Minera Tauro S.A.C — Res. 815-2025

Antecedentes

1 Se deja constancia de que dicha denominación figura en la Partida Electrónica N° 11308497 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, motivo por el cual será empleada en adelante en la presente resolución. Esta información puede ser vista en: https://conoce-aqui.sunarp.gob.pe/conoce-aqui/inicio. Por consiguiente, toda referencia obrante a nombre de "Minera Tauro S.A.C" se deberá entender que es dirigida a "Minera Tauro Sociedad Anónima Cerrada" 2 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Planillas o registros que la sustituyan (Sub Materia: Entrega de boletas de pago al trabajador y sus formalidades); Remuneraciones (Sub Materia: Pago de remuneraciones (Sueldos y salarios); Pago de bonificaciones); Seguridad Social (Sub Materia: Declaración y pago de la seguridad social: Sub Grupo: Declaración y pago de aportes en el régimen de seguridad social en pensiones). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft

una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por el incumplimiento de pago íntegro y oportuno de la remuneración, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 6,908.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por el incumplimiento de pago íntegro y oportuno de la bonificación, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 6,908.00.

- Una (01) infracción LEVE en materia de relaciones laborales, por el incumplimiento de entrega de boletas de pago, tipificada en el numeral 23.2 del artículo 23° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 1,144.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no dar cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 11,572.00.

i. Señala que no se ha valorado adecuadamente la verdadera naturaleza de sus actividades, indicando que la Autoridad Administrativa de Trabajo no puede obviar la crisis sanitaria que ha afectado al país durante casi dos años. En ese contexto, indica que existieron diversos factores que hicieron inviable mantener la figura de licencia con goce de haber, la cual está prevista para relaciones laborales que permiten una compensación posterior del trabajo o su convalidación mediante el teletrabajo. En ese sentido, se adjuntaron documentos que demostrarían la imposibilidad de continuar con el pago de las remuneraciones requeridas. ii. Por otra parte, el cargo de maestro perforista no puede ser compensado realizando horas extras de trabajo en sobretiempo, esto debido a que, a partir del año 2012 en adelante se encuentra vigente el acta de reunión extra proceso, dentro de la cual se

determina de común acuerdo entre el titular de la unidad minera, el sindicato de trabajadores mineros y metalúrgicos de empresas especializadas diversas y las empresas contratistas, incluido el sujeto inspeccionado, en la cual establece un sistema de trabajo de 9 horas y 21 minutos, incluyendo 45 minutos de refrigerio. iii. Asimismo, la empresa manifiesta haber actuado con diligencia frente al trabajador, a quien se le otorgó licencia con goce compensatorio durante ocho meses hasta octubre de 2020, periodo que resultaría materialmente imposible de compensar, lo que representó una pérdida para la empresa ascendente a S/. 12,664.65. Añade que, al haberse reincorporado a la empresa el 09 de mayo de 2022, el trabajador suscribió un acuerdo de compromiso de pago mediante el cual aceptó descuentos mensuales en su remuneración y la utilización de seis días por salida laboral, como forma de compensación. iv. En ese marco, la empresa sostiene que, si bien los Decretos de Urgencia N.º 026- 2020 y N.º 029-2020 autorizan el uso de la licencia con goce de haber en casos en que no sea posible el trabajo remoto, también establecen que esta licencia está sujeta a compensación posterior. Dado que en este caso no existe posibilidad material de compensación, considera que no corresponde mantener la aplicación de dicha figura. v. Finalmente, indica que la medida de requerimiento tenía como finalidad verificar el cumplimiento de normas sociolaborales y, en tanto se trata de hechos subsanables, la presentación de la documentación requerida debería dejar sin efecto la propuesta de multa. En esa línea, y en ejercicio de su derecho de defensa, presentó las boletas de pago del trabajador correspondientes a los meses de febrero a junio de 2021.

i. Con respecto a los argumentos por los cuales el administrado sostuvo que no se valoró adecuadamente la real naturaleza de sus actividades y que, debido a la crisis de salud que atravesó el país por casi dos años, existieron factores que imposibilitaron mantener la figura de licencia con goce de haberes. Así como que, dicha figura se aplica en relaciones laborales donde se pueda realizar compensación de trabajo posterior o convalidación por teletrabajo, lo cual no era posible en su caso. Asimismo, indicó que el cargo de maestro perforista no podía ser compensado con horas extras, dado que se encontraba vigente un acta de reunión extra proceso desde el 2012, que establecía un sistema de trabajo específico dentro de la unidad minera de MARSA. Frente a ello, es correcto lo manifestado por el apelante en cuanto a que el trabajador no podía realizar trabajo remoto, dada la naturaleza de sus labores. Sin embargo, conforme a lo establecido en el artículo 26º del Decreto

de Urgencia N° 029-2020, en su literal b), señala que el empleador debió llevar a cabo un acuerdo con el trabajador afectado o proceder a la compensación de horas, a pesar del acuerdo entre el sindicato y la empresa. En tal sentido, se manifiesta que no se acreditó que se haya suscrito una autorización de descuentos por parte del trabajador, ni se presentó documento alguno que evidencie dicho acuerdo. En consecuencia, lo alegado adolece de fundamentos. ii. Respecto al alegato por el cual, el administrado indica que fue diligente y responsable con el trabajador, otorgándole su remuneración mensual en forma de licencia con goce compensatorio por 08 meses hasta octubre de 2020, la cual — según indicó— le sería físicamente imposible de compensar. Añadió que, al haber retornado el trabajador a sus labores el 09 de mayo de 2022, firmó con la empresa un acuerdo de compromiso de pago, mediante el cual se autorizaba descuentos mensuales y el uso de 06 días en cada salida como forma de compensación. Sobre ello, la entidad administrativa señala que no resulta correcto lo alegado por el apelante, ya que no obra en el expediente inspectivo ni sancionador documento alguno que acredite la autorización del ex trabajador para el descuento de las remuneraciones. Además, el equipo inspectivo dejó constancia en el numeral 5.1.2 del Acta de Infracción de la falta de dicho sustento documental, motivo por el cual lo afirmado por el impugnante carece de fundamento. iii. Con relación al alegato referido a los Decreto de Urgencia Nº 026-2020 y Nº 029- 2020 que habilitan el pago de licencia con goce de haber a trabajadores cuyas labores no pueden realizarse mediante trabajo remoto, pero que, en su parte in fine, dichas normas establecen que esa figura está sujeta a compensación posterior, lo cual — según afirma— no podría configurarse en la presente relación laboral, por tratarse de una situación de imposibilidad de compensar. Corresponde indicar que, si bien las normas mencionadas habilitan la posibilidad de realizar el pago de licencia con goce de haber en los casos señalados, el administrado no ha acreditado que exista algún acuerdo con el trabajador afectado para el descuento de las remuneraciones. Por tanto, no logra desvirtuar su inconducta, debiendo desestimarse este extremo. iv. Por otra parte, en atención al Decreto Supremo Nº 001-98-TR, el empleador está obligado a entregar las boletas de pago al trabajador a más tardar el tercer día hábil siguiente al pago, conservar sus duplicados por cinco años y exhibirlos ante la autoridad competente. La constancia de pago debe estar debidamente acreditada, ya sea mediante firma del trabajador, constancia de depósito, o tecnologías de la información. En el caso concreto, se dejó constancia en el Acta de Infracción que el sujeto inspeccionado no cumplió con el pago de las remuneraciones ni con la entrega de boletas al trabajador por los meses de febrero a junio de 2021. Por ello, la entidad concluye que la infracción no ha sido desvirtuada, confirmando lo señalado en el Acta de Infracción y la resolución de primera instancia, motivo por el cual se desestima este extremo de la apelación. v. Asimismo, con relación a la medida inspectiva de requerimiento, se indica que es una medida correctiva destinada a garantizar el cumplimiento de la normativa sociolaboral, conforme al artículo 14º de la LGIT y los artículos 17º y 20º del RLGIT. El incumplimiento de dicha medida constituye una infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46º del RLGIT y su naturaleza es insubsanable, pues no basta con subsanar luego del plazo otorgado, ya que ello afecta la eficacia de la función inspectiva. vi. Ahora, respecto al alegato referido sobre haber presentado las boletas de haberes del trabajador correspondiente al periodo de febrero a junio de 2021, se habría cumplido con la medida de requerimiento. Sin embargo, la entidad precisa que las boletas presentadas no cuentan con la firma del trabajador afectado, por lo que no se acredita su entrega ni el cumplimiento del requerimiento. En consecuencia, lo

alegado carece de sustento, no se ha vulnerado el debido procedimiento y se confirma que la empresa incurrió en una infracción muy grave. vii. Por otra parte, en cuanto a la multa inspectiva, tras verificarse la constatación de las faltas administrativas por parte del sujeto inspeccionado, corresponde aplicar la tabla establecida por Decreto Supremo Nº 008-2020-TR, como bien se determinó en primera instancia. viii. Asimismo, conforme al artículo 38º de la LGIT y el artículo 47º del RLGIT, las sanciones se gradúan considerando la gravedad de la falta, el tipo de empresa y el número de trabajadores afectados, así como los criterios especiales establecidos, respetando los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Por lo que, en el presente caso, la sanción impuesta cumple con lo establecido en la normativa vigente, correspondiendo confirmar la multa determinada por la Autoridad de primera instancia.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.

Del Recurso De Revisión

4 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye la última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). 5 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. 6 Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye la última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.

término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

8 De conformidad con lo preceptuado en el artículo 14° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR. 9 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE MINERA TAURO S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 04 de julio de 2023, MINERA TAURO S.A.C., fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 193-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, señalando los siguientes alegatos:

i. La resolución impugnada adolece de una falta de motivación interna en el razonamiento. ii. Se alega una incorrecta interpretación de la normativa aplicable, al Decreto de Urgencia Nº 026-2020 y Nº 029-2020, esto debido a la documentación presentada. iii. Por otra parte, sostiene que la resolución omite una adecuada valoración de los medios probatorios ofrecidos durante el procedimiento, en especial el acuerdo de compromiso de pago de fecha 09 de mayo de 2022, lo que, afecta la debida motivación y configura un vicio que ameritaría la nulidad del acto. iv. En relación al incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, manifiestan que cumplieron con presentar las boletas de pago exigidas, por lo que no se habría configurado afectación alguna. Añade que, conforme a lo establecido en la Resolución N° 644-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, dicha infracción es de carácter instantáneo, y que la entidad demostró su voluntad de colaboración durante el proceso. v. Señalan una presunta vulneración de los principios de imparcialidad y objetividad consagrados en la Ley General de Inspección del Trabajo, así como del debido procedimiento administrativo, vi. Finalmente, se afirma que la actuación inspectiva cuestionada habría excedido los límites de las atribuciones conferidas por ley, atentando contra los principios que rigen el ejercicio legítimo de la función inspectiva.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la naturaleza y finalidad del recurso de revisión

En ese marco, la LGIT, como norma especial aplicable, contempla dicha facultad en su artículo 49°:

“Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”. (Énfasis añadido).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo N° 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o

interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal. 6.18. Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones. 6.19. Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo este órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación. (…)”.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”. (Énfasis añadido).

“(…) 2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”. (Énfasis añadido).

del presente expediente. Los requisitos son los siguientes: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Sobre la medida inspectiva de requerimiento

“6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia”. (Énfasis añadido).

Así como a la luz de los alcances establecidos en la Resolución de Sala Plena N° 009-2023- SUNAFIL/TFL.

sujeto inspeccionado10, cumpla con realizar las siguientes obligaciones en un plazo máximo de tres (03) días hábiles:

Figura N° 01:

10 Esto al momento de las actuaciones inspectivas realizadas.

importancia, la verificación de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral. Tal supuesto se ha configurado en el presente caso, toda vez que, durante la fase inspectiva, se llevó a cabo una actuación probatoria adecuada, orientada a que la Administración Pública acredite fundadamente la existencia de la infracción imputada.

11 Remitida a través de la Hoja de Ruta Nº 76497-2021.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones laborales No cumplir con el pago íntegro y oportuno de la remuneración. Numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT GRAVE Relaciones laborales No cumplir con el pago íntegro y oportuno de la bonificación. Numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT GRAVE Relaciones laborales No cumplir con la entrega las boletas de pago. Numeral 23.2 del artículo 23° del RLGIT LEVE Labor inspectiva No dar cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento Numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por MINERA TAURO S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 193-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, de fecha 09 de junio de 2023, emitida por la Intendencia Regional de L a Libertad, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 745-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 193-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, de fecha 09 de junio de 2023, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT .

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en la materia de su competencia.

CUARTO. – Notificar la presente resolución a MINERA TAURO S.A.C., y a la Intendencia Regional de L a Libertad, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250709MABJ – HR: 76497-2021