Limtek Servicios Integrales S.A — Res. 461-2025

Antecedentes

Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Remuneraciones (Subgrupo: gratificaciones), Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Subgrupo: Horas extras y Vacaciones), Compensación por tiempo de servicios (Subgrupo: Deposito de CTS), Bonificación (Subgrupo: todos) y Registro de control de asistencia (Subgrupo: todos, Subsubgrupo: todos). 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

1. Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa de S/. 11,572.00.

i. Alega que, si bien la resolución impugnada reconoce que se presentó la documentación solicitada extemporáneamente, no especifica que dicha información fue enviada antes de la notificación del acta de infracción. Por lo que, si el Inspector comisionado hubiese tomado en cuenta dichas constancias de pago, no hubiese considerado la falta de presentación como un hecho insubsanable. ii. Añade que acreditó el pago de la CTS de noviembre de 2019 hasta en dos oportunidades: i) mediante escrito del 23 de noviembre de 2021, en el cual adjunto la ampliación de la liquidación de beneficios sociales y su respectiva constancia de pago del 22 de noviembre de 2021; y, ii) mediante los descargos presentados en mayo de 2022, en los cuales se adjuntó liquidación de CTS correspondiente a noviembre de 2019 y su respectiva constancia de pago. Por lo que, a la fecha, se han pagado dos montos a la extrabajadora por un mismo concepto, incluyendo los intereses legales. iii. Sostiene que la sanción impuesta vulnera los principios de razonabilidad y proporcionalidad en tanto no se evaluaron diversos factores tales como que existió un error involuntario por parte de la administrada al anexar una constancia de pago de un periodo que no fue solicitado por el Inspector comisionado y que informó del cumplimiento extemporáneo de la medida inspectiva antes de la notificación del acta de infracción.

i. Precisa que contrariamente a lo señalado por la administrada, no cometió un error al subir la información al sistema dado que también debía acreditar el pago de la CTS

por el periodo de noviembre 2019 a abril 2020. Siendo que, pese a que presentó diversa información, no acredito el pago del periodo de mayo 2019 a octubre 2020. ii. Señala que, la subsanación voluntaria se configura cuando la información es presentada por el sujeto responsable después de vencido el plazo otorgado en la medida inspectiva de requerimiento y antes de la notificación de la imputación de cargos. Siendo que, en el caso concreto, la imputación de cargos y el acta de infracción fueron notificadas conjuntamente el 19 de mayo de 2022, mientras que el escrito de descargos señalado por la administrada fue presentado el 26 de mayo de 2022. iii. Recalca que, en efecto, el 23 de noviembre de 2021 el administrado presentó -antes de la notificación del inicio del presente procedimiento- un escrito adjuntando la constancia de CTS vinculada al mes de noviembre de 2019, motivo por el cual, no se acogió la propuesta de sanción referida al incumplimiento de pago de la CTS. iv. Asimismo, señala que de la documentación presentada el 23 de noviembre de 2021, se verifica que la administrada realizó el pago el 22 de noviembre de 2021, verificándose claramente que el referido incumplimiento fue subsanado de manera posterior al vencimiento del plazo otorgado en la medida de requerimiento. v. Precisa que, el incumplimiento de la medida de requerimiento tiene su origen en el mismo hecho pues, dicha obligación se encuentra contenida en el deber de colaboración al personal inspectivo en el Sistema de Inspección del Trabajo; lo cual protege una norma a la labor inspectiva, la cual es independiente del cumplimiento de las obligaciones sociolaborales

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Del Recurso De Revisión

“Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LIMTEK SERVICIOS INTEGRALES S.A.

Artículo 14 del Reglamento del Tribunal.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

El 23 de mayo de 2023, la impugnante presentó su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 143-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, argumentando lo siguiente:

i. Señala que, debido a un error involuntario en lugar de presentar la información solicitada vinculada al periodo de mayo a octubre de 2019, presento la del periodo correspondiente a noviembre de 2018 a abril de 2019, señalando erróneamente la Intendencia que la impugnante se encontraba obligaba a presentar la documentación de dicho periodo. ii. Aduce que, el 17 de noviembre de 2021 presentó un escrito informando al Inspector comisionado que la empresa TAWA CONSULTING S.A.C. es la encargada de realizar las gestiones relacionadas al pago y notificación a entidades bancarias respecto a las CTS de sus colaboradores, por lo que, solicitó apoyo de la misma a fin de presentar las constancias de pago; asimismo, informó que en caso de no contar con las constancias igual se realizaría el pago en tanto la información requerida se encontraba en los almacenes de otra región. iii. Así, cuando dicha empresa no pudo ubicar las constancias de pago hasta el 18 de noviembre de 2021, la impugnante pagó los montos señalados correspondiente al reintegro de CTS de mayo a octubre de 2019, más los intereses legales. Siendo que, en el transcurso del procedimiento iniciado, se ubicaron las constancias de pago de las CTS del referido periodo, las cuales se presentaron como anexo al descargo ingresado el 26 de mayo de 2022. iv. En ese sentido, señala que acreditó el pago de la CTS de noviembre de 2019 en dos oportunidades: mediante el escrito del 23 de noviembre de 2021, en el cual adjunta la ampliación de la liquidación de beneficios sociales y la constancia de pago del 22 de noviembre de 2021; y, mediante la liquidación de CTS de noviembre del 2019 y constancia de pago, adjuntos al escrito de descargos presentado en mayo de 2022. v. Así, alega que el supuesto infractor sanciona que la medida no se haya cumplido oportunamente, debiendo entenderse dicha oportunidad con relación a los hechos concretos del caso. En este caso, la medida si fue satisfecha horas después del plazo previsto, cumpliéndose la finalidad de las actuaciones inspectivas, por lo que se cuestiona la tipificación de la conducta infractora imputada como muy grave. vi. Añade que, en tanto la entrega tardía no impidió al Inspector comisionado cumplir con la finalidad de las actuaciones inspectivas, no corresponde sancionarla por la comisión de una infracción muy grave, debiéndose tener presente lo señalado en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL. vii. Sostiene que se vulneraron los principios de proporcionalidad y razonabilidad en tanto pese a que se cumplió con lo requerido por el Inspector, no se tomó en cuenta tal situación. Añade que, la sanción debe regirse por la magnitud de la gravedad que es objeto de la medida de requerimiento, gravedad que descartan se haya desplegado en su actuar al haber informado el reconocimiento del pago y al haber efectivizado el pago después del plazo. Por último, invoca la aplicación de la Resolución de Sala Plena N° 014- 2022-SUNAFIL/TFL.

Análisis Del Recurso De Revisión

Respecto a la medida inspectiva de requerimiento

“(…) 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

“6.26 La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”8, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica.

a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado;

b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. (…)”.

Figura N° 01: Extracto de la medida inspectiva de requerimiento

RLGIT, Numeral 20.3 del artículo 20.

Figura N° 02: Extracto del Acta de Infracción

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una

decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.”

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139.° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier

órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis agregado)

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones

de actos administrativos: una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señaló el Tribunal Constitucional, además, lo siguiente:

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido)

Sobre los presuntos vicios de motivación incurrido en el caso concreto

Figura N° 03: Extractos de los medios probatorios adjuntos al escrito de descargos

Figura N° 04

Figura N° 05

“14. En el presente caso, debe considerarse que, el Acta de Infracción Nº 1202-2021- SUNAFIL/IRE-LIB es de fecha 18.11.2021, la cual, de acuerdo a la correcta tramitación del procedimiento sancionador, el acta de infracción referida, fue notificada, de manera conjunta con el Informe Técnico de Imputación de Cargos Nº 718-2022- SUNAFIL/IRE-LIB/SIAI-IC, mediante el Sistema de Casilla Electrónica, el 19.05.2022, y ante ello, el administrado presentó su escrito de descargos de fecha 26.05.2022, en el cual, adjuntó documentación sobre el pago de CTS. 15. Cabe precisar que, en efecto, el 23.11.2021, el administrado, de manera previa al inicio del procedimiento sancionador, presentó un escrito, mediante el cual, adjunta la constancia de pago de CTS al mes de noviembre de 2019. 16. Es en base a ello que, la Subintendencia de Sanción, conforme a lo señalado en la normatividad correspondiente y a la Directiva anteriormente acotada, no acogió la propuesta de sanción respecto al extremo de incumplimiento de pago de CTS - como obligación del cumplimiento de las normas sociolaborales-. 17. Ahora bien, de acuerdo a la constancia de pago realizada mediante pago a las cuentas de los trabajadores del Banco de Crédito del Perú, que obra al reverso del folio 41 del expediente sancionador, que fue presentado en el escrito de fecha 23.11.2021, se advierte claramente que, la fecha de proceso fue realizada el 22.11.2021; es decir que, el referido incumplimiento fue subsanado de manera posterior al vencimiento del plazo otorgado en la medida de requerimiento y a la emisión del Acta de Infracción Nº 1202-2021-SUNAFIL/IRE-LIB (18.11.2021). 18. Siendo así, se advierte que, la imposición de la sanción de la primera instancia, respecto al incumplimiento de la medida de requerimiento, se encuentra conforme a las normas legales y a la Directiva que rige el presente procedimiento, no evidenciándose afectación alguna al debido procedimiento”

respecto de dicha documentación. A mayores, conforme se evidenció precedentemente, ello tampoco es analizado por la Intendencia.

“28. En ese sentido, debe puntualizarse que el comportamiento de todos los componentes del Sistema de Inspección del Trabajo respecto al derecho fundamental a probar de los inspeccionados (y de los terceros con interés) debe ser observado a fin de que las competencias ejercidas por fiscalizadores y órganos del procedimiento sancionador se ejecuten en términos compatibles con el debido procedimiento administrativo. Conforme con la Sentencia citada precedentemente, la evaluación de las pruebas aportadas permite garantizar el respeto del debido procedimiento administrativo. 29. Así, los órganos sancionadores deben verificar si durante la fiscalización laboral, los inspectores de trabajo han considerado los medios de prueba presentados por los inspeccionados, motivando sus propuestas o justificando sus decisiones; siendo así que la motivación en las Actas de Infracción debe contemplar la valoración de los medios de prueba pertinentes que haya aportado el inspeccionado para acreditar la licitud de su comportamiento. 30. De lo anterior, cabe señalar que, los medios de prueba que son analizados en la inspección del trabajo, incluyen a los informes de parte presentados por el sujeto inspeccionado, siempre que se trate de documentación pertinente; es decir, que constituya un instrumento adecuado para la apreciación y valoración de los componentes de un caso concreto, conforme con el deber de buena fe ante la Administración. Así, por ejemplo, en materia de seguridad y salud en el trabajo, los empleadores se encuentran en la obligación de realizar e implementar las obligaciones en materia de prevención de riesgos, por lo que el personal a su cargo, conforme con sus funciones, puede emitir informes que deben ser examinados por los inspectores actuantes como medios de prueba aportados por la interesada. Sin embargo, la presentación o exhibición de información impertinente; es decir, no conducente a probar alguna conducta o hecho materia de análisis o no idónea para ello, suponiendo un puro recargo documental, podrá ser calificada como un acto contrario al deber de colaboración, conforme con los hechos ocurridos en cada caso. 31. Sobre el particular, siguiendo una nutrida corriente de resoluciones emitidas por la Primera Sala del Tribunal, tales como las Resoluciones Nros 127-2022, 1187-2022, entre otras, y a la luz de los principios de veracidad y verdad material expresamente reconocidos en el TUO de la LPAG, debe reafirmarse que las declaraciones juradas, informes y comunicaciones en general presentadas por la parte interesada —sea por representantes de la compañía o por personal subordinado del sujeto fiscalizado, incluyendo al propio denunciante— no son instrumentos suficientes para generar convicción a su favor, sea que ello se exponga en la inspección o durante el procedimiento sancionador. Esto, debido a la naturaleza asimétrica de la relación laboral, que pone al declarante en un vínculo jurídico especial con la parte interesada. De esta manera, los indicados instrumentos no son idóneos para contrarrestar la presunción de certeza a la que refiere el artículo 16º de la LGIT en favor de las actas de infracción; pero sí deben ser valorados por los inspectores en el cumplimiento de sus funciones. 32. En ese sentido, el TUO de la LPAG recoge esta regla probatoria al disponer que la carga de la prueba se rige por el denominado “principio de impulso de oficio”, en virtud del cual es a la autoridad a quien corresponde “dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten

convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias”. A decir de Morón Urbina, “el principio de impulso de oficio impone a la Administración la obligación de verificar y probar los hechos que se imputan o que han de servir de base a la resolución del procedimiento, así como la obligación de proceder a la realización de la actividad probatoria misma cuando lo requiera el procedimiento”.

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. (…) a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación

es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico. b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. (…) c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. (…) d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo. e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). (…) f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal.” (énfasis agregado).

N° 143-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, de fecha 26 de abril de 2023, incurre en vicio de nulidad parcial en el extremo referido a la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 de la RGIT, encontrándose dentro del supuesto de hecho contemplado en el numeral 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG, dada la existencia de un vicio en el acto administrativo constituido por la motivación aparente.

CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo V, Buenos Aires: Editorial Heliasta, p. 549. Artículo 13.- Alcances de la nulidad (…) 13.2 La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los cuales, no obstante, el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario. Morón Urbina, J (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, Tomo I, p. 269.

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por LIMTEK SERVICIOS INTEGRALES S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 1177-2022-SUNAFIL/IRE-LL/SISA de fecha 15 de noviembre de 2022, emitida por la Intendencia Regional de La Libertad, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 1232-2021-SUNAFIL/IRE- LIB, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - Declarar la NULIDAD PARCIAL de la Resolución de Sub Intendencia N° 1177-2022- SUNAFIL/IRE-LL/SISA de fecha 15 de noviembre de 2022, y la de los sucesivos actos y actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 1232- 2021-SUNAFIL/IRE-LIB, en el extremo referido a la infracción muy grave tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 1177-2022- SUNAFIL/IRE-LL/SISA de fecha 15 de noviembre de 20222, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento en el extremo referido a la infracción muy grave tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, considerando los alcances señalados en la presente resolución.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a LIMTEK SERVICIOS INTEGRALES S.A. y a la Intendencia Regional de La Libertad, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de La Libertad y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.49 de la presente resolución.

SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA Presidente

20250514VLFR HR: 144072-2021