Machu Picchu Foods S.A.C — Res. 1111-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Gestión interna de SST (Sub materia: comité (o supervisor) de SST), estándares de higiene ocupacional (Sub materia: comedor – vestuario – servicios higiénicos, botiquín), condiciones de seguridad: en lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria (Sub materia: condiciones de seguridad, avisos y señales de seguridad), planes y programas de SST (Sub materia: plan para la vigilancia, prevención y control de COVID- 19 en el trabajo), equipos de protección personal, formación e información sobre SST, identificación de peligros y evaluación de riesgo (IPER) (Sub materia: prevención de riesgos). 20555195444 soft CABALLERO SEGA Katty Angelica FAU 20555195444 soft soft

julio de 2021, en mérito al operativo de fiscalización “Perú Rural Seguridad y Salud en el Trabajo Agricultura Cajamarca 2021”.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, respecto al comedor, tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 17,248.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de labor inspectiva, por el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento notificada el 30 de julio de 2021, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 23,100.00.

i. La inspeccionada manifiesta que, se ha aplicado de manera indebida lo previsto en el artículo 37 de la Resolución Ministerial N° 375-2008-TR, puesto que la Autoridad de Trabajo continúa ignorando que su personal asignado a sus operaciones en la ciudad de Jaén, es un personal íntegramente no sujeto a fiscalización inmediata, que desarrolla labores fuera de cualquier instalación de la empresa o centro de trabajo, conforme se prevé en el artículo 10.C del Decreto Supremo N° 008-2002-TR, es decir, realizan trabajo de campo, por lo que no ingieren alimentos en las instalaciones de la empresa. ii. Asimismo, refiere que esta afirmación se ha acreditado con los comprobantes de rendición de alimentos que, presentados con su escrito de descargo frente al informe final de instrucción, y que su empresa asume a favor de los trabajadores los gastos necesarios para la ingesta de alimentos fuera de las instalaciones de la empresa; por dicho motivo, es que en las instalaciones de la empresa no cabe exigir un comedor. iii. Por otra parte, expresa que resulta injustificado que la Sub Intendencia en su pronunciamiento objeto de impugnación pretenda sustentar la exigencia de comedores y vestuarios en base a una norma que no resulta aplicable a su empresa,

como es la Norma en Seguridad de Construcción Civil G50, cuyo ámbito de aplicación está constituido por los empleadores del régimen de construcción civil y las propias obras de construcción civil, supuestos de hecho que no se verifican en el presente caso, debido a que la empresa no posee el rubro de construcción civil, no desarrolla obras de construcción civil en las instalaciones de su oficina en Jaén, no requiere de personal obrero que tenga que cambiarse o utilizar un vestuario en las oficinas y no posee una cantidad de trabajadores que realice una jornada completa y permanente. Por consiguiente, respecto a la G 50 SUNAFIL incurre en un error de derecho al aplicar indebidamente normativa ajena a la realidad de su empresa. iv. De otro lado, argumenta que si bien en sus instalaciones, los trabajadores no permanecen a razón de una jornada de trabajo que comprenda horarios de refrigerio, implementó antes de la notificación del informe de imputación de cargos un ambiente propicio para que puedan ingerir alimentos los trabajadores que coyunturalmente permanezcan en tal instalación, por ello, en el escenario que se considere la comisión de alguna infracción laboral, correspondería una reducción de cualquier multa al 30% lo que solicitamos mediante el presente escrito. v. Considera que en la resolución materia de impugnación se señala que trece (13) trabajadores serían los afectados por las infracciones detectadas. No obstante, refiere que no todos mantuvieron vínculo laboral vigente, ni todos estuvieron asignados al centro de labores de Jaén, por lo que, en realidad, el monto de la multa debió calcularse solamente en relación a nueve (9) trabajadores, habiéndose aplicado la tabla de infracciones de manera errónea, por lo que se afecta el principio de tipicidad. vi. Manifiesta que el requerimiento que se formuló en su oportunidad carecía de validez o en otros términos carecía de fundamento.

i. Expresa que, la inspeccionada se encontraba obligada a contar con un comedor en el centro de trabajo y que este debía cumplir con las condiciones sanitarias adecuadas, por tanto, el hecho de que sus trabajadores, realicen trabajo de campo o que asuman el costo necesario para la ingesta de alimentos a favor de ellos, no lo libera de su obligación, más aún si de la revisión del cuadro N° 1 relación de trabajadores entrevistados, señalado en el numeral 4.2 de hechos constatados del acta de infracción, se verifica que no todos los trabajadores realizan actividades de campo, y no se ha presentado medio probatorio que de fe a su argumento. En ese sentido, no se advierte indebida aplicación del numeral f) del artículo 370° de la Resolución Ministerial N° 375-2008-TR.

2 Notificada a la impugnante vía casilla electrónica el 14 de febrero de 2022, véase folio 188 del expediente sancionador.

ii. Respecto a la exigencia incorrecta de la Norma de Construcción Civil G050, puntualiza que la citada norma aplica a todas las actividades de construcción, es decir, a los trabajos de edificación, obras de uso público, trabajo de montaje y desmontaje y cualquier proceso de operación o transporte en las obras, desde su preparación hasta la conclusión del proyecto; en general a toda actividad definida en el Gran Grupo 2, Gran Grupo 3, Gran Grupo 7, Gran Grupo 8 y Gran Grupo 9 señaladas en la CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL UNIFORME DE OCUPACIONES - CIUO, y en ese sentido, no corresponde aplicar como norma vulnerada a la Norma Técnica G050. No obstante, la intendencia refiere que el órgano sancionador solo le hizo referencia como norma vulnerada, mas no exigió su cumplimiento como señala la inspeccionada, toda vez que, en el considerando 28 de la resolución apelada, se exhorta a la inspeccionada cumplir con su obligación de contar con un comedor donde los trabajadores puedan ingerir sus alimentos en condiciones adecuadas conforme a la Resolución Ministerial N° 375-2008- TR. Asimismo, al ser un hecho no trascendente, subsiste la responsabilidad de la inspeccionada, por cuanto no se ha generado de manera directa y automática la nulidad de lo actuado, pues no se advierte vulneración de las garantías procesales inherentes al presente procedimiento administrativo. iii. En relación a la solicitud de reducción de multa al 30%, precisa que el inciso a) del artículo 40 de la LGIT establece que las multas previstas en esta Ley se reducen en los siguientes casos: a) Al treinta por ciento (30%) de la multa originalmente propuesta o impuesta cuando se acredite la subsanación de infracciones detectadas, desde la notificación del acta de infracción y hasta antes del plazo de vencimiento para interponer el recurso de apelación. Al respecto, la inspeccionada a la fecha, no acreditó haber subsanado la infracción imputada, situación que se corrobora en su recurso de apelación, cuando señala que, en las instalaciones de su empresa no cabe exigir un comedor para sus trabajadores, por tanto, no corresponde aplicar el presente beneficio al caso en concreto. iv. Respecto al número de trabajadores afectados, corresponde señalar que la inspeccionada no presenta documento que acredite que solo nueve (9) trabajadores serían los afectados. En la medida, que en la nómina de trabajadores de su Plan para la Vigilancia, Prevención y Control COVID, ha consignado al total de sus trabajadores con vínculo laboral vigente (13 trabajadores), dentro de los cuales se aprecia a los trabajadores afectados. Por ello, aun cuando la apelante presentó la constancia de modificación o actualización de datos de los trabajadores actualizado el 03 de noviembre de 2021, del cual se verifica que dichos trabajadores laboran en el departamento de San Martín, lo cierto es que, durante el procedimiento inspectivo de investigación ambos trabajadores laboraban en la sede Jaén, así se tiene que, del T-Registro del trabajador Jaime Ortega actualizada en fecha 13 de setiembre de 2021 presentado durante las actuaciones inspectivas, en el que figura como centro de trabajo en la ciudad de Jaén. Además, el día de la visita inspectiva, el 01 de julio de 2021 se encontró en la sede de Jaén quien indicó tener el cargo de líder de zona, por tanto, lo señalado por la apelante, referente a que no todos los trabajadores mantuvieron vínculo laboral vigente, ni todos estuvieron asignados al centro de labores de Jaén, carece de sustento. v. Finalmente, en relación a la supuesta vulneración de diversos derechos o principios invocados por la inspeccionada, estando a que en los numerales precedentes se ha establecido la validez y el normal desarrollo de las actuaciones inspectivas y el procedimiento sancionador, la resolución venida en grado de apelación, tampoco ha vulnerado el principio de legalidad ni el principio del debido procedimiento administrativo u otro alegado por la inspeccionada, toda vez que,

el acta de infracción cumple con el contenido mínimo exigido por el artículo 46 de la LGIT , concordante con el artículo 54 del RLGIT.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.”

Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE MACHU PICCHU FOODS S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 04 de marzo de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 020-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, señalando lo siguiente:

i. Reitera que, existe una afectación al debido proceso, y ante una medida de requerimiento con vicios de nulidad. Asimismo, expresa que no resulta razonable que en el plazo de nueve días hábiles se construya un comedor en un lugar alejado. ii. Alega que la medida de requerimiento no tiene sustento jurídico, pues se ha aplicado de manera indebida lo previsto en el artículo 37 de la Resolución Ministerial N°375-2008-TR, la Intendencia de Cajamarca continúa ignorando que el personal que está asignado a sus operaciones en la ciudad de Jaén es un personal

no sujeto a fiscalización inmediata que desarrolla labores fuera de cualquier instalación de la Empresa o centro de trabajo, conforme se prevé en el artículo 10.C del Decreto Supremo N° 008-2002-TR, es decir, realizan trabajo de campo por lo que no ingieren alimentos en las instalaciones de la Empresa. iii. Expresa que se calculó erróneamente la multa, pues debió calcularse en razón a nueve (09) trabajadores, y no en base a trece (13) trabajadores, afectándose con ello, el principio de tipicidad. iv. Arguye una vulneración a su derecho a una debida motivación y un debido procedimiento, contenido en los siguientes dispositivos el artículo 139, inciso 5) de la Constitución Política de 1993, así como el artículo 122, inciso 1.2 del artículo N° 1 y artículo N° 6 del Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, pues no establece el sustento fáctico y probatorio que acredite la comisión de las infracciones imputadas.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del

Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139.° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido)

los recursos interpuestos y la oportunidad en que fueron presentados, los mismos que fueron valorados al sancionar a la impugnante, no se ha advertido vicio alguno en el trámite del procedimiento, debiendo desestimarse los agravios alegados entorno a ello. Finalmente, los demás aspectos del derecho serán analizados en los considerandos posteriores.

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones 6.7. Con relación al derecho o garantía de la motivación de las decisiones que afecten los intereses de la impugnante, es importante recalcar que el principio de debido procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo. Lo anterior se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho.

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación

suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido)

Sobre la infracción grave

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019- JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“…la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral,

o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006- TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento administrativo sancionador (PAS).

Figura 01:

trabajadores; sin embargo, conforme se ha señalado, en el momento de las actuaciones inspectivas, la misma empresa es la que señaló contar con 13 trabajadores activos en la región de Cajamarca, conforme se observa a continuación:

Figura 2:

con lo dispuesto por la autoridad inspectiva, y al no evidenciarse una vulneración en la emisión de la medida inspectiva de requerimiento, que transgreda lo dispuesto por el artículo 14 de la LPAG y el numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT, corresponde confirmar la infracción tipificada; en consecuencia, no acoger los argumentos expuestos en este extremo por parte de la impugnante.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y Salud en el Trabajo Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, respecto al comedor. Numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019- 2006-TR

GRAVE Labor inspectiva Incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento notificada el día 30 de julio de 2021. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019- 2006-TR

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por MACHU PICCHU FOODS S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 020-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, emitida por la Intendencia Regional de Cajamarca, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 448-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 020-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a MACHU PICCHU FOODS S.A.C., y a la Intendencia Regional de Cajamarca, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente KATTY ANGÉLICA CABALLERO SEGA

20221123JCR