M & C Enlaces S.A — Res. 624-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER); Norma de ergonomía; Mapa de riesgos; Planes y programas de seguridad y salud en el trabajo; Formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo; Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Submateria: Registros SST). 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con las obligaciones relacionados al Registro de Exámenes médicos ocupacionales y Registro de Auditorías, tipificada en el numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,602.50.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con las obligaciones relacionadas a la Formación e Información sobre seguridad y salud en el trabajo respecto a los riesgos por puesto de trabajo o función específica, tipificada en el numeral 27.7 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,602.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 06 de septiembre de 2018, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,337.50.

i. Se han vencido todos los plazos de sus normas internas, desde el plazo de 9 meses desde la emisión del acta de infracción incluso si se computan los 3 meses adicionales que la norma ha previsto. ii. La autoridad resolutiva ha omitido pronunciarse sobre los defectos formales que contiene el Acta de Infracción; esa omisión vicia el procedimiento sancionador y acarrea la nulidad de la resolución apelada por convalidar la inobservancia de requisitos expresos de validez de los actuados previos a la expedición de la resolución de multa. En el Acta de Infracción no figura el nombre completo, cargo e identificación del Inspector que la emite, solamente se aprecia un garabato ilegible, lo que contraviene el marco legal de inspecciones; además, se violenta el principio de legalidad, específicamente el principio de tipicidad dado que propone multas por hechos que no se encuentran específicamente tipificados como infracciones, por ende, no existe sanción prevista. iii. En el caso de la multa por no acreditar exámenes médicos ocupacionales de ingreso a 9 trabajadores, al no catalogarse las actividades que realizan dichos trabajadores como de alto riesgo de acuerdo al anexo 5 de la Ley de Modernización Social en salud, no corresponde dicha multa, al no ser exigible la realización de exámenes médico ocupacionales de entrada, dado que a partir del 24 de diciembre de 2016,

mediante Decreto Supremo N° 016-2016-TR, se establecen dos tipos de obligaciones diferenciadas en función de si la actividad empresarial es de alto riesgo o no; en el caso de actividades que no son de alto riesgo, se debe realizar los exámenes cada dos años. Para el caso de los trabajadores con vínculo vigente, se tomará en cuenta la fecha del último examen médico ocupacional practicado por su empleador y los exámenes médicos de salida son facultativos que se pueden efectuar a solicitud del empleador o del trabajador. iv. Sobre la propuesta de multa por no haber capacitado respecto de técnicas posturales de sentado y a pie a sus trabajadores, se les pretende multar por una obligación antes de haberse vencido el plazo legal para cumplir la obligación, por no haber capacitado a los trabajadores en riesgos específicos de su función, pero no se especifica el plazo señalando que se refiere al año 2018, cuando el Acta de Infracción data de fecha 14 de septiembre de 2018; por lo que para cumplir con la obligación, tenían hasta diciembre de 2018 es decir aun podía capacitar sobre ergonomía a sus trabajadores antes de culminado el año. Por otro lado, en el RLGIT, no se encuentra establecido la infracción por no haber capacitado a los trabajadores en riesgos específicos de su función, por lo que, no existe calificación ni sanción prevista. v. Se multa a la inspeccionada por no acreditar plan anual de seguridad, cuando esto fue presentado desde la primera comparecencia, pues el propio inspector registra la presentación en el acápite 4.3 del Acta de Infracción para luego, contradictoriamente, en el 4.9, señalar que no se presentó, lo cual es una grave incoherencia que vicia de nulidad el Acta de Infracción, que el Informe Final soslaya. Debe considerarse que el artículo 80 de la LSST no establece la obligación específica de contar con un programa anual de seguridad y salud en el trabajo, sino un plan para alcanzar cada uno de los objetivos, pero no indica la periodicidad de dicho plan ni su denominación; por ende, no existe base legal para multar por dicho extremo. vi. En la resolución apelada se menciona que en la orden de inspección consta la materia Registro del SST; sin embargo, en el Acta de Infracción no aparece esta precisión y tampoco se han dado constancia de haberle informado sobre cuáles son las materias contenidas en la orden de inspección, tampoco consta haber exhibido en la visita inspectiva dicha orden; por consiguiente, se ha generado confusión por ambigüedad, lo cual es causal eximente de responsabilidad de conformidad con el artículo 257 del TUO de la LPAG.

2 Notificada a la impugnante el 04 de agosto de 2022, véase folio 50 del expediente sancionador.

i. De acuerdo a la Cédula de Notificación N° 37625-202, se verifica que la Imputación de Cargos de fecha 26 de noviembre de 2020, fue notificada el 02 de setiembre de 2021; al haberse emitido la Resolución de Sub Intendencia N° 647-2022- SUNAFIL/ILM/SIRE2 el 31 de mayo de 2022 y notificado el 02 de junio de 2022, la autoridad de primera instancia cumplió con resolver el procedimiento en el plazo de nueve (09) meses, no correspondiendo declarar la caducidad del mismo, desestimándose lo alegado en este extremo de la apelación. ii. Sobre la demora de la notificación del Acta de Infracción, es de advertir que el transcurso del tiempo no libera a la autoridad competente de cumplir con su obligación, considerando que el numeral 151.3 del artículo 151 del TUO de la LPAG. Así, la extemporaneidad en la notificación no está afecta a nulidad. iii. Respecto al Acta de Infracción, esta cumple con el contenido establecido en el artículo 46 de la LGIT y el artículo 54 del RLGIT, entre los cuales se incluye la identificación de la inspectora comisionada que extendió la misma. iv. En relación a lo consignado en el numeral 4.2 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción se advierte que la inspectora comisionada ha procedido conforme a ley, es decir, de acuerdo al procedimiento establecido en el numeral 1 del artículo 5 de la LGIT. Aunado a ello, tomando en cuenta la presunción legal establecida en los artículos 16 y 47 de la LGIT, los hechos constatados por los inspectores se presumen ciertos y merecen fe. v. En cuanto a las materias de la orden de inspección, se ha señalado en la Orden de Inspección de fecha 23 de julio de 2018. Por ello, de acuerdo a las infracciones atribuidas a la inspeccionada, descritas en el numeral 1.3 de la impugnada, por las que se le impone sanción, referido a Registro de exámenes médico ocupacionales y Registro de auditorías; Formación e Información sobre seguridad y salud en el trabajo, estas se encuentran dentro de las materias objeto de inspección, dispuestas en la Orden de Inspección. vi. Se ha sancionado a la inspeccionada por no cumplir con las obligaciones relacionadas a dos (02) registros del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo, referidos a: i) Registro de Exámenes médicos ocupacionales y ii) Registro de Auditorías. Sobre la sanción impuesta a la inspeccionada en relación a los registros del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se advierte del considerando 10 de la resolución apelada, que el inferior en grado ha tomado en cuenta el análisis señalado en el Informe Final relacionados a los Hechos Constatados descritos en el numeral 4.8 del Acta de infracción. vii. Conforme a lo descrito en el numeral 4.7 del Acta de Infracción, donde obra la relación de trabajadores de la inspeccionada y su fecha de ingreso, la inspectora comisionada solicitó que la inspeccionada acredite los exámenes médicos del inicio de la relación laboral de los periodos 2017 y 2018, además el periódico de sus trabajadores con derecho a los exámenes correspondiente a los años 2017 y 2018 de aquellos trabajadores con inicio de la relación laboral anterior al periodo indicado, conforme a lo establecido en el dispositivo legal vigente a dicha fecha. Si bien la inspeccionada exhibió el Certificado médico de aptitud de los 9 trabajadores indicados, consignándose en los 9 certificados como fecha de examen inicial 10/09/2018, ello no acredita el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa legal; en tal sentido, lo alegado por la inspeccionada no desvirtúa la infracción atribuida. viii. Registro de Auditorías correspondiente al año 2017; al respecto, se advierte que a pesar de haber sido solicitado mediante los requerimientos de comparecencia señalando que dichos registros requeridos son de los periodos 2017 a la fecha de las actuaciones y haberse otorgado el plazo de cinco (05) días hábiles a través de la medida de requerimiento, la inspeccionada no presentó el Registro de Auditorías;

sobre cuyo extremo en el procedimiento recursivo la inspeccionada no ha desvirtuado ni esbozado argumento alguno. ix. Sobre la infracción en materia de formación e información en seguridad y salud en el trabajo, se advierte del considerando 33 de la resolución apelada que se ha desvirtuado dicha alegación, señalando que el artículo 27 del RLSST, antes citado, además conforme a los literales j) y f) del artículo 15 de la Resolución Ministerial N° 375-2008-TR - Norma Técnica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico, establece que los trabajos o las tareas que se tienen que realizar de pie / sentada deben cumplir, entre otros, los siguientes requisitos mínimos: Todos los empleados asignados a realizar tareas en postura de pie o sentada deben recibir una formación e información adecuada, o instrucciones precisas en cuanto a las técnicas de posicionamiento postural y manipulación de equipos, con el fin de salvaguardar su salud, cuyo incumplimiento está tipificado en el numeral 27.8 del artículo 27 del RLGIT; habiendo desvirtuado así, lo alegado por la inspeccionada. x. En el procedimiento recursivo la inspeccionada ha señalado que se le está multando por una obligación antes de haberse vencido el plazo legal para cumplir, no habiéndose especificado el plazo, y que en todo caso tenía hasta diciembre de 2018, para cumplir con capacitar, respecto de técnicas posturales de sentado y a pie a sus trabajadores. Sin embargo, conforme al carácter y naturaleza preventiva de las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, estas se deben cumplir oportunamente como lo señala el literal g) del artículo 49 de la LSST. Inclusive el literal f) del artículo 50 de la LSST, señala que esta debe cumplir anticipada y debidamente, siendo la oportunidad al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración y durante el desempeño de la labor. Así lo requerido por la Inspectora comisionada no contraviene el principio de legalidad, máxime si se ha constatado que los trabajadores de la inspeccionada realizan sus funciones en postura de pie y en postura sentada desde el inicio del vínculo laboral, en tal sentido correspondía que la inspeccionada brinde dicha capacitación de forma anticipada y oportuna antes de la finalización del año 2018. xi. Sobre la infracción a la labor inspectiva, la Autoridad de primera instancia ha sancionado a la inspeccionada por no cumplir con la medida de requerimiento de fecha 06 de setiembre de 2018, en perjuicio de nueve (09) trabajadores, a pesar de haberle otorgado el plazo de cinco (05) días hábiles para que adopte las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de relaciones laborales, materia de autos, incurriendo en la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 16. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE M & C ENLACES S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 23 de agosto de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1303-2022-SUNAFIL/ILM, señalando lo siguiente:

i. Se debe revocar la apelada dado que, en su expedición, no se ha tenido en cuenta la caducidad del procedimiento sancionador. Así, la Imputación de Cargos, de fecha 26 de noviembre de 2020, fue notificada el 02 de setiembre de 2021; por tanto, a partir de dicha fecha se empieza a computar el plazo ordinario de nueve (09) meses, el cual venció el 01 de junio de 2022 y no el 02 de junio de 2022 (dado que el plazo se cuenta desde la notificación y no desde el día siguiente de la notificación, tal como literalmente establece la LPAG). ii. Tampoco procede considerar el plazo adicional de ampliación de tres (03) meses dado que no se amplió dicho plazo de forma expresa y notificándose a la parte afectada. En consecuencia, al haberse notificado la resolución de multa al día siguiente de los nueve (09) meses previstos por Ley, desde la fecha de notificación de la imputación de cargos, ha operado la caducidad del presente procedimiento. iii. Por consiguiente, no correspondía la imposición de una multa MUY GRAVE por no haber dado cumplimiento a la medida inspectiva dictada dentro del procedimiento inspectivo, dado que previamente operó el plazo de caducidad fijado por Ley, hecho que debió declararse mediante la resolución de sub intendencia primeramente expedida y, luego, confirmada por la impugnada de forma extraordinaria mediante el presente recurso de revisión. iv. En relación a las infracciones graves sancionadas, por supuestos incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo, no correspondía sancionarse dado que se refieren a obligaciones cuya inexigibilidad ha quedado claramente demostrada en instancias previas; de su supuesto incumplimiento se deriva la multa muy grave impuesta, por lo que inciden de forma directa en la ya descrita infracción muy grave impuesta y que se cuestiona mediante el presente recurso extraordinario de revisión.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre las infracciones graves

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del

Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Sobre el análisis de caducidad administrativa del procedimiento sancionador

“Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador

1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este. 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo. 3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no lo haya declarado de oficio (…)” (énfasis añadido).

“El plazo de caducidad del procedimiento administrativo sancionador es de nueve (9) meses y es computado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos, es decir, con el inicio del procedimiento administrativo sancionador. (…) Por el contrario, el día final de ese plazo no es de la fecha de la resolución sancionadora, sino el de su notificación al administrado, dado que elementales razones de garantía impiden que se conceda efecto interruptor a una resolución no comunicada aún. No obstante, la norma admite la ampliación del plazo de caducidad por tres (3) meses, pero requiere de una resolución

debidamente sustentada por parte del órgano competente, detallando las justificaciones de hecho y de derecho que conllevan a la necesidad de ampliar el plazo regular”9.

Figura N° 01:

9 Morón Urbina, J.C. (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., 14va Ed., Tomo 2, pp. 538 – 539. 10 Véase a folios 13 del expediente sancionador. 11 Véase folios 36 del expediente sancionador. Inicio del cómputo de plazo 02/09/2021 (Se notifica la Imputación de Cargos y Acta de Infracción)

Sobre la medida inspectiva de requerimiento

12 Considerando 6.7 de la Resolución N° 018-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del 08 de junio de 2021, recaída en el Expediente N° 1098-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE4

“(…) 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

13 Ver de folios 89 a 97 del expediente de actuaciones inspectivas de investigación.

Figura N° 02

“6.26 La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”14, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica.

a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado;

b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de

14 RLGIT, Numeral 20.3 del artículo 20.

la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. (…)”.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación

Seguridad y Salud en el Trabajo

No cumplió con las obligaciones relacionadas al Registro de Exámenes médicos ocupacionales y Registro de Auditorías, detallado en el punto III de la resolución de primera instancia. Numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo

No cumplió con las obligaciones relacionadas a la Formación e Información sobre seguridad y salud en el trabajo respecto a los riesgos por puesto de trabajo o función específica, detallado en el punto V de la resolución de primera instancia. Numeral 27.7 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 06 de septiembre de 2018. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por M & C ENLACES S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 1303-2022-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 1646-2019-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1303-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a una infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa, en las materias de su competencia.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a M & C ENLACES S.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA Presidente

20250604RZR - HR: 36812-2018