Mexichem Perú S.A — Res. 1441-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Registro de control de asistencia (Submaterias: Incluye todas); Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Submaterias: Jornada y horario de trabajo).

53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019- 2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales por no acreditar contar con el registro de control de asistencia en perjuicio de 146 trabajadores afectados, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 60,974.00

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no acreditar cumplir con la medida inspectiva de requerimiento del 09 de diciembre de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 60,974.00.

i. Que, el registro de marcación de asistencia de los trabajadores es correcto, por cuanto el tiempo que se dedica a la colocación o vestimenta del uniforme no forma parte de la jornada de trabajo, ya que durante el mismo no se realizó labor efectiva,

ni estaban a disposición de la empresa, conforme al criterio señalado en la Casación Laboral N° 14239-2015-LIMA. ii. Que, de acuerdo con el artículo 22 del Decreto Supremo N° 008-2002-TR, la prestación efectiva de trabajo en sobretiempo debe ser probada por los servicios inspectivas, los inspectores no pueden aplicar presunciones. iii. Que, resulta imposible considerar como jornada de trabajo el lapso de tiempo desde que el trabajador arriba al centro de trabajo, pues entre ellos existe escasos 4 minutos, conforme lo ha constatado el inspector. iv. Que, nunca se impidió a los trabajadores el marcado del registro de asistencia, por tanto, la conducta imputada no se enmarca en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT. No se demostró la existencia de un actuar doloso por parte del inspector, vulnerándose el principio de congruencia y debida motivación. v. Que, se ha vulnerado el principio non bis in idem, pues se propone una multa por el mismo concepto dos veces, una por impedir el registro de asistencia y otra por no cumplir con la medida de requerimiento que consiste en dejar de impedir el registro de asistencia. Debiendo, por tanto, desestimarse la multa. vi. Que, conforme a la “Política de Asistencia, Horas Extras y Compensaciones” que se adjunta, los trabajadores operativos gozan de 15 minutos al inicio de la jornada y 15 minutos antes de la finalización para proceder con el cambio de uniforme, no teniendo obligación el personal de registrar su asistencia al ingreso sino en el lugar de trabajo. Así, el tiempo del cambio del uniforme es considerado y pagado como parte de la jornada. Debiendo dejarse sin efecto las multas impuestas.

i. Que, la inspeccionada expone los mismos argumentos que fueron plasmados en sus descargos contra la Imputación de Cargos e Informe Final, los cuales ya han sido analizados y desvirtuados en la resolución apelada, cuyos fundamentos son compartidos por la Intendencia, respecto del incumplimiento de la inspeccionada al registro del tiempo real de trabajo. ii. Que, sin perjuicio de ello, mediante escrito de fecha 27 de marzo de 2023, se advierte que la inspeccionada precisa el nuevo sistema de control de asistencia y sobretiempo como parte de la jornada desde el momento al ingreso de planta, por lo que queda claro que la propia inspeccionada admite haber vulnerado lo establecido en las disposiciones del registro de asistencia. iii. Que, el inspector emitió la medida de requerimiento de fecha 09 de diciembre de 2020, a fin de que la inspeccionada garantice las medidas necesarias para el

2 Notificada a la impugnante el 17 de julio de 2023, conforme consta de folios 150 del expediente sancionador.

cumplimiento de la normativa sociolaboral, no obstante, no se cumplió con ella dentro del plazo incurrido en infracción a la labor inspectiva. iv. Que, así, los argumentos de la apelación no desvirtúan las infracciones en que ha incurrido la inspeccionada, correspondiendo confirmar la resolución venida en grado.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión”. 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal

de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE MEXICHEM PERU S.A

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 09 de agosto de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 936-2023-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Que, el que se mantenga la obligación del registro del horario de ingreso y salida cuando los trabajadores se encuentran con el uniforme de trabajo, no implica vulneración alguna, pues el tiempo que les toma vestirse y desvestirse, no encaja dentro de la definición de jornada de trabajo o trabajo efectivo, y menos aún como trabajo fuera de la jornada. ii. Que, en la empresa es un imperativo que los trabajadores presten servicios uniformados y, si esto no ocurre, son sancionados, pues se realizan labores de riesgo, lo cual no ha sido evaluado por los inspectores. No es posible que todo el tiempo que el trabajador permanezca en las instalaciones de la empresa sin estar a disposición del empleador, sin realizar trabajo efectivo, se deba considerar como sobretiempo. iii. Que, no hay prueba alguna que demuestre que se impidió el registro de asistencia, por lo cual la conducta imputada no calza dentro del supuesto de hecho contemplado en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT. Esto supone una grave contradicción y vulneración al principio de congruencia, ligado al derecho a una debida motivación. iv. Que, al momento de la inspección se contó con un procedimiento de registro de marcaciones válido, siendo que ninguna de las instancias previas se ha pronunciado sobre que el tiempo que usan los trabajadores no debe ser considerado como parte de

la jornada; y si bien, en la actualidad hay un único punto de marcación por política de la empresa, ello no significa que se esté admitiendo una vulneración de normas como alega la intendencia, más aún cuando se sostiene que el tiempo para colocarse el uniforme no es trabajo efectivo conforme a la Casación Laboral N° 14239-2015-Lima. v. Que, no se obliga a los trabajadores a registrar su ingreso o saluda antes o después de cada supuesto, sino que por el contrario se les otorga 10 minutos de tolerancia, como consta en el Acta de Infracción. Siendo que, conforme al principio de primacía de la realidad, existen indicios de que los escasos 4 minutos del tiempo de cambio de uniforme, los trabajadores no se encontraban a disposición del empleador. vi. Que, se ha vulnerado el principio non bis in idem, pues se propone una multa por el mismo concepto dos veces, una por impedir el registro de asistencia y otra por no cumplir con la medida de requerimiento que consiste en dejar de impedir el registro de asistencia. Debiendo, por tanto, desestimarse la multa. vii. Que, actualmente las políticas de la empresa, sobre marcación de ingreso, consideran el tiempo del cambio de uniforme como parte de la jornada de trabajo y es pagado como tal. Por consecuencia, las multas deben ser desestimadas.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139.° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis agregado)

debido procedimiento, debe analizarse el caso concreto a fin de contrastar la existencia de vulneración al respecto.

Sobre la vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos

administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091- 2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514- 2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido)

Sobre los presuntos vicios de motivación incurrido en el caso concreto

i. Que, el registro de marcación de asistencia de los trabajadores es correcto, por cuanto el tiempo que se dedica a la colocación o vestimenta del uniforme no forma parte de la jornada de trabajo, ya que durante el mismo no se realizó labor efectiva, ni estaban a disposición de la empresa, conforme al criterio señalado en la Casación Laboral N° 14239-2015-LIMA. ii. Que, de acuerdo con el artículo 22 del Decreto Supremo N° 008-2002-TR, la prestación efectiva de trabajo en sobretiempo debe ser probada por los servicios inspectivas, los inspectores no pueden aplicar presunciones. iii. Que, resulta imposible considerar como jornada de trabajo el lapso de tiempo desde que el trabajador arriba al centro de trabajo, pues entre ellos existe escasos 4 minutos, conforme lo ha constatado el inspector.

iv. Que, nunca se impidió a los trabajadores el marcado del registro de asistencia, por tanto, la conducta imputada no se enmarca en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT. No se demostró la existencia de un actuar doloso por parte del inspector, vulnerándose el principio de congruencia y debida motivación. v. Que, se ha vulnerado el principio non bis in idem, pues se propone una multa por el mismo concepto dos veces, una por impedir el registro de asistencia y otra por no cumplir con la medida de requerimiento que consiste en dejar de impedir el registro de asistencia. Debiendo, por tanto, desestimarse la multa. vi. Que, conforme a la “Política de Asistencia, Horas Extras y Compensaciones” que se adjunta, los trabajadores operativos gozan de 15 minutos al inicio de la jornada y 15 minutos antes de la finalización para proceder con el cambio de uniforme, no teniendo obligación el personal de registrar su asistencia al ingreso sino en el lugar de trabajo. Así, el tiempo del cambio del uniforme es considerado y pagado como parte de la jornada. Debiendo dejarse sin efecto las multas impuestas.

(…)

descartarse argumentos temerarios, de mala fe o meramente insustanciales), lo que resulta necesario para una valoración adecuada de los fundamentos de hecho y de derecho en un caso particular. Asimismo, es preciso sustentar adecuadamente la aplicación, interpretación o integración normativa que corresponda a la absolución de las alegaciones planteadas por los administrados que cumplan con ser razonablemente relevantes en la discusión jurídica que un recurso administrativo o escrito de descargos pueda proponer, conforme a los precedentes o jurisprudencia constitucionalmente aplicables a cada caso. (…)” (énfasis añadido).

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

Así, en el Exp. N.º 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N.º 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos:

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión (…).

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica (…)

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. (…).

f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal.” (énfasis añadido).

produjo, de este modo, un pronunciamiento meramente superficial de la impugnación por parte de la intendencia.

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (énfasis agregado)”.

Fundamento jurídico 14, Exp. N° 02098-2010-PA/TC. 10 Cfr. artículo IV del TUO de la LPAG 11 “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo 6.28. El artículo 15 de la Ley N° 29981 señala que el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. En ese sentido, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.

SE RESUELVE: PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por MEXICHEM PERU S.A, y, en consecuencia, NULA la Resolución de Intendencia N° 936-2023-SUNAFIL/ILM, de fecha 14 de julio de 2023, y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 602-2021-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en el que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Intendencia N° 936-2023-SUNAFIL/ILM, de fecha 14 de julio de 2023, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento considerando los alcances señalados en la presente resolución.

TERCERO. – Remitir los actuados a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.32 de la presente resolución.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a MEXICHEM PERU S.A, y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20251015RDTN – HR 18711-2020