-GRJ- GRDS-DRTPE-DIT-SDIL/HYO), por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO.- REVOCAR EN PARTE la Resolución de Intendencia N° 48-2021-SUNAFIL/IRE-JUN, en el extremo referente a la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dejando sin efecto la multa por dicha infracción. TERCERO.- CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 48-2021-SUNAFIL/IRE-JUN, en los extremos referentes a las infracciones a la normativa sociolaboral, tipificadas en los numerales 25.5, 25.19 y 25.20 del artículo 25 del RLGIT. CUARTO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. QUINTO.- Notificar la presente resolución al MINISTERIO PÚBLICO y a la Intendencia Regional de Junín, para sus efectos y fines pertinentes.

SEXTO.- Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Junín.

SEPTIMO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Documento firmado digitalmente

Documento firmado digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas

Desirée Bianca Orsini Wisotzki Presidente

Documento firmado digitalmente Luz Imelda Pacheco Zerga