MA & MM Soluciones S.R.L — Res. 710-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Compensación por tiempo de servicios (Sub materias: Depósito de CTS, Constancia de Cese); Remuneraciones (Sub materias: Pago de la remuneración; Gratificaciones; Pago de bonificaciones); Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Horas extras; Vacaciones); Certificado de Trabajo (Sub materia: Incluye todas); Planilla o registro que la sustituyan (Sub materia: Entrega de boletas de pago al trabajador y sus formalidades); Registro de control de asistencia (Sub materia: Incluye todas). 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

Yaja; así como, por la comisión de una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 17 de agosto de 2020; en mérito a las denuncias laborales interpuestas el 22 de mayo de 2020 por Jesús Marcial Quenta Yaja y el 27 de junio de 2020 por Sabrina Etel Ramírez del Rosario.

- Una (01) infracción LEVE en materia de relaciones laborales, por no entregar boletas de pago de remuneraciones, tipificada en el numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 387.00.

- Una (01) infracción LEVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar la entrega del Certificado de Trabajo, tipificada en el numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 387.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no pagar en forma íntegra la remuneración de abril de 2020, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,935.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no pagar la Compensación por Tiempo de Servicios trunca, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,935.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no consignar en las boletas de pago de remuneraciones los datos que corresponden a la realidad de los hechos, tipificada en el numeral 24.3 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,935.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no pagar la remuneración vacacional, remuneración vacacional trunca e indemnización vacacional, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 3,311.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no pagar el trabajo en sobretiempo, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 3,311.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por el incumplimiento de registro de control de asistencia, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 3,311.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento notificada el 17 de agosto de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 3,311.00.

i. Respecto al trabajador Jesús Marcial Quenta Yaja, refiere que tuvo vínculo laboral vigente al mes de abril 2020, sin embargo, este trabajó únicamente 14 días por lo que no le correspondía la licencia con goce de haber ni el pago de una remuneración completa, así el monto pagado de S/ 653.00, corresponde a los días laborados; en relación a la CTS, gratificación y vacaciones truncas, refiere que fueron pagados en la liquidación de beneficios sociales del 30 de abril de 2020, resultando arbitrario el presente procedimiento sancionador, siendo que asimismo respecto a las entregas de boleta y certificado no es cierto que se haya incumplido puesto que no se conocía el paradero del referido servidor para hacerle entrega de los mismos. ii. Que, respecto de la trabajadora Sabrina Ramírez del Rosario, señala que se celebró un contrato por el plazo de tres meses desde marzo al 1 de julio de 2020 laborando solo 14 días de trabajo, por lo que no le correspondía una licencia con goce de haber, habiendo cumplido con pagar la remuneración de abril correspondiente a los días laborados, así como la gratificación, la remuneración vacacional trunca, y la entrega de las boletas de las remuneraciones, cumpliendo con consignar los datos correspondientes a la realidad así como el certificado de trabajo. iii. Que, han cumplido con lo dispuesto en la medida de requerimiento notificada, habiendo presentado toda la información solicitada, siendo falso el incumplimiento señalado; por lo que, solicitan revocar la resolución recurrida.

i. Habiéndose cotejado la existencia de una relación laboral de Jesús Quenta desde el 02 de febrero de 2015 al 30 de abril de 2020 y de Sabrina Ramírez desde el 02 de marzo al 31 de marzo de 2020, se estipuló la obligación de la impugnante de cumplir con el pago íntegro y oportuno de su remuneración; así como, de los beneficios laborales que les correspondía de acuerdo al periodo laborado, consistentes en CTS, horas extras y vacaciones, como la entrega de las boletas de pago y certificados de trabajo; por lo que, los Inspectores determinaron que la impugnante no acreditó el pago de dichos beneficios sociales ni la entrega de dichos documentos a favor de los extrabajadores. ii. Respecto de la trabajadora Sabrina Ramírez, la impugnante alegó que se celebró un contrato por el plazo de tres meses, habiendo laborado solo 14 días de trabajo; por lo que, no le correspondía una licencia con goce de haber, así cumplió con pagar la remuneración de abril por los días laborados, la gratificación y la remuneración vacacional trunca, como la entrega de las boletas de las remuneraciones, cumpliendo con consignar los datos correspondientes a la realidad además del certificado de trabajo. Sin embargo, de conformidad con las actuaciones inspectivas desarrolladas, la Intendencia señala que subsisten las infracciones. iii. Respecto del trabajador Jesús Quenta, la Intendencia ratifica que la impugnante no cumplió con acreditar el pago del concepto de vacaciones e indemnización vacacional a favor del trabajador por los periodos del 2 de febrero de 2015 al 1 de febrero de 2020, así como el periodo trunco del 2 de febrero al 30 de abril de 2020; estando respecto a la indemnización vacacional por el periodo del 2 de febrero de 2015 al 1 de febrero de 2019, subsistiendo lo sancionado en la resolución de primera instancia. iv. En relación al registro de control de asistencia del trabajador, conforme lo estipulado en la resolución sancionadora en cuyos numerales 123 a 125, la impugnante no acreditó contar con dicho registro correspondiente a los periodos del 26 al 31 de agosto de 2019, del 14 de septiembre a 11 de noviembre de 2019, de 15 al 22 de diciembre de 2019 y del 16 al 31 de marzo de 2020; por lo que, persiste la incursión en la infracción sancionada. v. De la documentación presentada por la impugnante obrante en el expediente, no se ha acreditado el pago de los conceptos laborales y la entrega de los documentos laborales a los que tenían derecho los trabajadores Jesús Marcial Quenta Yaja y Sabrina Etel Ramírez del Rosario; y considerando la persistencia en el incumplimiento pese al otorgamiento de la oportunidad para la subsanación de dichas omisiones detectadas; es que se ratifica la incursión de las dos (2) infracciones leves, tres (3) infracciones graves y tres (3) infracciones muy graves en materia de relaciones laborales, determinadas en la resolución de Sub Intendencia objeto de apelación. vi. Considerando que quedó acreditado la inobservancia de la obligación de pago de los conceptos laborales y la entrega de los documentos laborales a favor de los dos trabajadores, es que no resulta convalidable su falta al deber de colaboración con el personal inspectivo frente al incumplimiento de sus obligaciones laborales consignadas en la medida inspectiva de requerimiento, subsistiendo por ende la infracción muy grave a la labor lnspectiva.

2 Notificada a la impugnante el 16 de junio de 2022, véase folio 73 del expediente sancionador.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal

Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE MA & MM SOLUCIONES S.R.L.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 23 de junio de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 169-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, señalando los siguientes alegatos:

i. Respecto al trabajador Jesús Marcial Quenta Yaja, refiere que tuvo vínculo laboral vigente al mes de abril 2020, sin embargo, este trabajó únicamente 14 días por lo que no le correspondía la licencia con goce de haber ni el pago de una remuneración completa, así el monto pagado de S/ 653.00, corresponde a los días laborados; en relación a la CTS, gratificación y vacaciones truncas fueron pagados en la liquidación de beneficios sociales del 30 de abril de 2020, resultando arbitrario el presente procedimiento sancionador, debiéndose tener en cuenta el escrito de desistimiento del trabajador, siendo que asimismo respecto a las entregas de boleta y certificado no es cierto que se haya incumplido puesto que no se conocía el paradero del referido servidor para hacerle entrega de los mismos. ii. Respecto de la trabajadora Sabrina Ramírez del Rosario, señala que se celebró un contrato por el plazo de tres meses desde marzo al 1 de julio de 2020 laborando solo 14 días de trabajo, por lo que no le correspondía una licencia con goce de haber, habiendo cumplido con pagar la remuneración de abril correspondiente a los días laborados, así como la gratificación, la enumeración vacacional trunca, y la entrega de

las boletas de las remuneraciones, cumpliendo con consignar los datos correspondientes a la realidad así como el certificado de trabajo. iii. Han cumplido con lo dispuesto en la medida de requerimiento notificada, habiendo presentado toda la información solicitada, siendo falso el incumplimiento señalado. iv. Por último, advierte que no se ha tenido en cuenta lo propuesto en el informe final y lo expuesto en los escritos de descargo, por medio de la cual acredita el cumplimiento en el pago de los beneficios sociales reclamados.

Análisis Del Recurso De Revisión

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos:

i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones.

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo sancionador

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y

9 Resolución de Sala Plena N° 008-2023-SUNAFIL/TFL, publicado el 9 de mayo de 2023. “(…) 29. Por ello, es importante señalar que toda afectación o invocación al debido procedimiento por parte de los recurrentes –y en general a alguno de los principios identificados en el Título Preliminar del TUO de la LPAG– debe de encontrarse vinculada con una infracción de naturaleza muy grave, como parte del presupuesto de la competencia material de este Tribunal, además, de encontrarse debidamente fundamentada y delimitada por el solicitante de un recurso extraordinario (conforme se detalló en los fundamentos 6.17 a 6.19 de la Resolución de Sala Plena N° 003-2022- SUNAFIL/TFL). 30. Por el contrario, aquellos recursos de revisión que contengan la invocación a situaciones que pueda evidenciar la vulneración al debido procedimiento, así como a otro principio reconocido por el TUO de la LPAG pero que verse sobre infracciones que no son de competencia de este Tribunal o que no se encuentren debidamente fundamentada y delimitada en el recurso extraordinario, deberán ser declarados como improcedentes.”

garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito “administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suyo este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…] [E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos

administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de Derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

alegatos de la impugnante referente a las infracciones en materia de relaciones laborales; asimismo, en los fundamentos 22 y siguientes desarrollan el extremo referente a los alegatos de la impugnante, referente a la configuración de la infracción a la labor inspectiva. Verificándose, de la resolución impugnada, que se ha absuelto todos los extremos alegados por la impugnante en su recurso de apelación, de manera suficiente y congruente. Del mismo modo, atendiendo al desarrollo de la resolución impugnada, se advierte que la instancia de apelaciones establece la fundamentación jurídica que respalda su decisión; asimismo, efectuó el análisis detallado de los medios probatorios que respaldan la misma, así como los hechos constatados en el acta de infracción. Lo propio se advierte del análisis probatorio realizado por las instancias previas y el inspector comisionado, quienes evaluaron los documentos presentados por la impugnante y los alegatos expuestos por la misma. Asimismo, respecto al contenido del informe final, se advierte que se ha evaluado todos los alegatos de la impugnante, desvirtuando los mismos.

determinaron que, sin perjuicio de la documentación presentada por la impugnante, no ha cumplido con acreditar contar con dicho registro, respecto de los periodos agosto a diciembre de 2019 y marzo 2020, conforme se detalla en el numeral 98 del acta de infracción. En ese entendido, respecto a las tres obligaciones sociolaborales referidas, sancionadas como muy graves, se advierte que la impugnante no ha cumplido con acreditar el cumplimiento de las mismas, encontrándose plenamente acreditadas las imputaciones efectuadas. Por lo que, no corresponde acoger dicho extremo del recurso de revisión.

Sobre la infracción a la medida inspectiva de requerimiento

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

10 Folio 18 del expediente sancionador. 11 LGIT, “Artículo 5.- Facultades inspectivas En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para: (…) 5.3 Requerir al sujeto responsable para que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento.”

las normas objeto de fiscalización en aquellos supuestos en los que la autoridad determine que la vulneración o infracción del ordenamiento jurídico es subsanable dentro de un plazo razonable12, calificándose como una infracción a la labor inspectiva el incumplimiento del mandato dictado por el inspector13.

12 La entonces vigente “Directiva N° 001-2016-SUNAFIL/INII – Reglas generales para el ejercicio de la función inspectiva”, aprobada por Resolución de Superintendencia N° 039-2016-SUNAFIL establecía lo siguiente: Finalización de las Actuaciones Inspectivas (…) 7.7.2 Medidas Inspectivas (…) 7.7.2.7 En caso se verifiquen infracciones insubsanables no se emitirá medida inspectiva de requerimiento, debiendo dejar constancia del carácter insubsanable de la infracción en la respectiva constancia de actuaciones inspectivas y anexos. La calificación de un incumplimiento como insubsanable debe ser notificada al sujeto inspeccionado durante las actuaciones inspectivas de investigación y deben estar sustentadas en la imposibilidad de revertir los efectos del incumplimiento normativo o de la afectación del derecho, sustento que también debe ser consignado en el Acta de Infracción. La directiva actual (Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020- SUNAFIL) consigna los mismos alcances en el numeral 7.14.8” 13 LGIT, “Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. (…)”. 14 Tal y como se señaló en el considerando 6.7 de la Resolución N° 018-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del 08 de junio de 2021, recaída en el Expediente N° 1098-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE4 15 TUO de la LPAG, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT. Asimismo, por la comisión de la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

“1. Acreditar el pago de las remuneraciones del mes de abril de 2020; 2. Acreditar el pago íntegro de la Gratificación Legal trunca de julio 2020 y bonificación extraordinaria; 3. Acreditar el depósito y/o pago de CTS y pago de la CTS trunca; 4. Acreditar el pago de la remuneración vacacional, remuneración vacacional trunca e indemnización; 5. Acreditar el pago del trabajo en sobretiempo (horas extras); 6. Acreditar la entrega de las boletas de pago de remuneraciones de febrero, marzo y abril de 2020; 7. Acreditar las boletas de pago de remuneraciones de diciembre de 2019 y enero de 2020; 8. Acreditar la entrega de la carta liberatoria de CTS; 9. Acreditar la entrega del certificado de trabajo”.

Otorgando para dicho efecto, un plazo máximo de ocho (08) días hábiles para la adopción de las medidas requeridas, bajo apercibimiento de multa en caso de incumplimiento.

“6.8. Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada.

16 Folio 27 del expediente inspectivo.

17 “Artículo 46.- Infracciones muy graves a la labor inspectiva Son infracciones muy graves, los siguientes incumplimientos: (…) 46.7 No cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”. 18 Numeral 3 de la Relación de Criterios Aplicables en la inspección de Trabajo, aprobado mediante Resolución Directoral N° 029-2009-MTPE/2/11.4.

como infracciones graves y leves, en el acta de infracción, se ha agotado la vía administrativa, esto es, ha causado estado19.

19 Danós Ordoñez, J. (1998). “Las resoluciones que ponen fin al procedimiento administrativo. Las llamadas resoluciones “que causan estado”. En: Ius et Veritas. Año 9, Nº 16. Lima, pp. 209- 210, señala que: “(...) acto administrativo que “causa estado” es aquél que agota o pone fin a la vía administrativa porque fija de manera definitiva la voluntad de la Administración, constituye la manifestación final de la acción administrativa respecto de la cual no es posible la interposición de otro recurso impugnativo, (...) por lo que únicamente podría ser objeto de cuestionamiento ante el Poder Judicial”. 20 LGIT, “Artículo 14: “Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse”. 21 RLGIT, “Artículo 17.- Finalización de las actuaciones inspectivas (…) 17.2 Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización. La autoridad competente puede ordenar su seguimiento o control, mediante visita de inspección, comparecencia o comprobación de datos, para la verificación de su cumplimiento. Transcurrido el plazo otorgado para que el sujeto inspeccionado subsane las infracciones sin que éste las haya subsanado, se extiende el acta de infracción correspondiente, dando fin a la etapa de fiscalización. El acta de infracción hace las veces del informe al que aluden los dos últimos párrafos del artículo 13 de la Ley, debiendo contener como mínimo la información a que se refiere el artículo 54”.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No pagar en forma íntegra la remuneración de abril de 2020. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales No pagar la Compensación por Tiempo de Servicios trunca. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales No consignar en las boletas de pago de remuneraciones los datos que corresponden a la realidad de los hechos. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales No entregar boletas de pago de remuneraciones. Numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT LEVE Relaciones Laborales No acreditar la entrega del Certificado de Trabajo. Numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT LEVE Relaciones Laborales No pagar la remuneración vacacional. Numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT MUY GRAVE Relaciones Laborales No pagar el trabajo en sobretiempo. Numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT MUY GRAVE Relaciones Laborales Incumplir el registro de control de asistencia. Numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT MUY GRAVE Labor Inspectiva Incumplir la medida inspectiva de requerimiento notificada el 17 de agosto de 2020. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por MA & MM SOLUCIONES S.R.L., en contra de la Resolución de Intendencia N° 169-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, emitida por la Intendencia Regional de Arequipa, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 306-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 169-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, en los extremos referentes a las infracciones muy graves, tipificadas en los numerales 25.6 y 25.19 del artículo 25 y numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a MA & MM SOLUCIONES S.R.L., y a la Intendencia Regional de Arequipa, para sus efectos y fines pertinentes. QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20230726CEC