Medicos Asociados Cusco Sociedad Anónima — Res. 541-2026

Mediante Orden de Inspección N° 1303-2022-SUNAFIL/IRE-CUS, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral2, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 606-2022-SUNAFIL/IRE-CUS (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la

Que, mediante Imputación de Cargos N° 366-2023-SUNAFIL/IRE-CUSCO/SIFN, notificada el 26 de mayo de 2023, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR y modificatorias (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la Autoridad Instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 478-2023-SUNAFIL/IRE-CUSCO/SIFN, notificado el 08 de setiembre de 2023 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de la conducta infractora imputada a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final de Instrucción y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Cusco, la que mediante Resolución de Sub Intendencia de Sanción N° 808-2023-SUNAFIL/IRE CUSCO-SISA, notificada el 31 de octubre de 2023, multó a la impugnante por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 21 de noviembre de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia de Sanción N° 808-2023-SUNAFIL/IRE CUSCO-SISA, presentando argumentos en atención a lo dispuesto en el artículo 49° de la LGIT3, concordante con el artículo 55° del RLGIT4 y con lo previsto en el artículo 220° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS5, a fin de contradecir lo resuelto por la autoridad sancionadora de primera instancia. El recurso fue interpuesto dentro del plazo establecido y ante la autoridad que emitió la resolución apelada, la cual procedió a elevarlo a la Intendencia Regional de Cusco para el trámite correspondiente.

Mediante Resolución de Intendencia N° 001-2024-SUNAFIL/IRE CUS, notificada el 09 de enero de 2024, la Intendencia Regional de Cusco, tras evaluar los argumentos expuestos, declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, confirmando la sanción impuesta por la autoridad de primera instancia.

Con fecha 29 de enero de 2024, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Cusco el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 001-2024- SUNAFIL/IRE CUS.

La Intendencia Regional de Cusco admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-000076-2024- SUNAFIL/IRE-CUS, recibido el 05 de febrero de 2024 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1° de la Ley N° 299816, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7° de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15° de la Ley N° 299817, en concordancia con el artículo 41° de la Ley General de Inspección del Trabajo8 y modificatorias (en adelante,

El artículo 217° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y modificatorias (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49° de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55° del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17° del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En este orden de ideas, resulta indispensable que el Tribunal revise el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral -tanto adjetivo como sustantivo-, así como vele por la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema de Inspección del Trabajo. La normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como sujetos del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídico-procedimental establecida en el marco del Sistema de inspección del Trabajo. Cabe precisar que dicho análisis garantiza la vigencia del debido proceso en sede administrativa, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional12.

En esta línea argumentativa, la aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes, al derecho, y de conformidad con el Principio de Legalidad, y que debe caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que MEDICOS ASOCIADOS CUSCO SOCIEDAD ANÓNIMA, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 001-2024-SUNAFIL/IRE CUS, emitida por la Intendencia Regional de Cusco, que confirmó la sanción impuesta por la comisión, de una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.5 del artículo 25° del RLGIT; dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 10 de enero de 2024.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por MEDICOS ASOCIADOS CUSCO SOCIEDAD ANÓNIMA.

De conformidad con el artículo 4° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR (en adelante, TUO de la LPCL), ha dispuesto lo siguiente: “En toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. El contrato individual de trabajo puede celebrarse libremente por tiempo indeterminado o sujeto a modalidad. El primero podrá celebrarse en forma verbal o escrita y el segundo en los casos y con los requisitos que la presente Ley establece. (…)”; por lo que, la temporalidad de la contratación se presume indeterminada, siendo la celebración de los contratos a plazo determinado una regla excepcional.

Así, el ordenamiento jurídico laboral ha regulado diversos supuestos de desnaturalización contractual aplicables a la contratación de plazo determinado. La misma representa una

Sobre el particular, corresponde precisar los requisitos formales exigidos por el ordenamiento jurídico para la validez de los contratos de trabajo sujetos a modalidad. En ese sentido, el artículo 72° del TUO de la LPCL, dispone que: “Los contratos de trabajo a que se refiere este Título necesariamente deberán constar por escrito y por triplicado, debiendo consignarse en forma expresa su duración, y las causas objetivas determinantes de la contratación, así como las demás condiciones de la relación laboral”.

Asimismo, el artículo 73° del TUO de la LPCL establece que: “La Autoridad Administrativa de Trabajo podrá ordenar la verificación de los requisitos formales a que se refiere el artículo precedente, a efectos de lo dispuesto en el inciso d) del Artículo 77, sin perjuicio de la multa que se puede imponer al empleador por el incumplimiento incurrido”.

De conformidad con el artículo 77° del TUO de la LPCL, los contratos de trabajo sujetos a modalidad se consideran como de duración indeterminada en los siguientes casos:

Con relación al supuesto de desnaturalización por simulación o fraude consiste en la vulneración de la causalidad laboral como requisito esencial de la contratación temporal de trabajo, de tal manera que, el empleador utilizaría el contrato de trabajo a plazo determinado para encubrir la realidad de los hechos de una prestación de servicios laborales en actividades permanentes. El vicio que supone la desnaturalización no es sobreviniente, sino que se manifiesta desde el nacimiento del contrato.

También, representa un supuesto de desnaturalización lo regulado en el artículo 78° del TUO de la LPCL, que establece lo siguiente: “Los trabajadores permanentes que cesen no podrán ser recontratados bajo ninguna de las modalidades previstas en este Título, salvo que haya transcurrido un año del cese”.

En este sentido, debe precisarse que los supuestos legales de desnaturalización de los contratos modales —regulados en los artículos 77° y 78° del TUO de la LPCL— responden a causales taxativamente previstas y producen, por mandato legal, la conversión del contrato temporal en uno a plazo indeterminado.

Bajo dicho marco normativo, corresponde precisar la regulación aplicable al contrato de trabajo sujeto a modalidad por emergencia. En ese sentido, el artículo 62° del TUO de la LPCL establece que: “El contrato de emergencia es aquel que se celebra para cubrir las necesidades promovidas por caso fortuito o fuerza mayor coincidiendo su duración con la de la emergencia”.

Sobre la base de lo antes dicho, se debe indicar que, incurrir en los supuestos legales de desnaturalización de contratos modales encuentra un reproche administrativo específicamente en el tipo infractor previsto en el numeral 25.5 del artículo 25° del RLGIT.

Así, con respecto a la infracción imputada en el caso concreto, la cual ha sido tipificada en el numeral 25.5 del artículo 25° del RLGIT, se advierte que dicho tipo sancionador presenta la siguiente redacción:

En el caso concreto, de conformidad con el numeral 4.11 del acápite IV Hechos Constatados del Acta de Infracción, se advierte que el personal inspectivo verificó que la trabajadora se encontraba sujeta a un contrato de trabajo bajo la modalidad de emergencia, suscrito el 30 de abril de 2022, con vigencia desde el 01 de mayo de 2022. No obstante, si bien dicho contrato consignaba formalmente un plazo de duración, así como el cargo de “pagador” en el área administrativa, se constató que el empleador no cumplió con sustentar de manera suficiente y adecuada la causa objetiva que justificara la contratación temporal, limitándose a señalar, de forma genérica, que “como consecuencia de la propagación del COVID-19 en nuestro país, situación que constituye un caso fortuito, se requería contar con los servicios de un pagador para el adecuado funcionamiento de la clínica”. En ese sentido, el personal inspectivo advirtió que dicha justificación no cumple con los estándares exigidos para este tipo de contratación, en la medida que no se precisan los hechos concretos que configuren una necesidad extraordinaria y temporal de personal, ni se acredita la vinculación directa entre la causa invocada y las funciones efectivamente desarrolladas por la trabajadora en el área administrativa.

En esa línea, se dejó constancia que, en el marco de la diligencia de comparecencia, el propio sujeto inspeccionado reconoció que el puesto de “pagador” fue creado por razones de gestión administrativa y empresarial, siendo un cargo de carácter permanente dentro de la estructura organizativa de la clínica, cuya necesidad subsiste con independencia de las variaciones en los niveles de contagio por COVID-19, precisando

Las instancias de mérito han señalado que la validez de los contratos sujetos a modalidad, en particular aquellos celebrados bajo la modalidad de emergencia, se encuentra condicionada a la existencia de una causa objetiva debidamente sustentada, la cual debe responder a necesidades extraordinarias y temporales del empleador. En el presente caso, se advirtió que la impugnante no acreditó de manera suficiente dicha causa, limitándose a invocar de forma genérica la propagación del COVID-19 como sustento de la contratación, sin precisar los hechos concretos que justificaran la necesidad temporal del puesto de “pagador” en el área administrativa. Asimismo, se valoró que las funciones desempeñadas por la trabajadora correspondían a labores de carácter permanente dentro de la estructura organizativa de la empresa, lo cual resulta incompatible con la naturaleza excepcional del contrato por emergencia. En esa línea, las instancias de mérito concluyeron que la contratación modal fue utilizada de manera indebida para cubrir necesidades permanentes del empleador, no habiéndose acreditado la existencia de una causa objetiva válida, configurándose así un supuesto de simulación o fraude en la contratación laboral, que determina la desnaturalización del vínculo y su conversión en uno de duración indeterminada.

En ese contexto, esta Sala considera pertinente precisar que, en los contratos de trabajo a plazo determinado, la causa objetiva debe constar y explicarse de manera suficiente y adecuada desde el contrato primigenio; de lo contrario, su omisión o formulación genérica determina la desnaturalización del vínculo, que adquiere carácter indeterminado. Asimismo, dicha deficiencia no puede ser subsanada mediante adendas, prórrogas o documentos posteriores, en atención al carácter excepcional de la contratación modal. En ese sentido, resulta pertinente tener en cuenta el precedente administrativo de observancia obligatoria contenido en los fundamentos 6.28, 6.29, 6.30, 6.34 y 6.35 de la Resolución de Sala Plena N° 015-2023-SUNAFIL/TFL, el cual establece lo siguiente:

Debe tenerse en cuenta que, considerando el tenor de las normas antes citadas, en el régimen laboral peruano resulta factible la celebración amplia de contratos modales de diferente naturaleza, siendo necesario que en cada supuesto se encuentre plenamente determinada la causa objetiva, que justifique su celebración. Sin embargo, si el inicio de la relación laboral se realizó al amparo de un contrato modal en el que no se haya especificado —o no se ha explicado suficiente ni adecuadamente la causa objetiva que justifique dicha contratación— aquella tendrá naturaleza indeterminada, por lo que, los contratos modales celebrados con posterioridad y de manera continua (renovaciones, prórrogas, adendas o similares), que sí especifiquen una causa objetiva, no podrán cambiar la naturaleza indeterminada de la relación laboral ya existente. 6.30. En la misma línea de lo señalado, la consignación de la causa objetiva de contratación temporal y su explicación adecuada y suficiente en el contrato que se celebra por escrito en estos casos, no pueden ser considerados como meras formalidades de los contratos sujetos a modalidad, pues su inobservancia acarrearía la invalidez de la cláusula referente a la temporalidad de la contratación, lo cual implica ser considerados como contratos a plazo indeterminado. Así, la remisión a la causa objetiva, por la excepcionalidad de esta contratación, no significa que baste con una indicación genérica de la causa, sino que deberá detallarse y explicarse adecuada y suficientemente, por qué la causa señalada motiva una contratación sujeta a modalidad determinada. (…). 6.34. Respecto al extremo referente a la valoración de los medios probatorios (en específico: la licencia de funcionamiento y el contrato de arrendamiento) así como la alegada aplicación del principio de primacía de la realidad, se ha observado que, a la fecha de inicio del vínculo laboral de los mismos, no se encontraba determinada la causa objetiva de contratación bajo modalidad. De esta manera, siendo ello un requisito de validez para la celebración de dichos contratos que se vincula a la causa del contrato y a la determinación del conocimiento mutuo de la justificación subyacente de la provisionalidad del lapso de la contratación, la presentación de documentos posteriores no puede sustituir la ausencia de la causa objetiva de los primigenios contratos sujetos a modalidad. En tal sentido, no corresponde amparar dichos extremos del recurso de revisión, no resultando aplicable el principio invocado. 6.35. Respecto al extremo alegado por la impugnante, referente a la vulneración de los principios de debido procedimiento, legalidad, tipicidad, causalidad, razonabilidad y proporcionalidad, por haberse exigido consignar todas las causas de forma detallada desde el contrato inicial, sin que la normativa lo exija u obligue a proceder de esta forma, esta Sala considera que, como se ha precisado previamente en los fundamentos 6.28, 6.29, 6.30 y 6.34, la indicación y explicación suficiente y adecuada de la causa objetiva de contratación modal debe estar presente en el contrato primigenio celebrado (supuesto omitido por la impugnante), por lo tanto, al no ampararse dicho extremo del recurso, no se advierte la vulneración de los referidos principios vinculados con dicho alegato, no correspondiendo amparar dichos extremos del recurso de revisión”. (énfasis añadido).

En aplicación del precedente antes citado, esta Sala advierte que la exigencia de una causa objetiva en la contratación modal no se satisface con su sola enunciación formal, sino que requiere una justificación concreta que permita identificar una necesidad extraordinaria y temporal que legitime la excepción al régimen general de contratación indeterminada. En el presente caso, la referencia a la emergencia sanitaria no se

De igual modo, debe considerarse que la evaluación de la validez de la contratación modal se realiza a partir de las condiciones existentes al momento de su celebración, no siendo admisible integrar o completar ex post la causa objetiva mediante alegaciones posteriores. En esa medida, la propia descripción funcional del puesto y el reconocimiento efectuado por la impugnante respecto a su carácter permanente evidencian que la contratación cuestionada no respondió a una necesidad coyuntural, sino a requerimientos estructurales de la organización. En consecuencia, al haberse utilizado la modalidad de emergencia sin una causa objetiva válida, corresponde concluir que se ha configurado un supuesto de uso fraudulento de la contratación temporal, determinándose la desnaturalización del vínculo laboral conforme al literal d) del artículo 77° del TUO de la LPCL.

Por otra parte, de conformidad con los alegatos de la impugnante, esta sostiene que la resolución impugnada incurre en una interpretación errónea del artículo 62° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, al desconocer la validez de los contratos de emergencia suscritos en el contexto de la pandemia del COVID-19. Al respecto, refiere que dichos contratos consignan expresamente una causa objetiva vinculada a un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, y que la contratación respondió a necesidades reales derivadas de la continuidad del servicio esencial de salud, en un escenario marcado por el contagio del personal. En esa línea, sostiene que la calificación efectuada por la autoridad inspectiva —al considerar el puesto como permanente y desvinculado de la emergencia sanitaria— resulta equivocada, por lo que solicita la revocatoria de la sanción impuesta.

Al respecto, esta Sala considera que los argumentos de la impugnante no desvirtúan la infracción imputada. Si bien la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 constituye, en abstracto, un evento extraordinario susceptible de encuadrar como caso fortuito o fuerza mayor, ello no exime al empleador de acreditar que, en el caso concreto, dicha circunstancia originó una necesidad temporal específica que justifique la contratación bajo la modalidad de emergencia. En ese sentido, la sola invocación de la pandemia como causa objetiva no resulta suficiente, siendo necesario que el contrato precise de qué manera dicho evento excepcional incide directamente en la generación de una necesidad coyuntural vinculada al puesto contratado. Sin embargo, en el presente caso, no se advierte que la impugnante haya cumplido con establecer dicha conexión, en tanto el cargo de “pagador” responde a funciones propias de la gestión administrativa ordinaria, cuya necesidad —conforme ha sido reconocido por el propio administrado— subsiste con independencia del contexto sanitario.

En esa línea, aun cuando la empresa haya experimentado contingencias derivadas del contagio de su personal, ello no convierte automáticamente a todos los puestos en temporales ni justifica, por sí mismo, la utilización de contratos modales sin una debida delimitación de la causa objetiva. Por el contrario, la contratación bajo esta modalidad exige la identificación de hechos concretos que evidencien una necesidad extraordinaria y transitoria, lo cual no se verifica en el presente caso.

Por tanto, no resultan atendibles los argumentos referidos a la supuesta validez del contrato por el solo hecho de haberse consignado la existencia de la pandemia, ni

Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde mantener la sanción impuesta por la infracción tipificada en el numeral 25.5 del artículo 25° del RLGIT, al haberse verificado que la impugnante incurrió en el uso indebido de la contratación a plazo determinado bajo la modalidad de emergencia, sin acreditar la existencia de una causa objetiva válida que sustente dicha contratación, configurándose un supuesto de desnaturalización del vínculo laboral conforme a la normativa laboral vigente.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.