Mannucci Diesel S.A.C — Res. 562-2025

Antecedentes

Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones: Gratificaciones; Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados: Vacaciones, Horas extras, Descanso Semanal Obligatorio; Compensación por tiempo de servicios: depósito de CTS; Bonificación No Remunerativa; Registro de Control de Asistencia. 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR y modificatorias (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no contar con el registro de control de asistencia, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 11,572.00.

i. Mencionan que la resolución impugnada carece de una respuesta debidamente motivada respecto de los fundamentos y medios probatorios presentados en el escrito de descargo, lo cual vulnera el derecho a la debida motivación de los actos administrativos, así como el derecho a la prueba. La Autoridad Administrativa omitió pronunciarse de manera expresa y razonada sobre los argumentos expuestos por la parte administrada, así como sobre los medios probatorios ofrecidos, en particular los reportes diarios de tareo. Del mismo modo, no se valoró adecuadamente los informes presentados al momento de atender el requerimiento de información, en el cual se acreditaba que la labor del ex trabajador se enmarcaba dentro de una prestación de servicios intermitente con periodos de inactividad. A pesar de esa relevancia, estos elementos fueron desestimados sin justificación suficiente. ii. En la resolución impugnada, se impone una sanción pecuniaria por no contar con el registro de control de asistencia, señalándose que dicha omisión vulnera lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto Supremo N.° 004-2006-TR. No obstante, dicha norma contempla expresamente excepciones a la obligación de llevar este registro, estableciendo que no resulta exigible en los casos de trabajadores de dirección, trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata y aquellos que prestan servicios intermitentes. En ese sentido, antes de imponer la sanción, correspondía que la autoridad inspectiva determinara si, en el caso concreto del ex trabajador involucrado, la empresa se encontraba obligada a llevar el referido registro. Al no haber realizado dicho análisis, la autoridad ha contravenido el principio de tipicidad,

Fecha mediante el cual el documento fue suscrito por la autoridad competente.

vulnerando con ello los derechos de la administrada y afectando indebidamente sus intereses.

i. Señala que lo afirmado por la impugnante carece de sustento, por lo que no resulta atendible. Dado que, tal como se expone en el considerando 20 de la resolución apelada, los tareos de personal y los reportes diarios de camionetas no pueden ser considerados como registros de control de asistencia, ya que no cumplen con los requisitos mínimos establecidos por la normativa aplicable. ii. Respecto a la alegación de que no se habría valorado el informe presentado al momento de atender el requerimiento de información, el cual, según la impugnante, acreditaría que el trabajador se encontraba bajo una modalidad de prestación de servicios intermitente con periodos de inactividad, cabe precisar que dicha afirmación no es correcta. Tal como se indica en el considerando 21 de la resolución apelada, la autoridad se pronunció, por lo que no se ha configurado una vulneración al principio al debido procedimiento. iii. Por otra parte, en relación con la invocación del principio de tipicidad, debe señalarse que el equipo inspectivo cumplió con determinar que el ex trabajador se encontraba sujeto a una jornada de trabajo, por lo que la alegación de la impugnante carece de fundamento. iv. Respecto a la multa impuesta, esta se encuentra debidamente sustentada en la verificación de infracciones administrativas cometidas por el sujeto inspeccionado. En tal sentido, corresponde, como se determinó en primera instancia, la aplicación de la tabla de sanciones prevista en el Decreto Supremo N° 008-2020-TR, conforme a lo establecido en la LGIT y su reglamento.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

Del Recurso De Revisión

Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias. Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.

administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 14° del Reglamento del Tribunal. Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006- PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

estableciéndose en el artículo 17° del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE MANNUCCI DIESEL S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 26 de mayo de 2023, MANNUCCI DIESEL S.A.C. fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 154-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, señalando los siguientes alegatos:

i. Solicita que se declare la nulidad de la resolución impugnada, bajos los siguientes puntos: • Por vulneración al deber de motivación de los actos administrativos (motivación aparente): - En el considerando 11, la resolución impugnada se limita a enunciar conclusiones sin expresar el análisis que condujo a ellas, lo que configura motivación aparente. - En el considerando 16, se ha fundamentado la tipicidad de la conducta sin considerar que resulta aplicable el segundo párrafo del artículo 1° del Decreto Supremo N° 004-2006-TR, el cual, en concordancia con el artículo 5° del Texto Único Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en sobretiempo aprobado por Decreto Supremo N° 007-2002-TR y el literal c) del artículo 10° del Decreto Supremo N° 008-2002-TR, establecen a los trabajadores no comprendidos en la jornada máxima, en donde se incluyen a los que prestan servicios intermitentes, como en el presente caso. • Por afectación al debido procedimiento administrativo: - Se ha incurrido en una errónea interpretación del informe presentado, el cual sustentaba fehacientemente que el trabajador estaba sujeto a un régimen de servicio intermitente con lapsos de inactividad. - Los hechos descritos en los considerandos 12, 13 y 14 contienen apreciaciones que no han sido sometidas a contraste con los medios probatorios ofrecidos, lo cual

vulnera el derecho de defensa del administrado, al impedir el contradictorio real sobre los hechos determinantes. • Por omisión en la valoración de los medios probatorios ofrecidos: - Considerando el carácter iuris tantum que admite prueba o condición contrario que la refute. En el presente caso, no se ha valorado las pruebas aportadas que acreditan la naturaleza intermitente de la labor del ex trabajador, como informes, tareos y reportes diarios de movilidad, que refutan la necesidad de contar con un registro diario de asistencia. ii. Por otra parte, solicita que se revoque la resolución impugnada y se deje sin efecto la multa impuesta, por los siguientes puntos: • Por inexistencia de infracción administrativa: - La conducta atribuida no constituye infracción conforme al ordenamiento jurídico, dado que la obligación de contar con registro de asistencia no aplica para trabajadores sujetos a prestación intermitente, conforme lo establece el segundo párrafo del artículo 1° del Decreto Supremo N° 004-2006-TR, en concordancia con el artículo 5° del Texto Único Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en sobretiempo aprobado por Decreto Supremo. N° 007-2002-TR. - Por tanto, se ha realizado una aplicación indebida del numeral 25.19 del artículo 25° del RLGIT, atribuyendo una infracción que no tiene tipicidad respecto de la situación concreta del ex trabajador. • Por errónea interpretación del marco normativo aplicable: - Se ha incurrido en error de derecho al interpretar restrictivamente el artículo 1° del Decreto Supremo N° 004-2006-TR, omitiendo considerar las excepciones allí previstas y confirmadas por la evidencia presentada. - Asimismo, se ha incurrido en la inaplicación del artículo 5° del Texto Único Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en sobretiempo aprobado por Decreto Supremo. N° 007-2002-TR, pese a que los informes presentados señalan expresamente que las funciones desempeñadas por el ex trabajador eran fuera de las instalaciones de la empresa y de naturaleza intermitente, no habiéndose aplicado el principio de primacía de la realidad, más aún, los tareos del personal y reporte diario de camionetas han sido mal valorados por el personal inspectivo. • Por inaplicación del literal c) del artículo 10° del Texto Único Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en sobretiempo aprobado por Decreto Supremo. N° 007-2002-TR: - Dicha norma dispone expresamente que no están sujetos a control de asistencia aquellos trabajadores que ejecutan labores fuera del centro de trabajo de manera

intermitente. En este caso, la naturaleza de las funciones del ex trabajador encaja plenamente en dicha previsión legal. - La omisión de esta norma implica una infracción a la debida motivación y una incorrecta subsunción jurídica del caso.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones

“(…). 4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada”. (Énfasis y subrayado añadido).

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador

10 Identificado en el numeral 4.2 del acápite IV. Hechos Constatados del Acta de Infracción.

la impugnante, particularmente en lo referido a la naturaleza intermitente de las labores desempeñadas por el ex trabajador afectado.

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. Así, en el Exp. N.° 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N.° 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos: a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso,

o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico. b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. (…) c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. (…) d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada (…) e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). (…) f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. (…)” (Énfasis agregado).

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…)

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14”. (Énfasis y subrayado agregado).

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

2021-SUNAFIL, otorga a la autoridad sancionadora de primera instancia (la Sub Intendencia de Sanción) la facultad de disponer la realización de actuaciones complementarias, siempre que las considere estrictamente indispensables para resolver el procedimiento.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por MANNUCCI DIESEL SAC, y, en consecuencia, NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 752-2022-SUNAFIL/IR- LL/SISA de fecha 13 de julio de 2022, emitida por la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de la Libertad, y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 079-2021-SUNAFI/IRE-LIB, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 752-2022- SUNAFIL/IR-LL/SISA, de fecha 13 de julio de 2022, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, considerando los alcances señalados en la presente resolución.

TERCERO. – Notificar la presente resolución a MANNUCCI DIESEL SAC, y a la Intendencia Regional de la Libertad, para sus efectos y fines pertinentes.

CUARTO. – Remitir los actuados a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin que, de considerarlo conveniente, proceda conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.21 de la presente resolución.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA Presidente

20250528MABJ – HR: 292536-2020