Minera Santa Lucia G S.A.C — Res. 400-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Remuneraciones (Gratificaciones, Pago de Bonificaciones); Compensación por Tiempo de Servicios (Depósito CTS); Jornada, Horario de Trabajo y descansos remunerados (Vacaciones); Participación en las Utilidades (Pago); Contratos de Trabajo; Planillas o registros que la sustituyan (Entrega de boletas de pago al trabajador y sus formalidades); Remuneraciones (Pago de la Remuneración (Sueldos y Salarios)), incluye todas. 20555195444 soft 20555195444 soft

artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por negarse a proporcionar al inspector comisionado la información solicitada mediante requerimiento de información de fecha 07 de enero de 2021, bajo apercibimiento, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

i. Si bien es cierto el criterio normativo sobre tipificación de las infracciones referidas a la presentación de documentos en atención a la colaboración del inspeccionado con la labor inspectiva, señala que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones relacionadas a la presentación de la documentación requerida por los inspectores en el marco de una actuación inspectiva constituye infracción muy grave a la labor inspectiva, se debe tener presente, que en el caso concreto estamos ante un supuesto incumplimiento vinculado con la no presentación de un documento que acredite el pago de los beneficios sociales, hecho que está actualmente judicializado.

i. Este Despacho debe recalcar que, el inspector comisionado no continuó con el procedimiento inspectivo, después de tomar conocimiento del proceso judicial, sin embargo, la infracción imputada fue en base al requerimiento de información de fecha 07 de enero de 2021; por lo que, el proceso se ha desarrollado respetando el debido procedimiento y los dispositivos legales vigentes.

ii. Debe tenerse en cuenta que la infracción imputada es el resultado de la conducta omisiva del sujeto inspeccionado verificada durante el procedimiento inspectivo el cual se ha desarrollado conforme a ley, es más el monto de la multa impuesta por la autoridad de primera instancia se ha determinado con estricta observancia al Principio de Razonabilidad y Proporcionalidad.

2 Notificada a la impugnante el 08 de noviembre de 2021.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal

Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE MINERA SANTA LUCIA G S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 29 de noviembre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 086-2021-SUNAFIL/IRE-ANC, señalando lo siguiente:

i. Se ha omitido valorar el hecho que, la totalidad de los extremos del requerimiento cuyo incumplimiento se sanciona (el sujeto inspeccionado se negó a proporcionar al inspector comisionado la información solicitada mediante requerimiento de información de fecha 07 de enero de 2021, bajo apercibimiento) fue posteriormente dejado sin efecto al haberse tomado conocimiento que el caso se encontraba judicializado, hecho que dota de razonabilidad al hecho de no haber atendido el requerimiento.

ii. De la revisión de los actuados se ha evidenciado que el inspector comisionado no ha realizado un correcto análisis de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII. La cual precisa claramente que, ante el conocimiento por parte de los inspectores de un proceso judicial en trámite sobre los mismos hechos, sujetos y fundamentos, estos tienen que disponer el archivo o cierre de la orden de inspección correspondiente. La directiva no señala que se mantendrán las multas por incumplimiento a los requerimientos de información. La directiva es clara al señalar que se debe proceder con el archivo o cierre de la orden de inspección. Si se hubiera respetado lo dispuesto por la Directiva,

el procedimiento sancionador no tendría razón de seguir su curso, más aún vinculada con pagos de beneficios, materia que está judicializada.

iii. La resolución impugnada carece de motivación. Se advierte que desde el considerando 9 hasta el 21, sólo se han detallado todas las normas vinculadas con la labor inspectiva, encontrándonos ante una motivación aparente. Asimismo, no se han pronunciado sobre lo expuesto en el recurso de apelación, incurriéndose en un supuesto de motivación existente. Por su parte, el artículo 44 inciso a) de la LGIT establece como uno de los principios del procedimiento sancionador la Observancia al Debido Proceso, “por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes el procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión motivada por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho”.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el deber de colaboración a la labor inspectiva

Sobre la infracción a la labor inspectiva

9 LGIT, artículo 1. 10 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.” 11LGIT, aprobada por Ley N° 28806, numeral 3.1 del artículo 5: En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y, en particular, para requerir información, solo o ante testigos, al sujeto inspeccionado o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, así como a exigir la identificación, o razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado. 12LGIT, aprobada por Ley N° 28806, artículo 11: “Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público”. (El énfasis es añadido).

entendido, no ha operado la negativa a cumplir con la presentación de la documentación requerida.

13 LGIT, artículo 1. 14TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

“En cumplimiento de las órdenes de inspección recibidas, los inspectores o equipos designados iniciarán las actuaciones de investigación mediante alguna de las siguientes modalidades: (…) d) Requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica: la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), como autoridad central del Sistema de Inspección del Trabajo, regula mediante resolución de superintendencia los mecanismos de implementación correspondientes”.

i. Con fecha 07 de enero de 2021 se emitió “Requerimiento de Información por medio de Sistemas de Comunicación Electrónica”16, con la finalidad de que la impugnante en el plazo de tres (3) días hábiles cumpla con presentar entre otros la siguiente documentación: 3) T-Registro, Constancia de Alta y Baja; 4) Acreditar la declaración y pago de aportes en el régimen de seguridad social en salud y pensiones; 5) Acreditar el pago de los beneficios sociales (Gratificaciones, Vacaciones y CTS); 6) Acreditar la entrega del certificado de trabajo; 7) Acreditar el pago de las Utilidades; 8) Acreditar la entrega de las boletas de pago al trabajador y sus formalidades; 9) Acreditar el pago de las remuneraciones; 10) Acreditar el pago de las bonificaciones.

ii. Conforme al numeral 1.5 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, se verifica que el inspector comisionado realizó la comprobación de datos respecto a la información solicitada al sujeto inspeccionado a través de la Casilla Electrónica, dejándose constancia que no remitió información alguna. Asimismo, en dicho requerimiento se emitió apercibimiento de multa por infracción a la labor inspectiva, afectándose a los siguientes trabajadores: Andrade Nazario Adrián Aldo, Andrade Nazario Álvaro Anderson, Carrasco Viza Segundo Reynaldo y Yanac Torres Izaquiel Eriber.

15 LGIT, “Artículo 9.- Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores- Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (…) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”. 16 Véase folio 20 del expediente inspectivo.

inspectores de trabajo el acceso a información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones, la misma que puede ser ejecutada por el inspeccionado o por sus representantes.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no

se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos” (fundamento 69) (énfasis añadido).

Información Adicional

Finalmente, es pertinente indicar a modo de información que la multa subsistente en el presente procedimiento administrativo sancionador sería la siguiente:

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación Multa impuesta

Labor Inspectiva Negarse a proporcionar al inspector comisionado la información solicitada mediante requerimiento de información de fecha 07 de enero de 2021, bajo apercibimiento. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR

MUY GRAVE

S/ 11,572.00

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por MINERA SANTA LUCIA G S.A.C., contra la Resolución de Intendencia N° 086-2021-SUNAFIL/IRE-ANC, de fecha 05 de noviembre de 2021, emitida por la Intendencia Regional de Ancash, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 051-2021-SUNAFIL/IRE-ANC, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 086-2021-SUNAFIL/IRE-ANC en todos sus extremos. TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO.- Notificar la presente resolución a MINERA SANTA LUCIA G S.A.C., y a la Intendencia Regional de Ancash, para sus efectos y fines pertinentes. TERCERO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Ancash. CUARTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente