Liteyca de Perú S.A.C — Res. 292-2022

Mediante Orden de Inspección N° 027-2020-SUNAFIL/IRE-ANC, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 072-2020-SUNAFIL/IRE-ANC (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de dos (02) infracciones muy graves a la labor inspectiva.

Que, mediante Imputación de cargos N° 274-2020-SUNAFIL/IRE-ANC, de fecha 02 de octubre de 2020, notificado el 20 de abril de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 248-2021-SUNAFIL/IRE-ANC-SIAI de fecha 08 de junio de 2021 (en adelante, el informe final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia de Regional de Ancash, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 326-2021-SUNAFIL/IRE-ANC- SIRE, de fecha 27 de julio de 2021, notificada el 04 de agosto de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 38,700.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 17 de agosto de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 326-2021-SUNAFIL/IRE-ANC-SIRE, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 083-2021-SUNAFIL/IRE-ANC, de fecha 29 de octubre de 20212, la Intendencia Regional de Ancash declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 11 de noviembre de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Ancash el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 083-2021- SUNAFIL/IRE-ANC.

La Intendencia Regional de Ancash admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 987-2021- SUNAFIL/IRE-ANC, recibido el 17 de noviembre de 2021 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante un ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RGLIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que LITEYCA DE PERU S.A.C. presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 083-2021-SUNAFIL/IRE-ANC que confirmó la sanción impuesta de S/ 38,700.00 por la comisión de las infracciones MUY GRAVES, tipificadas en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día siguiente hábil de la notificación de la citada resolución; el 04 de noviembre de 2021.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por LITEYCA DE PERU S.A.C.

Sobre el particular, el artículo 259 del TUO de la LPAG dispone lo siguiente:

Asimismo, Juan Carlos Morón Urbina11 señala que, “la caducidad puede ser definida como aquella figura que origina la anormal y anticipada terminación de un pronunciamiento, debido a la inactividad de la autoridad competente, prolongada en su trámite, la cual ocasiona que el plazo establecido para su culminación se venza, adelantando el término del procedimiento por mandato de ley”. Debe entenderse, pues, que la caducidad prevista en el TUO de la LPAG es respecto del procedimiento, por lo que solo se puede determinar la existencia de una infracción antes del vencimiento del plazo de caducidad.

Cabe señalar que, Morón Urbina también señala que existen tres manifestaciones de la caducidad en el Derecho Administrativo, entre las que encontramos: i) Caducidad-carga: Referida al tipo de caducidad que opera en los supuestos en los que el particular tiene un plazo corto para el ejercicio de un derecho en beneficio propio; ii) Caducidad-sanción: Este tipo de caducidad opera para poner fin a los efectos de un título habilitante por incumplimiento de las obligaciones que asumió el administrado con la obtención del mismo; iii) Caducidad-perención: Este tipo de caducidad supone la terminación anormal (extinción) de un procedimiento administrativo por ausencia de actividad del interesado (en caso de procedimientos iniciados a iniciativa de parte) o de la Administración Pública (en caso de procedimientos iniciados de oficio). Para efectos del presente caso nos encontramos ante la caducidad-perención, en el marco del procedimiento administrativo sancionador iniciado de oficio.

En tal sentido, para que opere la caducidad-perención del procedimiento sancionador, basta la superación del plazo establecido para concluir el mismo. Por tanto, como señala el artículo 259 del TUO de la LPAG, una vez transcurridos nueve (9) meses desde el inicio del procedimiento sancionador, este caducará indefectiblemente, procediéndose a su archivo.

Por su parte, el ítem 7.1.1.6 del punto 7.1 del numeral 7 de la Directiva 001-2017- SUNAFIL/INII17, Directiva que regula el Procedimiento Sancionador del Sistema de Inspección del Trabajo, aprobado mediante Resolución de Superintendencia N° 171-2017- SUNAFIL, señala que la caducidad es declarada de oficio o a pedido de parte, siendo que en el supuesto que la infracción no hubiera prescrito la autoridad competente evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador.

En consideración a lo señalado, se evidencia que, desde la apertura del procedimiento administrativo sancionador, con la notificación de la imputación de cargos, hasta la notificación de la resolución de primera instancia, no ha operado la caducidad alegada por la impugnante, toda vez que la sub intendencia tenía como plazo para notificar la resolución de primera instancia hasta el día 20 de enero de 2022. Por tanto, no corresponde amparar dicho extremo del recurso.

Sobre el particular, la impugnante señala que no corresponde las sanciones impuestas, debido a que no ha incurrido en incumplimiento de obligaciones sociolaborales. Al respecto, debemos tener en consideración que el numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG establece que “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental” (énfasis añadido).

Del mismo modo, numeral 15.1 del artículo 15 del RLGIT establece:

En ese sentido, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la LGIT, “Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (…) c) Colaborar con ocasión de sus visitas u otras actuaciones inspectivas”.

Por su parte, el artículo 1 de la LGIT, establece que las actuaciones inspectivas, son las diligencias que la Inspección del Trabajo sigue de oficio, con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, para comprobar si se cumplen las

Al respecto, el numeral 3.2 del artículo 5 de la LGIT establece que:

En similar sentido, el artículo 11 del mismo dispositivo legal establece que “Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público” (énfasis añadido).

De acuerdo a las disposiciones normativas expuestas en los considerandos precedentes, se encuentra debidamente acreditado que la impugnante se encontraba en la obligación legal, en virtud a su deber de colaboración12 con el inspector comisionado, de cumplir con asistir a la diligencia de comparecencia programada como parte del desarrollo de las actuaciones inspectivas.

Asimismo, atendiendo a lo previsto en el numeral 12.1 del artículo 12 del RLGIT, que establece: “En cumplimiento de las órdenes de inspección recibidas, los inspectores o equipos designados iniciarán las actuaciones de investigación mediante alguna de las siguientes modalidades: (…) b) Comparecencia: exige la presencia del sujeto inspeccionado ante el inspector del trabajo, en la oficina pública que se señale, para aportar la documentación que se requiera en cada caso y/o para efectuar las aclaraciones pertinentes. El requerimiento de comparecencia se realiza conforme a lo previsto en los artículos 69 y 70 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS”. Así, el requerimiento de comparecencia que se emita debe cumplir con lo previsto en las normas señaladas, haciendo constar el apercibimiento en caso de inasistencia a dicha diligencia.

En el caso en particular, se verifica que el inspector comisionado determinó:

Sobre el particular, se evidencia que ambos requerimientos de comparecencia han cumplido con todas las formalidades del citatorio para la comparecencia estipulado en el artículo 70 del TUO de la LPAG. Por lo tanto, ante la citación a dicha comparecencia, la impugnante debió acudir en el día y hora establecidos, por ser una exigencia prevista por ley que formuló la Autoridad Inspectiva. Sin embargo, conforme a lo precisado en las constancias antes señaladas y lo precisado en los numerales 4.7 a 4.12 de los hechos constatados consignados en el Acta de Infracción, se tiene que, pese a haber sido debidamente notificado, el sujeto inspeccionado, no se presentó a las diligencias de comparecencia señaladas.

Por tanto, atendiendo a lo previsto en el numeral 3 del artículo 36 de la LGIT, que prevé que constituye infracción a la labor inspectiva: “La inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector del Trabajo o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren”. Así como el hecho que, el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT tipifica y califica como infracción muy grave a la labor inspectiva, la inasistencia del sujeto inspeccionado ante un requerimiento de comparecencia. Debemos señalar que, determinada la inasistencia de la impugnante a las diligencias de comparecencia de fecha 19 de febrero de 2020 y 09 de marzo de 2020, se evidencia la configuración de las infracciones imputadas, contenidas en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT.

Sin perjuicio de lo antes señalado, debemos tener en cuenta que el inspector comisionado notificó un nuevo “Requerimiento de Comparecencia” de fecha 12 de marzo de 202017, con la de que la impugnante se apersone a la diligencia de comparecencia de fecha 17 de marzo de 2020 a horas 10:30 am, con la finalidad de que cumpla con exhibir y/o presentar los siguientes documentos: i) Documentos que acrediten la representación del compareciente; ii) Acreditar el pago de horas extras laboradas en el mes de diciembre de 2019; iii) Acreditar el pago correspondiente a días laborados en días de descanso semanal

Asimismo, conforme se verifica de la “Constancia de actuaciones inspectivas de investigación” de fecha 09 de setiembre de 202018, el comisionado dejo constancia de que la diligencia programada para el día 17 de marzo de 2020 no se pudo llevar a cabo debido al inicio de la cuarentena por el estado de emergencia decretado por el gobierno. Precisando en dicho documento que, “no se cuenta con plazo suficiente para continuar las actividades inspectivas”. Cabe señalar que, en el numeral 4.18 de los hechos constatados del Acta de Infracción, “Que, habiéndose reiniciado el computo de plazo para la presente orden de inspección desde el 1 de setiembre de 2020; y estando a que el inspector actuante se encontraba con descanso médico durante el periodo 11 de agosto al 8 de setiembre de 2020; lo cual fue sustentado e informado de manera oportuna a la Oficina de Recursos Humanos de la Sunafil; no ha sido posible el desarrollo de actuaciones inspectivas a fin de verificare el cumplimiento de todas las materias contenidas en la presente orden de inspección; no habiendo plazo suficiente para la culminación de la actuaciones inspectivas, y habiéndose ya solicitado una ampliación de plazo por 15 días; corresponde solicitar la apertura de una nueva orden de inspección con las mismas materias contenidas en la presente orden de inspección, teniendo como referencia los actuados contenidos en la presente orden de inspección”.

En tal sentido, como se verifica de los actuados, las actuaciones inspectivas se vieron interrumpidas de manera excepcional, debido a la declaratoria de estado de emergencia dispuesto mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, el mismo que de acuerdo a las prórrogas decretadas a nivel nacional y en particular en la Región Ancash, se extendió hasta el 31 de agosto de 2020.

Así los hechos, se tiene que de acuerdo a lo señalado por el inspector comisionado las actuaciones inspectivas no han concluido, motivo por el cual solicita la apertura de una orden de inspección con las mismas materias. Esto es, las diligencias realizadas en la orden de inspección que ha generado el presente procedimiento sancionador, no han permitido determinar si la inspeccionada ha cumplido con las obligaciones materia de inspección o de ser el caso no permite la subsanación de las posibles infracciones verificadas por el inspector comisionado, más aún, teniendo en cuenta que en el requerimiento de información programado para el día 17 de marzo de 2020 se pretendía buscar que la impugnante acredite el cumplimiento de sus obligaciones sociolaborales, supuestos que no se ha podido materializar debido, en primer lugar, a la declaratoria del estado de emergencia y luego a la situación especial, por descanso médico, del inspector comisionado para no poder realizar las actuaciones inspectivas en el tiempo otorgado, lo

Cabe señalar que, lo referido no enerva la configuración de las infracciones imputadas; sin embargo, como se ha señalado, la misma tiene injerencia en la determinación del monto de la sanción, pues de ser el caso, resultaría de aplicación lo previsto en el numeral 17.3 del artículo 17 del RLGIT, que establece: “(…) Las sanciones por infracciones a la labor inspectiva previstas en los numerales 46.6 y 46.10 del artículo 46 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, tendrán una reducción del 90%, siempre que el sujeto inspeccionado acredite haber subsanado todas las infracciones advertidas antes de la expedición del acta de infracción o cuando no se adviertan infracciones"19. Cabe señalar que, en aplicación del numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG20, el texto citado resulta de aplicación por contemplar un supuesto más favorable para el administrado, que la norma vigente al momento de ocurrido los hechos.

Asimismo, el TUO de la LPAG, establece en el numeral 241.1 del artículo 241 que, “La Administración Pública ejerce su actividad de fiscalización con diligencia, responsabilidad y respeto a los derechos de los administrados, adoptando las medidas necesarias para obtener los medios probatorios idóneos que sustenten los hechos verificados, en caso corresponda”. En consideración a dicha norma, el actuar de los inspectores de trabajo deben constituir actos diligentes y con debido respecto de los derechos de los administrados. En ese entendido, el numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT establece que, “si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización. La autoridad competente puede ordenar su seguimiento o control, mediante visita de inspección, comparecencia o comprobación de datos, para la verificación de su cumplimiento. Transcurrido el plazo otorgado para que el sujeto inspeccionado subsane las infracciones sin que éste las haya subsanado, se extiende el acta de infracción correspondiente, dando fin a la etapa de fiscalización”. Actuaciones no realizadas en el presente caso, pues, como ha señalado el inspector comisionado, el plazo para la realización de las actuaciones se cumplió, motivo por el cual no pudo concluir con las actuaciones inspectivas, ni mucho menos realizar la verificación de la comisión de los posibles incumplimientos investigados.

En similar sentido, el numeral 17.5 del artículo 17 del RLGIT, determina que “una vez finalizadas las actuaciones de investigación o comprobatorias, y siempre que se concluya con la emisión de un acta de infracción, el expediente debe ser remitido a la autoridad a cargo del procedimiento sancionador en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados desde la emisión de dicha acta”. Esto es, la norma prevé como consecuencia de las actuaciones inspectivas, la culminación de las actuaciones de investigación como supuesto de emisión del Acta de Infracción (énfasis añadido).

Cabe señalar que, el “Comité de Criterios en materia legal aplicables al Sistema de Inspección de Trabajo”, creado mediante Resolución de Superintendencia N° 061-2019- SUNAFIL, publicó -mediante Resolución de Superintendencia N° 134-2019-SUNAFIL- un

Por ello, en tanto no se advierten otras infracciones, pues las mismas no han sido establecidas por el inspector comisionado, debido a la no culminación de las actuaciones inspectivas, y atendiendo al principio de presunción de licitud21, corresponde aplicar la reducción del 90% de la sanción por la inasistencia a las diligencias de comparecencia programadas para los días 19 de febrero y 09 de marzo de 2020, reduciéndose la multa a la suma de S/ 3,870.00 (Tres Mil Ochocientos Setenta y 00/100 soles). En ese sentido, se reajusta el cuadro de infracciones en los siguientes términos: