Minera Aurifera Retamas S.A — Res. 837-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Jornada y horario de trabajo); y, Participación en las Utilidades (Sub materia: Pago). soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa a facilitar el requerimiento de información de fecha 31 de mayo de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 104,016.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa a facilitar el requerimiento de información de fecha 07 de junio de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 104,016.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa a facilitar el requerimiento de información de fecha 11 de junio de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 104,016.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa a facilitar el requerimiento de información de fecha 24 de junio de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 104,016.00

i. Refiere que la resolución es nula, por cuanto vulnera el derecho a la debida motivación y al debido procedimiento, carece de motivación pues no se motivó sobre por qué se solicitó la información prohibida, toda vez que, la facultad fiscalizadora no puede ir en contra de lo establecido en el TUO de la LPAG, el cual en su artículo 48 prescribe dicha prohibición, al haberse requerido documentos registrales de representación legal y formato TR5, pese a que la SIRE reconoció que sí cuentan con dicho sistema pero está desactualizado, constituyendo ejercicio abusivo del ius puniendi del Estado, no siendo facultades irrestrictas, siendo falso que el sistema del registro de planillas se encuentra desactualizado, al verificarse ello en la diligencia del 31 de mayo de 2021. ii. En los requerimientos de información, no se precisaron los periodos solicitados ni los trabajadores a los cuales se refería, siendo que se solicitó al personal que se informara la naturaleza de la inspección, pese a ello no se informó. iii. Conforme a la Resolución N° 316-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, se indica el criterio unitario del requerimiento y que el administrado no puede elegir cumplir sólo alguna o algunas de las órdenes impartidas, sino la totalidad de éstas; por tanto, existió afectación al principio de legalidad, teniendo el administrado, derecho a resistirse del cumplimiento del requerimiento, sin bien se hace

referencia a la medida de requerimiento, puede hacerse extensivo el requerimiento de información, pues ambas son órdenes impartidas por el personal y son medidas aplicadas durante la inspección. iv. Señalan que no se motivó porque se está vulnerando el principio de tipicidad; que el supuesto de hecho debe ser subsumido completamente en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT, conforme a lo detallado en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL, siendo que sólo debe tipificarse en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, cuando exista negativa del administrado y su comportamiento imposibilite la fiscalización, lo cual, no se cumplió en tanto que, la empresa no manifestó, ni expresa ni tácitamente su negativa a facilitar la información, todo lo contrario, se mantuvo en comunicación constante, siendo que finalmente, se entregó la información solicitada, mediante escrito de fecha 16 de julio de 2021, durante las actuaciones inspectivas. v. Refieren que se vulneró el principio de razonabilidad, siendo que la Subintendencia de Sanción debió optar por la forma menos gravosa posible. Asimismo, las referidas infracciones son de tipo continuadas, conformadas por varias acciones, las cuales, constituyen un mismo ilícito, constituyendo una sola infracción. vi. Señalan que no hubo falta de colaboración, y que se ha omitido valorar que demostraron su voluntad por cumplir con la inspección de trabajo, respondiendo cada requerimiento; que, consta en el expediente que entregaron la información solicitada dentro del plazo, mediante el escrito de fecha 16 de julio de 2021, en el que se adjunta el TR5 del T-Registro. vii. Cuestionan que no se han identificado a los supuestos trabajadores afectados y proponen sancionar realizando un cálculo que excede su competencia, siendo que de manera arbitraria considera para la determinación de los trabajadores afectados, al total de los trabajadores registrados en la planilla electrónica. viii. Que, conforme a lo señalado en la Resolución N° 059-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, se estableció, en una caso idéntico que, sólo pueden considerarse afectados a los trabajadores de la empresa cuando estamos ante la configuración de los supuestos de los numerales 48.1-B o 48.1-C del artículo 48 del RLGIT, o cuando la autoridad inspectiva no tenga modo alguno para determinar la cantidad real de los trabajadores del centro de labores materia de inspección; no pudiendo conllevar a que se gradúe, considerando la totalidad de trabajadores, sino que deberá circunscribirlo a los trabajadores objeto de investigación, siendo que el Acta de Infracción y las resoluciones son incongruentes, arbitrarias y sus conclusiones han sido tomadas sin admitir prueba en contrario, pues de todos los trabajadores considerados, existen 90 trabajadores que no pertenecen a La Libertad. ix. Alegan que se solicitó información del acceso a la denuncia; no obstante, al tener calidad de reservada, no se remitió dicha información, y si la Intendencia sí tiene

dicha información, debe considerarse la cantidad de trabajadores que solicitaron la Orden de inspección, evidenciándose que no son todos, verificándose que se buscó multar a la empresa de la forma más gravosa, sin considerar que la investigación no correspondía a todos los trabajadores.

i. Respecto a la información requerida por el personal comisionado, se tiene que la Directiva sobre el Ejercicio de la Función Inspectiva aprobada por Resolución de Superintendencia N° 2016-2021-SUNAFIL, señala que, el personal inspectivo se encuentra facultado de solicitar a la administrada la información que estime pertinente para el desarrollo de sus funciones, a fin de cumplir con el objeto materia de fiscalización, en tanto, el personal inspectivo cuenta con deber de confidencialidad, respecto de los documentos exhibidos durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas. ii. Por tanto, el personal comisionado solicitó la información que consideró pertinente para el desarrollo de sus funciones, siendo la información solicitada que permitan cumplir con la verificación del cumplimiento o no de las normas sociolaborales; y asimismo, dicha información, debe encontrarse actualizada, considerando que, el Sistema de Planillas Electrónicas no se encuentra actualizado; por tanto, al ser el único que conoce el estado actual de cada uno de sus trabajadores, siendo su obligación dicha acreditación; en ese sentido, corresponde desestimar lo alegado. iii. Respecto a que los hechos debieron subsumirse en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT, cabe precisar que lo alegado no se cumplió en el presente caso, en tanto que se verifica que en fecha 16 de junio de 2021, la administrada adjuntó el TR5 de la planilla de sus trabajadores; no obstante, las actuaciones inspectivas culminaron el 01 de julio de 2021, no habiendo presentado la información dentro del plazo otorgado para la atención de los requerimientos de información, ni durante la tramitación de dichas actuaciones. iv. Cabe precisar que, al haberse propuesto la multa por infracciones a la labor inspectiva consistentes en la negativa del sujeto inspeccionado a facilitar la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones, dicha conducta no puede ser revertida de manera posterior, cuando ya culminó dicha etapa. v. Sobre que no se precisaron los periodos solicitados ni los trabajadores a los cuales se refería, al respecto, realizada la búsqueda del expediente de actuaciones inspectivas, se verificó que, en el primer requerimiento de información de fecha 31 de mayo de 2021, se verifica que sí se detallaron los periodos solicitados y respecto del TR, debe entenderse que debe presentarse respecto de la información actualizada del periodo vigente que tiene a la fecha. vi. Respecto a la vulneración del principio de tipicidad, se debe señalar que la Directiva N° 001-2016-SUNAFIL/INII, sobre Reglas Generales para el Ejercicio de la Función Inspectiva, dispone que cada incumplimiento de requerimiento de información acarrea la imposición de una multa independiente. En ese sentido, no se evidencia que en la resolución impugnada ni en las actuaciones realizadas se haya vulnerado el referido principio.

2 Notificada a la impugnante el 30 de junio de 2022, véase folio 162 del expediente sancionador.

vii. Que, la apelante señala que la información tenía calidad de reservada y que se debió considerar la cantidad de trabajadores que solicitaron la orden de inspección. Se debe desvirtuar este fundamento, en tanto que, en mérito al sigilo profesional y confidencialidad, el inspector debe abstenerse de divulgar cualquier información, documentación o datos conocidos con ocasión de las actuaciones inspectivas. Asimismo, la denuncia o solicitud pueda versar sobre todos los trabajadores de la empresa; por tanto, si la misma, no entregó información al respecto, la afectación recae sobre todos los trabajadores, conforme lo detallado por el personal inspectivo en el Acta de Infracción.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…)

del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE MINERA AURIFERA RETAMAS S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

8 Artículo 14 del Decreto Supremo N° 016-2017-TR.

i. Refieren que se ha realizado un análisis arbitrario de las normas aplicables al caso concreto y se omite aplicar la normativa relativa al debido proceso, razón por la cual debe ser revocada, o en su defecto, declarada nula. ii. Alegan que la Resolución de Intendencia incurre en interpretación errónea del artículo 48 del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en tanto que, no se han analizado qué documentos se estaban solicitando mediante los requerimientos de información y se valida que la investigación del inspector haya solicitado información considerada como prohibida. Al respecto, también señalan que, el TR5 del T-Registro es información que SUNAFIL posee al amparo de lo establecido en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 002-2017-TR; por lo que, es ilegal que se les sancione por el presunto incumplimiento, más aún si cumplieron con presentar la parte pertinente de dicho documento. iii. Cuestionan el análisis del caso al amparo de lo establecido en otro supuesto del artículo citado, que es, el supuesto que constituye información prohibida aquella que ya fue presentada en un trámite anterior ante la Administración, el cual no fue invocado; no conforme con ello, realizan una interpretación extensiva de la norma, señalando que, si bien SUNAFIL cuenta con esta información, el sistema de planillas electrónicas no se encuentra actualizado, siendo el empleador el único responsable de otorgarla. iv. Precisan que se advierte que la Intendencia en ningún momento niega que el T- registro recaiga dentro de los supuestos de información prohibida, o que se encuentra a su disposición. Por el contrario, pretenden justificar lo solicitado por el inspector en el hecho que era necesaria para la investigación y que no cuentan con la información actualizada. v. Señalan que la información del T-Registro no era esencial para la investigación de las materias encomendadas que estaban relacionadas a la jornada de trabajo y pago de utilidades, también que el inspector no requirió documento como el registro de asistencia, contratos de trabajo, boletas de pago, documentos a través de los cuales hubiera podido tener acceso a los horarios de los trabajadores, días trabajados, remuneraciones, información que sí era determinante para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales. vi. Advierten que de la primera actuación inspectiva realizada a través de la comprobación de datos de la planilla electrónica, el 31 de mayo de 2021, el inspector pudo conocer quiénes eran los trabajadores que en ese momento prestaban servicios y en qué centro de trabajo laboraban. Al respecto, señalan a su vez, que es posible que la SUNAFIL no tenga acceso actualizado a la PLAME, en tanto ello depende de las declaraciones mensuales; sin embargo, sí cuenta con acceso actualizado al T-Registro. vii. Refieren que se ha inaplicado el numeral 1.1 del artículo IV del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, respecto al debido procedimiento, en tanto se ha inobservado el principio de legalidad, en razón de que, se pretende sancionar por el incumplimiento de requerimientos que resultaban imprecisos, porque no establecían claramente cuáles eras los periodos investigados, lo cual ha causado incertidumbre, en tanto que no se pudo conocer información mínima de las acciones de fiscalización; a pesar de ello, estuvieron dispuestos a cumplir con lo solicitado, en tal sentido, solicitaron al personal inspectivo que informara la naturaleza de la inspección. viii. Precisan que, sí cumplieron con presentar los puntos 1, 2 y 4 del primer requerimiento de información, y ante los siguientes requerimientos ofreció alternativas para poder brindar información que fuera de mayor utilidad en la

investigación; sin embargo, fue el inspector quien decidió arbitrariamente concluir la investigación sin dar respuesta y sin cumplir el fin de la investigación. ix. Señalan que se ha aplicado erróneamente el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, en tanto que, de acuerdo con lo señalado por el Tribunal en la Resolución N° 001-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, sólo se podrá sancionar bajo el numeral 46.3 cuando se cumpla con una negativa de parte del administrado y su comportamiento imposibilite la fiscalización, lo cual no ha ocurrido en el caso, en tanto, nunca manifestaron, expresa o tácitamente, que no entregarían la información solicitada al inspector de trabajo, sino por el contrario, se procuró brindar opciones para acceder a ella. x. Asimismo, refieren que mediante el escrito de fecha 16 de julio de 2021, se dejó constancia que sí entregaron la información solicitada dentro del plazo de investigación. xi. De igual manera, señalan que se debe tomar en cuenta que la supuesta conducta obstruccionista no fue la causante del cierre de la Orden de Inspección antes de que cumpla su finalidad, sino que fue la decisión del propio inspector quien se encaprichó con un documento cuya solicitud era ilegal y que resultaba irrelevante para la investigación. xii. Alegan que, conforme dispone la Directiva de Función Inspectiva versión 1, se advierte que el inspector no agotó los medios necesarios para realizar la investigación encomendada. En la misma línea, precisan que, el inspector, a pesar de contar con plazo e incluso con la posibilidad de solicitar ampliación de plazo, al amparo de la Directiva, no lo hizo y decidió cerrar la investigación, sin determinar si cumplieron o no con las obligaciones laborales. xiii. Cuestionan la inaplicación del artículo 38 de la LGIT, respecto a los tipos de sanciones y criterios de graduación de las sanciones. De igual manera, señalan que por el artículo 40 y siguientes del RLGIT, la regla general es que los trabajadores afectados sean sólo aquellos a los que el incumplimiento les habría generado un perjuicio; y la excepción, es que se considere como tales al total de trabajadores de la empresa o al total de trabajadores sindicalizados. Este último, precisan que, por constituir una forma más gravosa de punición está limitado a infracciones específicas, dentro de las cuales no se encuentra lo establecido en el tipo infractor 46.3 del RLGIT, que se les imputa. xiv. Refieren que se ha considerado para la determinación de los trabajadores afectados, a 337 trabajadores registrados en la planilla electrónica, sin verificar si se encontraban dentro del ámbito de su competencia territorial o si, se vieron afectados por la presunta obstrucción. xv. Invocan la Resolución N° 059-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, en tanto que señala que sólo se puede considerar como afectados a la totalidad de trabajadores de la empresa cuando se está frente a la configuración de los supuestos de los numerales 48.1-B o 48.1-C del artículo 48 del RLGIT, o cuando la

autoridad inspectiva no tenga modo alguno para determinar la cantidad real de trabajadores del centro de labores materia de inspección. xvi. En tal sentido, alegan que la graduación deberá circunscribirse a los trabajadores objeto de la investigación. Asimismo, cuestionan que se tome a todos los trabajadores como afectados, en tanto que existen 90 trabajadores que no forman parte de la competencia de La Libertad; por otro lado, advierten que se consideran también como trabajadores afectados a aquellos que ingresaron en el 2021, pese a que aparentemente el periodo investigado era el 2020. xvii. Señalan que, mediante solicitud de acceso a la información, requirieron acceder a la denuncia que generó la presente Orden de Inspección, pero negaron el pedido considerando que se hizo con reserva de identidad. Refieren que este punto es trascendental para determinar la cantidad de trabajadores afectados porque permite establecer quiénes eran los trabajadores objeto de investigación, ya que resulta imposible asumir que el inspector asignado en tan sólo 30 días iba a revisar el cumplimiento de las jornadas, horarios de trabajo y utilidades de 377 trabajadores, inclusive a nivel nacional. xviii. Por último, solicitan que se revoque la Resolución de Intendencia y se archive el presente procedimiento, debido a que existe la causal de nulidad por contravenir a la Constitución, las leyes y las normas reglamentarias.

i. Refieren que se ha inaplicado el numeral 1.4 del artículo IV del TUO de la LPAG, referido al principio de razonabilidad, en tanto que se ha sancionado a la empresa, pese a que la información solicitada carecía de pertinencia para la investigación, cuando la materia a investigarse era jornada de trabajo y participación en las utilidades. ii. Asimismo, señalan que el inspector no requirió documentos como el registro de asistencia, contratos de trabajo o boletas de pago, los cuales sí hubieran resultado pertinentes para las materias investigadas. iii. Precisan que se debe tener en consideración que es la propia SUNAFIL, quien ha establecido limitaciones a la obligación de los administrados de exhibir documentos ante la inspección del trabajo, ya que considera que la información solicitada debe resultar relevante para la investigación, caso contrario, sería irrazonable imponer al fiscalizado la excesiva carga de exhibir cualquier documento que solicite el inspector, aun cuando no guarde relación con la investigación. iv. En tal sentido, cuestionan cómo es que el TR5 del T-Registro, colabora a determinar el cumplimiento de la obligación de utilidades del año previo y cómo es que está relacionado a la verificación de la jornada y horario de trabajo. v. Alegan que el TR5 del T-Registro, deviene en información prohibida de solicitar por la Administración, toda vez que es información que SUNAFIL posee al amparo de lo establecido en la Segunda Disposición Transitoria del Decreto Supremo N° 002-2017-TR. vi. Refieren que se ha inaplicado el numeral 66.10 del TUO de la LPAG, en tanto que se omite el deber de sancionar al administrado de la forma menos gravosa. Asimismo, cuestionan la forma en que fue llevada la investigación, pues el inspector emitió cuatro requerimientos de información en el que sólo se solicitó el TR5, lo que no sólo pone en evidencia la arbitrariedad sino también la falta de

diligencia debido a que no recurrió a otras formas de investigación que pudieran esclarecer la investigación. vii. Por último, invocan la Resolución N° 737-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, la cual resuelve que no debe transgredirse la razonabilidad, específicamente cuando no se obtienen respuesta ante requerimientos de información sucesivos, criterio que se reafirma en la Resolución N° 1124-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, entre otras.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el deber de colaboración a la labor inspectiva

9 TUO de la LPAG, Título Preliminar, Artículo IV, Numeral 1.8.

inspectiva es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”. En ese entendido, el comportamiento del inspector comisionado debe orientarse al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su Reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad10.

10 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

- A folio 04, se aprecia el documento denominado “Requerimiento de Información para las actuaciones inspectivas de investigación”, de fecha 31 de mayo de 2021; y, a folios 06 la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, notificada en la Casilla Electrónica de la impugnante el mismo 31 de mayo de 2021, con lo cual se deja constancia del depósito del referido documento, conforme se puede apreciar a continuación:

Figura 01:

- Así también, se aprecia a folio 43, el documento denominado “Requerimiento de Información para las actuaciones inspectivas de investigación”, de fecha 07 de junio de 2021; y, a folios 44 la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, notificada en la Casilla Electrónica de la impugnante el mismo 07 de junio de 2021, con lo cual se deja constancia del depósito del referido documento, conforme se puede apreciar a continuación:

Figura 02:

- Asimismo, se aprecia a folio 48, el documento denominado “Requerimiento de Información para las actuaciones inspectivas de investigación”, de fecha 11 de junio de 2021; y, a folios 49 la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, notificada en la Casilla Electrónica de la impugnante el mismo 11 de junio de 2021, con lo cual se deja constancia del depósito del referido documento, conforme se puede apreciar a continuación:

Figura 03:

- Por último, se aprecia a folio 54, el documento denominado “Requerimiento de Información para las actuaciones inspectivas de investigación”, de fecha 24 de junio de 2021; y, a folios 55 la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, notificada en la Casilla Electrónica de la impugnante el mismo 24 de junio de 2021, con lo cual se deja constancia del depósito del referido documento, conforme se puede apreciar a continuación:

Figura 04:

11 Véase folios 09 y 10 del expediente inspectivo.

documento, en la que señala que: “no se especifica por parte del inspector comisionado sobre qué trabajadores y qué periodos están siendo supervisados”.

12 Vid. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (2017). Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador. Guía para asesores jurídicos del Estado (segunda edición). MINJUS: Lima, p. 44.

contratos de trabajo, entre otras documentales; con lo cual, al no haber agotado las modalidades de actuación inspectiva respecto a las materias investigadas, se debe tener en cuenta en el presente caso, la razonabilidad y proporcionalidad de la imposición de las multas impuestas.

cuanta con la información requerida a la que pueden tener acceso, y que por tanto sea información ilegal de solicitar, en virtud al artículo 48 del TUO de la LPAG.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Sobre la solicitud de informe oral

notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten13 (énfasis añadido).

“Décimo Sexto.- De igual manera este Tribunal en constante jurisprudencia ha precisado que el derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando a los titulares de los derechos e intereses legítimos se les impide ejercer los medios legales suficientes para su defensa; pero no cualquier imposibilidad de ejercer estos medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido del derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Este hecho se produce cuando al justiciable se le impide, de modo injustificado argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos (Exp. N.º 0582-2006-PA/TC; Exp. N.º 5175-2007-HC/TC, entre otros)".

“Décimo Octavo.- Sobre el particular es importante precisar que el recurrente cuestiona el hecho de que se le haya privado o impedido ejercer su derecho de defensa por medio del informe oral; sin embargo, ello no constituye una vulneración de este derecho constitucional toda vez que no significó un impedimento para el ejercicio del derecho de defensa del recurrente, ya que este Colegiado en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado a este respecto manifestando que en los supuestos en que el trámite de los recursos sea eminentemente escrito, no resulta vulneratorios del derecho de defensa la imposibilidad del informe oral; dado que el accionante ha podido presentar sus alegatos por escrito a fin de sustentar su impugnación. En consecuencia, no se ha producido vulneración alguna del derecho constitucional de defensa del recurrente".

“No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe”.

“28. Por tanto, si bien los administrados pueden solicitar una audiencia ante las Salas del Tribunal de Fiscalización Laboral, dicho elemento no es indispensable

13 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS “Artículo IV.-Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

ni necesario para la ejecución de las competencias que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la instancia de revisión. 29. Así, tomando en cuenta casos anteriores tales como los analizados en las Resoluciones N° 002-2021, 019-2021, 126-2021, 210-2021 y 401-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, este Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos.”

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Labor inspectiva La negativa a facilitar el requerimiento de información de fecha 31 de mayo de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL,

aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por MINERA AURIFERA RETAMAS S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 151-2022-SUNAFIL/IRE-LIB, de fecha 28 de junio de 2022, emitida por la Intendencia Regional de La Libertad, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 664-2021- SUNAFIL/IRE-LIB, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO las sanciones impuestas mediante la Resolución de Sub Intendencia N° 196-2022-SUNAFIL/IR-LL/SIRE, de fecha 25 de febrero de 2022, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 151-2022-SUNAFIL/IRE-LIB, en el extremo referente a las infracciones muy graves a la labor inspectiva por no cumplir con los requerimientos de información, de fechas 07, 11 y 24 de junio de 2021, tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO.- CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 151-2022-SUNAFIL/IRE-LIB en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, por no cumplir con el requerimiento de información, de fecha 31 de mayo de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

CUARTO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

QUINTO. - Notificar la presente resolución a MINERA AURIFERA RETAMAS S.A., y a la Intendencia Regional de La Libertad, para sus efectos y fines pertinentes.

SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20230829MCR