Minera Bateas S.A.C — Res. 427-2025

Mediante Orden de Inspección N° 2535-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N°1071-2021-SUNAFIL/IRE-AQP (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión, entre otras, de dos (02) infracciones muy graves por no pagar el aporte a cargo del empleador al Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica y no efectuar el pago de los aportes al Sistema Privado de Pensiones; y de una (1) infracción muy grave, por no cumplir con el requerimiento de la adopción de la medida inspectiva de requerimiento.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 495-2022/SUNAFIL/IRE-AQP/SIAI, de fecha 13 de mayo de 2022, notificado el 16 de mayo de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final N° 402-2022-SUNAFIL/SIFN-AQP, de fecha 30 de junio de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Arequipa, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 123-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, de fecha 10 de febrero de 2023, notificada el 13 de febrero de 2023, multó a la impugnante por la suma de S/ 48,532.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 27 de marzo de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 123-2023-SUNAFIL/IRE SISA-AQP, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 39-2023-SUNAFIL/IRE-AYA, de fecha 5 de abril de 20232, la Intendencia Regional de Ayacucho declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con escrito de fecha 10 de mayo de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Arequipa el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 39-2023-SUNAFIL/IRE-AYA.

La Intendencia Regional de Arequipa admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum-1118-2023- SUNAFIL/IRE-AQP, recibido el 23 de mayo de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que MINERA BATEAS S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 39-2023-SUNAFIL/IRE-AYA, emitida por la Intendencia Regional de Ayacucho, que confirmó la sanción impuesta de S/48,532.00, por la comisión, entre otras, de dos (2) infracciones MUY GRAVES tipificadas en el numeral 44-B.2 y 44-B.8 del artículo 44-B y de una (1) infracción MUY GRAVE tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 26 de abril de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por MINERA BATEAS S.A.C.

De los actuados se verifica que, se imputa la comisión de una infracción vinculada con la materia de seguridad social. Sobre el particular, la impugnante cuestiona una interpretación errónea del artículo 19 de la Ley N° 29741, Ley que crea el fondo complementario de jubilación minera, metalúrgica y siderúrgica (en adelante, LFCJMMS), el cual señala:

Al respecto, el Decreto Supremo N°006-2012-TR, norma que aprueba el Reglamento de la Ley N°29741, indica en su artículo 1 que se entiende por aporte de la Empresa, al aporte del cero coma cinco por ciento (0,5%) de la renta neta anual antes de impuestos, y el aporte del trabajador al aporte del cero coma cinco por ciento (0,5%) de la remuneración bruta mensual de acuerdo con el TUO de la LPCL aprobado por Decreto Supremo Nº 003- 97-TR y el TUO de la LCTS, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-97-TR o las normas que las sustituyan. Además, considera que, los trabajadores que se encuentran obligados a realizar aportes al Fondo son aquellos trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos que laboren en minas subterráneas o aquellos que realicen labores directamente extractivas en las minas a tajo abierto; así como quienes laboren en centros mineros, metalúrgicos o siderúrgicos conforme a las definiciones establecidas en el Decreto Supremo Nº 029-89-TR y el Decreto Supremo Nº 164-2001-EF y sus normas modificatorias.

La impugnante cuestiona que la naturaleza de dicho aporte no es de naturaleza previsional, sino tributaria, por lo que, no ha realizado la declaración, aporte y pago de dicho concepto debido a que hasta diciembre del 2017 estuvo vigente el Convenio de Estabilidad Tributaria que celebró con el Estado Peruano.

Sobre la base del artículo 10 de la Constitución, que reconoce el régimen de seguridad social, el artículo 11 estipula el derecho al acceso con libertad a las prestaciones pensionarias, en los siguientes términos: “el Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento [...]”.

Así el Tribunal Constitucional ha indicado en la sentencia emitida en el Expediente 01776- 2004- AA/TC, que “el derecho fundamental a la pensión requiere de la implementación de medidas a fin de asegurar prestaciones a los individuos, cuando estos no son capaces de satisfacerlas por ellos mismos. En este sentido, se otorga libertad a los Estados para instituir políticas destinadas a dicho fin sujetando su actuación a ciertos parámetros mínimos” (fundamento 15), siempre y cuando no lesionen otros derechos fundamentales.

En este sentido, de conformidad con el artículo único de la Ley N° 30569, se encarga a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) la administración del pago del beneficio complementario creado por la Ley 29741, y administración, a través del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales (FCR), de los recursos que constituyen el Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica (FCJMMS). Dichos recursos se contabilizarán en forma independiente de los demás recursos a cargo del FCR. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) administra los aportes a que se refiere la Ley 29741, de acuerdo con las facultades que otorga el Código Tributario según corresponda, los cuales serán transferidos al FCR para integrar el FCJMMS, luego de deducir la comisión por costo de servicio no tributario respectiva en favor de la SUNAT y el porcentaje que le corresponde a la ONP para la atención del gasto de administración de pago del beneficio complementario, ingresos que constituyen recursos directamente recaudados. El beneficio complementario establecido en la Ley 29741 se financia única y exclusivamente con cargo a los recursos del FCJMMS, los que, para tal efecto, se incorporan en la ONP conforme al artículo 42 de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, como recursos determinados, rubro contribuciones a Fondos.

Por otra parte, el artículo 6 de la Ley 29741 prescribe que, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 26516, el Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica (FCJMMS) queda incorporado al control y supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Pensiones. Ello significa que, a través del referido fondo, los trabajadores dedicados a este tipo de actividades tienen asegurada la salvaguardia de un mejor derecho a la pensión y, por lo tanto, están sujetos a la protección estatal.

De igual forma, el Tribunal Constitucional también ha expuesto en el fundamento 5 de la sentencia recaída en el Expediente 04635-2004-AA/TC, que:

De esta forma, para esta Sala son manifiestas las especiales condiciones de riesgo para la salud y la seguridad que de los trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos. Por consiguiente, se debe entender que, con el aporte empresarial al fondo complementario de jubilación minera, metalúrgica y siderúrgica, las empresas dedicadas a estas actividades contribuyen a que los trabajadores lleguen a obtener una mayor suma por jubilación que les permita afrontar el deterioro de su salud, que se presentará en el futuro como consecuencia de las labores mineras, metalúrgicas y siderúrgicas realizadas a favor de las referidas empresas.

Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente citar el criterio asumido por el máximo interprete de nuestra Constitución en relación con la naturaleza jurídica del aporte al fondo complementario de jubilación minera, metalúrgica y siderúrgica, que en los fundamentos 25, 26 y 29 de la sentencia recaída en el Expediente N°06788-2015-PA/TC, indican lo siguiente: “25. […] En suma, el aporte empresarial al fondo complementario de jubilación minera, metalúrgica y siderúrgica no se enmarca en ninguna de las especies de tributo descritas, pues no existe prestación, contraprestación o beneficio alguno (directo o indirecto) a favor del empleador aportante. Corrobora lo afirmado que la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario de forma aislada a las tres especies de tributos, hace referencia a los aportes de la seguridad social, definiéndolas como “aportaciones” al Seguro Social de Salud- ESSALUD y a la Oficina de Normalización Previsional- ONP, sin emplear el término “contribuciones”; estableciendo, incluso, que se rigen por las normas del Código Tributario, “salvo en aquellos aspectos que por su naturaleza requieran normas especiales, los mimos que serán señalados por Decreto Supremo” (cursiva nuestra). 26. En consecuencia, dicho aporte empresarial al no constituir un tributo, no ostenta naturaleza tributaria. […] Por consiguiente, nos encontramos ante una aportación especial que ha nacido al margen del sistema jurídico tributario, por lo que constituye una exacción parafiscal que tiene por finalidad complementar el régimen pensionario de los trabajadores del sector minero, metalúrgico y siderúrgico, debido a que constituyen un grupo que merecen una tutela diferenciada por la labor realizada. Así, “la vida, la seguridad y la salud de los mineros requieren de medidas especiales destinadas a protegerlos”. […]

Por otra parte, respecto a que celebró con el trabajador afectado un convenio individual que regularizó los aportes previsionales y que AFP HABITAT no actualizó en el sistema AFP Net la cuenta individual de capitalización del trabajador, cabe precisar que, los documentos presentados no acreditan que efectivamente la impugnante haya realizado la declaración, retención y pago de dicho porcentaje, pese a que, para el 21 de mayo de 2022 (como se indicó en el correo de fecha 11 de mayo de 2022), ya tendría las planillas de declaración y pago de aportes previsionales-pagadas, no presentado hasta el momento documento que corroboré lo alegado.

En cuanto a la Resolución N°021-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, invocada por la recurrente; debe recordarse que conforme lo dispuesto por el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, solo corresponde abrir instancia, entre otros, por alegaciones de apartamientos inmotivados de precedentes; sin embargo, la resolución invocada por la

En consecuencia, se confirma la infracción muy grave al numeral 44-B.2 del artículo 44-B del RLGIT.

De acuerdo al numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5 de la LGIT, los inspectores del trabajo están investidos de autoridad y facultados para requerir al sujeto responsable que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento. Sobre ello, el inciso 13.5 del artículo 13 del RLGIT establece que, dichas medidas, se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refiere los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13 del mismo reglamento.

El numeral 20.3 del artículo 20 del RLGIT, ha establecido que las medidas de requerimiento son órdenes dispuestas, por la inspección del trabajo, para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Así como que éstas pueden consistir en ordenar al empleador, siempre que se fundamente en el incumplimiento de la normatividad legal vigente, que en relación con un trabajador se le registre en planillas, se abonen las remuneraciones y beneficios laborales pendientes de pago, entre otras.

Así las cosas, corresponde indicar que la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una disposición ordenada por el servidor – inspector de trabajo- que puede tener como objeto el revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador (medida de requerimiento en modalidad de subsanación de una infracción determinada por la inspección del trabajo),11 existiendo otra variante por la que los inspectores conminan al sujeto inspeccionado a adecuar su comportamiento a lo prescrito en las normas de trabajo (medida de requerimiento en modalidad de rectificación de una infracción determinada por la inspección del trabajo).

Por ello, la inspeccionada tiene la carga de dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad inspectiva, caso contrario, su incumplimiento constituye infracción a la labor inspectiva, sancionable con multa, según lo dispuesto por el artículo 36 de la LGIT y el artículo 46 numeral 46.7 del RLGIT.

En esa línea argumentativa, de conformidad con el precedente administrativo de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2022- SUNAFIL/TFL, publicado el 06 de mayo de 2022, en el diario oficial El Peruano, la evaluación de los alegatos relativos a las medidas inspectivas de requerimiento deben de encontrarse vinculadas bajo los siguientes aspectos:

De autos, se observa que la medida inspectiva de requerimiento de fecha 4 de noviembre de 2021, ordenó a la recurrente que cumpla en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, con la adopción de las medidas requeridas, bajo apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, ordenando cumpliera con las siguientes acciones: Figura 01

De acuerdo con el numeral 4.9 del acta de infracción, la impugnante no acredito en su totalidad el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, configurándose con ello, la infracción al numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

Asimismo, se observa la razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida inspectiva de requerimiento, en tanto fue emitida dentro de las actuaciones inspectivas derivadas de la Orden de Inspección N° 2535-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, y en relación con los hallazgos que posteriormente fueron consolidadas en el Acta de Infracción.

En consecuencia, el inspector comisionado ha realizado una correcta aplicación de los artículos 14 de la LGIT y numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT, que señalan que para la extensión de una medida inspectiva de requerimiento resulta de vital importancia que se compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, supuesto que ha ocurrido en autos, pues en fase inspectiva se ha realizado una correcta actuación probatoria de cara a que la Administración Pública acredite la existencia de las infracciones imputadas.

En tal sentido, debe mantenerse la sanción impuesta por la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT; puesto que, se encontraba en el deber de cumplir con lo dispuesto por la autoridad inspectiva. Por ello, al no evidenciarse una vulneración en la emisión de la medida inspectiva de requerimiento, que transgreda lo dispuesto en el artículo 5 de la LGIT, corresponde confirmar la infracción tipificada y, no cabe acoger el recurso de revisión.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.