Logística y Transportes Alfa Sociedad Anónima- Logística… — Res. 878-2026

Mediante Orden de Inspección N° 1991-2021-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 2070-2021-SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del literal c) del artículo 12° de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 399-2022-SUNAFIL/ILM/AI1, notificado el 14 de marzo de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019- 2006-TR y modificatorias (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la Autoridad Instructora 1 de la Intendencia de Lima Metropolitana emitió el Informe Final de Instrucción N° 1177-2022-SUNAFIL/ILM/AI1, notificado el 11 de julio de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Subintendencia de Sanción 4 de la Intendencia de Lima Metropolitana, la que mediante Resolución de Subintendencia N° 1116-2022-SUNAFIL/ILM/SISA4, notificada el 03 de octubre de 2022, multó a la impugnante por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 21 de octubre del 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Subintendencia N° 1116-2022-SUNAFIL/ILM/SISA4.

Mediante Resolución de Intendencia N° 1769-2023-SUNAFIL/ILM, notificada el 21 de diciembre de 2023, la Intendencia de Lima Metropolitana, declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante.

Con escrito de fecha 10 de enero de 2024, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 1769-2023-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, siendo recibido el 19 de abril de 2024.

Mediante el artículo 1° de la Ley N° 299811, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7° de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15° de la Ley N° 299812, en concordancia con el artículo 41° de la Ley General de Inspección del Trabajo3 y modificatorias (en adelante, LGIT), el artículo 17° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR4, y el artículo 2° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR5 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 206° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS (en adelante,

Así, el artículo 49° de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55° del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”6.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17° del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En este orden de ideas, resulta indispensable que el Tribunal revise el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral -tanto adjetivo como sustantivo- así como vele por la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema de Inspección del Trabajo. La normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como sujetos del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídico procedimental establecida en el marco del Sistema de Inspección del Trabajo. Cabe precisar que dicho análisis garantiza la vigencia del debido proceso en sede administrativa, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional7.

En esta línea argumentativa, la aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes, al derecho, y de

De la revisión de los actuados, se ha identificado que LOGISTICA Y TRANSPORTES ALFA SOCIEDAD ANONIMA- LOGISTICA Y TRANSPORTES ALFA S.A., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1769-2023-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, que confirmó la sanción impuesta por la comisión de dos (02) infracciones MUY GRAVES a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT, respectivamente; dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 22 de diciembre de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por parte de LOGISTICA Y TRANSPORTES ALFA SOCIEDAD ANONIMA- LOGISTICA Y TRANSPORTES ALFA S.A.

Con fecha 10 de enero de 2024, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1769-2023-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

Con fecha 11 de enero del 2024, la impugnante presentó un escrito sumillado como “CARGOS FIJOS DE PLANES CONTRATADOS”, mediante el cual amplia sus argumentos impugnatorios del recurso de revisión, señalando lo siguiente:

En base a las infracciones impuestas, el análisis de las alegaciones efectuadas por la impugnante en su recurso de revisión y el examen de la configuración de su responsabilidad administrativa, exigen analizar en principio la legalidad de las notificaciones efectuadas respecto de los requerimientos de información cuyo incumplimiento sustenta la determinación de la sanción contra la impugnante en el presente caso, teniendo en cuenta que la eventual invalidez de la notificación señalada podría acarrear la nulidad del procedimiento administrativo (énfasis añadido).

En ese sentido, es propio establecer que en todo procedimiento administrativo sancionador existe la obligación de observar las reglas que informan y regulan el procedimiento administrativo. En esa línea, conforme ha señalado el Tribunal Constitucional Peruano, el fundamento de dicha obligación nace de la Constitución

Así, el Tribunal Constitucional en numerosos pronunciamientos, como en la sentencia recaída en el Expediente N° 01709-2011-PA/TC, ha establecido que “los actos administrativos deben tener como requisito de validez la notificación con la finalidad de que el administrado tenga la posibilidad de conocer el contenido de los actos administrativos, más aún en el caso que se apliquen sanciones o que se limiten los derechos del ciudadano; incumplir este requisito vulnera el derecho de defensa”. (énfasis añadido).

En ese mismo sentido, en relación con el derecho a la debida notificación, este órgano precisó en el fundamento 4 de la sentencia recaída en el expediente Nº 2540-2012- PA/TC, que: “en cuanto al derecho a las notificaciones, es necesario precisar que la notificación reviste un rol central en los procedimientos (sea cual fuere su naturaleza), no solamente porque está ligada íntimamente a un deber de la Administración, sino porque resulta esencial para ejercer el derecho de defensa de los administrados”.

Es por ello que, el artículo 16 del TUO de la LPAG, prescribe lo siguiente: “16.1 El acto administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada produce sus efectos, conforme a lo dispuesto en el presente capítulo”. Asimismo, en su numeral 20.4 del artículo 20 del TUO de la LPAG8 establece que, mediante decreto supremo del sector, previa opinión favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se puede aprobar la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica.

En dicho contexto, en el ámbito de la fiscalización de trabajo, el 14 de enero de 2020, se publicó el Decreto Supremo N° 003-2020-TR, norma que aprueba el uso obligatorio de la casilla electrónica para efectos de notificación de los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL, teniendo como objeto “regular el uso obligatorio de la notificación vía casilla electrónica, con miras a efectuar notificaciones, en los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL a través de su Sistema

La misma norma, en su numeral 5.1 del artículo 5 establece: “Casilla electrónica: es el buzón electrónico asignado al usuario, creado en el Sistema Informático de Notificación Electrónica de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), cuyo propósito es el trámite seguro y confiable de las notificaciones en el marco de los procedimientos administrativos y actuaciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). La casilla electrónica se constituye en un domicilio digital obligatorio. (…)”. Asimismo, en su artículo 6 prescribe que: “La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) asigna al usuario una casilla electrónica en el Sistema Informático de Notificación Electrónica, la cual se constituye en un domicilio digital obligatorio para la notificación de los actos administrativos y/o actuaciones emitidas en el marco de sus funciones y competencias que correspondan ser informadas al administrado. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) comunica al usuario cada vez que se le notifique un documento a la casilla electrónica a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, en su correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería”, no estableciéndose como elemento la autorización previa del usuario. (énfasis añadido).

Además, en su primera y segunda disposiciones complementarias finales establece:

De acuerdo con el artículo 1 de la LGIT, las actuaciones inspectivas son las diligencias que la Inspección del Trabajo sigue de oficio, con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, para comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y poder adoptar las medidas inspectivas que en su caso procedan, para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales. Asimismo, “la función inspectiva, es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”. En ese entendido, el comportamiento de la autoridad inspectiva debe orientarse al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad.11

Es así que, conforme al numeral 3 del artículo 5 de la LGIT, en el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados están investidos de autoridad y facultados de proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observen correctamente, y en particular, para requerir información al sujeto inspeccionado, situación que se condice con lo dispuesto en el literal d) del artículo 12 del RLGIT, que precisa que, en cumplimiento de las ordenes de inspección recibidas, los inspectores de trabajo iniciaran las actuaciones de investigación, entre otras modalidades, mediante el requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica. (énfasis añadido).

Del mismo modo, numeral 15.1 del artículo 15 del RLGIT, establece: “Durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley”. Esta disposición reafirma el deber de colaboración

En ese sentido, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la LGIT, “Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”. En consecuencia, se entiende que los empleadores tienen la obligación ineludible de colaborar con el desarrollo de las actuaciones inspectivas, contribuyendo a que estas se realicen de forma eficaz y conforme a su finalidad esencial: la verificación del cumplimiento de las normas sociolaborales y/o en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Asimismo, el artículo 11 de la LGIT, establece que “Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público”. (énfasis añadido).

Es pertinente recordar que el artículo 36 de la LGIT12, establece que el comportamiento subsumible dentro de las infracciones a la labor inspectiva “puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario”. (énfasis añadido).

El tipo administrativo contenido en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, está orientada a sancionar una negativa del sujeto inspeccionado o de sus representantes el facilitar la información y documentación necesaria; no una mera omisión o falta de respuesta, sino una conducta claramente establecida en la que la impugnante o su representante pese a estar correctamente notificados con el acto de requerimiento informativo, se niegan a entregar la información solicitada por el inspector comisionado.

Así, corresponde analizar el cumplimiento del principio de tipicidad13. Sobre el particular, recuerda la doctrina que “el mandato de tipificación que este principio

Debemos señalar que de la lectura de las normas que sancionan los incumplimientos a la labor inspectiva, la responsabilidad administrativa no solo admite el comportamiento doloso, pues bajo el principio de culpabilidad se admite también factores subjetivos de responsabilidad, tales como la falta de diligencia15. Tal es el estándar que en este caso se debe establecer, al desacatarse una norma de orden público (revisar la casilla electrónica para cumplir con los diversos requerimientos que pudieran recibirse de parte de la inspección del trabajo).16

En ese sentido, además, el Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Resolución de Sala Plena 002-2023-SUNAFIL/TFL, de fecha 20 de enero de 2023, estableció como precedente de observancia obligatoria, nuevas reglas para definir la responsabilidad del administrado desde la oportunidad del acceso a la casilla electrónica, así tenemos:

Ahora bien, en el caso concreto, del análisis del expediente inspectivo, se advierte la emisión de un primer requerimiento de información de fecha 04 de febrero de 2021, notificado vía casilla electrónica en la misma fecha, mediante el cual se solicitó información relacionada a las materias de inspección, otorgando para su cumplimiento el plazo de tres (03) días hábiles; conforme se comprueba de la siguiente constancia de notificación:

No obstante, conforme se dejó constancia en el numeral 4.4 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, la inspeccionada no cumplió con remitir la información solicitada; de manera que, frente al incumplimiento informativo observado por la impugnante, el inspector comisionado emitió un segundo requerimiento de información con fecha 15 de febrero de 2021, notificado vía casilla electrónica en la misma fecha, reiterando la remisión de la documentación no presentada ante el primer requerimiento, otorgando tres (03) días hábiles para su cumplimiento; no obstante, este tampoco fue cumplido conforme consta en el numeral 4.6 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción. Véase la constancia de notificación de este último requerimiento en lo siguiente:

En torno a la revisión de la validez de la notificación del requerimiento informativo, de la consulta efectuada en el aplicativo “Consulta de Notificaciones” implementado por la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OTIC), se corrobora que la impugnante registró sus datos de contacto en el Sistema de Casilla Electrónica, correo electrónico y número de teléfono para habilitar el envío de las alertas previstas en el artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, recién el 15 de marzo del 2021, esto es, con fecha posterior a la notificación de los requerimientos informativos. Sin embargo, también se observa que la impugnante registra accesos previos al Sistema de Casilla Electrónica desde el 30 de setiembre del 2020, fecha bastante anterior al momento en el que registró sus datos, véanse las siguientes capturas del aplicativo señalado:

En consecuencia, si bien en el sistema no se corrobora la emisión de las alertas establecidas en el artículo 6 del Decreto Supremo 003-2020-TR, ello se debió al propio actuar de la impugnante, quien, habiendo accedido al Sistema de Casilla Electrónica con anterioridad a la notificación de los requerimientos de información, omitió registrar sus datos de contacto para propiciar la emisión de las alertas correspondientes. Bajo este escenario, declarar la invalidez de la notificación de los requerimientos informativos avalando el alegado desconocimiento de los requerimientos de información al no habérsele remitido las alertas respectivas, resultaría contraproducente a los deberes de buena fe procedimental17 y al precedente vinculante establecido en la Resolución de Sala Plena N° 002-2023-SUNAFIL/TFL, citado previamente, pues es evidente no solo que la inspeccionada tenía conocimiento del Sistema de Casilla Electrónica mucho antes de que se le notificara los requerimientos de información y, por tanto, tenía la obligación de revisar la misma periódicamente para conocer de los actos de fiscalización de los pudiera ser objeto, sino que, además, la imposibilidad de que las alertas pudieran ser generadas en la notificación de ambos requerimientos, es un acto imputable a su propia falta de diligencia en el registro de sus datos de contacto. (énfasis añadido).

A partir de este fundamento, las alegaciones efectuadas por la impugnante relativas a la invalidez de la notificación de los requerimientos informativos por la ausencia de emisión de alertas corresponden ser desestimadas, descartando que haya existido vulneración alguna al principio de confianza legítima y al principio de buena fe procedimental en contra de la administrada.

De esta forma, esta Sala corrobora que, no solo por el mandato de obligatoriedad del uso de la casilla electrónica previsto en el Decreto Supremo 003-2020-TR, sino por la comprobación de que la inspeccionada fue debidamente notificada con los requerimientos de información, queda demostrado que la impugnante tuvo acceso al conocimiento del contenido de la solicitud informativa efectuada por el inspector comisionado, y que, sin embargo, vencido el plazo otorgado en el mismo, no cumplió con entregar la información requerida.

En esa misma línea, esta Sala advierte que la impugnante pretende trasladar a la Administración las consecuencias derivadas del incumplimiento de obligaciones que le son legalmente exigibles en el marco del Sistema Informático de Notificación Electrónica

En consecuencia, el hecho de que la Administración hubiera conocido previamente determinados correos electrónicos o números telefónicos de la impugnante no la eximía de cumplir con las obligaciones vinculadas al uso de la casilla electrónica ni desvirtúa la eficacia de las notificaciones efectuadas por dicho medio. Por tanto, corresponde desestimar el alegato formulado por la recurrente sobre este extremo.

En cuanto al orden de prelación de las modalidades de notificación establecida en el TUO de la LPAG, corresponde señalar que el Sistema Informático de Notificación Electrónica de la SUNAFIL constituye un mecanismo válido y eficaz de notificación, cuya utilización se encuentra expresamente regulada por el Decreto Supremo N.° 003-2020- TR. En ese sentido, una vez asignada la casilla electrónica al administrado y producida la notificación conforme a las disposiciones aplicables, no existe obligación legal para la autoridad inspectiva de acudir de manera subsidiaria o complementaria a otras modalidades de notificación con la finalidad de garantizar la eficacia de los actos válidamente comunicados por dicho medio.

Asimismo, conforme ya se ha desarrollado en párrafos precedentes, se advierte que la propia impugnante accedió a la casilla electrónica asignada por la SUNAFIL, circunstancia que evidencia su conocimiento respecto de la existencia, funcionamiento y finalidad de dicho mecanismo de comunicación oficial. En consecuencia, desde ese momento asumió la obligación de cumplir con las cargas asociadas a su utilización, entre ellas, el registro de los datos requeridos por el sistema y la revisión periódica de la casilla electrónica para tomar conocimiento oportuno de los actos y documentos depositados en ella.

Bajo dicha premisa, la omisión de la inspeccionada de registrar oportunamente la información complementaria solicitada por el sistema no puede ser imputada a la Administración ni generar la invalidez de las actuaciones desplegadas por la autoridad inspectiva. Por tanto, no resulta atendible sostener que el inspector actuante se

Así las cosas, esta Sala concluye que no se ha producido vulneración al principio de razonabilidad ni supuesto alguno de exceso en el ejercicio de la potestad sancionadora, siendo que las consecuencias derivadas de la falta de atención de los requerimientos de información encuentran su origen en el incumplimiento de las obligaciones que correspondía observar a la propia inspeccionada respecto del uso y revisión de su casilla electrónica.

En relación al escrito presentado de fecha 04 de mayo de 2021, debe señalarse que la Orden de Inspección constituye el acto mediante el cual se dispone el inicio de actuaciones inspectivas destinadas a verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. A partir de su emisión, surge para el sujeto inspeccionado el deber legal de colaboración con el Sistema de Inspección del Trabajo, obligación que comprende la entrega oportuna de la información y documentación requerida por el personal inspectivo, conforme a las facultades reconocidas por la LGIT y su Reglamento.

Del mismo modo, corresponde traer en colación los criterios establecidos en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL, los cuales disponen que:

Del mismo modo, se debe tener en cuenta los fundamentos 9, 11 y 12 de la Resolución de Sala Plena N° 008-2023-SUNAFIL/TFL, los cuales realizan precisiones respecto a la demora en la respuesta a los requerimientos de información y tipificación propuesta. Estos criterios resultan relevantes, dado que establecen lo siguiente:

En el presente caso, esta Sala advierte que, el escrito obrante a folios 20 y 21 del expediente inspectivo fue presentado con fecha 04 de mayo de 2021, esto es, con posterioridad no solo al vencimiento de los plazos otorgados mediante los requerimientos de información de fechas 04 y 15 de febrero de 2021, respectivamente, sino también luego de la culminación de las actuaciones inspectivas y del cierre de la Orden de Inspección, ocurrido el 19 de marzo de 2021. En consecuencia, conforme al criterio contemplado en el fundamento 12 de la Resolución de Sala Plena N° 008-2023- SUNAFIL/TFL, la remisión posterior de documentación —como la efectuada por la impugnante en fecha 04 de mayo del 2021— no puede ser considerada para enervar la infracción, pues la entrega extemporánea de información y documentación luego del cierre de las actuaciones inspectivas no cumple la finalidad de colaborar con la fiscalización.

Del mismo modo, corresponde precisar que los requerimientos de información constituyen actuaciones inspectivas formalmente emitidas con la finalidad de recabar los elementos de juicio necesarios para que el personal inspectivo pueda verificar los hechos materia de investigación y emitir un pronunciamiento debidamente sustentado dentro del plazo legalmente establecido para la ejecución de la orden inspectiva. En tal sentido, la documentación o descargos que el sujeto inspeccionado estime pertinentes deben ser presentados dentro de los plazos expresamente otorgados por la autoridad inspectiva, a fin de que puedan ser oportunamente evaluados y valorados durante el desarrollo de las actuaciones de investigación.

En el caso concreto, se advierte que el primer requerimiento de información fue emitido el 04 de febrero de 2021 y el segundo el 15 de febrero de 2021, otorgándose en ambos casos un plazo de tres (03) días hábiles para su atención. No obstante, la inspeccionada no presentó la información solicitada dentro de los plazos conferidos ni durante la vigencia de la Orden de Inspección. Por el contrario, el escrito que pretende hacer valer en esta instancia fue presentado recién el 04 de mayo de 2021, cuando las actuaciones inspectivas ya habían concluido y el inspector actuante había emitido el Acta de Infracción correspondiente con fecha 19 de febrero de 2021.

Por tanto, no resulta razonable pretender que el personal inspectivo valore documentación o alegaciones presentadas extemporáneamente, cuando estas no fueron puestas en su conocimiento dentro de los plazos otorgados ni durante la vigencia

Aunado a lo anterior, resulta menester señalar que las infracciones imputadas en el presente procedimiento no se encuentran vinculadas a la acreditación o no de las obligaciones sociolaborales objeto de fiscalización, sino al incumplimiento autónomo del deber de colaboración exigible durante las actuaciones inspectivas. Por ello, aun cuando la impugnante cuestione aspectos relacionados con el fondo de la investigación o con la materia fiscalizada, tales alegaciones carecen de sustento para desvirtuar la conducta infractora atribuida, consistente en la omisión de remitir la información expresamente requerida por la autoridad inspectiva dentro del plazo otorgado para tal efecto. Por consiguiente, al haberse verificado objetivamente que la inspeccionada no cumplió con proporcionar la información solicitada por el inspector comisionado, se configuró la infracción a la labor inspectiva imputada, resultando irrelevantes los argumentos dirigidos a cuestionar aspectos ajenos al deber de colaboración que le era exigible.

Por lo expuesto, las alegaciones efectuadas en el recurso de revisión en estos extremos corresponden ser desestimadas, reafirmándose la comisión de las infracciones muy graves a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, al haber incumplido la inspeccionada con atender los requerimientos de información emitidos durante la etapa inspectiva, pese a haber sido debidamente notificada, negándose así a brindar la información solicitada por el inspector, frustrando con ello la comprobación de las materias de inspección en cumplimiento de la función inspectiva.

Morón Urbina18 señala, respecto de la triple identidad de presupuestos (sujeto, hecho y fundamento) lo siguiente:

De la revisión de las conductas, se evidencia que se encuentran calificadas como muy graves, asimismo existe identidad subjetiva de persona, es decir, de la impugnante, pero los hechos son distintos. Así, se ha comprobado las conductas o hechos atribuidos corresponden a acciones ocurridas en dos momentos diferentes, tal es el caso que, la primera infracción atribuida es el no cumplir con el requerimiento de información de fecha 04 de febrero de 2021 y la segunda con el requerimiento de información de fecha 15 de febrero de 2021, no evidenciándose que las sanciones impuestas sean sucesivas por un mismo hecho. En consecuencia, si bien existe una identidad subjetiva de persona, los incumplimientos del administrado corresponden a hechos distintos y sobre todo ocurridos en diferentes momentos.

En ese mismo misma línea, resulta pertinente señalar que, de conformidad al criterio vinculante establecido en el fundamento 9 de la Resolución de Sala Plena N° 001-2021- SUNAFIL/TFL, los actos o hechos que impiden o dificulten la labor inspectiva y que se consignan en el Acta de Infracción, constituyen infracciones que no tienen una naturaleza secundaria, adjunta ni dependiente, respecto de posibles infracciones ocurrida y detectadas en la visita inspectiva referentes a aspectos sustantivos objeto de control por la inspección del trabajo.

Por tanto, la infracción tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT constituye una infracción instantánea, puesto que se produce y se consuma en un único acto, sin prolongarse ni perdurar en el tiempo. En tal sentido, cada negativa a cumplir con un requerimiento de información constituye una conducta autónoma e independiente, sancionable de manera separada, desestimándose los alegatos de la impugnante en estos extremos.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.