Minera Aurifera Retamas S.A — Res. 236-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Sistemas de gestión SST en las empresas (Sub materia: Incluye todas); Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) (Sub materia: Prevención de riesgos) y, Condiciones de seguridad: en lugares de trabajo, Instalaciones Civiles y maquinaria (Sub materias: Mantenimiento locales y, Condiciones seguridad). 20555195444 soft Erwin FAU 20555195444 soft 08:33:44-0500 CABALLERO SEGA Katty Angelica FAU 20555195444 soft

de los trabajadores de las contratistas Minera Construcción y Transporte La Libertad S.R.L., Minera Cáncer E.I.R.L., Minera Luz S.A.C., Mineros Alfa S.A. y Minera Tauro S.A.C.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no otorgar las condiciones de seguridad de los servicios higiénicos-lavaderos en el campamento de la Zona Chilca Oeste asignado al contratista Tauro, Cáncer y Alfa y del campamento Buenos Aires asignado al contratista Cáncer; y, de las habitaciones- camas en el campamento Buenos Aires asignado al contratista Tauro; tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 78,604.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con la materia de Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo – Vigilancia y Supervisión de Seguridad y Salud en el Trabajo Contratista; tipificada en el numeral 27.16 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 78,604.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la verificación de la medida de requerimiento de fecha 13 de agosto de 2020; tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 135,536.00.

i. En virtud al artículo 53.4.2 del RLGIT y el artículo 259 del TUO de la LPAG, refiere que el presente procedimiento sancionador ha caducado, en razón que la ampliación del plazo por 2 meses para resolver el procedimiento sancionador requiere de una resolución debidamente sustentada por parte del órgano competente.

ii. El Tribunal de Fiscalización Laboral en reiterados pronunciamientos ha señalado que la ampliación del plazo es excepcional, y debe justificarse; lo cual no ha ocurrido debido a que se ha empleado una motivación aparente.

iii. La resolución impugnada debe ser declarada nula por vulnerar el principio del debido procedimiento, así como el inciso 3 de la Constitución y el artículo 44, literal a) de la LGIT.

iv. Se ha vulnerado el principio de presunción de licitud, debido a que no hay prueba que acredite que no se cumplió con otorgar condiciones de seguridad adecuadas respecto al distanciamiento social en los dormitorios y servicios higiénicos.

v. Como se ha explicado, en una habitación con capacidad para 6 personas, la cual contaba con 3 camarotes, solamente dormían 2 trabajadores por turno. Asimismo, se implementó medidas como instalación de barreras físicas entre camarotes y desinfección constante. Si bien, la distancia entre los 3 camarotes (2 utilizados y 1 inhabilitado) no era de 1.5 metro, lo cierto es que la distancia entre los 2 camarotes efectivamente utilizados superaba la distancia de 1.5 metros requerida.

vi. Respecto a los supuestos incumplimientos del distanciamiento social en los lavaderos en el campamento Buenos Aires, refiere que la empresa cumplió con la distancia; además, implementó señaléticas de distancia en las instalaciones de los campamentos y servicios higiénicos, así como la desinfección constante de las áreas comunes.

vii. Con respecto a que no cumplieron con acreditar los estándares de las condiciones de seguridad respecto de las áreas ocupacionales, es evidente que se vulneraron los principios de presunción de licitud y verdad material, en la medida que se está invirtiendo la carga de la prueba en contra de la empresa.

viii. Por tanto, al no existir pruebas que contradigan lo argumentado, es decir, que acrediten que no existió el debido distanciamiento social en los dormitorios y los servicios higiénicos, y que, en consecuencia, no se ha incurrido en ninguna infracción, sostiene que se debe declarar la nulidad al configurar la causal prevista en el inciso 10.1 del TUO de la LPAG.

ix. La resolución sancionadora vulnera el derecho de defensa, en tanto no ha realizado un acucioso análisis de los hechos y medios probatorios, sino que se ha limitado a citar acápites enteros del Acta de Infracción a fin de motivar su aparente decisión.

x. Asimismo, vulneró el principio de tipicidad por cuanto no existía norma sustantiva o tipo infractor que señale que no se podía usar al 100% el vehículo de transporte, teniendo en cuenta que, a la fecha de la comisión de la supuesta infracción, la Resolución Ministerial N° 128-2020-MINEM/DM, se encontraba derogada, encontrándose vigente la Resolución Ministerial N° 159-2020-MINEM/DM.

xi. También sostiene que se ha vulnerado el principio de razonabilidad, por cuanto, en la medida inspectiva de requerimiento se otorgó solo el plazo de 3 días para subsanar 13 puntos.

xii. En el supuesto negado que se considere que habrían incurrido en infracción, refiere que debe aplicarse lo establecido en el literal f) del numeral 1 del artículo 257 del TUO de la LPAG, en tanto se ha implementado voluntariamente mejoras a fin de brindar un ambiente más seguro en todos sus campamentos, prueba de ello, es el "Informe de cumplimiento del Plan de Vigilancia, Prevención y Control ante Covid- 19 e investigación de casos en la U.E.A Retamas Minera Aurífera Retamas S.A.", en donde la Red de Salud de Pataz-MINSA en la supervisión realizada los días 19, 20 y 21 de agosto de 2020, entre otros, verificó el distanciamiento existente tanto en los dormitorios como en los servicios higiénicos sin detectar ningún incumplimiento, asimismo se adjuntan tomas fotográficas actuales de las condiciones del centro de trabajo.

i. En cuanto al plazo de caducidad invocado, de la revisión de los actuados, se evidencia que el inicio del procedimiento sancionador se dio a través de la notificación de la Imputación de Cargos el 16 de diciembre de 2020, notificada el 18 de diciembre de 2020. Asimismo, se advierte que mediante Resolución de Sub Intendencia N° 755- 2021-SUNAFIL/ILM/SIRE5, se optó por ampliar por dos (2) meses, el plazo para resolver el presente procedimiento administrativo sancionador, señalando que obedece a la complejidad de los actuados, toda vez que contiene infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo respecto a 434 trabajadores afectados, sumado a la sobrecarga de expedientes sancionadores.

ii. Con relación a la ampliación del plazo para resolver el procedimiento sancionador, refiere que la autoridad sancionadora ha señalado el fundamento, el mismo que justifica la ampliación, por cuanto de la revisión del expediente sancionador se advierte que contiene una serie de documentos presentados por la inspeccionada y recabados por la Administración, que requieren ser evaluados y analizados, aunado al número de trabajadores afectados (434) que son parte de la investigación

2 Notificada a la impugnante el 28 de marzo de 2022, véase folio 387 del expediente sancionador.

inspectiva, asimismo, que el personal legal con que cuenta la Sub Intendencia es insuficiente para la carga laboral que se tiene.

iii. Respecto a la supuesta vulneración del principio al debido procedimiento, de la revisión de los actuados, se corrobora que ni en el procedimiento sancionador, ni la resolución sancionadora contravienen en la forma ni en el fondo a la Constitución, ni a las leyes o normas reglamentarias, además, contiene los requisitos de validez del acto administrativo. Asimismo, dicha resolución se encuentra debidamente motivada conforme se puede verificar de los considerandos 20 al 59, al exponer una relación concreta y directa de los hechos probados durante el desarrollo del presente procedimiento.

iv. Por consiguiente, contrariamente a lo alegado por la impugnante, existe conexión lógica entre la fiscalización realizada, el procedimiento inspectivo, el procedimiento instructivo y la multa impuesta a ella por las infracciones materia de autos.

v. Respecto a la supuesta vulneración del principio de licitud, advierte que la decisión de sancionarla considera la presunción legal prevista en los artículos 16 y 47 de la LGIT del Acta de Infracción, así como el pronunciamiento del Informe Final, los descargos y documentación presentada por la inspeccionada, desarrollando en el considerando 23 al 24 de la resolución sancionadora la valoración de medios recabados durante el procedimiento inspectivo y sancionador.

vi. En tal sentido, se concluyó que la impugnante no ha cumplido con acreditar el cumplimiento de los estándares de las condiciones de seguridad respecto a las áreas ocupacionales de (i) servicio higiénico – lavaderos en el campamento de la Zona Chilca Oeste asignado al contratista Tauro, Cáncer y Alfa y del Campamento Buenos Aires asignado al contratista Cáncer; y, (ii) Habitaciones – camas en el Campamento Buenos Aires asignado a la contratista Tauro, siendo que la distancia sería menor a 1.50 m entre lavadero y lavadero, así como también de cama a cama, afectando a 434 trabajadores.

vii. Existe un reconocimiento de la impugnante, que la distancia entre camarotes no corresponde al distanciamiento de 1.5 m que establece la norma y si bien alega que ha procedido a reducir el aforo de las habitaciones, pues éste solo es una manifestación de parte que no ha sido probada.

viii. Respecto a que la Resolución Ministerial N° 128-2020-MINEM/DM, se encontraba derogada, cabe señalar que la citada resolución fue publicada en el diario oficial El Peruano el 06 de mayo de 2020 y modificada en algunos extremos por la Resolución Ministerial N° 159-2020-MINEM/DM, más no fue derogada.

ix. Sobre la infracción a la labor inspectiva, por el incumplimiento de la medida de requerimiento, el inspector comisionado señaló, en los hechos constatados del Acta de Infracción, que la impugnante no acreditó la materia de condiciones de seguridad y sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo en las empresas, frente al riesgo de la exposición de Covid-19. Si bien la impugnante consideraba que el plazo otorgado no era razonable, refiere que debió solicitar una ampliación de plazo para efectos de ser analizado por el personal inspectivo.

x. Por tanto, no es jurídicamente posible aplicar el eximente de sanción establecida en el artículo 47-A del RLGIT concordante con lo previsto en el literal f) del numeral 1 del artículo 257 del TUO de la LPAG.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…)

17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE MINERA AURIFERA RETAMAS S.A.

8 Artículo 14 del Decreto Supremo N° 016-2017-TR.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 18 de abril de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 482-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Conforme lo establecido en el artículo 53.4.2 del RLGIT concordante con el numeral 1 del artículo 259 del TUO de la LPAG, el plazo para resolver los procedimientos sancionadores es de 9 meses, contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. No obstante, este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres meses. En el presente caso, la Sub Intendencia resolvió ampliar por 2 meses el plazo argumentando: i) supuesta complejidad de las conductas infractoras y ii) sobrecarga de expedientes de la Sub Intendencia.

ii. Lo que fue avalado en la Resolución de Intendencia, sin tener en cuenta, además, que la Sub Intendencia no es competente para ampliar el plazo; la motivación de las razones que llevaron a dicha ampliación es inexistente, lo que vulnera el debido procedimiento. Por lo cual, se debe tener en consideración la Resolución N° 381-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala.

iii. Por ende, sostiene que operó el plazo de caducidad, en tanto la Resolución de Sub Intendencia fue notificada el 16 de noviembre de 2021, es decir, 10 meses y 28 días después de iniciado el procedimiento sancionador.

iv. Por otro lado, refiere que se ha inaplicado el derecho al debido procedimiento, en razón de que se vulnera el principio de culpabilidad, en tanto no se está tomando en consideración que, sí cumplieron con otorgar todas las condiciones de seguridad a sus trabajadores como, por ejemplo, el hecho que en una habitación con capacidad para 6 personas, la cual contaba con 3 camarotes, solamente dormían 2 trabajadores por turno. Asimismo, se implementaron medidas como la instalación de barreras físicas entre camarotes y desinfección constante. Si bien, la distancia entre los 3 camarotes (2 utilizados y 1 inhabilitado) no era de 1.5 metros, lo cierto es que la distancia entre los 2 camarotes efectivamente utilizados superaba la distancia de 1.5 metros requerida en la Resolución Ministerial N° 128-2020-MINEM/DM.

v. Respecto a los supuestos incumplimientos del distanciamiento social en los lavaderos en el campamento Buenos Aires asignado a la contratista Cáncer y en los campamentos de la Zona Chilca Oeste asignado a las contratistas Tauro, Cáncer y Alfa, sostiene que cumplió con la distancia; además, implementó señaléticas de distinta índole en las instalaciones de los campamentos y servicios higiénicos, así como la

desinfección constante de las áreas comunes, conforme a lo señalado en la Resolución Ministerial N° 128-2020-MINEM/DM.

vi. A su vez, sostiene que se ha vulnerado el derecho a la debida motivación de las resoluciones, así como el principio de carga de la prueba, en razón que la Administración debe motivar adecuadamente sus resoluciones.

vii. Respecto a la carga de la prueba, el Tribunal de Fiscalización Laboral se pronunció en la Resolución N° 025-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, quedando demostrado que la carga probatoria en el presente caso debe corresponder a la Administración.

viii. También sostiene que se vulneró el principio de tipicidad por cuanto no existía norma sustantiva o tipo infractor que señale que no se podía usar al 100% el vehículo de transporte. No obstante, a la fecha de la comisión de la supuesta infracción, la Resolución Ministerial N° 128-2020-MINEM/DM, respecto al extremo del aforo máximo se encontraba derogado, encontrándose vigente la Resolución Ministerial N° 159-2020-MINEM/DM, la cual señaló que el aforo máximo era establecido por la Autoridad Competente, es decir, por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

ix. En esa línea, refiere que la empresa que brindaba el servicio de traslado cumplía lo establecido en el “Lineamiento sectorial para la prevención del Covid-19 en el servicio de transporte terrestre regular de personas en los ámbitos nacional y regional”, aprobado por Resolución Ministerial N° 0386-2020-MTC-01, el cual establece que “el transportista podrá utilizar el 100% de los asientos siempre que implemente una cortina de polietileno (…)”.

x. A su vez, se ha inaplicado de manera errónea el artículo 46.7 del RLGIT, debido a que no tenían la obligación de cumplir con la medida inspectiva de requerimiento irrazonable y contraria a la legalidad; en razón que, la Intendencia reconoce que, el inspector otorgó el plazo de 3 días para cumplir con levantar 13 observaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo en dos campamentos (Campamento de Buenos Aires y Campamento Zona Chilca Oeste).

xi. Es así como, en el caso en particular, resulta irrazonable que la Intendencia pretenda motivar su argumentación señalando que la empresa pudo solicitar una ampliación de plazo cuando desde un inicio la medida de requerimiento fue emitida vulnerando el principio de razonabilidad.

xii. En ese sentido, teniendo en cuenta que el requerimiento tiene un carácter unitario y que, si el administrado verifica que esta no respeta el principio de legalidad, tiene derecho a resistirse, por ser violatorio del artículo 14 de la LGIT y numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT y no respetaba el principio de legalidad ni el de debida motivación; lo que ha sido validado por el Tribunal de Fiscalización Laboral mediante

xiii. Por lo que, concluye que la resolución impugnada debe ser declarada nula por contravenir el derecho al debido procedimiento.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre las infracciones graves

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General

de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Sobre la caducidad del procedimiento administrativo sancionador

“Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador 1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este. 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo. 3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no lo haya declarado de oficio (…)” (énfasis añadido).

“El plazo de caducidad del procedimiento administrativo sancionador es de nueve (9) meses y es computado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos, es decir, con el inicio del procedimiento administrativo sancionador. (…) Por el contrario, el día final de ese plazo no es de la fecha de la resolución sancionadora, sino el de su notificación al administrado, dado que elementales razones de garantía impiden que se conceda efecto interruptor a una resolución no comunicada aún. No obstante, la norma admite la ampliación del plazo de caducidad por tres (3) meses, pero requiere de una resolución debidamente sustentada por parte del

órgano competente, detallando las justificaciones de hecho y de derecho que conllevan a la necesidad de ampliar el plazo regular”9.

9 Morón Urbina, J. (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., 14va Ed., Tomo II, pp. 538 – 539. 10 Véase folio 218 del expediente sancionador.

de valorar en su integridad todos los actuados y medios probatorios exhibidos por la impugnante.

De la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir

imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada.

Figura N° 01: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

11 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

MINEM/DM, se encontraba derogada, encontrándose vigente la Resolución Ministerial N° 159-2020-MINEM/DM, la cual dispone que el aforo máximo era establecido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

“VI.2.3. Medidas en el transporte de personal hacia y desde las unidades, instalaciones y/o centros de control Los/las empleadores/as deben seguir las siguientes condiciones: a) Transporte Terrestre Privado (…) • Aforo máximo: De acuerdo a lo determinado por la Autoridad competente”.

“8.6 Establecer como aforo máximo el número de asientos señalados en la tarjeta de identificación vehicular, de acuerdo a las dimensiones del vehículo, el cual debe ser respetado por los usuarios. El transportista podrá utilizar el 100% de los asientos, siempre que implemente una cortina de polietileno u otro material análogo que contribuya al aislamiento entre asientos, caso contrario el transportista únicamente podrá utilizar los asientos que se encuentren contiguos a la ventana. En ambos casos, es de uso obligatorio la mascarilla y protector facial durante el viaje. No está permitido viajar de pie en el transporte público.”

“(…) que los principios de culpabilidad, legalidad, tipicidad, entre otros, constituyen principios básicos del derecho sancionador, que no sólo se aplican en el ámbito del derecho penal, sino también en el del derecho administrativo sancionador (…)”.

“El principio de legalidad constituye una auténtica garantía constitucional de los derechos fundamentales de los ciudadanos y un criterio rector en el ejercicio del poder punitivo del Estado Democrático. La Constitución lo consagra en su artículo 2, inciso 23, literal d), con el siguiente tenor: “nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley”.

“El derecho administrativo es mucho más que la ley y, por ende, la Administración se somete al entero y pleno ordenamiento jurídico en su conjunto. Esto, aunque es más que evidente, hay que decirlo para que no se cometa el terrible error de entender que el principio de legalidad es que la Administración se somete solo al texto expreso de la ley como única fuente de derecho”.

“Como se puede apreciar, además de ser una garantía para los administrados, este principio proclama la prohibición de la imposición de sanciones desprovistas de un marco legal, lo que a su vez implica que los reglamentos no podrían establecer infracciones y sanciones por sí mismos, pues solo las normas con rango de ley podrían hacerlo”.

respectiva “Constancia de Actuaciones Inspectivas de Investigación”, obrante a folio 13 y siguientes del expediente inspectivo, en donde expresamente se señalan los incumplimientos detectados por el personal inspectivo.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y Salud en el Trabajo No acreditar otorgar las condiciones de seguridad de los servicios higiénicos – lavaderos en el campamento de la Zona Chilca Oeste asignado al contratista Tauro, Cáncer y Alfa y del campamento Buenos Aires asignado al contratista Cáncer; y, de las habitaciones – camas en el campamento Buenos Aires asignado al contratista Tauro. Numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con la materia de Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo – Vigilancia y Supervisión de Seguridad y Salud en el Trabajo Contratista. Numeral 27.16 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con la verificación de la medida de requerimiento de fecha 13 de agosto de 2020. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por MINERA AURIFERA RETAMAS S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 482-2022-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 6078-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 482-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a MINERA AURIFERA RETAMAS S.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil)

Presidente

KATTY ANGÉLICA CABALLERO SEGA

20230308MCR