Lima Airport Partners S.R.L — Res. 1575-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Capacitación (Sub materias: Registros y formalidades; Plan o programa correspondiente a la modalidad formativa bajo la cual se contrata a los beneficiarios; Pago y disfrute de la subvención y beneficios de las modalidades formativas; Horario, jornada y tiempo de trabajo aplicable a las modalidades formativas; Capacitación laboral juvenil; Pasantía en la empresa; Práctica Profesional; Prácticas Pre-Profesionales; Con predominio de la empresa; Seguro de salud o de seguro privado para cubrir riesgos de enfermedad y accidentes de trabajo); Registro de control de asistencia (Sub materia: Incluye todas); y, Planillas (Sub materia: Registro de trabajadores).

- Una (01) infracción LEVE, por el incumplimiento formal en materia de registro de control de asistencia, tipificada en el numeral 23.7 del artículo 23 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,418.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE, por no acreditar el registro del trabajador en la planilla, tipificada en el numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE, por no acreditar el pago íntegro de las subvenciones económicas, tipificada en el numeral 40.1 del artículo 40 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

2 Notificada a la impugnante el 24 de julio de 2023. Véase folio 185 del expediente sancionador.

SUNAFIL/IRE-CAL, recibido el 21 de agosto de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 14 de agosto de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 166-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que se ha inaplicado el numeral 252.1 del artículo 252 del TUO de la LPAG, en tanto que, se vulnera el derecho de defensa. Al respecto, agregan que, a pesar de que en los diversos recursos exponen que la infracción tipificada en el numeral 25.20 califica como una infracción instantánea de efectos permanentes y no como una infracción permanente, la Intendencia afirma que estos habrían sido clasificados así en el Memorándum Circular N° 086-2022-SUNAFIL/DINI, denominado “Lineamiento para determinar el inicio del cómputo del plazo de prescripción de las infracciones previstas en el Reglamento de la Ley N° 28806, LGIT. Al respecto, señalan que esta clasificación es posterior a la emisión del acta de infracción de fecha 13 de marzo de 2020, en tanto fue emitida en el año 2022 y sin publicidad alguna a favor de

los administrados. En tal sentido, a partir de un criterio posterior e interno, se pretende desconocer la aplicación del contenido de los artículos 252.1 y 252.2 del TUO de la LPAG. ii. De tal manera que, la falta de publicidad en el criterio y la falta de fundamentos que sustenten la presunta clasificación, inaplicando los artículos 252.1 y 252.2 del TUO de la LPAG, vulneran tanto el derecho de defensa como el debido procedimiento. iii. Precisan que debe observarse que no solo se está ante un error de tipeo en la fecha de inicio 13 de mayo de 2013; sino que, la situación que configura la infracción ya no puede ser fiscalizable por SUNAFIL por encontrarse prescrita, en tanto es una infracción instantánea con efectos permanentes. Por ello, solicitan la nulidad de la resolución y la prescripción de la facultad sancionadora en este extremo. iv. Por otro lado, cuestionan una incorrecta interpretación del numeral 10 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en tanto que, la Intendencia y las instancias predecesoras no han logrado demostrar la existencia de infracciones por las que sancionar, estas solo han sido presumidas y se ha trasladado la carga probatoria a la empresa, sin que antes la Autoridad de Inspección demuestre la existencia de una infracción cuestionable. v. Consideran que, en lo relativo al pago íntegro de las subvenciones a los practicantes y los descuentos asociados con las tardanzas e inasistencias, cumplieron con demostrar que los descuentos realizados a determinados practicantes por concepto de “colecta” se debió a la participación voluntaria de los practicantes en una colecta para uno de sus compañeros. En tal sentido, pese a que la inspección no habría acreditado un descuento inmotivado, se presentaron las autorizaciones escritas de los practicantes donde aprobaban estos descuentos. vi. Alegan que la Intendencia reconoce que, pese a no contar con pruebas, traslada a LAP la obligación de contar con documentos específicos, requiriendo información que no se encuentra legalmente establecida y desconociendo las autorizaciones de pago presentada. Al respecto, señalan que, ninguna norma exige la existencia de una autorización previa al descuento, especialmente si los comprobantes de pago demuestran conformidad con los descuentos autorizados, ni se cuestiona la validez de estos documentos bajo norma o pronunciamiento alguno. Agregan que, no se exige una autorización escrita (en este caso fue verbal) e incluso no se registra reclamo alguno o manifestación de no conformidad sobre el mismo, por lo que, solo regularizaron dichos acuerdos. vii. Por otro lado, sostienen que, la Intendencia tampoco ha demostrado la culpabilidad sobre el presunto vínculo con el señor De La Torre, ni que este se haya desempeñado como practicante preprofesional entre el periodo del 01 al 08 de agosto de 2016. Si bien existen 2 documentos sobre una relación formativa en distintas fechas en este periodo, lo cierto es que el señor decidió finalizar la relación formativa el 31 de julio de 2016, quedando con ello liberado del vínculo. Sin embargo, con posterioridad, el 09 de agosto de 2016, el señor suscribió un nuevo convenio, ante la modificación de las circunstancias personales por las que concluyo el vínculo, formándose con ello una nueva relación entre LAP y el practicante. viii. Señalan al respecto que, ni la Ley 28518 ni su Reglamento, establecen una formalidad específica para la conclusión de la modalidad formativa, no exigiéndose prueba de que la solicitud de conclusión fue efectuada bajo un medio distinto del verbal. En tal sentido, refieren que, fue decisión del practicante el término del convenio suscrito. Por tanto, no se puede hablar de una sucesión de prórrogas ahí donde un vínculo terminó, contrariamente a lo señalado por la Intendencia. ix. Consideran que, corresponde a la Inspección del Trabajo, en atención del artículo 248, numeral 10, el agotar todos los mecanismos posibles para acreditar la culpabilidad sobre la presunta infracción. Al respecto, invocan la Resolución N° 001-2023-SUNAFIL/TFL. x. Asimismo, alegan una correcta interpretación del artículo 2 del RLGIT, al emitir la medida de requerimiento, en tanto que, se imputaron presuntas conductas infractoras que

luego fueron dejadas sin efecto, evidenciando la falta de rigurosidad y legalidad en la emisión de este documento; es decir, el propio inspector indica que solo debían cumplir con una parte de la medida de requerimiento, pues por el resto no había incumplimiento alguno. Por su parte la Subintendencia, reconoció en el punto 4.29 que tampoco se cometió infracción respecto a los señores Moreano y Piazza, y en la misma línea la resolución de intendencia reconoció y desestimó la presunta infracción por el registro del horario de refrigerio, demostrándose de nuevo la falta de criterio en la investigación y en la emisión de la medida de requerimiento. xi. Consideran que, tanto el Inspector como las instancias sancionadoras posteriores han aplicado erróneamente el principio de legalidad ya que no solo han emitido una medida de requerimiento contraria a ley, ya que no se cumplió con el requisito de acreditar fehacientemente todos los incumplimientos que se requirieron subsanar, sino que tampoco se ha tenido en consideración el carácter unitario de la medida inspectiva de requerimiento, pues en vez de enmendar dicha inobservancia con la revocación de la infracción han decidido sancionar por ello, lo cual resulta irrazonable. xii. Invocan la Resolución N° 228-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, referido a que la medida de requerimiento debe ser emitida solo si el inspector ha acreditado fehacientemente la comisión de la infracción. xiii. Enfatizan que, la medida de requerimiento y el acta de infracción son documentos que representan las actuaciones de los inspectores, por lo que, de emitirse estas deben encontrarse debidamente motivadas. xiv. Solicitan informe oral.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre las modalidades formativas laborales

“El ámbito de aplicación de la presente Ley comprende a todas las empresas sujetas al régimen laboral de la actividad privada”.

“1. Del aprendizaje: a. Con predominio en la Empresa. b. Con predominio en el Centro de Formación Profesional: b.1 Prácticas Preprofesionales.

2. Práctica Profesional. 3. De la Capacitación Laboral Juvenil 4. De la Pasantía: a. De la Pasantía en la Empresa. b. De la Pasantía de Docentes y Catedráticos.

5. De la actualización para la Reinserción Laboral” (énfasis añadido).

9 Boza Pro, G. (2020). Derecho del trabajo. Fondo Editorial de la PUCP, pág. 46-47. 10 Op. Cit. Pág. 47. 11 Arce Ortiz, E. (2007). Naturaleza jurídica de las modalidades formativas laborales en la empresa. Foro Jurídico, (07), pág. 170–178. 12 Arce Ortiz, E. (2008). Derecho Individual del Trabajo en el Perú. Desafíos y deficiencias. Palestra Editores, pág. 244.

examen de la determinación de su desnaturalización debe atender a la realidad de los hechos y no a la sola denominación del vínculo, esto, en observancia al principio de primacía de la realidad.

Sobre la desnaturalización del convenio de la modalidad formativa laboral

“Artículo 50.- De los convenios, prórrogas y modificaciones

a) El convenio, la prórroga o la modificación, deben ser celebrados por escrito y suscritos por las partes antes del inicio de la ejecución de las actividades formativas (…)” (énfasis añadido).

“Artículo 51°. - Desnaturalización de las modalidades formativas Se desnaturalizan las modalidades formativas y se entiende que existe una relación laboral común en los siguientes casos: 1. La inexistencia del convenio de modalidad formativa debidamente suscrito. 2. La falta de capacitación en la ocupación específica y/o el desarrollo de actividades del beneficiario ajenas a la de los estudios técnicos o profesionales establecidos en el convenio. 3. La continuación de la modalidad formativa después de la fecha de vencimiento estipulado en el respectivo convenio o de su prórroga o si excede el plazo máximo establecido por la Ley. 4. Incluir como beneficiario de alguna de las modalidades formativas a las personas que tengan relación laboral con la empresa contratante, en forma directa o a través de cualquier forma de intermediación laboral, salvo que se incorpore a una actividad diferente. 5. La presentación de documentación falsa ante la Autoridad Administrativa de Trabajo para acogerse al incremento porcentual adicional, a que se refieren los artículos 17 y 32 o para acogerse a otro tipo de beneficios que la Ley o su Reglamento estipule. 6. La existencia de simulación o fraude a la Ley que determine la desnaturalización de la modalidad formativa. 7. (…)”.

“No registrar trabajadores, pensionistas, prestadores de servicios, personal contratado bajo modalidades formativas laborales, personal de terceros o derechohabientes en las planillas de pago o planillas electrónicas a que se refiere el Decreto Supremo Nº 018-2007- TR y sus modificatorias, o no registrar trabajadores y prestadores de servicios en el registro de trabajadores y prestadores de servicios, en el plazo y con los requisitos previstos, incurriéndose en una infracción por cada trabajador, pensionista, prestador de servicios, personal en formación - Modalidad Formativa Laboral y otros, personal de terceros o derechohabiente”.

13 Arbulú Alva, L. (2005). La Consideración y Aplicación del principio de primacía de la realidad en el procedimiento de inspección del trabajo. Derecho & Sociedad, (24), 230-239. 14 BOZA PRÓ, G. (2011). Lecciones de derecho del trabajo. Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial.

“6.22 En tal sentido, el principio de primacía de realidad tiene la virtud de proporcionar al órgano administrativo, dentro de un procedimiento sancionador, una importante herramienta conceptual, orientada a superar formalidades con las que eventualmente se hubiere revestido un acto jurídico laboral para encontrar el trasfondo de la verdadera naturaleza de la relación laboral entre el sujeto inspeccionado y el trabajador o trabajadores afectados; descartando de esta manera las actitudes que en fraude a la ley hubieren podido consumarse, incluso con aceptación del trabajador. 6.23 Por lo anotado, en caso de discordancia entre los hechos constatados en la fiscalización y los documentos o acuerdos formales establecidos por el sujeto inspeccionado, debe darse preferencia a los primeros. Como se recuerda, el artículo 16 de la Ley Nº 28806, establece la presunción de certeza de los hechos constatados por los inspectores en las fiscalizaciones realizadas, por lo que la determinación de prevalencia de los hechos se sostiene en tal comprobación y en el hecho de que cualquier contraprueba que pudiera presentarse durante los descargos, al ser examinada, no desvirtúe la imputación. 6.24 Debe precisarse que la aplicación del principio de primacía de la realidad, por parte de la autoridad administrativa, debe estar debidamente motivado y sustentado en lo actuado en el procedimiento fiscalizador y en el procedimiento administrativo sancionador. En cada ámbito, se debe analizar si existe un correcto examen de los hechos y de su verificación; toda vez que la invocación a este principio debe estar justificada en la comprobación directa o indirecta de la infracción imputada”.

“En efecto, el principio de primacía de la realidad es un elemento implícito en nuestro ordenamiento jurídico y, concretamente, impuesto por la propia naturaleza tuitiva de nuestra Constitución. Así, se ha precisado en la Sentencia 01944-2002-AA/TC, lo siguiente “[…] en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero; es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos” (fundamento 3).

“6.46 En el caso examinado, el inspector comisionado no ha efectuado un análisis respecto a la configuración de un supuesto de desnaturalización de las modalidades formativas. No podría concluirse que el fiscalizador haya establecido que las personas sujetas a modalidades formativas no eran practicantes sino trabajadores de la Inspeccionada. Por ende, no resulta válido inferir que la impugnante se encontraría en la obligación de inscribir

a sus practicantes preprofesionales y profesionales en el régimen de seguridad social en salud. Este es un punto determinante para comprobar si el Sujeto inspeccionado estaba incurriendo en una infracción en materia de seguridad social en salud, en perjuicio de once personas. 6.50 Respecto a este extremo, correspondía que el inspector efectúe una correcta calificación y subsunción del tipo infractor imputado, debido a que, en ninguna parte del Acta de Infracción se determina que los once practicantes en realidad eran trabajadores de la Inspeccionada, realizando para ello el análisis correspondiente, en virtud de la aplicación del Principio de Primacía de la realidad, y que por tanto, se demuestre con suficiencia que el empleador tenía la obligación de inscribirlos en el régimen de seguridad social en salud. No obstante, esto no ha sucedido. Por el contrario, se ha corroborado que existe una indebida catalogación de los once practicantes como prestadores de servicios, considerándolos como trabajadores afectados sin que previamente se haya establecido con fehaciencia que sí eran empleados de la empresa”.

“Artículo 4-A.- Registro de información Laboral (T-REGISTRO) El empleador deberá registrarse, así como a sus trabajadores, pensionistas, prestadores de servicios, personal en formación - modalidad formativa laboral y otros, personal de terceros y derechohabientes, de acuerdo a los siguientes plazos: a) Trabajador, prestador de servicios a que se refiere el numeral ii) del literal d) del artículo 1 del presente Decreto Supremo, personal en formación - modalidad formativa laboral y otros, y personal de terceros: dentro del día en que se produce el ingreso a prestar sus servicios, independientemente de la modalidad de contratación y de los días laborados” (énfasis añadido).

el límite de la potestad sancionadora del Estado lo constituye la presunción de inocencia, conforme se desprende de su fundamento jurídico 5:

“Toda sanción, ya sea penal o administrativa, debe fundarse en una mínima actividad probatoria de cargo, es decir, la carga de la prueba corresponde al que acusa; éste debe probar el hecho por el que acusa a una determinada persona, proscribiéndose sanciones que se basen en presunciones de culpabilidad. Así, la presunción de inocencia (Constitución, Art. 2º, 24.e) constituye un límite al ejercicio de la potestad sancionatoria del Estado, en sus diversas manifestaciones” (énfasis añadido).

Sobre no acreditar el pago íntegro de las subvenciones por modalidad formativa laboral

“(…)

3. Pagar puntualmente la subvención mensual convenida” (énfasis añadido).

“(…) La subvención económica mensual no puede ser inferior a una Remuneración Mínima cuando la persona en formación cumpla la jornada máxima prevista para cada modalidad formativa. Para el caso de jornadas formativas de duración inferior, el pago de la subvención es proporcional. Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo precedente las modalidades formativas siguientes: a) De la Pasantía, cuya subvención aplicable a estudiantes de educación secundaria es no menor al cinco por ciento (5%) de la Remuneración Mínima. En los demás casos de Pasantías, la subvención mensual no puede ser inferior al treinta por ciento (30%) de la Remuneración Mínima. Sólo en el caso de que la pasantía se realice asociada a las necesidades propias de un curso obligatorio requerido por el Centro de Formación Profesional, el pasante no recibirá subvención alguna. b) De la Actualización para la Reinserción Laboral, cuyos beneficiarios reciben una subvención mensual no menor a dos Remuneraciones Mínimas” (énfasis añadido).

Figura N°01: (i) Descuentos a la subvención económica por colaborar en colecta a favor de compañero

N° Apellido/ Nombre Fecha de Inicio Subvención Mensual S/ Observaciones CASTAÑEDA GABRIELA 21/11/2018 950.00 Respecto a los descuentos de S/ 50.00 soles en la subvención de los meses de octubre y noviembre de 2019, si bien el sujeto inspeccionado ha adjuntado reportes de los pagos efectuados a la referida señorita, en los que a manuscrito la mencionada practicante indica su conformidad con el descuento; sin embargo, el sujeto inspeccionado no ha acreditado la voluntad previa de la practicante de colaborar con dicha colecta, con lo cual el sujeto inspeccionado no acredita el pago íntegro de las subvenciones económicas de octubre de 2019 y noviembre de 2019. MOYA ALEXANDER 25/02/2019

1,200.00 En octubre y noviembre de 2019, se le aplicaron descuentos por la realización de una colecta en favor de su compañero Christian Castillo, por los montos de S/ 20 y S/ 10 soles, respectivamente. Respecto a los descuentos por colecta, no ha sustentado la voluntad del practicante para que se le efectúe los referidos descuentos, con lo cual no

acreditó el pago íntegro de las subvenciones de octubre y noviembre de 2019. SAAVEDRA ALFREDO 22/04/2019 1,200.00 En octubre de 2019 se le aplicó descuento de S/ 20.00 por haber participado en una colecta a favor de su compañero de trabajo. En enero de 2020 se le aplicó un descuento de S/ 50.00 por haber participado en una colecta a favor de un compañero de trabajo. Respecto a los descuentos efectuados en octubre de 2019 y enero de 2020, según el inspeccionado por colecta a favor de un compañero de trabajo, no se sustenta de forma fehaciente la voluntad del practicante que se le efectúe los descuentos por el motivo indicado, con lo cual no acreditó el pago íntegro de las subvenciones de octubre 2019 y de enero de 2020.

Figura N°02: (ii) Descuentos a la subvención económica por no cumplir con la jornada dispuesta en el convenio de prácticas

N° Apellido Fecha de Inicio Subvención Mensual S/ Observaciones

DI NATALE DIEGO

30/09/2019 1,200.00 En enero de 2020 se le aplicó un descuento de S/ 19.35 por haber acumulado un total de 55 minutos de tardanza y por haberse retirado 2 horas con 57 minutos antes del término de su jornada, conforme control de asistencia. En cuanto al descuento efectuado, con vista al registro de control de asistencia, se advierte que, si bien en dos días el practicante llegó tarde, el resto de días llegó varios minutos antes de su hora de ingreso. Asimismo, el sujeto inspeccionado no ha precisado cuál fue el día en que el practicante se retiró antes del término de su jornada formativa. Por otro lado, al no consignarse en el registro de control de asistencia el tiempo de refrigerio, no se puede establecer el tiempo efectivo de la jornada formativa del practicante, por lo que, en lo concerniente al mes de enero de 2020 subsiste la imputación relativa al no pago íntegro de la subvención económica.

MOYA ALEXAND ER

25/02/2019

1,200.00 En noviembre 2019 se le aplicó un descuento de S/ 7.15, por haber acumulado un total 1 hora y 26 minutos de tardanza. En diciembre de 2019 se le aplicó un descuento de S/ 35.70 por haber acumulado un total de 4 horas y 28 minutos de tardanza y por haberse retirado 2 horas con 40 minutos antes del término de la jornada. Y en enero de 2020 se le aplicó un descuento de S/ 12.75 por haber acumulado un total de 2 horas con 33 minutos de tardanza, conforme control de asistencia. Respecto a la presunta tardanza de noviembre de 2019, se indicó que el sujeto inspeccionado no lo sustenta con el registro de control de asistencia respectivo, dado que solo ha aportado registro del periodo del 01/12/2019 al 12/02/2020, no acreditando la procedencia de dicho descuento. Respecto del

mes de diciembre de 2019, sobre las presuntas tardanzas y retiros antes del término de la jornada, así como por tardanzas del mes de enero 2020, no ha precisado cuál fue el día en el que el practicante se retiró antes del término de su jornada. Por otro lado, al no consignarse en el registro de control de asistencia el tiempo de refrigerio, no se puede establecer el tiempo efectivo de la jornada formativa del practicante, con lo cual no acreditó el pago íntegro de las subvenciones de noviembre de 2019 a enero de 2020.

SAAVEDR A ALFREDO

22/04/2019

1,200.00 En enero de 2020 se le realizó un descuento de S/ 15.50, por haber acumulado un total de 46 minutos de tardanza y haberse ausentado sin autorización por 2 horas y 20 minutos, conforme al control de asistencia. Respecto a las tardanzas y ausentarse sin autorización, no ha precisado cuál fue el día en el que practicante se retiró antes del término de su jornada. Por otro lado, al no consignarse en el registro de control de asistencia el tiempo de refrigerio no se puede establecer el tiempo efectivo de la jornada formativa del practicante, con lo cual no acreditó el pago íntegro de la subvención de enero 2020.

ROSALES KEVIN

13/05/2019

1,200.00 Respecto del descuento de diciembre de 2019, el sujeto inspeccionado señala que el mismo se aplicó, uno por S/ 4.65 por haber registrado un total de 54 minutos de tardanza. En enero de 2020 se le aplicó un descuento de S/ 32.85 por haber registrado un toral de 1 hora, 15 minutos de tardanza y por haberse retirado 5 horas y 19 minutos antes del término de su jornada, conforme control de asistencia. Respecto a las tardanzas y retiros antes del término de la jornada, no ha precisado cuál fue el día en el que practicante se retiró antes del término de su jornada. Por otro lado, al no registrar el sujeto inspeccionado el tiempo de refrigerio en el registro de control de asistencia, no es posible determinar la cantidad de horas efectivas de prácticas; asimismo, de la revisión del registro de control de asistencia del practicante se advierte que en ocasiones ha permanecido más allá de las 18:00 horas y hay semanas en las que se aprecian más de dos días libres en la semana, no acreditando los motivos del descuento realizado, deviniendo el pago de la subvención respectiva en diminuto.

“La subvención económica mensual no tienen carácter remunerativo, y no está afecta al pago del Impuesto a la renta, otros impuestos, contribuciones ni aportaciones de ningún tipo a cargo de la empresa (…). Igualmente, la subvención económica mensual no está sujeta a ningún tipo de retención a cargo del beneficiario, salvo que éste voluntariamente se acoja como afiliado facultativo a algún sistema pensionario. (…)” (énfasis añadido).

formativas de duración inferior, el pago de la subvención es proporcional. (…)” (énfasis añadido).

Sobre el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas” (énfasis añadido).

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

15 TUO de la LPAG, “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias” (….)

Figura N°03:

Primero: RE REQUIERE al sujeto inspeccionado para que proceda a adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de REGISTRO DE TRABAJADORES EN PLANILLA Y DISFRUTE DE LA SUBVENCIÓN. Sin perjuicio de la posible extensión del Acta de Infracción, por lo que, DEBERÁ acreditar el registro de los cinco trabajadores mencionados en el numeral 1) del presente requerimiento, desde sus fechas de ingreso, con la Constancia de Alta del TRegistro. Asimismo, deberá acreditar el pago de las subvenciones económicas a favor de los 08 beneficiarios de modalidad formativa precisados en el numeral 2) del presente requerimiento, con las transferencias bancarias donde figuren los montos depositados por cada beneficiario u otro medio idóneo, con la señal de conformidad del beneficiario de modalidad formativa.

Sobre la supuesta prescripción

posterior e interno, se pretende desconocer la aplicación del contenido de los artículos 252.1 y 252.2 del TUO de la LPAG.

“Artículo 252.- Prescripción 252.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años. 252.2 EI cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de infracciones comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido en el caso de las infracciones instantáneas o infracciones instantáneas de efectos permanentes, desde el día que se realizó la última acción constitutiva de la infracción en el caso de infracciones continuadas, o desde el día en que la acción cesó en el caso de las infracciones permanentes. EI cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador a través de la notificación al administrado de los hechos constitutivos de infracción que les sean imputados a título de cargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 255, inciso 3. Dicho cómputo deberá reanudarse inmediatamente si el trámite del procedimiento sancionador se mantuviera paralizado por más de veinticinco (25) días hábiles, por causa no imputable al administrado” (énfasis añadido).

16 Un ejemplo ilustrativo del mismo es el caso de la situación excepcional originada por la declaración del Estado de Emergencia Nacional por la aparición de la Covid-19, en cuyo contexto, la inactividad de las entidades obedeció a la imposibilidad de que sus servidores acudan a prestar servicios, dado el aislamiento social obligatorio a que hace referencia el artículo 1 del Decreto Supremo N° 044-2020- PCM y la restricción a la libertad de tránsito, determinada por el artículo 3o de la citada disposición normativa.

permanentes; desde el día que se realizó la última acción constitutiva de la infracción en el caso de infracciones continuadas, o desde el día en que la acción cesó en el caso de infracciones permanentes.

“A efectos de determinar el dies a quo, es fundamental efectuar un análisis caso por caso para distinguir las diversas clases de infracción, para lo cual será necesario acudir a la norma que prevé la conducta infractora y examinar la acción o acciones concretas que se tipifican como ilícito administrativo, para precisar en qué momento se consuma la infracción y se inicia el cómputo de la prescripción. 1) La infracción instantánea se consuma con la conducta misma, sin que la situación ilícita sea permanente o duradera en el tiempo. Por lo tanto, el plazo de prescripción empieza a computarse desde la consumación de la infracción, esto es, desde la realización de la conducta infractora. 2) La infracción instantánea con efectos permanentes es aquella que, asimismo, se consuma en el mismo acto, pero produce un estado de cosas antijurídico permanente. En este caso, el plazo de prescripción se inicia desde que se ha consumado la infracción, esto es, desde que se ha creado la situación antijurídica. 3) La infracción continuada es aquella que se configura cuando se realizan distintas conductas (pluralidad de acciones), siendo cada una de ellas una infracción independiente, pero se considera como una única infracción, siempre y cuando conformen un proceso unitario y homogéneo de acción. En este caso, el plazo de prescripción empieza a computarse desde que se lleva a cabo la última acción constitutiva de la infracción. 4) La infracción permanente es aquella que se caracteriza porque la acción infractora crea una situación antijurídica que se prolonga en el tiempo, es decir, la conducta misma se sigue consumando hasta que el autor decide abandonarla. De igual forma como sucede en las infracciones continuadas, el plazo de prescripción empieza a computarse desde que ha cesado la situación antijurídica, toda vez que es el momento en que se ha consumado la infracción (y no mientras dicha conducta se mantiene)”.

de 2020; por lo que, durante dicho lapso no resulta computable el plazo prescriptorio para estos efectos.

Sobre la solicitud de informe oral

“Décimo Sexto.- De igual manera este Tribunal en constante jurisprudencia ha precisado que el derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando a los titulares de los derechos e intereses legítimos se les impide ejercer los medios legales suficientes para su defensa; pero no cualquier imposibilidad de ejercer estos medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido del derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Este hecho se produce cuando al justiciable se le impide, de modo injustificado argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos (Exp. N.º 0582-2006-PA/TC; Exp. N.º 5175-2007- HC/TC, entre otros)".

17 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS “Artículo IV.-Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

“Décimo Octavo.- Sobre el particular es importante precisar que el recurrente cuestiona el hecho de que se le haya privado o impedido ejercer su derecho de defensa por medio del informe oral; sin embargo, ello no constituye una vulneración de este derecho constitucional toda vez que no significó un impedimento para el ejercicio del derecho de defensa del recurrente, ya que este Colegiado en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado a este respecto manifestando que en los supuestos en que el trámite de los recursos sea eminentemente escrito, no resulta vulneratorios del derecho de defensa la imposibilidad del informe oral; dado que el accionante ha podido presentar sus alegatos por escrito a fin de sustentar su impugnación. En consecuencia, no se ha producido vulneración alguna del derecho constitucional de defensa del recurrente".

“No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe”.

“28. Por tanto, si bien los administrados pueden solicitar una audiencia ante las Salas del Tribunal de Fiscalización Laboral, dicho elemento no es indispensable ni necesario para la ejecución de las competencias que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la instancia de revisión. 29. Así, tomando en cuenta casos anteriores tales como los analizados en las Resoluciones N° 002-2021, 019-2021, 126-2021, 210-2021 y 401-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala, este Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos.”

Información Adicional

N° Conducta Infractora Tipificación legal y calificación El incumplimiento formal en materia de registro de control de asistencia Numeral 23.7 del artículo 23 del RLGIT LEVE No acreditar el pago íntegro de las subvenciones económicas. Numeral 40.1 del artículo 40 del RLGIT MUY GRAVE No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L., en contra la Resolución de Intendencia N° 166-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, de fecha 21 de julio de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Callao, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 146-2020- SUNAFIL/IRE-CAL, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante la Resolución de Subintendencia N° 353-2023-SUNAFIL/IRE-CAL/SISA, de fecha 02 de marzo de 2023, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 166-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, en el extremo de la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT, y un extremo de la infracción sancionada como muy grave en materia de promoción y formación para el trabajo, tipificada en el numeral 40.1 del artículo 40 del RLGIT, por no acreditar el pago

íntegro de las subvenciones económicas, por colaborar en una colecta a favor de su compañero, sin la modificación del monto de la multa impuesta.

TERCERO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 166-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, y la infracción muy grave en materia de promoción y formación para el trabajo, tipificada en el numeral 40.1 del artículo 40 del RLGIT, por no acreditar el pago íntegro de las subvenciones económicas, por no cumplir con la jornada dispuesta en el convenio de prácticas.

CUARTO. - Declarar agotada la vía administrativa, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT, y la infracción muy grave en materia de promoción y formación para el trabajo, tipificada en el numeral 40.1 del artículo 40 del RLGIT, debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

QUINTO. - Notificar la presente resolución a LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L., y a la Intendencia Regional de Callao, para sus efectos y fines pertinentes.

SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Regístrese y comuníquese,

20251028MCR – HR 159632-2023