Medifarma S.A — Res. 753-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Planillas o registros que la sustituyan (Sub materia: Registro trabajadores y otros en planilla); Condiciones de seguridad: en lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria (Sub materia: Condiciones de seguridad; Avisos y señales de seguridad; Mantenimiento locales; y, Ascensores o montacargas); Prevención y protección contra incendios (Sub materia: Orden y limpieza; y, Almacenaje de explosivos y sustancias inflamables); Máquinas y equipos de trabajo (Sub materia: Incluye todas); y, Equipos de protección personal (Sub materia: Incluye todas). 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no permitir el ingreso al área de almacén del centro de trabajo al personal inspectivo, en la visita inspectiva de fecha 12 de diciembre de 2020, tipificada en el numeral 46.1 del artículo 46 del RLGIT.

i. Señala que no se aplicó el principio de razonabilidad, debido a que no se determinó la existencia de un incumplimiento de fondo sobre las materias inspeccionadas, por lo que, no resulta razonable imponer una multa por una supuesta infracción a la labor inspectiva. ii. Que, conforme al Acta de Infracción, supuestamente se habría negado el ingreso a los inspectores para que ingresen a la zona del almacén en la visita al centro de trabajo realizada el 12 de diciembre de 2019, porque: i) supuestamente la empresa habría señalado injustificadamente que los inspectores debían mostrar sus seguros complementarios de trabajo de riesgo – SCTR; y, ii) que luego debían pasar por una breve inducción previa en seguridad y salud en el trabajo. En ese contexto, el 12 de diciembre de 2019, se presentaron a las instalaciones de la empresa, con la finalidad de realizar las actuaciones inspectivas de investigación, las cuales incluían el recorrido por las áreas operativas; sobre el particular, los hechos no ocurrieron de la manera como han indicado los inspectores, pues en ningún momento dilataron o afectaron el modo alguno el desarrollo de la visita inspectiva, siendo que el requerimiento del SCTR a los inspectores y pasar por la inducción es obligatorio para todas las personas que ingresan al área del almacén. iii. En tal sentido, con el ánimo de colaborar con los inspectores desde el ingreso al centro laboral se les acondicionó una sala para las reuniones con las personas del sindicato, se pidió los equipos de protección personal – EPP y, por insistencia de los inspectores, se inició el recorrido previo en áreas en las cuales no se requiere los EPP. iv. Por tanto, se evidencia que la demora no dependía de hechos atribuibles a la empresa, sino a la espera que se brinde la inducción previa, que los inspectores se negaron a recibir y se acredite los SCTR de ambos inspectores de trabajo. v. Precisa que, si los inspectores recibían la capacitación previa y entregaban la documentación en ese momento, no hubiera existido demora alguna en el

desarrollo de la visita; incluso, se desarrolló una visita al centro de trabajo el 15 de enero de 2020, con posterioridad a la visita objeto de ese procedimiento, en la cual no se registró algún inconveniente. vi. Señala que se ha inaplicado el principio de tipicidad, en tanto, se ha realizado una interpretación extensiva de la conducta tipificada en el numeral 46.1 del artículo 46 del RLGIT, ya que en ningún momento se les negó o impidió la entrada a los inspectores al centro de trabajo ni a las áreas operativas del mismo, ya que únicamente se les requirió pasar previamente por la inducción en SST y mostrar el SCTR correspondiente. vii. Que, la resolución apelada vulnera el principio de debida motivación, pues se limita a invocar la Directiva N° 001-2016-SUNAFIL/INII; sin embargo, la propia Directiva establece que una negativa injustificada deberá entenderse como la oposición al ingreso de inspector comisionado sin expresar motivo alguno de su rechazo o expresando razones inconsistentes que no guarden relación con las exigencias dispuestas por la norma laboral vigente. En el presente caso, en ningún momento se les negó el ingreso a los inspectores, sino se les pidió acreditar su SCTR y pasar por una inducción previa en SST. viii. Ante ello, el presunto hecho generador sería expresar razones inconsistentes; sin embargo, ambas condiciones para el ingreso son requerimientos mínimos establecidos para empresas de alto riesgo como Medifarma, por las normas en SST y las propias directivas de la empresa. Incluso la Sub Intendencia sólo invoca la norma, mas no realiza un análisis sobre el supuesto incurrido en el presente caso. Ello no satisface la mínima motivación requerida para imponer una sanción a cualquier administrado. ix. Alegan que, en la Imputación de Cargos, ni en el Acta de Infracción se han identificado con certeza a los supuestos trabajadores afectados. En el presente caso lo que sucedió fue que el inspector de trabajo ha considerado para la determinación de los trabajadores afectados, arbitrariamente, a 1098 trabajadores afectados registrados en la planilla electrónica, sin identificar a la totalidad de ellos. Así, no se entiende cómo el inspector de trabajo, la Autoridad Instructora y la Sub Intendencia han determinado el número e identidad de los supuestos trabajadores afectados, si no se consignaron en el Acta de Infracción a los supuestos 1908 trabajadores afectados, ya que en el Cuadro N° 1, sólo cuenta con 591 trabajadores, más no la cantidad atribuida por la autoridad.

2 Notificada a la impugnante el 09 de febrero de 2022, véase folio 208 del expediente sancionador. i. Que, teniendo en cuenta que la obligatoriedad de contar con el seguro complementario de trabajo de riesgo, por parte de los inspectores comisionados se encuentra previsto en la Segunda Disposición Final y Transitoria de la LGIT, y el inspector comisionado aclaró a la inspeccionada que el personal inspectivo de Sunafil contaba con dicho SCTR vigente, este fue exigido sólo para el ingreso del Almacén y no para otras áreas que igualmente eran de alto riesgo; por lo que dicha exigencia resulta incongruente, y nada oportuna, toda vez que ya se había iniciado la actuación inspectiva y previamente se había visitado el área de calderos, zona calificada como de alto riesgo, por lo que la exigencia efectuada por la inspeccionada bajo la condición de no permitir el ingreso a dicha área constituye una negativa injustificada, y que a pesar de haber sido advertido por los inspectores comisionados que dicha actitud constituía una infracción a la labor inspectiva sancionable con multa, los representantes de la inspeccionada que atendieron la visita inspectiva en fecha 12 de diciembre de 2019, mantuvieron su actitud de no permitir el ingreso al área de Almacén del centro de trabajo. ii. Se advierte que la autoridad de primera instancia, analizando los hechos ocurridos en la visita inspectiva de fecha 12 de diciembre de 2019, ha precisado claramente la tipificación que corresponde a la negativa de permitir el ingreso al centro de trabajo, específicamente al área de Almacén, a los inspectores comisionados, previsto en el numeral 46.1 del artículo 46 del RLGIT. Aunado a ello, se ha precisado lo establecido en la Directiva N° 001-2016-SUNAFIL-INII, que aprueba las reglas generales para el ejercicio de la función inspectiva (vigente a la fecha de las actuaciones inspectivas). iii. En tal sentido, es evidente que, en el caso de autos, se ha producido por parte de la inspeccionada la negativa de permitir el ingreso de los inspectores comisionados al área de Almacén, de manera injustificada, impidiendo así, que se realice la inspección de manera efectiva el 12 de diciembre de 2019; por tanto, lo alegado por la inspeccionada no enerva la infracción cometida; por lo que, corresponde desestimar lo alegado. iv. Respecto al número de trabajadores afectados, tratándose de infracciones tipificadas en el numeral 46.1 del artículo 46 del RLGIT, únicamente para el cálculo de la multa a imponerse, se considera como trabajadores afectados al total de trabajadores de la empresa que asciende a mil novecientos ocho (1908) trabajadores, que es el total de trabajadores registrados en el formato TR5 del T-Registro de la inspeccionada, el mismo que fue presentado en comparecencia, obrante a folio 48 a 58 del expediente de inspección, en aplicación de lo establecido en el numeral 48.1-C del RLGIT.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar

Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” III. DEL RECURSO DE REVISIÓN

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE MEDIFARMA S.A.

8 Artículo 14 del Decreto Supremo N° 016-2017-TR.

MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.1 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día siguiente hábil de la notificación de la citada resolución; el 10 de febrero de 2022.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 27 de febrero de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N°284-2022-SUNAFIL/ILM, señalando lo siguiente alegatos:

i. Refiere que se ha inaplicado el principio de razonabilidad, ello debido a que no se determinó la existencia de un incumplimiento de fondo sobre las materias inspeccionadas, por lo que, no resulta razonable imponer una multa por una supuesta infracción a la labor inspectiva. ii. Cuestiona que supuestamente habrían negado el ingreso a los inspectores para que ingresen a la zona del almacén en la visita al centro de trabajo realizada el 12 de diciembre de 2019, ello en mérito a: i) supuestamente habrían señalado injustificadamente que los inspectores debían mostrar sus seguros complementarios de trabajo de riesgo (SCTR), y ii) que luego debían pasar una breve inducción previa en seguridad y salud en el trabajo. iii. Sobre el particular, precisa que los hechos no ocurrieron de la manera como han indicado los inspectores, pues la empresa en ningún momento ha pretendido dilatar o afectar en modo alguno el desarrollo de la visita inspectiva, siendo que el requerimiento del SCTR a los inspectores y pasar por la inducción previa de SST es obligatorio para todas las personas que ingresan al área del almacén del centro de trabajo visitado, como parte del sistema de gestión de SST. iv. En esa misma línea, alega que se ha consignado en su IPERC del proceso de ingreso de visitas técnicas, administrativas y del gobierno, la obligación de pedir el SCTR al ingreso de las instalaciones y una inducción para visitantes en SSOMA, cuando realicen desplazamientos en el centro de trabajo. v. Asimismo, refiere que son una empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de productos farmacéuticos, considerada de alto riesgo por el Anexo 5 de la actualización del Reglamento de la Ley N° 26790 – Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. Además, se encuentra sujeta a la normas y directivas establecidas por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), quien obliga a tener mayores exigencias en los protocolos de ingreso a las diferentes áreas como el almacén. vi. De igual manera, señala que tanto en el Acta de Infracción como en el Informe Final de Instrucción se reconoce que la acreditación del SCTR y las inducciones previas son directivas de la empresa. En ese contexto, se encontraban facultados bajo el principio de prevención, a establecer directivas para salvaguardar la salud de los trabajadores y terceros. vii. Precisa que, los inspectores de trabajo debían acreditar su SCTR y pasar por la inducción previa en SST para ingresar al almacén. En tal sentido, con al ánimo de colaborar con los inspectores, desde el ingreso al centro laboral se les acondicionó una sala para las reuniones con las personas del sindicato, se pidió los equipos de protección personal (EPP) y, por insistencia de los inspectores, se inició un recorrido previo a áreas en las cuales no se requería los EPP, y en paralelo se estaba gestionando dichos equipos para el recorrido en las áreas para las que sí se requieren. viii. Que, la Sub Intendencia reconoce que solicitar la inducción previa y el SCTR son una atribución válida. Pese a ello, la Resolución de Intendencia no hace un análisis de los hechos, insistiendo en manifestar que el sólo hecho de que los inspectores de manera verbal mencionen que sí cuentan con SCTR, y que previamente ya se había ingresado a otras áreas, los exime del procedimiento establecido en las normas internas de SST de la empresa. ix. En ese sentido, alega que se cumple con lo dispuesto por el Tribunal, el cual señala: “(la demora) se encontraba debidamente justificada en el marco de los protocolos de seguridad”. En ese sentido, si se produjo una demora, esta no obedeció a motivos imputables a la empresa, sino a la espera que se brinde la inducción previa que los inspectores se negaron a recibir y se acredite los SCTR, lo que contrariamente ocurrió en la visita al centro de trabajo del 15 de enero de 2020, en la cual no se registró inconveniente. x. Asimismo, considera resaltar el hecho que en el presente procedimiento los inspectores han emitido un Acta de Infracción, en donde no le imputan a la empresa ninguna infracción con relación a la vulneración de normas laborales en materia de SST, no habiendo logrado evidenciar la existencia de algún incumplimiento de fondo y, pese a ello, proponen la imposición de una multa por una supuesta infracción a la labor inspectiva. Por tanto, solicitan se declare el archivo del procedimiento, debido a que existe una causal de nulidad por contravenir la Constitución, las leyes y las normas reglamentarias, contenidas en el numeral 1 del artículo 10 del TUO de la LPAG. xi. Refiere que se ha inaplicado el principio de tipicidad, en tanto el Tribunal ha establecido que el comportamiento subsumible al artículo 46 de la LGIT dentro de las infracciones a la labor inspectiva “puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, negándose a prestarle el apoyo necesario”; sin embargo, en el presente caso, eso no sucede porque los inspectores pudieron verificar el estado del almacén y visitaron todas las instalaciones de la empresa. Asimismo, presentaron la información requerida y asistieron a la comparecencia notificada. xii. Indica que se ha vulnerado el principio de debida motivación, en razón que, tanto la Resolución de Intendencia como la de Sub Intendencia, se limitaron a invocar la Directiva N° 001-2016-SUNAFIL/INII; sin embargo, bajo los hechos del caso en ningún momento se les negó el ingreso a los inspectores, sino se les pidió acreditar el SCTR y pasar por una inducción previa en SST; ambas condiciones para el ingreso son requerimientos mínimos establecidos para empresas de alto riesgo. Incluso, sólo se invoca la norma, más no realizan un análisis sobre el supuesto incurrido en el presente caso, lo que no satisface la mínima motivación requerida. xiii. Señala que la afirmación de la Intendencia es contradictoria porque sostienen que la acreditación de las condiciones mínimas en SST se debe dar cuando se esté en un área de alto riesgo, pero dicho requerimiento se elimina porque ingresó previamente al área de calderos. Al respecto, los peligros asociados como empresa de productos químicos

farmacéuticos de compleja composición, sólo se tiene en el área de almacén, dado que, en la zona de calderas, con el apoyo del coordinador de SSOMA, se pudieron mitigar considerablemente los riesgos. xiv. Precisa que, en la Imputación de Cargos, ni en el Acta de Infracción se han identificado a los supuestos trabajadores afectados con certeza, lo que conlleva que el procedimiento este viciado de nulidad insubsanable, en tanto, el inspector de trabajo ha considerado para la determinación de los trabajadores afectados arbitrariamente a 1098 trabajadores registrados en la planilla electrónica, sin identificar a la totalidad de ellos, ya que como señala la Resolución, los trabajadores afectados se encuentran debidamente identificados en el Cuadro N° 1 del Acta de Infracción (591 trabajadores). Por tanto, cuestionan la vulneración al principio al debido procedimiento, en específico el derecho a la defensa. xv. Por último, argumenta que se ha inaplicado el principio de razonabilidad debido a que no se debió tener como trabajadores afectados al total de trabajadores de la empresa sino a los que laboraban en ese centro de trabajo; invocando la Resolución N° 507-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, dado que la sanción debe recoger el número real de trabajadores afectados por el incumplimiento en la respectiva sede, por lo cual no se puede considerar a la totalidad de los trabajadores que se tiene a nivel nacional como afectados. xvi. Por tanto, señalan que, supuestamente se le habría negado el ingreso a los inspectores para que ingresen a la zona del almacén en la visita al centro de trabajo ubicado en Jr. Ecuador N° 787 – Lima Cercado, y a la fecha de la inspección, únicamente laboraban 599 trabajadores; sin embargo, se decidió imponer la infracción en función a 1908 trabajadores presuntamente afectados.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el impedimento de ingreso al centro de trabajo al inspector del trabajo

“Entrar libremente a cualquier hora del día o de la noche, y sin previo aviso, en todo centro de trabajo, establecimiento o lugar sujeto a inspección y a permanecer en el mismo” (énfasis añadido).

a) Atenderlos debidamente, prestándoles las facilidades para el cumplimiento de su labor; b) Acreditar su identidad y la de las personas que se encuentren en los centros o lugares de trabajo; c) Colaborar con ocasión de sus visitas u otras actuaciones inspectivas; d) Declarar sobre cuestiones que tengan relación con las comprobaciones inspectivas; y, e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones” (énfasis añadido).

“1. La negativa injustificada o el impedimento a que realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar las investigaciones del inspector y obstaculizar o impedir la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical” (énfasis añadido).

de un representante del Comité de SST por parte de los trabajadores y un representante del Sindicato. Minutos después se nos hace entrega del reporte de asistencia de los trabajadores y una copia de la solicitud de licencia del representante del Sindicato. Se apersonaron los señores: Daniel Huamán Gevol (…), Sub-Gerente de Mantenimiento y Proyectos; Luis Sánchez Valdivieso (…), Coordinaron de Seguridad y Medio Ambiente y Esperanza Vásquez Paredes (…), Representante del Comité de SST. A la solicitud de ingreso a las distintas áreas de la planta se nos indica que tenían que gestionar indumentaria específica para ello, a lo que el inspector de trabajo Ricardo Estenós Chacón indicó que mientras realizaban las gestiones necesarias podíamos iniciar la diligencia por las áreas que no requerían dicha indumentaria, siendo el señor Daniel Huamán Gevol, quien indica que podemos empezar por la zona de Calderos.

Acompañados por los trabajadores antes mencionados se inició el recorrido a la planta, ingresando a la zona de calderos. Al consultar al señor Daniel Huamán Gevol a qué otra área podríamos ingresar, mientras gestionaban la indumentaria para ingreso a zona productiva, nos indica que podemos avanzar por el Almacén. Próximos a la puerta de ingreso del Almacén, la señora Krys Yolanda Zarela Díaz Díaz, quien se encontraba en comunicación telefónica con un abogado del sujeto inspeccionado, según manifestación de la propia señora, nos solicita que le presentemos el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), el inspector auxiliar José Hurtado Mayo, explicó a los representantes del sujeto inspeccionado que todos los inspectores de trabajo de la SUNAFIL cuentan con SCTR vigente, pero el Coordinador de Seguridad y Medio Ambiente, indicó que sí no se le presentaba una copia del SCTR, no nos iban a permitir el ingreso al Almacén. Al preguntar nuevamente al Coordinador de Seguridad y Medio Ambiente que, de no contar con el SCTR, no nos iban a permitir el ingreso al almacén, este reafirmo su respuesta negativa, incluso puso como requisito adicional que los inspectores del trabajo teníamos que pasar una inducción previa de seguridad básica. Los inspectores del trabajo que suscriben indicamos que el impedimento de ingreso a determinadas áreas del centro de trabajo constituía la falta de colaboración configurando una infracción a la labor inspectiva sancionable con multa, a lo que tanto la Asistenta de Recurso Humanos como el Coordinaron de Seguridad y Medio Ambientes, volvieron a indicar que son directivas de la empresa y que sin esos requisitos no era posible el ingreso.

Cabe señalar que, el recorrido al centro de trabajo ya se había iniciado, ingresando inicialmente al área de Calderos, zona calificada como de alto riesgo, sin embargo, no se nos solicitó inducción previa de seguridad básica ni la presentación del SCTR, requisitos que si fueron solicitados en el ingreso al Almacén.

De acuerdo a lo detallado anteriormente, el hecho de no permitirnos el ingreso al área del Almacén, argumentando que son directivas de la empresa, evidencia la falta de colaboración con los inspectores de trabajo, lo que configura una infracción a la labor inspectiva sancionable con multa”.

7.5.1.1. Entre los supuestos que configuren infracción a la labor inspectiva, contenidos en el numeral 1 del artículo 36 de la LGIT, se encuentran el de la negativa injustificada o el impedimento o que se realice la inspección de manera efectiva, acciones que pueden ser llevadas a cabo por el empleador, representantes o no, que materialicen estos actos bajo sus órdenes o consentimiento (…). 7.5.1.3. Sobre la “negativa injustificada”, está deberá entenderse como la oposición al ingreso del inspector comisionado sin expresar motivo alguno de su rechazo, o expresando razones inconsistentes que no guarden relación con las exigencias dispuestas por la normativa laboral vigente. 7.5.1.4. Se entenderá como “impedimento” a cualquier obstáculo que interponga el sujeto inspeccionado, de tal modo que haga difícil o riesgoso el ingreso del inspector comisionado al centro de trabajo. El supuesto impedimento también alude a aquellos casos en los que el sujeto inspeccionado, o quienes actúen en nombre del mismo, utilicen la fuerza física para evitar el ingreso del inspector al establecimiento, o simplemente no emita pronunciamiento ante su presencia fuera del establecimiento, es decir, sin abrir la puerta o haciendo caso omiso a sus llamadas para ingresar. 7.5.1.5. Desde que el inspector comisionado comunica su presencia al sujeto inspeccionado y su ingreso al centro de trabajo, no debe mediar más de diez (10) minutos. Si vencido el plazo señalado, el sujeto inspeccionado no ha permitido o ha obstaculizado el ingreso del inspector al centro de trabajo, estaremos frente a una infracción a la labor inspectiva por negativa injustificada o impedimento de ingreso al centro de trabajo (…)” (énfasis añadido).

de la impugnante al impedir el ingreso del inspector al área del almacén del centro de trabajo y en consecuencia desvirtuado el principio de licitud. En tal sentido, conforme con la perspectiva teórica mencionada precedentemente, la responsabilidad subjetiva de la persona jurídica implica determinar las acciones exigibles y las respuestas desplegadas en cumplimiento del deber de colaboración del sujeto inspeccionado, pues al haberse detectado una infracción a la labor inspectiva, específicamente, al deber de colaboración con la labor inspectiva, era manifiesta su responsabilidad respecto de la previsión para el cumplimiento de esta, al no haber permitido el ingreso al área de almacén del centro de trabajo al personal inspectivo el 12 de diciembre de 2019.

“La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del Inspector del Trabajo de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical”.

Sobre la aplicación del principio de razonabilidad y proporcionalidad

“las infracciones son sancionadas administrativamente con multas administrativas y el cierre temporal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39-A de la presente ley. Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la presente Ley, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: a) Gravedad de la falta cometida. b) Número de trabajadores afectados. c) Tipo de empresa. El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación” (énfasis añadido).

9 Ahora artículo 248 del TUO de la LPAG: “La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

al momento de realizar la imposición de la sanción de multa se realiza el juicio valorativo respectivo y se aplican los artículos pertinentes del marco normativo establecido. Cabe indicar que los montos de las multas contenidas en la tabla del RLGIT son fijas y predeterminadas, sin que la autoridad sancionadora ni Intendencia puedan imponer o ajustar el monto de la multa a valor distinto.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

10 Véase folios 48 al 58 del expediente inspectivo. “2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación Labor Inspectiva No permitir el ingreso al área de almacén del centro de trabajo al personal inspectivo, en la visita inspectiva de fecha de diciembre de 2020. Numeral 46.1 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por MEDIFARMA S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 284-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 07 de febrero de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 3567-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 284-2022-SUNAFIL/ILM, en todos sus extremos. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a MEDIFARMA S.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20230809MCR