Lima Expresa S.A.C — Res. 872-2025

Antecedentes

Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Subgrupo: Gratificaciones), Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Subgrupo: Vacaciones), Compensación por tiempo de servicios (Subgrupo: Depósito de CTS) y Bonificación no remunerativa (Subgrupo: todas). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft

por la comisión , entre otras, dos (02) infracciones muy graves en materia de relaciones laborales y una (01) una infracción muy grave a la labor inspectiva.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no pagar el íntegro de la bonificación extraordinaria, de la gratificación legal trunca de diciembre 2018 en perjuicio del extrabajador afectado, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 5,670.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no pagar el íntegro de la remuneración vacacional del periodo 2016-2017 en perjuicio del extrabajador afectado, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 9,450.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de labor inspectiva, por no cumplir la medida de requerimiento del 28 de enero de 2019, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 9,450.00.

i. Sostiene que cumplió con el pago íntegro de la bonificación extraordinaria correspondiente al periodo trunco de diciembre de 2018, en virtud del artículo 3 de la Ley N° 29351, el artículo 5 del D.S. N° 009-2007-TR y los artículos 15 y 16 de la Ley N° 26790. ii. Alega que, tratándose de trabajadores afiliados a una EPS, corresponde aplicar una tasa del 6.75 % en lugar del 9 % sobre la gratificación trunca, toda vez que el 2.25 % restante se destina como crédito por la cobertura de salud. Indica que dicha situación aplica al ex trabajador Carlos Pabón, acreditándolo con constancia de afiliación a Pacífico EPS entre noviembre de 2018 y marzo de 2019.

iii. Precisa que, al aplicar la tasa del 6.75 % a la gratificación trunca de S/ 5,298.57, se obtiene un monto de S/ 357.65 por concepto de bonificación extraordinaria, el cual fue efectivamente abonado al ex trabajador. Por tanto, la empresa considera que actuó conforme a ley y cuestiona que la Autoridad Sancionadora afirme genéricamente que el monto pagado fue diminuto, sin detallar la razón de dicha calificación ni sustentar el supuesto error de cálculo, lo que vulneraría su derecho de defensa. iv. Respecto al pago de la remuneración vacacional correspondiente al periodo 2016-2017, la impugnante afirma haber cumplido íntegramente con dicho beneficio. Aporta como prueba las boletas de pago de julio y agosto de 2018, donde se acredita que se otorgaron 14 y 9 días de descanso respectivamente, mientras que los 7 días restantes fueron reconocidos y pagados en la liquidación de beneficios sociales, sumando así los 30 días correspondientes al periodo vacacional en cuestión. v. Asimismo, rechaza la imputación por incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, al considerar que ha acreditado el pago total de los beneficios sociales observados. Aduce que la duplicidad en la propuesta de sanción por un mismo trasfondo fáctico resulta irrazonable, vulnerando el principio de razonabilidad, pues se sancionaría dos veces por los mismos hechos, sin un análisis diferenciado ni proporcional por parte de la Autoridad Administrativa. vi. Alega que la valoración probatoria ha sido deficiente, al no considerar documentación relevante como la constancia de afiliación a la EPS ni las boletas de pago y liquidación que sustentan el cumplimiento alegado. Por ello, solicita que se reevalúe el caso con base en la documentación presentada, a fin de desvirtuar la infracción imputada. vii. Finalmente, la empresa enfatiza que la aplicación de la tasa del 6.75 % se encuentra legalmente respaldada y fue correctamente empleada en el cálculo de la bonificación extraordinaria, lo cual acredita que no existe omisión ni error que justifique la sanción impuesta, solicitando en consecuencia que se revoque la resolución apelada.

i. Señala que la Autoridad de primera instancia determinó que la inspeccionada acreditó el pago de la gratificación legal trunca de diciembre de 2018, la CTS del período trunco vencido en noviembre de 2018 y las vacaciones truncas del periodo 2017-2018, por lo que dichos conceptos no fueron materia de sanción.

No obstante, se impuso una multa por el pago incompleto de la bonificación extraordinaria vinculada a la gratificación trunca de diciembre de 2018, en perjuicio del ex trabajador afectado. ii. El pago efectuado por la empresa en dicho concepto ascendió a S/ 357.65; sin embargo, conforme al artículo 3 de la Ley N.º 29351, la bonificación extraordinaria equivale al 9% de la gratificación legal. Tomando en cuenta una remuneración computable de S/ 9,443.00 correspondiente al periodo trunco de julio a setiembre de 2018, el monto correcto debía ser S/ 424.93. En consecuencia, se ratifica lo concluido por la autoridad de primera instancia. iii. Por otro lado, si bien la inspeccionada presentó durante el procedimiento inspectivo medios como la liquidación de beneficios sociales y un cheque bancario para acreditar el pago de sus obligaciones, estos no demuestran fehacientemente la materialización del pago conforme al artículo 1233 del Código Civil, al no acreditarse que el ex trabajador efectivamente cobró dicho cheque. iv. Conforme a la Resolución de Superintendencia N.º 016-2020-SUNAFIL, el pago por cheque es válido, pero al ser una promesa de pago, requiere medios probatorios adicionales que sustenten su cobro, los cuales no fueron presentados en el caso concreto, por lo que se confirma la responsabilidad administrativa de la inspeccionada en este extremo. v. Señala que se advierte una discrepancia entre las boletas de pago y el cuadro resumen de vacaciones, evidenciándose información contradictoria respecto al número de días otorgados en los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2018. Además, la inspeccionada no presentó las demás boletas correspondientes a los meses en que se habrían otorgado las vacaciones, lo que impide verificar que el pago efectuado corresponda efectivamente al periodo reclamado. vi. Sostiene que en virtud del artículo 24 de la Constitución y el artículo 19 del D.S. N° 001-98-TR, corresponde al empleador acreditar el cumplimiento de sus obligaciones laborales. Al no haber cumplido con dicha carga probatoria, no resulta procedente dejar sin efecto la sanción impuesta por la Autoridad de primera instancia respecto al pago de vacaciones al ex trabajador afectado. vii. Siendo así, del análisis del caso, se verifica que la inspeccionada incumplió con el pago íntegro de la bonificación extraordinaria y de la remuneración vacacional correspondiente al ex trabajador afectado. Además, se constató el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento emitida por la inspectora comisionada, lo cual afecta tanto los derechos del trabajador como bienes jurídicos de la Administración Pública. viii. Por tanto, se concluye que existieron dos tipos de infracciones: el incumplimiento de obligaciones sociolaborales y la inobservancia de la medida inspectiva, cada una con naturaleza autónoma y sancionable de forma independiente. En aplicación del precedente de observancia obligatoria contenido en la Resolución de Sala Plena N.º 001-2021-SUNAFIL/TFL, se ratifica que las infracciones contra la labor inspectiva tienen carácter independiente, por lo que persiste la responsabilidad administrativa de la inspeccionada por el incumplimiento de la medida de requerimiento del 28 de enero de 2019.

2023-SUNAFIL/ILM, recibido el 11 de julio de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye la última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.”

Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004- 2017-TR.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LIMA EXPRESA S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Mediante escrito de fecha 04 de noviembre de 2022, la impugnante presentó su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1664-2022-SUNAFIL/ILM, sustentándolo en los siguientes argumentos:

i. Sostiene que, ha otorgado el descanso vacacional de forma correcta, conforme obra en el reporte de autos, existiendo congruencia entre lo corroborado a través de las boletas de pago y lo efectivamente gozado y pagado. ii. De esta forma, alega que se acredite el goce vacacional por un total de veintitrés (23) días, señalando que respecto a los siete (07) días restantes, estos fueron pagados en la

liquidación de beneficios sociales al cese de labores del ex trabajador. Siendo así, sostiene que se ha vulnerado el debido procedimiento al no valorarse adecuadamente la documentación presentada. iii. En tal sentido, concluye que ha demostrado suficientemente que cumplió con otorgar el íntegro de las vacaciones del periodo 2016-2027, mediante el goce de algunos días y el pago de otros. iv. Asimismo, señala que existe un apartamiento injustificado respecto de los criterios establecidos por la entidad, puesto que es posible acreditar el cumplimiento del pago de obligaciones laborales, entre otros medios, a través de la entrega de un cheque, conforme ha sucedido en el caso concreto. v. Por otro lado, respecto a la medida inspectiva de requerimiento, sostiene que durante las actuaciones inspectivas y sancionadoras, sí acreditó el cumplimiento cabal de la misma al presentar documentación vinculada al pago de los beneficios sociales a favor del ex trabajador, vulnerando dicha falta de valoración el principio de razonabilidad. vi. Aduce que, al haberse declarado la caducidad de un procedimiento sancionador anterior al analizado, se dejaron sin efecto todos los actuados que conforman dicha etapa, esto es, desde el Acta de Infracción hasta la Resolución de Intendencia, manteniéndose únicamente las actuaciones correspondientes a la etapa inspectiva. vii. Sostiene que, según lo señalado en los numerales 53.1 y 53.2 del artículo 53 de la LGIT la referida Acta de Infracción, así como la imputación de cargos, forman parte de la etapa instructora, por lo que, no correspondía la notificación del mismo actuado. En tal sentido, alega que el procedimiento analizado incurre en nulidad al notificar actuados que ya fueron dejados sin efecto y archivados. viii. Alega que, aun en el supuesto negado en el que no existan defectos en los referidos documentos, el Acta de Infracción fue notificada fuera del plazo de treinta (30) días hábiles establecidos. Del mismo modo, alega que el Informe Final de Instrucción fue emitido fuera del plazo otorgado mediante la versión 2 de la Directiva N° 001-2017- SUNAFIL/INII. Por lo que, al iniciar la entidad un nuevo procedimiento con los mismos actuados dejados sin efecto, vulnera el principio del ejercicio legítimo del poder, careciendo de validez reiniciar el procedimiento bajo los mismos argumentos. ix. Asimismo, señala que, al notificarse el acta de infracción vinculada a la primera imputación de cargos, el procedimiento actual también incurriría en caducidad. x. Por último, sostiene que se está vulnerando el principio de non bis in ídem, toda vez que, frente a un mismo hecho - el supuesto incumplimiento del requerimiento de pago íntegro de beneficios sociales- se concluye imputando la comisión de tres infracciones, dos infracciones sustantivas y una a la labor inspectiva. Así, aduce que existe identidad de hecho y fundamento, en tanto el objetivo común es sancionar el supuesto incumplimiento en el pago íntegro de los beneficios sociales.

Análisis Del Recurso De Revisión

Respecto a las infracciones competencia de este Tribunal

"Artículo 49.- Recursos administrativos

Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“…la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo N° 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el

control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

Respecto a la medida inspectiva de requerimiento

requerir al sujeto responsable que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento. Sobre ello, el inciso 13.5 del artículo 13 del RLGIT establece que, dichas medidas, se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refiere los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13 del mismo reglamento.

“(…) 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el

incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

“6.26 La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”8, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica.

a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado;

b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. (…)”.

Primero.- SE REQUIERE al sujeto inspeccionado identificado en el encabezamiento, para que proceda a adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de normas sociolaborales referidas a: pago de gratificaciones y bonificación extraordinaria, depósitos y/o pago de CTS, pago de vacaciones y de indemnización vacacional señaladas líneas arriba, lo que se entiende sin perjuicio de

RLGIT, Numeral 20.3 del artículo 20.

la posible extensión de Acta de Infracción; en consecuencia, DEBERÁ realizar las siguientes acciones:

• El sujeto inspeccionado deberá acreditar el pago de las gratificaciones legales de diciembre de 2014, julio de 2015, diciembre de 2015, julio de 2016; diciembre de 2016, julio de 2017, diciembre de 2017, julio de 2018 y el pago íntegro de la gratificación legal de diciembre de 2018 (periodo trunco) a favor del recurrente señor Carlos (…) Pabón (…) . Asimismo, el sujeto inspeccionado deberá acreditar el pago de la bonificación extraordinaria del 9% de las gratificaciones legales antes mencionadas a favor del recurrente señor Carlos (…) Pabón (…) , exhibiéndose los documentos que sustenten el pago.

• El sujeto inspeccionado deberá acreditar el depósito y/o pago de la compensación por tiempo de servicios de los periodos: mayo-octubre 2014, noviembre 2014-abril 2015, mayo- octubre 2015, noviembre 2015-abril 2016, mayo-octubre 2016, noviembre 2016-abril 2017, mayo-octubre 2017, noviembre 2017-abril 2018 y el pago íntegro del periodo mayo-octubre 2018 (periodo trunco) así como los intereses correspondientes por cada periodo señalado de ser el caso, a favor del recurrente señor Carlos (…) Pabón (…) , exhibiéndose los documentos que sustenten el pago.

• El sujeto inspeccionado deberá acreditar el pago de la indemnización vacacional respecto de las vacaciones adquiridas y vencidas por el periodo 2014-2015 correspondiente a catorce (14) días, y el pago íntegro de los periodos 2016-2017 y 2017-2018 (periodo trunco) a favor del recurrente señor Carlos (…) Pabón (…) , exhibiéndose los documentos que sustenten el pago.

Véase los folios 37 y 38 del expediente inspectivo.

Ambos documentos, firmados por el ex trabajador afectado, constituían elementos relevantes para acreditar el cumplimiento – cuando menos parcial – de las obligaciones laborales exigidas en la referida medida inspectiva de requerimiento.

“Cuarto. - Que, el sujeto inspeccionado no ha acreditado el pago de las gratificaciones legales de diciembre de 2014, julio de 2015, diciembre de 2015, julio de 2016, diciembre de 2016, julio de 2017, diciembre de 2017, julio de 2018 y el pago íntegro de la gratificación legal de diciembre de 2018 (periodo trunco) a favor del recurrente señor Carlos (…) Pabón (…) , conforme se establece en la Ley N° 27735. Del mismo modo, el sujeto inspeccionado no ha acreditado el pago de la bonificación extraordinaria del 9% de las gratificaciones legales antes mencionadas a favor del recurrente señor Carlos (…) Pabón (…) , conforme a ley.

Quinto.- Que, el sujeto inspeccionado no ha acreditado los depósitos y/o pagos de la compensación por tiempo de servicios de los periodos: mayo-octubre 2014, noviembre 2014-abril 2015, mayo-octubre 2015, noviembre 2015-abril 2016, mayo-octubre 2016, noviembre 2016-abril 2017, mayo-octubre 2017, noviembre 2017-abril 2018 y el pago íntegro del periodo mayo-octubre 2018 (periodo trunco) así como los intereses correspondientes por cada periodo señalado de ser el caso, a favor del recurrente señor Carlos (…) Pabón (…) , de acuerdo a lo señalado en el Decreto Supremo N° 001-97-TR: Texto Único Ordenado de la Ley de CTS y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 004-97-TR.

Sexto. - Que, el sujeto inspeccionado no ha acreditado el pago de la indemnización vacacional respecto de las vacaciones adquiridas y vencidas por el periodo 2014-2015 correspondiente a catorce (14) días, y el pago íntegro de los periodos 2016-2017 y 2017- 2018 (periodo trunco) a favor del recurrente señor Carlos (…) Pabón (…) , conforme se estipula en el Decreto Legislativo N° 713”.

Respecto a la caducidad y sus efectos

“Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador 1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (03) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este. 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo. 3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no lo haya declarado de oficio (…)” (énfasis añadido).

“El plazo de caducidad del procedimiento administrativo sancionador es de nueve (9) meses y es computado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos, es decir, con el

inicio del procedimiento administrativo sancionador. (…) Por el contrario, el día final de ese plazo no es de la fecha de la resolución sancionadora, sino el de su notificación al administrado, dado que elementales razones de garantía impiden que se conceda efecto interruptor a una resolución no comunicada aún. No obstante, la norma admite la ampliación del plazo de caducidad por tres (03) meses, pero requiere de una resolución debidamente sustentada por parte del órgano competente, detallando las justificaciones de hecho y de derecho que conllevan a la necesidad de ampliar el plazo regular”10

Figura N° 01: Línea de Tiempo

Morón Urbina, J.C. (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., 14va Ed., Tomo 2, pp. 538 – 539

9 meses (Plazo legal) Inicio del cómputo de plazo 02.12.2021 Se notifica la Imputación de Cargos y Acta de Infracción 02.09.2022 Culmina el plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u

omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139.° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis agregado)

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario

cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido)

Sobre los presuntos vicios de motivación incurridos en el caso concreto

completa tiene derecho a treinta días calendario de descanso vacacional por cada año completo de servicios, con la finalidad de reponerse del desgaste sufrido.

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. (…)

Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo “(...) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.”

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. (…)

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. (…)

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). (…)

f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal.” (énfasis agregado).

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (énfasis agregado)”.

Fundamento jurídico 14, Exp. N° 02098-2010-PA/TC.

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo V, Buenos Aires: Editorial Heliasta, p. 549. Artículo 13.- Alcances de la nulidad (…) 13.2 La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los cuales, no obstante, el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario. Morón Urbina, J (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, Tomo I, p. 269.

Artículo 13.- Alcances de la nulidad 13.2 La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los cuales, no obstante, el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No pagar el íntegro de la bonificación extraordinaria, de la gratificación legal trunca de diciembre 2018 en perjuicio del extrabajador afectado Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por LIMA EXPRESA S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 1664-2022-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 3323-2019-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - Declarar la NULIDAD PARCIAL de la Resolución de Sub Intendencia N° 953-2022- SUNAFIL/ILM/SISA4, de fecha 26 de agosto de 2022, y la de los sucesivos actos y actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 3323- 2019-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT.

TERCERO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 953-2022- SUNAFIL/ILM/SISA4, de fecha 26 de agosto de 2022, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, en el extremo referido a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, considerando los alcances señalados en la presente resolución.

CUARTO. – DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante Resolución de Sub Intendencia N° 953-2022-SUNAFIL/ILM/SISA4, de fecha 26 de agosto de 2022, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 1664-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

QUINTO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa, respecto al extremo referente de la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

SEXTO. - Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.75 de la presente resolución.

SÉTIMO. - Notificar la presente resolución a LIMA EXPRESA S.A.C., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

OCTAVO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250716VLFR - HR 84820-2018