Minera Boroo Misquichilca S.A — Res. 1288-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Sistema de Gestión SST en las empresas (Subgrupo: incluye todas), Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Subgrupo: Registro de exámenes médicos ocupacionales). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20131370301 soft

hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir su obligación en materia de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en las empresas, en perjuicio del trabajador Fermín (…), tipificada en el numeral 28.3 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole la multa de S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida de requerimiento de fecha 16 de julio de 2021, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole la multa de S/ 11,572.00.

i. La autoridad administrativa ha excedido los plazos legalmente establecidos, vulnerando el debido procedimiento, tanto en la etapa inspectiva de investigación como en la etapa instructora y sancionadora. Sustenta el pedido de nulidad alegando que existen vicios, y cita la Resolución N° 434-2022- SUNAFIL/TFL-Primera Sala. ii. Sobre la vulneración del principio de tipicidad, al estarse incurriendo en una interpretación extensiva del tipo infractor, de la lectura del numeral 28.3 del artículo 28 del RLGIT, se advierte que la conducta considerada como infracción alude a la acción de “Designar” a un trabajador en un puesto de trabajo cuyas condiciones sean incompatibles con sus características personales. Sin embargo, en el presente caso no se habría realizado la acción de designar al trabajador, ya que este se mantiene en el mismo puesto de trabajo que venía ocupando y para el cual fue declarado como apto en junio de 2016. Por tanto, la autoridad imputa como infracción el no haber “reasignado” al trabajador en un puesto de trabajo distinto al que ostentaba, a su solicitud, es decir, el no haber cambiado de puesto al trabajador. Agrega que el artículo 76 de la Ley N° 29783 no es aplicable a este caso, ya que estamos ante un accidente de trabajo ni enfermedad ocupacional. iii. Al no tratarse de una enfermedad ocupacional, la no reasignación o transferencia del trabajador no implica un incumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo. La Ley de Prevención y Control de Tuberculosis en el Perú, establece una obligación de reasignación o reubicación por un plazo que el médico tratante indique, acción o supuesto de hecho que dista del previsto en el numeral 28.3 del artículo 28 del RLGIT.

iv. Existe una vulneración del principio del debido procedimiento dado que no se han pronunciado sobre la Resolución N° 268-2021-SUNAFIL/TFL Primera Sala, la cual trató un caso del numeral 28.3 del artículo 28 del RLGIT, tipo legal el cual relaciona con las características conocidas por el empleador o capacidades profesionales del trabajador al momento de asumir el cargo. Sin embargo, se observa que la Autoridad Sancionadora, lejos de pronunciarse respecto al criterio esbozado, resuelve sancionarlos con la multa propuesta, sin tener en cuenta que la compañía ha puesto al trabajador en función a un mandato judicial (que no puede desacatar), que la no valoración de sus argumentos vulnera claramente el derecho de defensa y debida motivación. v. La norma prevé la existencia de una prescripción médica donde se señale el plazo por el que debe ser reasignado, determinado por el médico tratante. De este modo, la norma señala expresamente que la reasignación procede siempre y cuando se cuente con una prescripción médica emitida por el médico tratante, el cual deberá señalar la incapacidad profesional del trabajador para el puesto de trabajo y el plazo de duración que tendrá dicha medida. Sin embargo, en el presente caso, el requerimiento para la reasignación del señor Fermín Layne en otro puesto de trabajo se sustentó en su mera solicitud. Es decir, en ningún momento se presentó la prescripción médica firmada por el médico tratante y la prescripción médica debe coincidir con una fecha razonable pronta a dicha solicitud. vi. Contrario a ello, tanto el Acta de Infracción como el Informe Final de Instrucción aluden a un Informe Médico de fecha 22 de marzo de 2018, emitido por ESSALUD, en el cual se señala, respecto al trabajador presuntamente afectado, que el mismo “(...) puede laborar evitando cargar peso y no realizar ejercicio extremo (...)” Sin embargo, la Autoridad Instructora y la Autoridad Sancionadora no han valorado que dicho Informe Médico fue emitido casi tres años antes de que fueran iniciadas las actuaciones inspectivas. vii. Hay informes médicos de fechas 13 de noviembre de 2020 y 22 de enero de 2021, donde dice que el trabajador no se encuentra apto para trabajar. Sin embargo, la autoridad sancionadora no ha valorado ni se ha pronunciado sobre el contenido de dichos informes médicos, pese a ser los que más próximos a la fecha de la solicitud del trabajador. viii. No existe trasgresión a la norma pues nunca presentó una prescripción médica que cumpla con los requisitos establecidos, cuya existencia generaría una obligación de reasignación en un puesto diferente al que ostentaba, sin perjuicio de que, aun generándose dicha obligación, su eventual incumplimiento no se puede encuadrar dentro del tipo contenido en el numeral 28.3 del artículo 28 del RLGIT. ix. En cuanto a la inexistencia de responsabilidad por incumplir una medida inspectiva de requerimiento, señala que es un imposible jurídico, pues se tiene la orden judicial de retornar al trabajador a su puesto habitual, como se ha cumplido. Sin embargo, el inspector de trabajo requiere que se reubique al trabajador en uno distinto.

x. De acuerdo con las evaluaciones médico-ocupacionales realizadas entre noviembre de 2020 y febrero de 2021, el trabajador se encontraba como no apto para realizar labores. xi. En el caso que alguna las ordenes contenidas en la Medida Inspectiva de Requerimiento no respete el principio de legalidad, el administrado tiene derecho a resistirse.

i. Declara no ha lugar la solicitud de uso de la palabra, debido a que la inspeccionada en todo momento tuvo apertura con la autoridad competente del PAS para expresar su descontento respecto de lo propuesto y resuelto por esta. ii. La nulidad no es invocable respecto del Acta de Infracción al no constituir un acto administrativo en sentido estricto. iii. La inspeccionada incurre en error al aplicar el plazo de 30 días hábiles previsto en el artículo 13 de la LGIT, al no diferenciar entre la culminación de las actuaciones inspectivas y el inicio del procedimiento administrativo sancionador. Se evidencia que el plazo para el desarrollo de las actuaciones inspectivas en el presente caso fue de 30 días hábiles, las actuaciones inspectivas no incurrieron en excesos de plazos ni existe vulneración al principio de legalidad. iv. Aun existiendo demora en la notificación del Acta de Infracción, así como en la emisión y notificación del Informe Final y resolución venida en grado, conforme lo establece el artículo 151 numeral 151.3 del TUO de la LPAG, la actuación administrativa fuera de término no queda afecta de nulidad, salvo que la ley expresamente disponga la naturaleza perentoria del plazo, corresponde declarar improcedente la nulidad deducida contra las actuaciones realizadas en este procedimiento por vencimiento del plazo al no tener asidero jurídico su pedido, y en cuanto a lo resuelto en la Resolución N° 434-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, no corresponde aplicar al no ser precedente vinculante. v. A la inspeccionada se le imputa responsabilidad por no haber cumplido con su obligación en materia de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en las empresas, al no reasignar al trabajador afectado en un puesto de trabajo cuyas condiciones sean compatibles con sus características personales. El personal inspectivo actuante sustenta dicho incumplimiento en el hecho que la empresa, no reasignó al trabajador en otras funciones que pueda realizar sin poner en riesgo su seguridad y salud, sino, por el contrario, mantiene la designación en el mismo puesto de trabajo que venía desempeñando, es decir, como Técnico Multifuncional Mantenimiento, resultando incompatible con su estado de salud. vi. El trabajador afectado presenta una secuela de Mal de Pott — Espondilodiscitis degenerativa, cuya conclusión determina que este se encuentra como no apto para el puesto de trabajo que desempeñaba en la inspeccionada, pero en función al derecho reconocido por la Ley N° 30287, Ley de Prevención y Control de la Tuberculosis en el Perú y su reglamento, la empresa tiene la obligación de transferirlo a otro puesto si lo requiere. vii. El uso del verbo “designar” y “reasignar” no contiene diferencia alguna sobre su concepto, pues ambos significan señalar, nombrar o elegir a una persona para

2 Notificada el 19 de abril de 2023, conforme consta en la constancia de notificación vía casilla electrónica obrante a folios 127 del expediente sancionador

desempeñar un cargo o una función para una finalidad determinada. Sostener que “designar”, en el tipo infractor analizado, se circunscribe solo a los supuestos de la determinación del puesto inicial en una contratación laboral, olvida por completo que dicha potestad le permite tomar dicha determinación también durante la relación laboral ya en curso. Por lo tanto, vistos los alcances del tipo con el cual se sanciona la conducta en la que incurre el empleador, no se observa la afectación al principio de tipicidad que se alega. viii. Es decir, no se advierte que las conductas que se le imputan a título de cargo hayan vulnerado el principio de tipicidad, desde el inicio del procedimiento se ha emplazado a la inspeccionada correctamente, pero atendiendo a la referencia del artículo 76 de la LSST no debió consignarse como fundamento de la conducta infractora en el Informe Final y la resolución apelada, corresponde revocar estos extremos. ix. El derecho de reubicación que le corresponde al trabajador que se encuentre recuperado y que, por prescripción médica, al momento de reintegrarse a su centro laboral, no pueda desempeñar las funciones para las cuales fue contratado, no se sustenta en la determinación o no de si se trata de una enfermedad ocupacional. El derecho sobreviene al trabajador cuando se cumplen los elementos señalados para el presente caso y que han sido acreditados por el personal inspectivo con base en la documentación aportada por la misma empresa. x. Las conclusiones a las que arriba el Médico Ocupacional determina que se cumplen los presupuestos que configuran la obligación del empleador a reasignar al trabajador otras funciones que pueda realizar sin poner en riesgo su seguridad y salud, el incumplimiento de dicha obligación resulta consistente con la conducta típica sancionada en el numeral 28.3 del artículo 28 del RLGIT. xi. Lo resuelto en la Resolución N° 268-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala no lo vincula porque no constituye precedente de observancia obligatoria. xii. No resulta consecuente que la misma inspeccionada pretenda desestimar las actuaciones del personal inspectivo señalando una falta de sustento médico actual, cuando los hechos sancionados por la Autoridad de primera instancia se sostienen en las corroboraciones efectuadas por el personal inspectivo, donde expresamente se cita el análisis del Informe del Médico Ocupacional Dr. Alcides Fernando Roldan Silva, del 25 de enero de 2021. xiii. De acuerdo a la normativa, la obligación del empleador radica en que, en los casos de trabajadores afectados por tuberculosis este debe reubicarlo en otra área que no ponga en riesgo su salud, sin afectar sus derechos laborales. xiv. No parece razonable que un mínimo de diligencia debida haya permitido a la inspeccionada determinar que debía reubicar al trabajador en un área que no ponga en riesgo su salud, no solo en atención a la obligación contenida en la Ley N* 30287 y su reglamento, sino también considerando el Principio de Prevención y Protección que establecen obligaciones básicas de comportamiento de este con sus trabajadores.

xv. Los informes médicos de fechas 13 de noviembre de 2020 y 22 de enero de 2021, sustentan técnicamente que el trabajador no se encuentra apto para trabajar en el puesto que ocupaba, pero ello no quiere decir que no esté apto para trabajador en ningún puesto. xvi. El pronunciamiento se sujeta a los medios aportados en la investigación, sin señalar la existencia o no de una determinada incapacidad, tomando en consideración que dicha condición no resulta indispensable para que se configure el hecho generador del derecho de reubicación del trabajador. xvii. La condición se salud del trabajador afectado no determina que el trabajador no pueda seguir trabajando ya que lo puede seguir haciendo dentro de los alcances que las condiciones propias del trabajador así lo determinen. xviii. La inspeccionada si se encontraba en la obligación de subsanar la infracción detectada con base a los hechos verificados por el personal inspectivo. xix. No se advierte afectación al principio del debido procedimiento, ya que desde un inicio se le informó a la inspeccionada de las conductas infractoras y las sanciones en caso no desvirtuase las infracciones imputadas.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…)

17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A.

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

corresponde analizar los argumentos planteados por la MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 11 de mayo de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 384-2023-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Invoca la Inaplicación del artículo 13° de la Ley General de Inspección del Trabajo y de los numerales 13.3 y 13.5 del artículo 13° del RLGIT, así como del numeral 53.2 y, el literal c), del numeral 53.3 del artículo 53° del RLGIT, respecto al cumplimiento de plazos vulnerando los principios de legalidad, debido procedimiento y de seguridad jurídica. ii. Invoca la Inaplicación del numeral 4 del artículo 248° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General, al haberse vulnerado el principio de tipicidad. iii. Invoca la Inaplicación del numeral 2 del artículo 248° y del artículo 6° del TUO de la LPAG, al haberse vulnerado el derecho a la debida motivación. iv. Invoca la aplicación errónea del artículo 12° de la Ley N° 30287 — Ley de Prevención y Control de la Tuberculosis en el Perú, estableciéndonos una obligación laboral sin sustento. v. Invoca la interpretación errónea de los artículos 14° de la LGIT y del numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT, al haberse exigido el cumplimiento de una medida de requerimiento contraria a ley.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la supuesta vulneración a la debida motivación

administrativo, el “obtener una decisión motivada, fundada en derecho”. El principio al debido procedimiento tiene como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo, dentro del cual se encuentra el deber de motivación de los actos administrativos.

Sobre el supuesto incumplimiento de plazos

Sobre la supuesta afectación al principio de tipicidad respecto al tipo infractor contenido en el numeral 28.3 del artículo 28 del RLGIT 6.11 De acuerdo con el principio de tipicidad regulado en el numeral 4 del artículo 248 del TUO de la LPAG9, sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley, o en norma reglamentaria (en los casos que por ley o decreto legislativo se permita por norma reglamentaria) mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía.

i. Exige que la norma describa los elementos esenciales del hecho que califica como infracción sancionable, con un nivel de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano de formación básica comprender sin dificultad lo que se

9 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS: “Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. (…)”.

está proscribiendo bajo amenaza de sanción en una determinada disposición legal (de acuerdo con el principio de taxatividad);

ii. En un segundo nivel -esto es, en la fase de la aplicación de la norma- la exigencia de que el hecho concreto imputado al autor se corresponda exactamente con el descrito previamente en la norma. Si tal correspondencia no existe, ordinariamente por ausencia de algún elemento esencial, se produce la falta de tipificación de los hechos, de acuerdo con el denominado principio de tipicidad en sentido estricto10.

Artículo 28.- Infracciones muy graves de seguridad y salud en el trabajo Son infracciones muy graves, los siguientes incumplimientos: 28.3 Designar a trabajadores en puestos cuyas condiciones sean incompatibles con sus características personales conocidas o sin tomar en consideración sus capacidades profesionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando de ellas se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores.

10 NIETO GARCÍA, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. 1ra Reimpresión, 2017. Madrid: Editorial Tecnos, p. 269.

11 Ley de prevención y control de la tuberculosis en el Perú Artículo 12. Continuidad del trabajador en su centro de trabajo En el caso de que la persona afectada por tuberculosis se encuentre recuperada y que, por prescripción médica, al momento de reintegrarse a su centro laboral, no pueda desempeñar las funciones para las cuales fue contratado, el empleador debe reasignarlo por el plazo señalado en la indicación del médico tratante, en otras funciones que el afectado pueda realizar sin poner en riesgo su seguridad y salud.

de enero de 2021, en relación al estado de salud del trabajador afectado concluye que se encuentra como no apto para el puesto de trabajo. Asimismo, en la evaluación final de fecha 22 de enero de 2021 realizada por la Clínica Ocupacional PULSO CORPORACION MEDICA se concluye como aptitud médico ocupacional como NO APTO.

Sobre la supuesta aplicación errónea de la Ley N° 30287

que justamente la impugnante a sabiendas de que dicho trabajador es no apto para ocupar dicho puesto, lo sigue designando para ocupar el mismo, lo cual se traduce en la falta de ocupación efectiva de dicho trabajador y pérdida de ingresos por la licencia sin goce, pues por sus condiciones físicas no puede seguir laborando en el mismo puesto que fue contratado, sino que debería ser reasignado a un puesto más compatible. Por otro lado, en la norma no se establece ninguna limitación temporal respecto a la antigüedad que supuestamente deberían tener los informes médicos que tratan este tipo de enfermedades. Por tanto, el cuestionamiento de este extremo debe ser descartado.

Sobre el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento 6.27 En el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse”.

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador.

Figura N° 01 Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII

12 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

Figura N° 02: Medida inspectiva de requerimiento

13 https://cej.pj.gob.pe/cej/forms/detalleform.html

designar al trabajador afectado en otro cargo compatible con su estado de salud porque está cumpliendo la orden judicial, cuando en realidad, dentro del proceso judicial opta por cuestionar el mandato del Juzgado de reponer efectivamente al trabajador afectado. Sin perjuicio de ello, no se aprecia de los actuados de dicho proceso judicial que se haya prohibido designar al trabajador afectado en otro puesto compatible con su estado de salud, si bien la pretensión de reposición era para reincorporase al mismo puesto que fue despedido, nada obsta a que la impugnante lo reponga en un puesto similar, más aún si previamente la impugnante alegó que el puesto primigenio del trabajador ya no existe y por ello quiso incluirlo en una lista de cese colectivo por restructuración de sus áreas, pero esta fue rechazada por la autoridad administrativa de trabajo. En tal sentido, no existe ningún aspecto ilegal en la medida inspectiva de requerimiento que ordenó su reasignación a un puesto compatible con la condición vulnerable.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y Salud en el Trabajo

No cumplir su obligación en materia de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en las empresas, en perjuicio del trabajador Fermín (…)

Numeral 28.3 del artículo 28 del RLGIT MUY GRAVE Labor Inspectiva

No cumplir con la medida de requerimiento de fecha 16 de julio de 2021. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 384-2023-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 2789-2021-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 384-2023-SUNAFIL/ILM, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa, debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a la MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES