Logística y Transportes Alfa S.A — Res. 1407-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub materias: Gratificaciones; y, Pago íntegro y oportuno de la remuneración convencional)); Planillas o registros que la sustituyan (Sub materias: Registro de trabajadores y otros en la planilla; y, Entrega de boletas de pago al trabajador y sus formalidades); Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Vacaciones); Bonificación no remunerativa (Sub materia: Incluye todas); Compensación por tiempo de servicios (Sub materia: Depósito de CTS); y, Seguridad social (Sub materias: Inscripción de trabajadores en el régimen de seguridad social en salud; e Inscripción de trabajadores en el régimen de seguridad social en pensiones).

registro del trabajador en la planilla electrónica y, el pago de la remuneración vacacional, dos (02) infracciones MUY GRAVES en materia de seguridad social, por no registrar al trabajador en el régimen de seguridad social en salud y, en pensiones, así como por una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento notificada el 23 de octubre de 20182.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de las gratificaciones, correspondiente al periodo julio 2018, a favor de treinta y un (31) trabajadores, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 18,675.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de la bonificación extraordinaria, correspondiente al periodo julio 2018, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 18,675.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de la compensación por tiempo de servicios, del periodo vencido de mayo 2018, afectando a siete (7) trabajadores, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,602.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de las vacaciones y su goce, afectando a dieciséis (16) trabajadores, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 18,675.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el registro en la planilla electrónica de un (1) trabajador, tipificada en el numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,337.50.

2 Véase folio 251 del expediente inspectivo.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad social, por no acreditar la inscripción en el régimen de seguridad social en salud de un (1) trabajador, tipificada en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B. del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,337.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad social, por no acreditar la inscripción en el régimen de seguridad social en pensiones de un (1) trabajador, tipificada en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B. del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,337.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida de requerimiento de fecha 23 de octubre de 2018, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 28,012.50.

i. Refieren que, no se identifica el dispositivo legal que obliga al administrado presentar otro medio de pago distinto o complemento a la boleta de pago firmada con cargo de recepción, en efecto, pese a afirmar que presentaron boletas de julio 2018 suscritas por los trabajadores, se exige presentar otro medio que acredite el citado pago, pero no se identifica el dispositivo que genere dicha obligación, lo que hace que la resolución apelada sea ilegal. ii. Alegan que la Sub Intendencia de Resolución no es competente para declarar la caducidad, en efecto, el artículo 6.4.1.4, literal k de la Directiva N° 001-2017- SUNAFIL/INII, indica que corresponde a la autoridad instructora, lo que quiebra el principio de legalidad y debido procedimiento. iii. Consideran que la caducidad implica iniciar el procedimiento desde la generación de una nueva orden de inspección, así el artículo 75, numeral 8 de la Ley N° 27444, señala que son deberes de las autoridades interpretar las normas administrativas de forma que mejor se entiendan al fin público, y el presente procedimiento tuvo origen en el cumplimiento genérico de las funciones inspectivas; una mejor interpretación que atienda al fin público y a su vez preserve el derecho del administrado es que un nuevo procedimiento sancionador se inicia desde la generación de una nueva orden de inspección y continúe con los subsiguientes actos regulados. iv. Sostienen que, con anterioridad a la imputación de cargos, han presentado la información requerida en la medida inspectiva de requerimiento, lo que acredita el pago y cumplimiento de la norma de orden sociolaboral requerida, debiéndose tener en cuenta el correo a la dirección de la inspectora de fecha 23

de octubre de 2018, en archivo Excel, el correo a mesa de partes de fecha 02 de febrero de 2021, cargo de registro de recepción de fechas 27 de octubre 2021, 01 y 03 de noviembre de 2021. En consecuencia, se debe de aplicar el examen de responsabilidad contenido en el literal f) del artículo 257 del TUO de la Ley N° 27444; no obstante, se han acogido a los atenuantes de responsabilidad en el ejercicio del derecho de petición administrativa a fin de reducir la sanción, pero no se ha dado respuesta, es así como en el escrito de descargos al informe final y a la imputación de cargos se ha reconocido responsabilidad sobre todo lo que no se haya subsanado, con la intención de valerse de lo regulado en el artículo 257, numeral 2, literal a del Decreto Supremo N° 004-2009-JUS; sin embargo, se vulnera su derecho, ya que no existe pronunciamiento al respecto.

i. Contrario a lo señalado por la inspeccionada, el artículo 6.4.2.4, literal m de la Directiva N° 001-2017-SUNAFIL/INII “Directiva que regula el procedimiento sancionador del sistema de inspección del trabajo” (Versión 2), vigente a la fecha del inicio del procedimiento administrativo sancionador, precisa que la autoridad sancionadora de primera instancia le corresponde dentro de sus funciones específicas, entre otros, el evaluar y aclarar, de corresponder, de oficio o a pedido de parte, la caducidad del procedimiento sancionador. ii. Por otro lado, el numeral 53.4.2 del artículo 53 del RLGIT y numeral 1 del artículo 259 del TUO de la LPAG, establece que el plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador, se inicia siempre de oficio con la notificación del documento de imputación de cargos, que comprende los actos y diligencias conducentes a la determinación de la existencia o no de responsabilidad administrativa en la comisión de infracciones en materia socio laboral y a la labor inspectiva, así como por infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo advertidas mediante las actas de infracción derivadas de actuaciones de investigación o comprobatorias de la inspección del trabajo. iii. Por ende, la normativa expuesta, no contempla que la caducidad invalide los hechos constatados y plasmados en el acta de infracción, por lo que, no corresponde retrotraer hasta las diligencias inspectivas el procedimiento sancionador. iv. Que, mediante Resolución de Superintendencia N° 016-2020-SUNAFIL, se aprobó el criterio normativo previsto en el “Tema 1”. En tal sentido, es de advertirse que, la inspeccionada acreditó, antes de la emisión del acta de infracción, los pagos de las gratificaciones legales y las bonificaciones extraordinarias, mediante las boletas de pago suscritas por los trabajadores afectados de fecha 15 de julio de 2018. v. Por tanto, en aplicación del principio de presunción de veracidad, establecido en el artículo IV, numeral 1.7 del TUO de la LPAG, corresponde aplicar esta infracción al eximente de responsabilidad por subsanación voluntaria, prevista en el literal f) del inciso 1 del artículo 257 del TUO de la LPAG, considerando que con la documentación antes analizada se acreditó la subsanación de la infracción

3 Notificada a la impugnante 02 de mayo de 2023. Véase folio 263 del expediente sancionador.

con anterioridad a la notificación del acta de infracción y la imputación de cargos (20 de enero de 2022); por lo que, se debe revocar este extremo de lo resuelto, respecto a los 19 trabajadores. vi. En el presente caso, la inspeccionada pese a haber sido requerida por el inspector comisionado, la subsanación de la totalidad de los incumplimientos advertidos en el plazo otorgado, la misma decidió no cumplir dicho requerimiento; por lo que, deberá asumir las consecuencias de su incumplimiento a la labor inspectiva, teniendo presente que dicha conducta se encuentra debidamente tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, conducta que fue realizada por la inspeccionada.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras

del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR7, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

(…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”9.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LOGISTICA Y TRANSPORTES ALFA S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 23 de mayo de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 466-2023-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

i. Cuestionan inaplicación de normas laborales, en tanto que, se debió aplicar la eximente de responsabilidad en relación a las infracciones muy graves: planilla electrónica, inscripción en salud e inscripción en pensiones, respecto a la persona de Córdova. Al respecto, señalan que, del informe final se deja constancia del registro en planillas y T-registro, salud y pensiones con fecha 15 de diciembre de 2019, respecto al citado. Agregan que, la imputación de cargos fue notificada el 20 de enero de 2022, invocando el artículo 257 del TUO referido a la eximente de subsanación voluntaria. ii. Señalan que, tanto en los descargos a la imputación como en los descargos al informe final invocaron la aplicación de la eximente. Sin embargo, ni la autoridad instructora, ni la sancionadora, que tienen mandato imperativo para determinar la procedencia de las eximentes, se pronuncia en la resolución de primera instancia con argumentos que puedan ser identificados como: calificación de la eximente; solo en el informe final se expresa una opinión personal de la autoridad instructora al señalar que “la documentación presentada no desvirtúa la infracción ya que debió acreditarse con la fecha de ingreso del trabajador, siendo esta el 06 de agosto de 2018. iii. Precisan que, la debida motivación comprende la exposición clara de un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. Asimismo, no advierten que la conclusión expuesta, se encuentra apoyada en alguna disposición legal del cual se extraiga dicha norma o interpretación. Por tanto, no existe declaración, menos aplicación. iv. Solicitan que se revoque por la inaplicación del criterio de atenuación para la reducción de la sanción respecto a las infracciones muy graves, a fin de que el monto de la multa, de imposible pago, se reduzca a la mitad y hacer los pagos; por lo menos, fraccionados. v. Cuestionan que, la resolución en el numeral 3.14 adiciona un requisito no contemplado en el TO de la Ley General, en tanto que, requiere de un compromiso de subsanación dentro de un plazo y no una sola manifestación, tomando como base normativa el artículo 49 del RLGIT. Sin embargo, en el título preliminar se afirma que, la presente ley será de aplicación para todas las entidades; y no podrán imponer condiciones menos favorables a los administrados. vi. En ese sentido, para que se generen los efectos de la aceptación de responsabilidad, no se requiere de ninguna otra presentación o requisito solo reconocer responsabilidad de forma expresa y por escrito. vii. Agregan que, una sanción ascendente a S/ 108,356.50, se convierte en una restricción y obstáculo para continuar con el desarrollo empresarial, es decir, no es razonable ni legal no aplicar una norma que se expresa con total claridad a favor del empresario-administrado. viii. Por otro lado, sostienen que se ha aplicado y/o interpretado erradamente el inicio de un nuevo procedimiento sancionador, declarado en la Resolución de Sub Intendencia N° 1271-2021, ya que la caducidad implica el archivo del procedimiento, debiendo iniciar un nuevo procedimiento, que no inicia con la imputación de cargos, sino con actos previos, respecto a las infracciones muy graves. ix. Al respecto, sustentan que el presente procedimiento tuvo su origen en el cumplimiento genérico de las funciones inspectivas de vigilancia, exigencia y

control de las normas. Asimismo, que, el objeto de las actuaciones inspectivas fue verificación del cumplimiento de la normativa socio laboral sobre: gratificaciones, vacaciones, depósito de CTS, entre otros. x. Exponen que, el inicio de un nuevo procedimiento sancionador, significa iniciar con el primer acto y seguir con los subsecuentes lo que significa: iniciar actuaciones inspectivas mediante la generación de la nueva orden de inspección, realizar los actos de investigación nuevamente ya sea virtual y/o presencial, emitir nueva medida inspectiva de requerimiento, lo cual coadyuva a fomentar el cumplimiento de norma de orden socio laboral y en función a la nueva investigación emitir nueva acta de infracción de ser el caso e imputación de cargos siguiendo con el resto de actos regulados. xi. Objetan que, iniciar un nuevo procedimiento solo a partir de la notificación de la imputación, en nada coadyuva a los fines de la actuación inspectiva que es la de promover el cumplimiento de las normas de orden socio laboral. Lo único que logra es eliminar estas etapas promoviendo la sanción al administrado con multas de imposible cumplimiento y las medidas coactivas que se generen lo que produce que se vean afectados en sus finanzas, y promueve el despido de los trabajadores como medida de afrontamiento. Por tanto, la decisión de iniciar nuevo procedimiento sancionador a partir de la sola notificación de la imputación de cargos carece de razonabilidad y legalidad. xii. Refieren que se ha inaplicado la Resolución de Superintendencia N° 016-2020- SUNAFIL, respecto a la acreditación de la obligación de pagos vacacionales, en tanto que, en la resolución materia de revisión solo se hace valer el criterio normativo sobre el pago de obligaciones laborales económicas con cualquier medio de pago, respecto a las gratificaciones legales y bonificación; sin embargo, ese mismo criterio es desconocido respecto a la remuneración vacacional, donde respecto a las constancias de pago se afirma que no se presentan medios probatorios; no aplicándose el criterio de subsanación voluntaria que sí se ha aplicado respecto a la acreditación de la obligación económica gratificaciones y bonificación. xiii. Por último, sostienen que, se ha inaplicado el Informe N° 013-2018-SUNAFIL, de fecha 18 de enero de 2018, que se debió aplicar para eximir de la infracción por incumplimiento de la medida inspectiva, en tanto que, existió eximente por subsanación voluntaria sobre la acreditación del pago de gratificaciones y bonificación extraordinaria, antes de la imputación de cargos; sin embargo, no ha declarado el efecto que desarrolla el citado informe.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre los precedentes administrativos de observancia obligatoria

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (el resaltado es nuestro).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017- TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la

autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

Disponiéndose la entrada en vigencia del mismo a partir del día siguiente de su publicación.

Sobre la infracción al numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, por no acreditar el pago de la remuneración vacacional

pesar de ello, su empleador no cumple con su otorgamiento, es decir, que el trabajador no haya gozado de su derecho al descanso vacacional, supuesto último que no se desprende de los hechos constatados por el inspector comisionado.

Sobre la vulneración al principio del debido procedimiento 6.17 El numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten…” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N° 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

10 Numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG “Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional”.

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta – pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

siendo que, en los numerales 1.2 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG se establecen dos reglas generales vinculadas a la motivación: (i) la obligación de la motivación en las decisiones que tome la Administración Pública, conforme al principio del debido procedimiento; y, (ii) la obligación de verificar plenamente los hechos que sustentan la decisión adoptada por la Administración Pública, conforme al principio de verdad material11.

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador 6.25 Conforme se detalla, la resolución de sanción (Resolución de Sub Intendencia de Sanción N° 1106-2022-SUNAFIL/ILM/SISA5) no ha efectuado una correcta subsunción de los hechos constatados bajo la conducta sancionada para la asignación de responsabilidades hacia la Inspeccionada.

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye

11 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

Así, en el Exp. N.º 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N.º 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos:

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de “X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez.

Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba,

actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste, sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en la argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal.

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139º, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas.

f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal.” (énfasis agregado).

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (énfasis agregado)”.

12 Fundamento jurídico 14, Exp. N° 02098-2010-PA/TC.

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo 6.34 El artículo 15 de la Ley N° 29981 señala que el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. En ese sentido, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”. Precisa, además, que se sustenta en la “inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal”.

13 Cfr. artículo IV del TUO de la LPAG 14 “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 15 Artículo 13.- Alcances de la nulidad 13.2 La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los cuales, no obstante, el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario. 16 Morón Urbina, J (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, Tomo I, p. 269.

Resolución de Sub Intendencia respectiva, a efectos que dicha instancia emita una nueva decisión en el extremo de la tipificación de la infracción contenida en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, y considerando los argumentos contenidos en la presente Resolución, conforme a lo prescrito en el numeral 12.1 del artículo 12 del TUO de la LPAG.

Sobre el registro en la planilla electrónica

“3.3.3. Pues bien, para determinar si existió una relación de trabajo entre las partes encubierta mediante un contrato civil, este Tribunal debe evaluar si en los hechos se presentó, en forma alternativa y no concurrente, alguno de los siguientes rasgos de laboralidad: a) control sobre la prestación o la forma en que ésta se ejecuta; b) integración del demandante en la estructura organizacional de la emplazada; c) prestación ejecutada dentro de un horario determinado; d) prestación de cierta duración y continuidad; e) suministro de herramientas y materiales a la demandante para la prestación del servicio; f) pago de remuneración al demandante; y, g) reconocimiento de derechos laborales, tales como las vacaciones anuales, las gratificaciones y los descuentos para los sistemas de pensiones y de salud” (énfasis añadido).

advertir discrepancia entre los hechos que se desprendan de los documentos formales presentados por la inspeccionada y los hechos constatados en el marco de sus investigaciones, tal como lo expresa el numeral 2.2 del artículo 2 de la LGIT, que establece: “el funcionamiento y la actuación del Sistema de Inspección del Trabajo, así como de los servidores que lo integran, se regirán por los siguientes principios ordenadores: (…) 2. Primacía de la Realidad, en caso de discordancia, entre los hechos constatados y los hechos reflejados en los documentos formales debe siempre privilegiarse los hechos constatados”.

 Prestación personal de los servicios: la inspectora comisionada deja constancia en el punto 4.19. del acta de infracción que, en la diligencia de fecha 16 de agosto de 2018, se encontró laborando al trabajador como “Supervisor de planta”, en forma personal, directa sin auxiliares ni sustitutos, conforme se observa de la “CONSTANCIA DE ACTUACIONES INSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN”17, de fecha 16 de agosto de 2018, siendo que, dichas labores se encuentran corroboradas del contrato de locación de servicios, suscrito entre la impugnante y el trabajador afectado en fecha 06 de agosto de 2018, adjunto en el expediente inspectivo18, y que guardan relación con la actividad principal de la empresa que según la Ficha RUC es: “Principal - 4661 - VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y GASEOSOS Y PRODUCTOS CONEXOS”, realizando funciones propias de la empresa (actividades de mantenimiento y reparación de maquinarias para envasado de GLP, bombas, compresoras, llenadores automáticos y demás controles de seguridad), de manera ininterrumpida por un periodo de 2 meses y que denotan exclusividad en la prestación de servicios, característica inherente al presente elemento del contrato de trabajo, en consecuencia, se encuentra acreditada la prestación personal y directa de un servicio, respecto a la fecha de ingreso del trabajador afectado.

 Subordinación: la inspectora comisionada deja constancia de los indicios extraídos de las actuaciones inspectivas llevadas a cabo en la visita inspectiva de fecha 16 de agosto de 2018, tales como, cumplir con una jornada laboral y encontrarse sujeto bajo la dirección del empleador, quien no contradijo la declaración brindada por el trabajador respecto a su vínculo laboral. En ese sentido, de acuerdo al literal 8.3.1. del Protocolo de Fiscalización para la Formalización Laboral, constituyen pruebas o indicios respecto al elemento de la subordinación: “El control de entrada y salida para

17 Véase folio 11 del expediente inspectivo. 18 Véase folio 170 9 y 180 del expediente inspectivo.

lo cual debe revisarse, (…)”; siendo que, en el presente caso se encuentra comprobada la concurrencia de tales supuestos y evidenciándose que dichas actividades no pueden realizarse de manera independiente (actividades de mantenimiento y reparación de maquinarias para envasado de GLP, bombas, compresoras, llenadores automáticos y demás controles de seguridad) sino que se sujetan a las directrices y necesidades del servicio prestado por el sujeto inspeccionado; resulta acreditado el elemento de la subordinación, en tanto que, las funciones desarrolladas por el trabajador afectado estaban bajo la autoridad y dirección del sujeto inspeccionado.

 Remuneración: en el caso en particular, la remuneración como elemento del contrato de trabajo se evidencia de los recibos por honorarios emitidos por el trabajador afectado para el sujeto inspeccionado, documentación que no solo acredita el monto de las remuneraciones por parte del sujeto inspeccionado a favor del señor Córdova, sino la contraprestación por los servicios recibidos; deduciéndose de ello, la comprobación del vínculo laboral conforme a favor del trabajador afectado.

disposiciones relativas al uso del documento denominado “Planilla Electrónica”, la impugnante se encontraba en la obligación de registrar al trabajador afectado en la planilla electrónica como trabajador a plazo indeterminado. Por lo que, al no haber efectuado dicho registro, ha quedado acreditada la infracción imputada, tipificada en el numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT.

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

19 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

Figura N° 01

20 RLGIT, “Artículo 17.- Finalización de las actuaciones inspectivas. (…) 17.2 Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización. La autoridad competente puede ordenar su seguimiento o control, mediante visita de inspección, comparecencia o comprobación de datos, para la verificación de su cumplimiento. Transcurrido el plazo otorgado para que el sujeto inspeccionado subsane las infracciones sin que éste las haya subsanado, se extiende el acta de infracción correspondiente, dando fin a la etapa de fiscalización. El acta de infracción hace las veces del informe al que aluden los dos últimos párrafos del artículo 13 de la Ley, debiendo contener como mínimo la información a que se refiere el artículo 54

Sobre la supuesta aplicación y/o interpretación errónea del inicio de un nuevo procedimiento sancionador

“Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador 1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este. 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo. 3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no lo haya declarado de oficio (…)” (énfasis añadido).

“El plazo de caducidad del procedimiento administrativo sancionador es de nueve (9) meses y es computado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos, es decir, con el inicio del procedimiento administrativo sancionador. (…) Por el contrario, el día final de ese plazo no es de la fecha de la resolución sancionadora, sino el de su notificación al administrado, dado que elementales razones de garantía impiden que se conceda efecto interruptor a una resolución no comunicada aún.

No obstante, la norma admite la ampliación del plazo de caducidad por tres (3) meses, pero requiere de una resolución debidamente sustentada por parte del órgano competente, detallando las justificaciones de hecho y de derecho que conllevan a la necesidad de ampliar el plazo regular”21.

ACTUACIONES FECHA DE NOTIFICACIÓN Inicio Imputación de Cargos N° 28-2022- SUNAFIL/ILM/AI2 20/01/2022 Fin Resolución de Sub Intendencia de Sanción N° 1106-2022-SUNAFIL/ILM/SISA5 20/10/2022

21 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, abril de 2019, Tomo 2, pp. 538 – 539. 22 Véase folio 250 del expediente sancionador.

Sobre los demás argumentos cuestionados por la impugnante

trabajador afectado, máxime si no ha presentado en sus descargos documentación adicional que demuestre lo contrario. Asimismo, contrario a lo alegado por la impugnante, si hubo pronunciamiento por parte de la Autoridad Sancionadora de primera instancia en el considerando 50. de la Resolución de Sub Intendencia de Sanción N° 1106-2022- SUNAFIL/ILM/SISA5. Por tanto, corresponde a esta sala desestimar el recurso en este extremo.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No acreditar el pago íntegro de las gratificaciones, correspondiente al periodo julio 2018, a favor de treinta y un (31) trabajadores. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones Laborales No acreditar el pago íntegro de la bonificación extraordinaria, correspondiente al periodo julio 2018. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones Laborales No acreditar el pago íntegro de la compensación por tiempo de servicios, del periodo vencido de mayo 2018, afectando a siete (7) trabajadores. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones Laborales No acreditar el registro en la planilla electrónica de un (1) trabajador. Numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT

MUY GRAVE Seguridad Social No acreditar la inscripción en el régimen de seguridad social en salud de un (1) trabajador. Numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT

MUY GRAVE Seguridad Social No acreditar la inscripción en el régimen de seguridad social en pensiones de un (1) trabajador. Numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT

MUY GRAVE Labor inspectiva No cumplir con la medida de requerimiento de fecha 23 de octubre de 2018. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por LOGISTICA Y TRANSPORTES ALFA S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 466-2023-SUNAFIL/ILM, de fecha 27 de abril de 2023, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 2626-2020- SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. – Declarar la NULIDAD PARCIAL de la Resolución de Sub Intendencia de Sanción N° 1106-2022-SUNAFIL/ILM/SISA5, de fecha 18 de octubre de 2022, y, la de los sucesivos actos y actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 2626-2020-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. TERCERO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia de Sanción N° 1106- 2022-SUNAFIL/ILM/SISA5, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, considerando los alcances señalados en la presente resolución. CUARTO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 466-2023-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT, a las infracciones muy graves en materia de seguridad social, tipificadas en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT, y a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. QUINTO. – Declarar agotada la vía administrativa, respecto a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT, a las infracciones muy graves en materia de seguridad social, tipificadas en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT, así como a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del

artículo 46 del RLGIT, debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en la materia de su competencia.

SEXTO. - Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.40 de la presente resolución.

SÉPTIMO. - Notificar la presente resolución a LOGISTICA Y TRANSPORTES ALFA S.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes. OCTAVO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20251007MCR - HR 197541-2022