Maxlim S.R.L — Res. 631-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Registro de control de asistencia (Sub materia: Incluye todas), Remuneraciones (Sub materia: Gratificaciones), Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Horas extras, vacaciones, trabajo nocturno, no goce de vacaciones), Compensación por tiempo de servicios (Sub materia: Depósito de CTS), Bonificación no remunerativa (Sub materia: Incluye todas). 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no haber efectuado el pago de las gratificaciones legales correspondientes al mes de diciembre 2018, correspondientes al trabajador Vásquez Vargas Félix, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 7,222.00. - Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no haber efectuado el pago de las bonificaciones extraordinarias correspondientes a las gratificaciones del mes de diciembre 2018, correspondientes al trabajador Vásquez Vargas Félix, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 7,222.00. - Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no haber otorgado el descanso vacacional correspondiente al período laborado por el recurrente Feliz Vásquez Vargas, comprendido del 11/02/2015 al 10.02.2016, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 12,098. 00, reduciéndola al 30% en 3,629.40. - Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no haber pagado las remuneraciones vacacionales, correspondientes a los períodos laborados por el recurrente Feliz Vásquez Vargas, comprendidos del 11/02/2015 al 10/02/2016, así como de las vacaciones truncas del período comprendido del 11.02.2019 al 01.11.2020, al recurrente Vásquez Vargas Félix, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 7,222.00, reduciéndola al 30% en S/ 2,166.60. - Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no haber efectuado el depósito de la compensación por tiempo de servicios correspondiente al mes de mayo 2020 y el pago de la compensación por tiempo de servicios trunca, correspondiente mes de noviembre 2020, respecto al recurrente Félix Vásquez Vargas, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 7,222.00, reduciéndola al 30% en S/ 2,166.60. - Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no haber llevado el registro de control de asistencia, correspondiente al período marzo 2020 – noviembre 2020, respecto al recurrente Félix Vásquez Vargas, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 12,098.00. - Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa del sujeto inspeccionado de facilitar a la inspectora de trabajo comisionada la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones, requerida el día 15/11/2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 12,098.00.

i. La inspeccionada señala que, el pago de la gratificación legal de diciembre de 2018 ha sido debidamente cancelada con fecha 12/12/2018 y obra en el formato de cargo impreso de fecha 03/08/2020 en donde acredita que se le abono al trabajador Félix Vasquez Vargas la suma de S/1698.69 soles. Asimismo, que las gratificaciones truncas del periodo del 01.07.2020- 31.10.2020 han sido debidamente liquidadas y depositadas a la cuenta en soles Nº 7673293123310 del ex trabajador y titular Félix Vásquez Vargas motivo por el que no existe obligación pendiente. El pago de la bonificación extraordinaria del mes de diciembre de 2018 ha sido debidamente cancelado con fecha 12/12/2018 y obra en el formato de cargo impreso de fecha 03/08/2020 en donde acredita que se le abono al trabajador Félix Vasquez Vargas la suma de S/1698.69 soles. ii. En relación al pago de vacaciones, reitera que ya ha cumplido con acreditar tanto el goce como el pago del descanso vacacional del citado periodo y obra en el presente procedimiento administrativo; asimismo, debe tomar en cuenta que el requerimiento origen de vuestra entidad de Fiscalización laboral data del 06 de diciembre de 2021, consecuentemente se tiene que hasta al 06 de diciembre de 2016 persistiría la obligación de la administrada MAXLIM S. R. L. de conservar información de índole laboral y lo requerido es anterior a dicho plazo. iii. Alega que ha cumplido con acreditar el pago del descanso vacacional del citado periodo y obra en el presente procedimiento administrativo; y sobre el pago íntegro de la CTS del trabajador, señala que se realizó en las siguientes fechas: 1) MAYO: 18/05/2020 a horas 13:25:22 por la suma de S/875.07 y 2) NOVIEMBRE: el 16/11/2020 a horas 17:18:08 por la suma de S/870.92 ante la agencia financiera CAJA TRUJILLO, obrando como tal el estado de cuenta que ha sido presentado en el presente procedimiento y que acredita que no existe ninguna obligación pendiente de pago sobre el particular. iv. Por otro lado, sobre el registro de control de asistencia, correspondiente al periodo marzo 2020-noviembre 2020, señala que la citada persona en el periodo de Marzo a Junio de 2020 estuvo trabajando con normalidad asignando a su puesto de trabajador de régimen atípico en el proyecto de campamento minero de Goldfield La Cima, prueba de ello es los reportes ponchados de fotocheck (control de ingreso y salida) que oportunamente ya se han presentado al presente proceso administrativo; que en los mes de julio, agosto y setiembre de 2020, se otorgó de manera especial una licencia con goce de haber al ex trabajador Félix Vásquez Vargas, siendo que en el mes de Octubre de 2020 iniciamos un procedimiento de rotación de área que posteriormente dio lugar a un procedimiento disciplinario laboral por abandono de trabajo que finalmente culmino en el mes de Noviembre de 2020. v. Sobre los alcances de la Jurisprudencia contenida en la Resolución Nº 156-2O21- SUNAFIL/TFL-Primera Sala de fecha 02 de agosto de 2021, con el cual, se acredita a manera de jurisprudencia de que la Primera Sala del Tribunal de fiscalización Laboral

ha señalado que los organismos resolutivos en materia sociolaboral "no poseen la potestad en denegar los escritos de defensa bajo la condición de extemporáneos"; en el caso en particular, requerimos a vuestro despacho no se reste valor o desconozca nuestros descargo presentado y obrante en el presente procedimiento administrativo y demás descargos, que acreditan el cumplimiento de obligaciones en materia laboral que se pretenden sancionar pese a obra sustento que respalda su cumplimiento. vi. Además, alega la vulneración de diversos principios y derechos.

i. Precisa que, respecto al cuestionamiento de la subsanación de las infracciones señaladas en la resolución apelada, se debe indicar que conforme al artículo 40° de la LGIT “Las multas previstas en esta Ley se reducen en los siguientes casos: a) Al treinta por ciento (30%) de la multa originalmente propuesta o impuesta cuando se acredite la subsanación de infracciones detectadas, desde la notificación del acta de infracción y hasta antes del plazo de vencimiento para interponer, el recurso de apelación. b) Al cincuenta por ciento (50%) de la suma originalmente impuesta cuando, resuelto el recurso de apelación interpuesto por el sancionado, éste acredita la subsanación de las infracciones detectadas dentro del plazo de diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente de su notificación”. ii. Asimismo, la inspeccionada manifiesta que habría subsanado las infracciones reducidas al 30% de la multa originalmente propuesta, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos (21 de febrero de 2022). Al respecto, es necesario precisar que, como ya lo ha señalado la autoridad de primera instancia dicha subsanación se dio con la presentación del descargo al informe final de instrucción (29 de marzo de 2022), es decir, dentro del periodo de notificación del acta de infracción y antes del plazo de vencimiento para interponer el recurso de apelación, por lo que efectivamente procedía la reducción del 30% de la multa originalmente propuesta, siendo así en el presente caso no correspondía aplicar el eximente de responsabilidad a la inspeccionada, por lo que, debe confirmarse la sanción referida a esta materia. iii. Debe tenerse en cuenta que, a la fecha de emisión del presente procedimiento sancionador subsisten las infracciones referidas al pago de las gratificaciones legales y la bonificación extraordinaria respecto del mes de diciembre del 2018, señalando que presenta el documento probatorio por el monto de S/ 1,698.69. Ante lo cual, la Intendencia considera que el mencionado documento no puede ser tomado como uno que acreditaría el depósito en favor del trabajador afectado. Siendo así la inspeccionada no cumplió el pago de gratificaciones legales, y se constató el incumplimiento de pago de la bonificación extraordinaria. De esta manera, la autoridad de primera instancia determinó la responsabilidad administrativa de la inspeccionada respecto a la infracción descrita en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT, por lo que se confirma la sanción en estos extremos. iv. Sobre el registro de control de asistencia, cita el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 004-2006-TR, que dispone: “Todo empleador sujeto al régimen laboral de la actividad privada debe tener un registro permanente de control de asistencia, en el que los trabajadores consignarán de manera personal el tiempo de labores. La obligación de registro incluye a las personas bajo modalidades formativas laborales y al personal que es destacado o desplazado a los centros de trabajo o de operaciones por parte de las empresas y entidades de intermediación laboral, o de las empresas contratistas o

2 Notificada el 06 de junio de 2022.

Subcontratistas. No existe obligación de llevar un registro de control de asistencia para trabajadores de dirección, los que no se encuentran sujetos a fiscalización inmediata y los que prestan servicios intermitentes durante el día.” En el presente caso, la inspeccionada no ha presentado documentación que permita determinar que el trabajador afectado se encontraba en alguno de los supuestos antes señalados, por lo que correspondía que la inspeccionada exhibiera el registro de control de asistencia correspondiente al periodo marzo 2020 – noviembre 2020, respecto al recurrente Félix Vásquez Vargas, por lo que, debe confirmarse la sanción referida a esta materia. v. Por otra parte, respecto a la denegatoria de evaluar los escritos presentados por la inspeccionada por haber sido presentados de forma extemporánea invocando la Resolución Nº 156-2O21- SUNAFIL/TFL-Primera Sala de fecha 02 de agosto de 2021, debe hacerse de conocimiento a la inspeccionada que de la revisión de los actuados en el presente procedimiento, se ha podido verificar que los escritos presentados en las diversas instancias, han sido evaluados e incluso ha permitido que la misma acceda al beneficio de reducción del 30% de la multa propuesta, así también respecto al argumento en el cual señala que no tendría la obligación de conservar documentación laboral con 5 años de antigüedad en atención al Decreto Legislativo Nº 1310, debe tenerse en cuenta que la inspeccionada únicamente no ha logrado acreditar el pago de las gratificaciones legales y la bonificación extraordinaria respecto del mes de diciembre del 2018, por lo que, este punto no amerita mayor pronunciamiento, debiendo confirmarse la sanción en este extremo. vi. De la revisión del expediente de actuaciones inspectivas, se verificó que el inspector comisionado emitió la medida inspectiva de requerimiento el 10 de enero de 2022, otorgando el plazo de (09) días hábiles para que la inspeccionada proceda a subsanar el incumplimiento detectado, a favor del trabajador afectado. Sin embargo, la inspeccionada no cumplió con acreditar el cumplimiento de la referida medida inspectiva, por lo que debe confirmarse la sanción establecida en la resolución apelada en todos sus extremos. vii. Con relación a la supuesta vulneración de diversos derechos o principios invocados por la inspeccionada, estando a que en los numerales precedentes se ha establecido la validez y el normal desarrollo de las actuaciones inspectivas y el procedimiento sancionador, en consecuencia la resolución venida en grado de apelación, tampoco ha vulnerado el principio de legalidad ni el principio del debido procedimiento administrativo u otro alegado por la inspeccionada, toda vez que, el acta de infracción cumple con el contenido mínimo exigido por el artículo 46 de la LGIT , concordante con el artículo 54 del RLGIT; esto es, reflejando los hechos constatados, que motivaron el acta, la calificación de la infracción imputada con expresión de la norma vulnerada, la graduación de la infracción, la propuesta de sanción y su cuantificación; por otro lado, se advierte que la autoridad de primera instancia ha emitido su pronunciamiento tomando en cuenta los hechos constatados en la etapa inspectiva, y los medios probatorios y/o argumentos presentados por la inspeccionada en el presente procedimiento sancionador, siendo lo alegado en este extremo carente de asidero.

viii. Finalmente, teniendo en cuenta que los argumentos esbozados en la apelación no desvirtúan las infracciones en que ha incurrido la inspeccionada, las cuales han sido debidamente determinadas por la autoridad de primera instancia; se confirma la resolución venida en grado en todos sus extremos.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal

el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Artículo 14 del Decreto Supremo N° 016-2017-TR.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE MAXLIM S.R.L.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 22 de junio de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 098-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, señalando los siguientes alegatos:

i) Sobre las infracciones graves, expone lo siguiente: a. La impugnante señala que efectuó el pago de la gratificación legal de diciembre de 2018 y la bonificación extraordinaria, con fecha 12/12/2018 y obra en el formato de cargo impreso de fecha 03/08/2020 en donde acredita que se le abono al trabajador Félix Vásquez Vargas la suma de S/1698.69 soles. Asimismo, que las gratificaciones truncas del periodo del 01.07.2020- 31.10.2020 han sido debidamente liquidadas y depositadas a la cuenta en soles Nº 7673293123310 del ex trabajador y titular Félix Vásquez Vargas motivo por el que no existe obligación pendiente. b. Respecto al pago íntegro de la CTS del trabajador, señala que se realizó en las siguientes fechas: 1) MAYO: 18/05/2020 a horas 13:25:22 por la suma de S/875.07 y 2) NOVIEMBRE: el 16/11/2020 a horas 17:18:08 por la suma de S/870.92 ante la agencia financiera CAJA TRUJILLO, obrando como tal el estado de cuenta que ha sido presentado en el presente procedimiento y que acredita que no existe ninguna obligación pendiente de pago sobre el particular. ii) En relación al descanso vacacional y el pago de remuneraciones vacacionales, del periodo de 11 de febrero de 2015 al 10 de febrero de 2016, así como las vacaciones truncas, del periodo de 11 de febrero de 2019 al 01 de noviembre de 2020, señala que si hizo el pagó y que solo tenía la obligación de guardarlo por dicha información por cinco años, de acuerdo al artículo 3 del Decreto Legislativo 1310 y el artículo 5 de la Ley 27029.

iii) Indica en relación al registro de control de asistencia, correspondiente al periodo marzo 2020-noviembre 2020, señala que la citada persona en el periodo de Marzo a Junio de 2020 estuvo trabajando con normalidad asignando a su puesto de trabajador de régimen atípico en el proyecto de campamento minero de Goldfield La Cima, prueba de ello es los reportes ponchados de fotocheck (control de ingreso y salida) que oportunamente ya se han presentado al presente proceso administrativo; que en los mes de julio, agosto y setiembre de 2020, se otorgó de manera especial una licencia con goce de haber al ex trabajador Félix Vásquez Vargas, siendo que en el mes de Octubre de 2020 iniciamos un procedimiento de rotación de área que posteriormente dio lugar a un procedimiento disciplinario laboral por abandono de trabajo que finalmente culmino en el mes de Noviembre de 2020. iv) En relación a la medida inspectiva de requerimiento, señala que no ha existido plazo alguno para el cumplimiento de adopción de medida, limitándose meramente a que se presente descargos dentro del plazo de ley, y que todas las resoluciones están orientadas a la imposición de multas. Asimismo, que se evidencia la sanción en exceso y que de acuerdo, al principio de verdad material, ha cumplido fielmente con sus obligaciones laborales. v) Expone una vulneración a los principios de verdad material, primacía de la verdad de los hechos, de la debida motivación, de causalidad-efecto, debido procedimiento, razonabilidad y proporcionalidad, en la medida que alega sí acreditó el pago. vi) Señala tener en cuenta la Resolución N°156-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, la cual señala que, los organismos resolutivos en materia sociolaboral no poseen la potestad en denegar los escritos de defensa bajo la condición de extemporáneos.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la presunta vulneración del derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y

garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suyo este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis agregado).

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones 6.7. Con relación al derecho o garantía de la motivación de las decisiones que afecten los intereses de la impugnante, es importante recalcar que el principio de debido procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo. Lo anterior se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho.

constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señaló el Tribunal Constitucional, además, lo siguiente:

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…] [E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

apelación, los cuales ya han obtenido respuesta, no incurriendo en una motivación insuficiente y/o aparente.

Sobre las infracciones graves

Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido (…) 1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.” (énfasis nuestro).

servicios correspondiente al mes de mayo 2020 y el pago de la compensación por tiempo de servicios trunca, correspondiente mes de noviembre 2020, respecto al recurrente Félix Vásquez Vargas, reduciendo un 30% del monto de la multa impuesta por cada infracción; la impugnante no cumplió con acreditar el pago de las gratificaciones legales y las bonificaciones extraordinarias correspondientes a las gratificaciones, del mes de diciembre 2018.

Respecto a las infracciones muy graves

Figura 01:

Figura 02:

de 2022. Sin embargo, la impugnante no cumplió con la totalidad de lo requerido en la medida inspectiva de requerimiento, como se ha precisado en el considerando 6.32 de la presente resolución.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones laborales No haber efectuado el pago de las gratificaciones legales correspondientes al mes de diciembre 2018, correspondientes al trabajador Vásquez Vargas Félix. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones laborales No haber efectuado el pago de las bonificaciones extraordinarias correspondientes a las gratificaciones del mes de diciembre 2018, correspondientes al trabajador Vásquez Vargas Félix. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE

Relaciones laborales No haber otorgado el descanso vacacional correspondiente al período laborado por el recurrente Feliz Vásquez Vargas, comprendido del 11/02/2015 al 10.02.2016. Numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT

MUY GRAVE Relaciones laborales No haber pagado las remuneraciones vacacionales, correspondientes a los períodos laborados por el recurrente Feliz Vásquez Vargas, comprendidos del 11/02/2015 al 10/02/2016, así como de las vacaciones truncas del período comprendido del 11.02.2019 al 01.11.2020, al recurrente Vásquez Vargas Félix Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones laborales No haber efectuado el depósito de la compensación por tiempo de servicios correspondiente al mes de mayo 2020 y el pago de la compensación por tiempo de servicios trunca, correspondiente mes de noviembre 2020, respecto al recurrente Félix Vásquez Vargas. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones laborales No haber llevado el registro de control de asistencia, correspondiente al período marzo 2020 – noviembre 2020, respecto al recurrente Félix Vásquez Vargas. Numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT

MUY GRAVE Labor inspectiva No cumplir con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden socio laboral. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por MAXLIM S.R.L., en contra de la Resolución de Intendencia N° 098-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, de fecha 03 de junio de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Cajamarca, dentro del procedimiento administrativo

sancionador recaído en el expediente sancionador N° 061-2022-PS/SUNAFIL/IRE-CAJ/SIRE, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. –CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 098-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, en todos los extremos referentes a las infracciones muy graves, tipificadas en los numerales 25.6 y 25.19 del artículo 25 y el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a MAXLIM S.R.L., y a la Intendencia Regional de Cajamarca, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20230705JCR