Ministerio Público - Gerencia Dministrativa de San Martín — Res. 660-2021

Mediante Orden de Inspección N° 776-2020-SUNAFIL/IRE-SMA, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación respecto de la impugnante, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento sociolaboral1, las cuales culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 089-2020-SUNAFIL/IRE-SMA (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción muy grave en materia de relaciones laborales y una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva.

Mediante Imputación de cargos N° 086-2020-SUNAFIL/IRE-SMA/SIAI de fecha 17 de diciembre de 2020, notificado el 15 de enero de 2021 y 23 de abril de 20212, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 36-2021-SUNAFIL/IRE-SMA (en adelante, el Informe Final), a través del cual llega a la conclusión que se ha determinado la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo que procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 191-2021-SUNAFIL/IRE-SMA/SIRE de fecha 15 de junio de 2021, y notificada el 17 y 22 de junio de 20213 multó a la impugnante por la suma de S/ 22,618.00 por haber incurrido en las siguientes infracciones muy graves:

Mediante escrito de fecha 12 de julio de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 191-2021-SUNAFIL/IRE-SMA/SIRE, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 090-2021-SUNAFIL/IRE- SMA, de fecha 24 de agosto de 20214, la Intendencia Regional de San Martin declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, confirmando la Resolución de Sub-Intendencia N° 191-2021-SUNAFIL/IRE-SMA/SIRE, por considerar los siguientes puntos:

Mediante escrito de fecha 27 de septiembre de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de San Martin el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 090-2021-SUNAFIL/IRE- SMA de fecha 24 de agosto de 2021.

La Intendencia Regional de San Martin admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 472-2021- SUNAFIL/IRE-SMA, recibido el 04 de octubre de 2021 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299815, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299816, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo7 (en adelante, LGIT), el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR8, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR9 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante un ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

En esa línea argumentativa, el Reglamento del Tribunal define al recurso de revisión como el recurso administrativo destinado a contradecir las resoluciones emitidas en segunda instancia por la Intendencia de Lima Metropolitana y las Intendencias Regionales de SUNAFIL, así como por las Direcciones de Inspección del Trabajo u órganos que cumplan esta función en las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, señalando de manera expresa que el recurso de revisión sólo procede por las causales taxativamente establecidas como materias impugnables en el artículo 14 de dicha norma, esto es: i) la inaplicación así como la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral; y, ii) el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral.

Así, el recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones calificadas como muy graves en el RLGIT y sus modificatorias; estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que éste se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que MINISTERIO PÚBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SAN MARTÍN presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 090-2021-SUNAFIL/IRE- SMA , en la cual se confirmó la sanción impuesta de S/ 22, 618.00, por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.14 del artículo 25 del RLGIT y una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día siguiente hábil de la notificación de la citada resolución; es decir, el 07 de setiembre de 2021.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por MINISTERIO PÚBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SAN MARTÍN.

De conformidad con el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, las autoridades administrativas “deben actuar con respecto a la Constitución, a la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”.

Frente a la vulneración, desconocimiento o lesión de un derecho o interés legítimo, derivado del apartamiento de la conducta descrita en el numeral precedente10, el TUO de

Con la finalidad de determinar si -en el presente caso- se ha producido la infracción que da origen a la sanción recurrida, esta Sala considera pertinente exponer ciertas consideraciones sobre la configuración del acto de hostilidad, y cómo, a través de su comisión, se afecta la dignidad del trabajador.

Nuestro ordenamiento jurídico otorga primacía a la dignidad de la persona humana, al consagrar en su primer artículo que "la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado". Asimismo, en el ámbito laboral, establece expresamente que “ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador." Asimismo, establece como quicio del desarrollo humano, el trabajo, que es “un deber y un derecho, base del bienestar social y medio de realización de la persona13

En consecuencia, el poder de dirección del empleador debe ser ejercido respetando estos valores constitucionales. Y, consecuentemente, el ordenamiento jurídico ha previsto algunos supuestos en los que el empleador pueda estar ejerciendo ese poder en fraude de ley, con el fin de lograr que el trabajador, al sentirse incómodo en la relación de trabajo, opte por renunciar, sin que el empresario siga el procedimiento de despido, evitando así el pago de una indemnización. En estos casos, artículo 30 del TUO del Decreto Legislativo N° 728 "Ley de Productividad y Competitividad Laboral", aprobado par Decreto Supremo N° 003-97-TR (en lo sucesivo, LPCL), tipifica los actos de hostilidad que permiten al trabajador a considerarse despedido y exigir la indemnización por despido arbitrario prevista en el art.

Por otro lado, el RLGIT establece en el numeral 25.14 de su artículo 25, que los actos de hostilidad, así como cualquier otro acto que afecte la dignidad del trabajador o el ejercicio de sus derechos constitucionales, constituye una infracción muy grave en materia de relaciones laborales, la cual es pasible de sanción económica.

Por su parte la Corte Suprema de Justicia de la República, interpretando los alcances de la Casación N° 505-2012-LIMA, ha manifestado lo siguiente:

Asimismo, el respeto a la dignidad humana tiene un contenido objetivo, que varía en las diferentes culturas, pero tiene un núcleo duro innegociable de carácter universal, ya que la naturaleza humana, en sus atributos esenciales, es la misma en todos los seres humanos, variando, más bien, aspectos accidentales como pueden ser, la raza, la lengua, el coeficiente intelectual, etc. Consecuentemente, la hostilidad consistente en la falta de respeto a la dignidad de un trabajador no puede ser evaluada con criterios subjetivos, sino que debe evidenciar una vulneración a sus derechos fundamentales, por ser éstos la manifestación jurídica del respeto debido.

En el caso sub examine, esta Sala advierte que la imputación materia del presente proceso administrativo sancionador se constriñe a analizar si el desplazamiento temporal dispuesto por el Presidente de la Junta de Fiscales Superiores de San Martin en primer orden mediante Memorando N°000194-2020-MP.FN-PJFS-SAN MARTÍN17 de fecha 8 de setiembre de 2020, y en segundo orden con Memorando N° 000241-2020-MP-FN-PJFS-SANMARTIN, de fecha 16 de noviembre de 2020, constituyen un acto de hostilización laboral, en perjuicio de la trabajadora DENY YULIANA SISNIEGAS CHUNG de la 2da Fiscalía Penal de Moyobamba. Ella debía desplazarse a trabajar, a partir del 8 de setiembre de 2020, a la 1ra. Fiscalía Provincial Penal de Nueva Cajamarca, en el distrito de nueva Cajamarca (Provincia de La Rioja), disposición que según la trabajadora afectada, no ha tenido en cuenta, que es madre trabajadora con hijo lactante, por prescripción médica, y que es una acción que afecta su dignidad18.

En el acta de infracción se dejó constancia que el inspector actuante realizó visita inspectiva al centro de trabajo de la inspeccionada, ubicado en Av. Grau N° 484/ Jr. 20 de abril N° 1598 Distrito de Moyobamba, siendo atendido por Jhan Alex Flores Tello, identificado con DNI

Asimismo, el inspector comisionado dejó constancia en el Acta de Infracción que el cargo de Asistente Administrativo de la trabajadora recurrente es calificado de bajo riesgo19. También se determinó que la trabajadora no se encuentra dentro del listado de grupo de riesgo para Covid-19 a las trabajadoras gestantes y mujeres en periodo de lactancia. Y que su menor hijo nació el 11 de diciembre del 2018, conforme al acta de nacimiento obrante en autos.

En el expediente obra también el Informe N° 040-2020-SSAV-MQ-DFSM, de fecha 2 de diciembre de 2020, emitido por la Dra. Mg. Sofía Alva Vásquez, Médico Ocupacional - Distrito Fiscal de San Martín20 quien indica que de la evaluación médica de los Certificados Médicos N° 1393116 de fecha 09/09/2020, y N° 1393116 de fecha12/10/2020 recaídos en el menor hijo de la trabajadora se determina lo siguiente:

Ahora bien, los documentos que dispusieron el desplazamiento de la trabajadora, fueron materia de apelación ante el Órgano competente Tribunal del Servicio Civil, quien tiene por función la resolución de controversias individuales que se susciten al interior del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, en las materias: acceso al servicio civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario y terminación de la relación de trabajo; siendo la última instancia administrativa.

Respecto de ello, cabe señalar que del análisis de las resoluciones emitidas por Tribunal del Servicio Civil en la Resolución N° 001923-2020-SERVIR/TSC-Segunda Sala dispuso “Declarar la NULIDAD del acto administrativo contenido en el Memorando N° 000194-2020-MP-FN- PJFS-SANMARTIN, del 8 de septiembre de 2020 y de la Resolución de Presidencia N° 000787-2020-MP-FN-PJFS-SAN MARTIN, del 25 de septiembre de 2020, ambas emitidas por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de San Martín del Ministerio Público; por vulnerar el deber de motivación de los actos administrativos”. Ordenó retrotraer el procedimiento al momento previo a la emisión del acto administrativo. También dejó constancia, en el considerando 28 de la citada resolución, que no niega la prerrogativa de la Entidad de disponer la rotación de la impugnante debiendo realizarse con arreglo a ley.

En merito a ello, es que la Entidad empleadora, emite el Memorando N° 000241-2020-MP- FN-PJFS SAN MARTIN, de fecha 16 de noviembre de 2020, el cual dispone el desplazamiento temporal de la señora DENY YULIANA SISNIEGAS CHUNG, por razones de necesidad de servicio, rotándola a la Primera Fiscalía Provincial Penal de Nueva Cajamarca. Este documento fue impugnado por la trabajadora, habiendo resuelto en última instancia el Tribunal de Servicio Civil mediante Resolución N° 001126-2021-SERVIR/TSC-Segunda Sala, declarando Infundado el recurso de apelación.

Por tanto, la resolución fue expedida por el órgano competente que resuelve en última instancia, las controversias individuales que se susciten al interior del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. En ella quedó establecido que no existe decisión arbitraria por parte del empleador, al ejercer el ius variandi con arreglo a una razón objetiva, como es la necesidad de servicio, desestimando que exista por parte de la empleadora una conducta arbitraria, según se reproduce a continuación:

Además, se de tener en cuenta que, de acuerdo con el principio de verdad material, que resulta aplicable a cualquier procedimiento administrativo, las autoridades públicas se encuentran obligadas en verificar, plenamente, los hechos que constituyen o motivan sus actos, lo cual resulta de especial relevancia dentro de la tramitación de los procedimientos

Asimismo, de acuerdo con el principio de licitud, que rige la potestad sancionadora administrativa, las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.

En consecuencia, sólo con la evidencia de comisión de hechos ilícitos, obtenidos a través de las actuaciones probatorias (principio de verdad material), la autoridad administrativa se encontrará habilitada a contradecir la presunción de legalidad impuesta por el ordenamiento (principio de licitud), para desplegar su facultad sancionadora.

En ese sentido ha quedado establecido que ,el desplazamiento de la trabajadora a la Primera Fiscalía Provincial Penal de Nueva Cajamarca, se realizó en el ejercicio pleno del ius variandi del empleador, porque ambas localidades se encuentra dentro del Distrito Fiscal de San Martín, jurisdicción a la que pertenece la trabajadora. Asimismo, ese traslado no era un impedimento que vulnerase su unidad familiar o pusiera en riesgo la atención a su menor hijo, ya que el lugar de desplazamiento se encuentra ubicado a una distancia que puede ser cubierta en el día, teniendo en cuenta, que en las tardes realiza trabajo remoto desde su domicilio.

Por tanto, se concluye que no se ha vulnerado la dignidad de la trabajadora ya que el traslado ordenado no se realizó con el ánimo de perjudicarle perjuicio a ella ni a su menor hijo. En consecuencia, la impugnante actuó de acuerdo a la normatividad vigente, no habiendo cometido actos de hostilidad contra la trabajadora DENY YULIANA SISNIEGAS CHUNG, por lo que corresponde amparar el recurso de revisión. . POR TANTO