Minera IRL S.A — Res. 632-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Participación en las utilidades (Pago). 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la falta de colaboración de parte del sujeto inspeccionado al no presentar la información solicitada, en requerimiento de información de fecha 13 de julio de 2021, en perjuicio de 258 trabajadores, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 80,916.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la falta de colaboración de parte del sujeto inspeccionado al no presentar la información solicitada, en requerimiento de información de fecha 03 de agosto de 2021, en perjuicio de 258 trabajadores, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 80,916.00.

i. Que, no tuvo conocimiento oportuno de los requerimientos de información, puesto que no fue debidamente notificada de manera oportuna con ninguno de los dos requerimientos de información, los cuales si bien fueron consignados en la casilla electrónica, no fueron acompañados de ningún aviso o mensaje de atención con el cual la empresa hubiera podido tener un debido y oportuno conocimiento de los mismos. ii. No se ha tomado en cuenta lo señalado en el artículo 6 del Decreto Supremo N° 003- 2020-TR respecto de la obligación de la SUNAFIL de comunicar a los usuarios cada vez que se realice una notificación en la casilla electrónica, por lo que la autoridad administrativa caería en incoherencia con este principio al desconocer u omitir una conducta, conforme lo señalan las resoluciones del Tribunal de Fiscalización Laboral Nros 548-2020-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, 548-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala y 552- 2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala. iii. Que, no ha incumplido en lo absoluto con el deber de colaboración, de modo que pueda ser pasible de alguna sanción administrativa, al no haber tenido conocimiento de los requerimientos de información solicitados en la inspección. iv. Se ha inaplicado indebidamente el artículo 46.3 del reglamento de la LGIT, existiendo un supuesto de doble imputación de infracción por un mismo hecho, así como la ausencia de perjuicio o daño a los trabajadores.

i. El artículo 9 de la LGIT establece el deber de colaboración con los supervisores inspectores, los inspectores de trabajo e inspectores auxiliares como la obligación de los empleadores, los trabajadores y los representantes, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, traducida en los deberes de atención debida, prestación de facilidades para el cumplimiento de la labor inspectiva y facilitación de información y documentación necesaria para el desarrollo de las funciones; norma concordante con el artículo 15 del RLGIT. ii. De igual modo, el numeral 1 del artículo 2 de la LGIT establece como uno de los principios ordenadores del sistema de inspección del trabajo al principio de legalidad, conforme al cual los actos de los inspectores y funcionarios del sistema de inspección del trabajo necesitan ajustarse a la Constitución Política del Estado, las leyes, los reglamentos y demás normas vigentes. iii. Mediante Decreto Legislativo N° 1452, publicado el 16 de septiembre de 2018 en el diario oficial El Peruano, se modificó el inciso 20.4 del artículo 20 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, reconociéndose la factibilidad de que las comunicaciones sean cursadas de manera electrónica, estableciéndose en sus cuatro primeros párrafos los alcances de la notificación por correo electrónico, y en los párrafos siguientes, la posibilidad de que se notifiquen las actuaciones de un sistema de casillas electrónicas, el cual debía de ser aprobado por el sistema de notificación electrónico de cada entidad, pudiéndose establecer mediante una norma de rango preestablecido (Decreto Supremo) la obligatoriedad de su uso. iv. Así, mediante Decreto Supremo N° 003-2020-TR, publicado el 14 de enero de 2020 en el diario oficial El Peruano, se aprobó la obligatoriedad del uso de la casilla electrónica para efectos de notificación de los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL, señalándose en su artículo 7 que todo documento emitido en el marco de las funciones y competencias de la SUNAFIL que correspondan ser informadas al administrado, tales como medidas inspectivas de requerimiento, informes de actuaciones inspectivas, informe de actuaciones inspectivas, las resoluciones emitidos dentro del marco del procedimiento administrativo sancionador, entre otros. v. Así, el artículo 8 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, establece dentro de las obligaciones de los usuarios de la casilla electrónica, el revisar periódicamente la casilla electrónica asignada a efectos de tomar conocimiento de los documentos /o actos administrativos que se le notifiquen, así como el mantener operativo el correo y/o servicio de mensajería; reconociéndose que la notificación se entendería como válidamente efectuada con el depósito del documento en la casilla electrónica

2 Notificada a la impugnante el 30 de mayo de 2022, véase folio 47 del expediente sancionador.

asignada al usuario (numeral 11 del artículo 11 del citado Decreto Supremo), en concordancia con lo señalado por el TUO de la LPAG. vi. Bajo esos alcances, los requerimientos de información fueron válidamente notificados en la casilla electrónica, conforme se desprende de los actuados del expediente de la orden de inspección, evidenciándose que a la fecha de notificación de los mismos, ya se encontraba implementada la casilla electrónica para surtir sus efectos legales, y que no correspondía acudir a otro medio de notificación, bajo lo dispuesto por el criterio técnico legal adoptado por el Comité de criterio en materia legal, aplicable al sistema de inspección del trabajo de la SUNAFIL, mediante Resolución de Superintendencia N° 149-2021-SUNAFIL, que establece que procederá la notificación por otro medio dispuesto en el artículo 20 del TUO de la LPAG ante la imposibilidad de la utilización de la casilla electrónica, hecho que no ha sucedido en el caso de autos. vii. Respecto de las resoluciones emitidas por el Tribunal de Fiscalización Laboral referidas, refiere que éstas no están constituidas como precedentes de observancia obligatoria, observándose incluso un voto discordante con ello. viii. Consta en los actuados de la orden de inspección las constancias de las notificaciones emitidas por casilla electrónica, verificándose en el sistema que los requerimientos fueron depositados en la casilla electrónica de la inspeccionada; debiéndose señalar que las infracciones a la labor inspectiva que se le imputan son de carácter insubsanable e impostergable, según se aprecia del numeral 3 de la Resolución Directoral N° 29-2009-MTPE/2/11.4, pues sus efectos no pueden ser revertidos en el tiempo. ix. Respecto de la invocación al principio del non bis in ídem, dado que los requerimientos corresponden a hechos distintos y disímiles, no hubo una transgresión a tal principio, sin que haya existido una doble sanción por un mismo hecho.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE MINERA IRL S.A.

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 16 de junio de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 115-2022-SUNAFIL/IRE-LIM en términos similares al recurso de apelación, señalando los siguientes alegatos:

i. Se vulnera el principio de non bis in ídem, aplicándose indebidamente el artículo 46.3 del RLGIT, toda vez que en el caso de autos no procede la imposición de multa por esta supuesta infracción muy grave a la labor inspectiva. Específicamente el numeral 11 del artículo 248 del TUO de la LPAG, referido a los principios de la potestad sancionadora, señala de manera explícita que “no se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento”. ii. Los fundamentos de la resolución impugnada no son consecuentes al considerar ambas infracciones como distintas y no analizar el contenido de ambas, no brindando un completo análisis de los hechos observados. En efecto, las dos infracciones versan sobre el mismo hecho: falta de colaboración del sujeto inspeccionado al no presentar la información solicitada, concurriendo la triple identidad y vulnerándose el principio del non bis in ídem. iii. Reitera el alegato de que la empresa no tuvo conocimiento oportuno de los requerimientos de información, ni fue debidamente notificada, de manera oportuna, con ninguno de los dos requerimientos pues no fueron acompañados de ningún aviso y o mensaje de atención con el cual la empresa hubiese podido tener un debido y oportuno conocimiento de los mismos, toda vez que no se tomó en cuenta lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, el cual reconoce que es una obligación de la SUNAFIL el comunicar a los usuarios cada vez que se realice una notificación en la casilla electrónica; esta posición es recogida en las Resoluciones Nros 547-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, 548-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala y 552-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala. iv. Así, los requerimientos de información de fecha 13 de julio y 03 de agosto de 2021 no fueron respondidos no por una negativa a colaborar con la labor inspectiva que haya impedido o frustrado la función de inspector, sino más bien por una falta de conocimiento de las mismas por parte de la empresa. En consecuencia, no se ha configurado las infracciones que contempla el RGLIT en su numeral 46.3 del artículo 46, toda vez que no se ha producido el incumplimiento con el deber de colaboración, en tanto la empresa no tuvo conocimiento de los requerimientos.

v. De igual modo, en el caso de autos existe ausencia de perjuicio o daño a los trabajadores de la empresa en el procedimiento inspectivo, en tanto no hay una infracción a la normativa sociolaboral, es decir, no hay trabajadores afectados. Esto a la luz de los alcances de la LGIT, que establece que para la graduación de las sanciones se debe de atender a la gravedad de la falta y al número de trabajadores afectados. Bajo esa misma línea, el inciso 1 del artículo 47 del RLGIT establece que la determinación de la sanción debe respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Bajo ese contexto, no existirían trabajadores afectados sobre los cuales se consideraría la determinación de la multa impuesta. vi. Cita los alcances de la Resolución N° 906-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, respecto del cual se establece que un segundo requerimiento impuesto de manera sucesiva representa un exceso punitivo por parte de la SUNAFIL; cuestionándose que los inspectores no hayan acudido a otros medios de notificación frente a un supuesto en el cual no se evidencia una atención de un requerimiento remitido vía casilla electrónica.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el deber de colaboración a la labor inspectiva 6.1 Sobre el particular, el TUO de la LPAG establece que “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental”9 (énfasis añadido).

9 TUO de la LPAG, Título Preliminar, Artículo IV, Numeral 1.8.

comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”. En ese entendido, el comportamiento del inspector comisionado debe orientarse al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su Reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad10.

10 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

“13. En ese sentido, reconociendo la discrepancia existente (la que habría de resolverse en cuanto haya más Salas del TFL implementadas), la Primera Sala mínimamente ha consensuado un supuesto de responsabilidad administrativa: si, luego de la consulta con la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OGTIC) de la SUNAFIL, se identifica que la fecha de ingreso del usuario de la casilla electrónica (entiéndase, el administrado) es previa o simultánea al requerimiento de información que fue objeto del procedimiento sancionador y el usuario no cumplió con registrar sus datos de contacto respectivos (a través de los cuales se depositarían las alertas complementarias a la notificación por vía de la casilla electrónica).

14. En tal supuesto, resulta procedente la sanción por incumplimiento del requerimiento o de los requerimientos de información que se hubieren depositado en la casilla electrónica. De esta forma, es factible la sanción encausada por el inciso 46.3 del artículo 46 del RLGIT contra el administrado que, por omisión culposa, deja de registrar el contacto respectivo en la casilla electrónica, impidiendo de esa forma la comunicación a la que se refiere el segundo párrafo del artículo 6 del Decreto Supremo Nº 003-2020-TR.”

Figura 01:

- A folio 02 del expediente inspectivo, se aprecia el documento denominado “Requerimiento de Información para las actuaciones inspectivas de investigación”, de fecha 13 de julio de 2021; y, a folios 04 la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, notificada en la Casilla Electrónica de la impugnante el mismo 13 de julio, con lo cual se deja constancia del depósito del referido documento, conforme se puede apreciar a continuación:

Figura 02:

- Así también, se aprecia a folio 07, el documento denominado “Requerimiento de Información para las actuaciones inspectivas de investigación”, de fecha 03 de agosto de 2021; y a folios 09, la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, notificada en la Casilla Electrónica de la impugnante, con lo cual se deja constancia del depósito del referido documento, conforme se puede apreciar a continuación:

Figura 03:

Sobre la aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad 6.13 Con relación a lo alegado por la impugnante en torno a la presunta vulneración de dichos principios por considerar que no existen trabajadores afectados, corresponde señalar que conforme se detalla en la Orden de Inspección N° 1306-2021-SUNAFIL/IRE- LIM adjunta a folios 01 de expediente inspectivo, la materia a inspeccionar era la participación de los trabajadores en las utilidades.

cometida. b) Número de trabajadores afectados. c) Tipo de empresa. El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación” (énfasis añadido).

Sobre la aplicación del principio de non bis in ídem 6.18 Sobre el particular, el Tribunal Constitucional Peruano ha establecido en distintas resoluciones12 el contenido del principio, señalando en la resolución recaída en el expediente N° 02704-2012-PHC/TC, fundamento 3.3 que: “el non bis in ídem es un principio que informa la potestad sancionadora del Estado, el cual impide –en su formulación material- que una persona sea sancionada o castigada dos (o más veces) por una misma infracción cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento”.

11 Ahora artículo 248 del TUO de la LPAG. 12 Ver Sentencia del Tribunal Constitucional del 16 de abril de 2003, recaída en el Expediente N° 2050-2002-AA/TC, así como la Sentencia del Tribunal Constitucional del 24 de mayo de 2013, recaída en el Expediente N° 02704-2012- PHC/TC.

“La propia norma nos expresa que para la exclusión de la segunda pretensión punitiva del Estado (plasmada en un procedimiento o sanción concurrente o sucesiva) tiene que acreditarse que entre ella y la primera deba apreciarse una triple identidad de “sujeto, hecho y fundamento”, dado que, si no apareciera alguno de estos elementos comunes, si sería posible jurídicamente la acumulación de acciones persecutorias en contra del administrado. Por ello, en todos los casos, los presupuestos de operatividad para la exclusión de la segunda pretensión sancionadora son tres:

- La identidad subjetiva o de persona (eadem personae) consistente en que ambas pretensiones punitivas sean ejercidas contra el mismo administrado, independientemente de cómo cada una de ellas valore su grado de participación o forma de culpabilidad imputable. No se refiere a la identidad del agraviado o sujeto pasivo (…)

- La identidad de hecho u objetiva (eadem rea) consiste en que el hecho o conducta incurridas por el administrado deba ser la misma en ambas pretensiones punitivas, sin importar la calificación jurídica que las normas les asignen o el presupuesto de hecho que las normas contengan. No es relevante el nomen juris o como el legislador haya denominado a la infracción o título de imputación que se les denomine, sino la perspectiva fáctica de los hechos u omisiones realizados.

- Finalmente, la identidad causal o de fundamento (eadem causa petendi) consiste en la identidad en ambas incriminaciones, esto es, que exista superposición exacta entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras, de suerte tal que si los bienes jurídicos que se persiguen resultan ser heterogéneos existirá diversidad de fundamento, mientras que, si son iguales, no procederá la doble punición (…)”13 (énfasis añadido).

13 MORÓN URBINA, J.C. (2015). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica, p. 790. 14 Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 08 de agosto de 2021.

“(…) Por consiguiente, en tanto que el ordenamiento jurídico no disponga cosa distinta, los actos o hechos que impiden o dificulten la labor inspectiva y que se consignan en el acta de infracción, constituyen infracciones que no tienen una naturaleza secundaria, adjunta ni dependiente, respecto de posibles infracciones ocurridas y detectadas en la visita inspectiva referentes a aspectos sustantivos objeto de control por la inspección del trabajo. (…)” (énfasis añadido).

Sobre la solicitud de informe oral 6.26 Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG reconoce a los administrados el goce de los derechos y garantías del debido procedimiento administrativo, que comprende de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

“No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe”.

“28. Por tanto, si bien los administrados pueden solicitar una audiencia ante las Salas del Tribunal de Fiscalización Laboral, dicho elemento no es indispensable ni

necesario para la ejecución de las competencias que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la instancia de revisión.

29. Así, tomando en cuenta casos anteriores tales como los analizados en las Resoluciones N° 002-2021, 019-2021, 126-2021, 210-2021 y 401-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, este Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos.”

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Labor inspectiva No presentar la información solicitada, en requerimiento de información de fecha 13 de julio de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE Labor inspectiva No presentar la información solicitada, en requerimiento de información de fecha 03 de agosto de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por MINERA IRL S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 115-2022-SUNAFIL/IRE-LIM, emitida por la Intendencia Regional de Lima, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en

el expediente sancionador N° 562-2021-SUNAFIL/IRE-LIM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO.- CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 115-2022-SUNAFIL/IRE-LIM, en todos sus extremos. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa CUARTO. - Notificar la presente resolución a MINERA IRL S.A., y a la Intendencia Regional de Lima, para sus efectos y fines pertinentes. QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20230705RAN