Medifarma S.A — Res. 96-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Identificación de peligros y evaluación de riesgos (Submateria: incluye todas), Gestión interna de Seguridad y Salud en el Trabajo (Submateria: Registro de enfermedades ocupacionales, Registro de exámenes médicos ocupacionales), Formación e Información sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (Submateria: incluye todas). Luis Mendoza Legoas DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

(05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con haber implementado el Registro de Exámenes Médicos Ocupacionales del año 2015 a favor de la extrabajadora Yesica Marleni Lira Zambrano tipificada en el numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole la multa de S/ 5,670.00. - Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con su obligación respecto a la Formación e Información sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, sobre los riesgos del puesto de trabajo o función específica; al no haber acreditado las respectivas capacitaciones 2017 y 2018 a favor de la extrabajadora Yesica Marleni Lira Zambrano, tipificada en el numeral 27.8 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole la multa de S/ 5,670.00 - Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 24 de mayo de 2019, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole la multa de S/ 9,450.00.

i. Señala que la resolución apelada cita tres normas específicas para justificar que se debió implementar un registro de exámenes médicos ocupacionales en el año 2015, debido a que los exámenes médicos ocupacionales de la señora Yesica Marleni Lira Zambrano debieron realizarse de forma anual al ejercer actividades de alto riesgo. Sobre la primera de ellas, el artículo 49 de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, data del 11 de julio de 2014, debido a que fue modificada por la Ley N° 30222. En ese sentido, fue publicada con anterioridad al año 2015, por lo que es la que se encontraba vigente. Sin embargo, no se precisa en su contenido que deba realizar exámenes médicos ocupacionales cada año, lo que sería arbitrario. Solo se encuentra obligado a implementar exámenes médicos periódicos cada dos años. Respecto a la segunda de ellas, el artículo 101 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR, no se encontraba vigente en el año 2015, pues recién se publicó el 23 de diciembre de 2016. Entonces, recién a partir del 2016 existe obligación de realizar los citados exámenes anualmente, lo cual se cumplió. En cuanto a la tercera de ellas, el numeral 6.4.3 de la Resolución Ministerial N° 312-2011-MINSA data del año 2011 cuando todavía existía la obligación legal especifica de practicar exámenes médicos ocupacionales antes del inicio de la relación laboral, de manera periódica y al finalizar

la relación laboral. Sin embargo, con la modificación de la Ley N° 29783 en el 2014 no se imponía la obligación en forma anual para empresas que realizan actividades de alto riesgo, sino hasta el 2016. ii. Indica que la resolución apelada no contiene una motivación adecuada, debido a que no ha citado una norma que regule el sector farmacéutico, respecto a la aplicación de exámenes médicos ocupacionales. Inclusive, se ha presentado en el procedimiento sancionador los exámenes médicos ocupacionales de la extrabajadora de cada año sin ninguna interrupción cuando todavía no estaba vigente la modificación del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo del 2016. Estos argumentos no han sido rebatidos y analizados, lo que vulnera el debido procedimiento y su derecho de defensa. iii. Sostiene que, en la resolución apelada, se le imputa una infracción distinta a la señalada en el Informe Final, respecto a la formación e información de seguridad y salud en el trabajo; por lo que, dicha contradicción vulnera su derecho de defensa. Sobre la infracción que se le imputa en el Informe Final, ninguna norma laboral obliga al empleador a realizar capacitaciones en temas específicos en materia de seguridad y salud en el trabajo en forma anual. Sobre la infracción que se le imputa en la resolución de multa, la única obligación legal expresa es de realizar no menos de cuatro (4) capacitaciones al año, no siendo específicos respecto a que temática se debe abordar. Al respecto, de acuerdo a la documentación obrante en el procedimiento inspectivo, se ha cumplido con desarrollar cuatro (4) capacitaciones durante los años 2015 hasta el 2019; adicionalmente, se ha brindado capacitaciones adicionales a los trabajadores, incluida a la extrabajadora Yesica Marleni Lira Zambrano. En la resolución de multa, se estipula que la empresa debió capacitar en la adopción de medidas necesarias de protección y prevención de riesgos laborales a las que están expuestos los trabajadores durante las actividades de trabajo o funciones específicas, cuando en ningún momento la norma determina que se deba capacitar obligatoriamente sobre esta temática. Sin perjuicio de lo anterior, en la relación de capacitaciones presentadas figuran las siguientes: “Uso adecuado de EPP”, “Prevención de caídas”, “Taller de Ergonomía”, “Supervisión de los parámetros, atributos de los procesos de producción” y “Seguridad de manos”, entre otras, y adicionalmente se ha capacitado sobre riesgos ergonómicos y uso adecuado de EPP. iv. Los hechos que configuran la infracción por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento no se ajustan a la definición de infracción a la labor inspectiva consignada en el artículo 36 de la LGIT. Se entiende por infracciones a la labor inspectiva las conductas que obstruyen las labores del inspector del trabajo y en los supuestos de hecho indicados; sin embargo, se debe precisar que se brindó la colaboración al inspector comisionado, presentando la documentación requerida y acudiendo a las comparecencias. Por lo que no se ha realizado ninguna conducta que impidiera u obstaculizara las actuaciones inspectivas. Además, las medidas señaladas en la medida de requerimiento se basan en interpretaciones que el inspector hace

de los hechos verificados cuando en realidad no son infracciones. No se le puede coaccionar a no ejercer su derecho de defensa; ya que, si se cumplía con el requerimiento de fecha 24 de mayo de 2019 en todos sus extremos, a pesar de que estos carecían de sustento legal, el procedimiento administrativo se convertiría en un medio inútil para cuestionar el Acta de Infracción. Por ello, multar por no cumplir con el requerimiento es una limitación arbitraria y vulnera su derecho de defensa al tener el derecho a cuestionar la decisión del inspector.

i. Se declara la prescripción de la infracción por no implementar el registro de exámenes médicos ocupacionales del año 2015, que afectó a la extrabajadora Yesica Marleni Lira Zambrano, debiendo por ello revocarse la multa impuesta por la primera infracción grave. ii. En la apelación se sostiene que la resolución le estaría imputando infracción distinta a la que se consignó en el Informe Final, pero se aprecia que la autoridad sancionadora ha basado su decisión en lo analizado en la fase instructora, no se observa que haya existido alguna contradicción en la conducta descrita entre el Informe Final y la resolución apelada, en lo referente al incumplimiento de la obligación de no haber brindado a la extrabajadora Yesica Marleni Lira Zambrano formación e información sobre los riesgos del puesto de trabajo o función específica, en los años 2017 y 2018, que se tipificó en el numeral 27.8 del artículo 27 del RLGIT. Las temáticas en las que debió haber capacitado a la extrabajadora en los años 2017 y 2018 estaban establecidas en sus matrices IPERC. Sin embargo, luego de revisar los documentos exhibidos por la inspeccionada respecto a las charlas y capacitaciones brindadas en el año 2017 y 2018 a la extrabajadora Yesica Marleni Lira Zambrano, no se le capacitó en dichas temáticas. Las capacitaciones no estuvieron enfocadas en los riesgos del puesto de trabajo o la función específica, conforme a las medidas de control previstas en sus matrices IPERC, vigentes durante los años 2017 y 2018. iii. La inspeccionada no ha dado cumplimiento de forma total a lo ordenado en la medida inspectiva de requerimiento, por lo que no se puede desconocer este incumplimiento al deber de colaboración con la Autoridad inspectiva. iv. Las acciones ordenadas por la inspectora del trabajo se sustentan en los hechos que ella misma ha podido comprobar producto de la actividad de fiscalización que se le encomendó y que debía revertirse sus efectos antijuridicos en el plazo que se le otorgó al notificársele la medida de requerimiento. Si la inspeccionada consideraba que el mandato de la inspectora del trabajo no tenía asidero, podía no dar cumplimiento a las acciones correctivas ordenadas y ejercer su derecho de defensa en el seno del procedimiento sancionador, al no ser la medida inspectiva de requerimiento un acto impugnable. Sin embargo, en ese escenario, la inspeccionada debió considerar que, si posteriormente se determina su responsabilidad en la comisión de las infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, deberá asumir las consecuencias de no haber cumplido oportunamente con la medida correctiva que le fuera puesto en conocimiento.

2 Notificada a la impugnante el 30 de junio de 2022.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.

Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR. 20555195444 soft

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE MEDIFARMA S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 21 de julio de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1077-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Invoca la infracción normativa de los incisos 3 y 5 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, sobre el debido procedimiento y resoluciones motivadas. ii. Indica que hubo inaplicación de los principios del procedimiento administrativo sancionador de razonabilidad, debido procedimiento y non bis in ídem. iii. Indica que el incumplimiento de la medida de requerimiento no se ha dado con ánimos de entorpecer o dificultar las labores inspectivas, el único objetivo fue hacer prevalecer la verdad material y ejercer su derecho de defensa.

iv. Se pretende imponer una sanción doble, pese a haber cumplido durante todo el procedimiento con atender a los inspectores, vulnerando el principio non bis in idem, en virtud del cual no se puede imponer doble sanción por los mismos hechos. v. Menciona que no puede sancionársele por no haber cumplido la medida de requerimiento, ya que se estaría vulnerando su derecho de defensa.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Sobre la supuesta vulneración al principio del non bis in ídem 6.7 En su recurso, la impugnante refiere que se pretende imponer una sanción doble, pese a haber cumplido durante todo el procedimiento con atender a los inspectores, vulnerando el principio non bis in idem, en virtud del cual no se puede imponer doble sanción por los mismos hechos.

9 Por todas, consúltese en la Sentencia del Tribunal Constitucional del 16 de abril de 2003, recaída en el Expediente N° 2050-2002-AA/TC.

sanción concurrente o sucesiva) tiene que acreditarse que entre ella y la primera deba apreciarse una triple identidad de “sujeto, hecho y fundamento”, dado que, si no apareciera alguno de estos elementos comunes, si sería posible jurídicamente la acumulación de acciones persecutorias en contra del administrado. Por ello, en todos los casos, los presupuestos de operatividad para la exclusión de la segunda pretensión sancionadora son tres:

 La identidad subjetiva o de persona (eadem personae) consistente en que ambas pretensiones punitivas sean ejercidas contra el mismo administrado, independientemente de cómo cada una de ellas valore su grado de participación o forma de culpabilidad imputable. No se refiere a la identidad del agraviado o sujeto pasivo (…)

 La identidad de hecho u objetiva (eadem rea) consiste en que el hecho o conducta incurridas por el administrado deba ser la misma en ambas pretensiones punitivas, sin importar la calificación jurídica que las normas les asignen o el presupuesto de hecho que las normas contengan. No es relevante el nomen juris o como el legislador haya denominado a la infracción o título de imputación que se les denomine, sino la perspectiva fáctica de los hechos u omisiones realizados.

 Finalmente, la identidad causal o de fundamento (eadem causa petendi) consiste en la identidad en ambas incriminaciones, esto es, que exista superposición exacta entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras, de suerte tal que si los bienes jurídicos que se persiguen resultan ser heterogéneos existirá diversidad de fundamento, mientras que, si son iguales, no procederá la doble punición (…)”10 (énfasis añadido).Conforme a ello, dada la claridad expositiva del Tribunal Constitucional, así como de la norma contenida en el TUO de la LPAG, respecto de los alcances del derecho al debido procedimiento, debe analizarse el caso concreto, respecto de la debida motivación de las resoluciones.

10 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica, 2015, p. 790.

De la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse”.

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

rectificación de una infracción determinada por la inspección del trabajo). Por ello, la inspeccionada tiene la carga de dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad inspectiva, caso contrario, su incumplimiento constituye infracción a la labor inspectiva, sancionable con multa, según lo dispuesto por el artículo 36 de la LGIT y el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

“8. En esa medida, además de las infracciones detectadas por incumplimientos a la normativa sociolaboral y de la seguridad y salud en el trabajo, las infracciones a la labor inspectiva se configuran, entre otros supuestos, cuando existe una obstrucción de parte de los inspeccionados al deber de colaboración en las actuaciones inspectivas. 9. Por consiguiente, en tanto que el ordenamiento jurídico no disponga cosa distinta, los actos o hechos que impiden o dificulten la labor inspectiva y que se consignan en el acta de infracción, constituyen infracciones que no tienen una naturaleza secundaria, adjunta ni dependiente, respecto de posibles infracciones ocurridas y detectadas en la visita inspectiva referentes a aspectos sustantivos objeto de control por la inspección del trabajo.”

“6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

Figura N° 01

“23. Conforme se estableció en los criterios de observancia obligatoria aprobados en los fundamentos 6.8, 6.9 y 6.10 de la Resolución de Sala Plena N° 002-2022-SUNAFIL/TFL, las entidades, el análisis de las infracciones a la labor inspectiva tipificados en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT “… deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia. 24. Así, el análisis de la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida inspectiva de requerimiento debe encontrarse estrictamente vinculado con su génesis y debe circunscribirse a la obligación material (reflejada en una infracción muy grave) que justifique su emisión. Todo esto debe comprobarse de la revisión de los actuados en la etapa de fiscalización. 25. Debemos señalar que, la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, deben ser analizadas en atención a los siguientes criterios, siguiendo dicho orden de prelación: 25.1. Legalidad. - Debe ser evaluada, partiendo del cumplimiento de lo dispuesto en el bloque de legalidad invocable, el cual está comprendido por los artículos 141 de la LGIT y 172 del RLGIT, sobre la medida inspectiva de requerimiento, estos deben haberse comprobado la existencia de una infracción y que la misma pueda ser objeto de subsanación. Siendo que, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una

medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador, tal y como se señaló en el considerando 6.7 de la Resolución N° 018-2021-SUNAFIL/ TFL-Primera Sala, del 08 de junio de 2021, recaída en el Expediente N° 1098-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE4. 25.2. Razonabilidad. - El artículo IV3 Texto Único de la Ley del Procedimiento Administrativo General reconoce a la misma como un principio del procedimiento administrativo. Siendo que para satisfacer el principio de razonabilidad debe esta medida inspectiva mantener proporción entre los medios y fines, esto es, que dentro de los márgenes de discrecionalidad que tiene la autoridad inspectiva se debe elegir/optar por una que sea proporcional al fin perseguido por la administración. Por tanto, este aspecto debe ser evaluado desde el punto de vista de la mesura que se debe tener entre los medios utilizados y los fines perseguidos con la medida inspectiva de requerimiento […]” (resaltado agregado)

11 TUO de la LPAG, incisos 1.1 y 1.2 del numeral 1 del artículo IV del Título Preliminar.

“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

Información Adicional

12 Cassagne, Juan Carlos. El acto administrativo, teoría y régimen jurídico. Ediciones Olejnik, 2019, p. 86. 13 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica, p. 93.

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con su obligación respecto a la Formación e Información sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, sobre los riesgos del puesto de trabajo o función específica. Numeral 27.8 del artículo 27 del RLGIT GRAVE

Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con haber implementado el Registro de Exámenes Médicos Ocupacionales del año 2015 a favor de la extrabajadora Yesica Marleni Lira Zambrano Numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 24 de mayo de 2019 Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por MEDIFARMA S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 1077-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 28 de junio de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 1469-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante la Resolución de Sub-Intendencia N° 872-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE3, de fecha 30 de setiembre de 2021, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 1077-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referido a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a MEDIFARMA S.A. y a la Intendencia de Lima Metropolitana para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA