Minera Chinalco Perú S.A — Res. 1087-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Jornada, Horario de Trabajo y Descansos Remunerados (Sub materia: Vacaciones y, Jornada y horario de trabajo) y, Remuneraciones (Sub materia; Pago de la Remuneración (Sueldos y salarios). soft 20555195444 soft CABALLERO SEGA Katty Angelica FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con las disposiciones relacionadas con la jornada de trabajo, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no acreditar cumplir oportunamente con el requerimiento de fecha 14 de octubre de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00. 1.6 Con fecha 25 de noviembre de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 304-2021-SUNAFIL/IRE-JUN/SIRE, argumentando lo siguiente:

i. Se ha vulnerado el derecho a una debida motivación y el derecho de defensa, en razón que no se da cuenta de las razones mínimas que desvirtúen lo señalado con relación a que la jornada de trabajo atípica extendida de 28x28 calificada como un supuesto de excepción previsto en el artículo 3 del Convenio 1 de la OIT. ii. Se califica como un supuesto de motivación aparente, en tanto no sólo no ha desarrollado debidamente por qué es que la pandemia causada por la Covid-19 no

califica como un caso de fuerza mayor, pues sólo se ha referido a la publicación del Decreto de Urgencia N° 029-2020, sino que, además, tampoco ha señalado por qué es que no acoge y se aparta del criterio adoptado por el Tribunal con relación a la pandemia como un caso de fuerza mayor. iii. Conforme al artículo 9 del Reglamento del TUO de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo y el artículo 3 del Convenio 1 de la OIT, la inspectora debió considerar los días de descanso del periodo completo correspondiente. iv. Afirma un vicio de motivación aparente en el fundamento 28 de la apelada, debido a que pese a reconocerse la omisión por parte de la Autoridad Instructora en el Informe Final de Instrucción de falta de valoración de parte de los descargos, no ha desarrollado razones mínimas que permitan justificar debidamente por qué es que en la resolución de Sub Intendencia se convalida dicha omisión, y nuevamente se omite pronunciamiento alguno sobre los argumentos expuestos y medios probatorios adjuntos. v. La jornada de trabajo extendida de 28x28 tiene sustento en las recomendaciones emitidas no solo por el médico ocupacional de la empresa, sino también por un médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales, quienes señalan que se disminuye la probabilidad de que ingrese la Covid-19 dentro del centro de trabajo. vi. No se ha respondido a lo alegado por la empresa con relación a que no se ha acreditado debidamente que el trabajador involucrado laboró durante una jornada nocturna. vii. Se ha vulnerado el principio de non bis in ídem, dado que, si bien la apelada, señala que no existiría identidad de hecho, en tanto los meses de agosto y setiembre de 2020 en los que se aplicó la jornada de trabajo extendida al trabajador involucrado no constituyen hechos verificados en la Orden de Inspección N° 694-2020-SUNAFIL/IRE- JUN, ello carece de sustento alguno. La identidad de hechos en ambos procedimientos se configura una vez que se identifica que el supuesto de hecho previsto bajo la infracción imputada es el mismo. viii. Se ha emitido indebidamente una medida de requerimiento y se ha sancionado su incumplimiento, pese a que las infracciones imputadas se han calificado como insubsanables, vulnerándose además el principio de presunción de inocencia. ix. La Resolución de Sub Intendencia debe ser revocada, en razón que la empresa no ha incurrido en la infracción imputada, lo dicho se sustenta en que la inspectora auxiliar se equivoca en el cálculo de las horas laboradas. x. Del análisis de la jornada 28x28, el ciclo de días de trabajo y de descanso comprende 8 semanas, un ciclo extraordinario que ha sido pactado con la finalidad de garantizar no solo el número significativo de días de descanso, sino, principalmente, la mitigación del riesgo de contagio de Covid-19. El promedio semanal en este caso es de 39.37 horas, un número inferior al límite máximo de 48 horas semanales. Igualmente, el número de horas promedio trabajadas diariamente es de 5.62 horas, un número inferior a las 8 horas diarias máximas permitidas.

xi. El Tribunal de Fiscalización Laboral ha reconocido la validez de una jornada de trabajo atípica como la aplicada, en la Resolución N° 022-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala. xii. La jornada atípica aplicada tenía como finalidad proteger la vida y salud de los trabajadores y sus familias, evitando los periodos o espacios de contagio por Covid-19; tal es así que actualmente ya no mantienen una jornada de trabajo acumulativa de 28x28. xiii. La empresa cuenta con un “Plan de fatiga y somnolencia para estancias prolongadas en la unidad minera por Covid-19”, del cual se evidencian diversas medidas de protección y control para la protección de los trabajadores.

i. Respecto al principio non bis in ídem, se advierte que, existe identidad de sujetos y de fundamento; sin embargo, respecto a la identidad de hechos, que aparentemente parecen ser los mismos, existe una vital diferencia que impide la aplicación del citado principio, pues este supone que el hecho o conducta incurridas por el administrado deban ser exactamente las mismas en ambas pretensiones punitivas. No obstante, si bien existe una superposición de tiempos, en el mes de julio de 2020, en la orden materia de estudio, se incluye agosto y setiembre de 2020, es más, en el Acta de Infracción que origina el presente procedimiento sancionador, incluso señala que el hecho sancionado se circunscribe al periodo comprendido entre el 17 de julio de 2020 al 10 de setiembre de 2020. Añadido a ello, se aprecia que el hecho sancionado se circunscribe a la esfera del derecho del trabajador Hugo Eddy Miranda Basurto y la Orden de Inspección N° 694-2020, el hecho infractor se circunscribe a 454 diferentes trabajadores. Por lo que, se concluye que no se configura la identidad de hechos, dado que se ejecutó en diferentes tiempos y diferentes personas. ii. El sujeto inspeccionado instauró jornadas atípicas en el año 2020 de 28x28, vale decir 28 días de trabajo por 28 días de descanso, por lo cual el inspector comisionado, deja constancia que, según el registro de asistencia del mes de agosto de 2020 del trabajador afectado, proporcionado por el sujeto inspeccionado, cuenta con un tiempo laborado en promedio de 11:15 horas diarias; por lo que, conforme al marco normativo, la Constitución y el Convenio N° de la OIT, se entiende que es posible realizar jornadas atípicas, siempre y cuando se realice el test de protección; en caso contrario, el promedio de horas trabajadas no puede superar el límite de las ocho horas diarias o cuarenta ocho semanales. iii. Sin embargo, el inspeccionado alega que al encontrarse en medio de una situación de emergencia sanitaria a causa del Covid-19, es de aplicación el Decreto de Urgencia N° 029-2020, del cual se aprecia que, si bien existe el permiso para la modificación de turnos y horarios, en ningún extremo, permite la extensión de los parámetros máximos de la jornada de trabajo. iv. Respecto a la invocación de la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala, cabe precisar que el citado precedente, establece como excepción a la extensión de la jornada de trabajo en el marco de la emergencia sanitaria, la existencia del acuerdo o pacto celebrado entre el empleador y trabajador. Sin embargo, de los

2 Notificada a la impugnante el 14 de febrero de 2022, véase folio 249 del expediente sancionador.

actuados se advierte que para la implementación de la jornada atípica 28x28, no existió acuerdo alguno, con el sindicato de trabajadores que respalde la decisión adoptada. v. En ese contexto, respecto al Test de Valoración, queda claro que éste sería aplicado en el marco de la emergencia sanitaria, después de establecer si la modificación convencional de la jornada de trabajo acumulativa es legítima. Por tanto, aun cuando el sujeto inspeccionado haya adoptado la decisión de ampliar la jornada de trabajo bajo el sustento de las recomendaciones emitidas por el personal médico especializado, ello no lo exime de haber previamente cumplido en convenir con el trabajador afectado la extensión de la jornada de trabajo, como requisito esencial de su legitimidad. vi. Dado que se ha demostrado que la extensión de la jornada de trabajo aplicada, no es legítima debido a que no se cuenta con el acuerdo, convención o trato con el trabajador afectado, con dicha acción; resulta inoficioso pronunciarse sobre dicho cálculo, más aún si las horas laboradas fueron obtenidas del Registro de Control de Asistencia, proporcionado por el sujeto inspeccionado. vii. Cabe precisar que, no es parte de la Imputación de Cargos, infracción alguna respecto a jornada nocturna, lo expuesto en el resolución en el punto 27, está referida al artículo 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, invocado por el inferior en grado para señalar que en el sector minero son calificados como peligrosos e insalubres, existiendo también la posibilidad de trabajos nocturnos, en consecuencia, lo alegado por el sujeto inspeccionado es infundado. viii. Sobre la medida de requerimiento, la inspectora comisionada deja constancia en el punto 4.13 del Acta de Infracción que el sujeto inspeccionado no acreditó haber adoptado las medidas necesarias para su cumplimiento, lo que consistía en acreditar el establecimiento de jornadas de trabajo conforme a ley a partir de la fecha. ix. En el caso que nos ocupa, obra en el Anexo 1 de Constancia de Actuaciones Inspectivas de Investigación: Hechos Insubsanables, en la cual se señala, “(…) el sujeto inspeccionado ha cometido acciones que resultan imposibles de remediar o enmendar, toda vez que para hacerlo sería necesario e imperioso retroceder en el tiempo, por lo que la infracción tiene carácter insubsanable, lo cual no puede ser revertida en el tiempo por cuanto se agotaron sus efectos dañosos”. En ese sentido, no resulta ser legal emitir la medida de requerimiento, por cuanto era lógico que el sujeto inspeccionado no la iba a cumplir, vulnerando con ello el principio de predictibilidad y confianza legítima. x. Por tanto, la medida inspectiva de requerimiento emitida, pese a tener como objeto la adopción de acciones futuras, contravino lo establecido en los artículos 14 y 17 del RLGIT, debido a que están diseñadas para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas, es decir las ya cometidas y advertidas, por lo que hacerlo fuera de dichos parámetros vulnera el principio de legalidad, por consiguiente,

corresponde que la multa impuesta por infracción a la labor inspectiva se deje sin efecto.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno.

Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14

Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE MINERA CHINALCO PERÚ S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 04 de marzo de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 21-2022-SUNAFIL/IRE-JUN, señalando los siguientes fundamentos:

i. El presente procedimiento debe ser declarado nulo porque operó el plazo de caducidad; la Intendencia mediante la Resolución de Intendencia N° 67-2021- SUNAFIL/IRE-JUN, declaró nula la Resolución de Sub Intendencia N° 078-2021- SUNAFIL/IRE-JUN/SIRE, por contener graves vicios de motivación por lo que retrotrae el procedimiento al momento de la emisión de la Resolución de Sub Intendencia, antes mencionada. ii. En ese sentido, el 02 de diciembre de 2020 se notificó la Imputación de Cargos y el Acta de Infracción, por lo que el plazo máximo para notificar la Resolución de Sub Intendencia vencía el 02 de setiembre de 2021, ya que ese día se cumplieron 9 meses sin que se haya ampliado el plazo de caducidad. Sin embargo, esto no sucedió, ya que la Resolución de Sub Intendencia N° 304-2021-SUNAFIL/IRE-JUN/SIRE, se notificó 11 meses y 2 días después (4 de noviembre de 2021), fecha en la cual ya había operado el plazo de caducidad. iii. Al respecto, el Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante la Resolución N° 701-2021- SUNAFIL/TFL- Primera Sala, reconoció en un caso similar, que la caducidad se calcula desde la notificación de la Imputación de Cargos hasta la Resolución de Sub Intendencia que cumpla con todos los requisitos de validez, es decir, no sea nula. Se advierte que, el criterio establecido por el Tribunal es acorde a los principios establecidos en el TUO de la LPAG, por lo que corresponde mantener su aplicación al presente caso. Por ello, el presente procedimiento sancionador ha caducado, por lo que, corresponde archivarlo.

iv. Se ha vulnerado el principio de non bis in ídem, en razón que, la Intendencia Regional de Junín inició 2 órdenes de inspección, sobre los mismos hechos y fundamentos, ya que en ambos procedimientos se cuestiona la jornada de trabajo 28x28. Y que, además, versa sobre un periodo similar y tiene las características que la anterior orden de inspección. En relación con la identidad de hechos, el Tribunal, mediante la identidades, un criterio diferenciador no puede ser el sujeto pasivo o agraviado. v. Asimismo, la Orden de Inspección N° 69-2020-SUNAFIL/IRE-JUN consignó a 454 trabajadores afectados, los cuales realizaban la jornada de 28x28. Por lo que, el hecho de no consignar al señor Miranda en la primera orden de inspección, único trabajador afectado en la Orden de Inspección N° 810-2020-SUNAFIL/IRE-JUN, sería el único supuesto por el que se abrieron distintas órdenes de inspección. Además, la jornada de trabajo es una materia de carácter colectivo, que incide en los trabajadores entendidos como una entidad colectiva, con prescindencia de la identidad de los miembros de ese colectivo. vi. Con respecto a los periodos investigados, la primera orden de inspección versa sobre mayo, junio y julio, mientras que la segunda, julio, agosto y septiembre. Sobre el mes de julio, ambas órdenes de inspección sancionan a la empresa por un mismo periodo que es el mes de julio, lo que resulta contrario a derecho, ya que la inspectora no puede sancionar, cuando antes ya tuvo procedimiento que comprendía el mismo periodo, sujetos y fundamentos. En tal sentido, solicitan se declare el archivo del presente procedimiento, debido a que existe una causal de nulidad. vii. Se ha vulnerado el principio de culpabilidad, ya que la jornada laboral de la empresa es legal; el principal argumento para imputar responsabilidad a la empresa es el cálculo de horas, supuestamente los trabajadores laboraron 11.25 horas diarias. Sin embargo, este cálculo contiene un grave error, ya que la inspectora decidió analizar el promedio de horas únicamente contando 3 semanas, cuando el ciclo de trabajo es mayor a 3 semanas (28x28), y además sin incluir en el cálculo a los días de descanso del ciclo. viii. En efecto, el correcto cálculo de horas que deberá realizarse es contando los días de descanso continuo, es decir, el ciclo de trabajo completo, no únicamente 3 semanas. Este cálculo concluye que la jornada diaria es de 5.62 horas promedio, contando horas efectivamente laboradas y de descanso, en mérito al artículo 9 del Reglamento del TUO de la Ley de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo. ix. En la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, se reconoce la aplicación del artículo 3 del Convenio N° 1 de la OIT, por medio del cual la empresa podrá superar el límite de horas siempre y cuando exista un caso de fuerza mayor lo cual efectivamente sucedió durante los meses de julio a setiembre de 2020. En esos meses, la pandemia se encontraba en uno de sus picos más altos de contagio, por lo que, era necesario tomar las precauciones del caso. En tal sentido, se asesoraron por especialistas médicos que reconocen que la jornada laboral 28x28 evita que exista un peligro alto de contagio de Covid-19, ya que existe una menor rotación de personal,

menos viajes en buses y el campamento minero cuenta con un aislamiento estricto. Lo que fue aplicado de manera temporal, por constituir un evento de fuerza mayor, lo que también fue validado por el Tribunal, en la Resolución N° 53-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala. x. Se han vulnerado los principios de razonabilidad y debido procedimiento, así como del deber de la administración de actuar de la forma menos gravosa posible, en razón que se sancionó a la empresa por 2 incumplimientos como conductas independientes cuando constituyen un mismo ilícito que es supuestamente tener una jornada 28x28 que no respeta el máximo de horas trabajadas. Sin embargo, la infracción imputada es la acción repetida de no cumplir supuestamente con las normas de la jornada laboral que claramente está relacionada al concepto de infracción continuada, como la supuesta negativa acontecida en diferentes momentos, que constituyen un proceso unitario y homogéneo de acción. xi. Ante la similitud de los hechos, la Autoridad Instructora debió acumular ambos procedimientos en aras de evitar una multa más onerosa, pese a que ya en los descargos en el presente procedimiento se solicitó la acumulación, por ello, solicitan el archivo del procedimiento, debido a que existe una causal de nulidad. xii. La Resolución de Intendencia vulnera el principio de debida motivación, debido a que no se ha pronunciado sobre el error de cálculo de la inspectora en el Acta de Infracción ni ha valorado todo el material probatorio presentado y el análisis del cálculo efectuado, el cual demuestra que las jornadas de trabajo diario promedio son de 5.62 horas por lo que, son mucho menores a los supuestos de 11.15 horas diarias establecidas por la inspectora. En esa misma línea, respecto de los medios probatorios aportados, ello, en virtud de demostrar que el horario de trabajo cumple con todas las exigencias de ley y se cumple con el test de protección.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la caducidad del procedimiento administrativo sancionador

“Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador 1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este. 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo. 3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa

del procedimiento en caso el órgano competente no lo haya declarado de oficio (…)” (énfasis añadido).

“El plazo de caducidad del procedimiento administrativo sancionador es de nueve (9) meses y es computado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos, es decir, con el inicio del procedimiento administrativo sancionador. (…) Por el contrario, el día final de ese plazo no es de la fecha de la resolución sancionadora, sino el de su notificación al administrado, dado que elementales razones de garantía impiden que se conceda efecto interruptor a una resolución no comunicada aún. No obstante, la norma admite la ampliación del plazo de caducidad por tres (3) meses, pero requiere de una resolución debidamente sustentada por parte del órgano competente, detallando las justificaciones de hecho y de derecho que conllevan a la necesidad de ampliar el plazo regular”9.

ACTUACIONES FECHA DE NOTIFICACIÓN Inicio Imputación de Cargos N° 096-2020-SUNAFIL/IRE- JUN/SIAI 05/12/2020 Fin Resolución de Sub Intendencia N° 078-2021- SUNAFIL/IRE-JUN/SIRE 16/04/2021

9 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, abril de 2019, Tomo 2, pp. 538 – 539.

Intendencia de Resolución) tenía hasta el 05 de setiembre de 2021 para emitir y notificar la resolución de sanción.

Del principio del non bis in ídem 6.10 Debemos precisar que el principio de non bis in ídem se encuentra regulado en el numeral 11 del artículo 248 del TUO de la LPAG, mediante el cual el Estado se encuentra impedido de imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento.

a. Identidad Subjetiva. - Para que se configure este presupuesto el administrado debe ser el mismo en ambos procedimientos. b. Identidad Objetiva. - Los hechos constitutivos de la infracción deben ser los mismos en ambos procedimientos.

10 Fund. Jur. N°. 3.3. 11 Fund. Jur. N°. 19. 12 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Novena Edición. Lima: Gaceta Jurídica S.A. 2011, pp.729-730.

c. Identidad causal o de fundamento. - Identidad entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras.

Sobre la modificación de la jornada de trabajo

“25. Durante el contexto de las medidas de restricción a que dé lugar la prevención del contagio por COVID-19, el Sistema de Inspección del Trabajo deberá analizar casuísticamente la concurrencia de los siguientes elementos, a fin de establecer si la modificación convencional de la jornada de trabajo acumulativa es legítima:

a. El acuerdo deberá ser pactado con un sindicato que esté acreditado como organización representativa de la mayoría de los trabajadores afectados por la modificación;

b. El acuerdo correspondiente deberá ser adoptado por un lapso determinado, siendo esta provisionalidad objeto del control preferente por los propios sujetos colectivos; c. Se deberá considerar la naturaleza y características del centro de trabajo, con relación a sus elementos (lejanía respecto a lugares de residencia habitual de los trabajadores, riesgos existentes en dicho centro, entre otros);

La medida se deberá adoptar con sustento de seguridad y salud en el trabajo y articularse con ellas, con la validación de los órganos correspondientes en materia de prevención de riesgos y se deberá desplegar mecanismos compensatorios al desgaste físico y emocional. En este punto, deberá tomarse en cuenta las orientaciones del test de protección de la jornada máxima de trabajo para los trabajadores mineros de la resolución aclaratoria del Tribunal Constitucional, en el fundamento 15, recogida en el punto 19 del presente acuerdo de Sala Plena” (énfasis añadido).

del propio contrato de trabajo, y de la asignación del tiempo, de disposición laboral, del tiempo de descanso y el tiempo de suspensión del contrato. De igual manera, este análisis es uno que coincide en sus fundamentos con el que a esta Sala le parece relevante pues el caso implica a las consecuencias laborales del artículo citado.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No cumplir con las disposiciones relacionadas con la jornada de trabajo. Numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por MINERA CHINALCO PERÚ S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 21-2022-SUNAFIL/IRE-JUN, emitida por la Intendencia Regional de Junín dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 093-2020-SUNAFIL/IRE-JUN, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 21-2022-SUNAFIL/IRE-JUN, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a MINERA CHINALCO PERÚ S.A., y a la Intendencia Regional de Junín, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente KATTY ANGELICA CABALLERO SEGA

20221123MCR