Legall S.A.C — Res. 443-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Vacaciones); Remuneraciones (Sub materia: Gratificaciones); Compensación por tiempo de servicios (Sub materia: Depósito de CTS); Certificado de trabajo ( Sub materia : Incluye todas), Remuneraciones ( Sub materia : Pago de bonificaciones); Contratos de trabajo ( Sub materia : Formalidades), y, Planillas o registros que lo sustituyan ( Sub materia : Entrega de boletas de pago al trabajador y sus formalidades) soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la inasistencia a la comparecencia programada para el día 13 de febrero de 2020 a las 12:00 horas, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,675.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la inasistencia a la comparecencia programada para el día 26 de febrero de 2020 a las 11:00 horas, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,675.00.

i. Se les fue requeridos para una primera comparecencia el día 31 de enero de 2020, fecha en la cual acudieron llevando toda la documentación solicitada, explicándole a la inspectora como se habían realizado los pagos; por lo que, no se comprende que otra información requería la inspectora si ya se le había acreditado el pago de CTS requerido de los trabajadores, que en todo caso, si al entender de la inspectora no se encontraba adecuado el pago o se había vulnerado alguna norma de carácter sociolaboral en el pago, pues solicitaba la infracción argumentando lo que haya creído pertinente y su parte accionaba de acuerdo a su derecho; por tanto, la inspectora comisionada hace mal al solicitar nueva fecha de comparecencia, cuando ya se había presentado la documentación solicitada, no siendo necesario exigir la presencia del empleador nuevamente, no encontrándose ajustados a ley estos requerimientos, considerando que por el simple hecho de que la legislación no limita las veces que el inspector pueda requerir la comparecencia, este pueda hacer y deshacer del tiempo, lo que resulta un criterio errado y abusivo. ii. No se advierte causa justa para que el procedimiento inspectivo haya sido paralizado, puesto que se había entregado toda la documentación requerida, incluso se había entregado la información mucho antes del requerimiento, por lo que se debió continuar con el procedimiento, no correspondiendo imputarles la responsabilidad de que el procedimiento no haya concluido. iii. La resolución apelada carece de debida motivación, al no haber analizado lo expuesto en su escrito de descargo, en tanto no analiza si los requerimientos de comparecencia eran adecuados y se encontraban ajustados a derecho, ya que, si bien hace referencia que el inspector por el simple hecho de serlo tiene tal potestad,

ello no es un análisis imparcial, ya que a fin de no vulnerar su derecho de defensa debió expresar él porque era correcto esos requerimientos.

I. En este sentido, se verifica que efectivamente con fecha 13 de enero de 2020, se notifica a la inspeccionada a la comparecencia de fecha 31 de enero de 2020, requiriéndole que cumpla con comparecer portando los siguientes documentos: i) Carta poder (acredite la representación), DNI, ii) Constancia de alta y de baja, iii) Boleta de pago de remuneraciones por todo el periodo laborado, iv) Acreditar el pago de los beneficios sociales CTS, vacaciones, gratificaciones, bonificaciones extraordinarias, con los intereses legales de ser el caso referido a los ex trabajadores Negrón Valenzuela Alberto y Barco Castañeda Luis Miguel. La documentación se refiere al periodo 11.05.2016 al 18.06.2018 y 19,06.2018 al 02.09.2019 de Negrón Valenzuela Alberto y del periodo 16.10.2018 al 12.09.2019 de Barco Castañeda Luis Miguel. Sin embargo, de la verificación de la documentación aportada, establecida en la constancia de actuaciones inspectivas de investigación se verifica que la inspeccionada exhibió únicamente la carta poder, vigencia de poder, boletas de pago, constancia de alta y baja, liquidación de beneficios sociales y transferencias bancarias; es decir, la documentación solicitada en el requerimiento de comparecencia no fue presentada en su totalidad, por lo que, el inspector comisionado a fin de determinar la materia investigada cita a una nueva comparecencia a la inspeccionada para que se apersone portando la documentación requerida; sin embargo, tal como se ha determinado en los párrafos precedentes pese a encontrarse debidamente notificada no asistió a las comparecencias programadas, lo que limitó que se determine las materias investigadas. II. Asimismo, es necesario precisar que una de las finalidades de las actuaciones inspectivas es investigar el cumplimiento del ordenamiento socio laboral, por lo que, los Inspectores comisionados ejercen las facultades inspectivas establecidas en el artículo 5 de la LGIT a efectos de proceder a la verificación de hechos denunciados, siendo el caso que no habiéndose cumplido con determinar lo investigado con la documentación presentada en el requerimiento de comparecencia de fecha 31 de enero de 2020, el inspector estaba facultado a continuar con la investigación, requiriendo una nueva comparecencia de la inspeccionada portando la documentación necesaria para determinar los hechos denunciados; sin embargo, tal como se viene precisando en los considerandos precedentes, sin justificación alguna pese a estar debidamente notificada la inspeccionada no asistió a las comparecencias programadas, lo que impidió que se pueda concluir con las

2 Notificada a la impugnante el 29 de abril de 2022, véase folio 43 del expediente sancionador.

actuaciones inspectivas, solicitándose la apertura de una nueva orden de inspección de ser el caso. Por lo expuesto, se desestima lo alegado por la inspeccionada.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno.

Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LEGALL S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 19 de mayo de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 632-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. INAPLICACION DEL INCISO 5 DEL ARTICULO 139° DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO En esa línea de lo expuesto, debemos precisar señores vocales, que, en el presente procedimiento, específicamente en la resolución recurrida, se ha vulnerado su derecho a una debida motivación de resolución administrativa, inaplicando con ello el artículo 139 inciso 5 de la Constitución en su perjuicio. Como se puede advertir de su recurso de apelación, este se basa en que su parte ha cumplido con presentar toda la documentación requerida oportunamente, por lo que no entienden por qué el inspector a cargo solicitaba documentos adicionales que simplemente no correspondían o ya se habían entregado. ii. En cuanto al ex trabajador Luis Miguel Barco Castañeda, se les solicitó información y documentación del periodo laborado entre el 16 de octubre de 2018 a 12 de septiembre de 2019. En cuanto a este trabajador, cumplieron con presentar toda la documentación que acredita el pago de CTS, ya que como se puede apreciar en la liquidación de beneficios sociales que presentaron, firmada por el trabajador y la constancia de abono, se puede advertir claramente que se abona todo el monto por concepto de CTS. Además, se adjuntó toda la documentación de pago de beneficios

sociales, y esta fue realizada en la oportunidad correspondiente, por lo que no correspondía pago de intereses alguno. Ello fue expresado directamente al momento de su concurrencia ante el inspector, que, en todo caso, si la inspectora considera que no se cumplió con alguno de los pagos conforme a ley, pues correspondería que se infraccione a su representada por esos incumplimientos y harían valer su derecho si es que tienen un criterio distinto, pero no correspondería que siguiera requiriendo en supuestos que ya le habían presentado. iii. Es importante para ello tener en cuenta que el propio inspector da por valida todos los pagos de los demás importes, pues a su entender errado considera que no se habla abonado la CTS, lo cual como hemos detallado, fue abonado y adjuntado la constancia de pago, ya que ello se liquidó y pago en la liquidación que fue presentada. iv. En cuanto al ex trabajador Alberto Negrón Valenzuela, mucho antes de que se diera el requerimiento de comparecencia, ya había informado a la Entidad Administrativa - Sub Intendencia de Actuación Inspectiva, el cumplimiento de pago de todos los beneficios y demás que correspondía al ex trabajador, lo cual fue informado mediante escrito de fecha de recepción 08 de noviembre de 2019 (Hoja de Ruta N° 128674), ello en respuesta de la Carta N° 8431-2019-SUNAFIL/ILM-SIAI. En aquel momento se le hizo de conocimiento que al no haberse acercado el ex trabajador a recibir el cheque por su pago, se procedió a realizar la consignación correspondiente la misma que recayó en el 3° Juzgado de Paz Letrado Laboral de Lima, que fue materia de conformidad por el extrabajador y que mereció que judicialmente se declare la validez del pago. v. Ante el requerimiento de comparecencia para el día 31 de enero de 2020, procedieron a entregarle todos los documentos requeridos, explicándole en aquel entonces a la Inspectora como se habían realizado lo pagos, adjuntándole las transferencias e indicándole que el pago de sus liquidaciones y demás beneficios detallados en esa liquidación se habían abonado mediante Deposito Judicial para Ingresar al juzgado correspondiente. vi. Entonces, que otra información quería, si ya se le había acreditado el pago de CTS con sus respectivos Intereses en el cálculo, que en todo caso Insisten, si a su entender no se encontraba adecuado o se había vulnerado alguna norma de carácter sociolaboral en el pago, pues solicitaba la Infracción argumentando lo que haya creído pertinente y su parte accionaba de acuerdo a su derecho. Sin perjuicio de ello, en cuanto a este trabajador Judicialmente se declaró la validez del pago, conforme se acredita con la resolución judicial que se anexa. vii. Es importante además que en ninguna parte de la resolución recurrida, se hace mención a los medios de pruebas que fueran aportados por nuestra al escrito de apelación, con lo cual buscan acreditar de manera adicional que la entidad ya contaba con toda la documentación, incluso antes de que se inicie el procedimiento coactivo, esto no ha sido materia de pronunciamiento alguno, como se puede advertir claramente de la resolución materia de revisión; si bien esta resolución

tiene seis (6) hojas, solamente el considerando tres, hace referencia a algún análisis que haya podido emitiría entidad de nuestro recurso, pudiendo advertirse y salta a relucir que no es otra cosa, más que la confirmación si mayor análisis de las resoluciones previas emitidas por otras instancias de la entidad. viii. Creen, que el pronunciamiento de la Entidad es simplista y repite todo lo que se ha venido dando a lo largo del procedimiento, y lo cual ha sido advertido desde el inicio, pues esta forma ambigua de expresión, les causa grave perjuicio y vulnera su derecho a la debida motivación administrativa, y debido procedimiento. INTERPRETACION ERRONEA DEL ARTICULO 5 DEL INCISO 3 NUMERAL 3.2 DE LA LGIT ix. Su posición es que, si bien el inspector tiene toda y completa capacidad de requerir comparecencias, estas no pueden sostenerse en su simple criterio, sino que tienen que tener algún fundamento o sustento jurídico. En el presente caso, creen que el inspector por error seguramente involuntario consideró que no se había presentado la documentación requerida, sin embargo, todo ello ya Incluso obraba en poder de SUNAFIL con anterioridad, ya que anteriormente habían sido requerido. x. Otro aspecto, importante es que no se advierte una causa Justa para que el procedimiento inspectivo haya sido paralizado, pues su parte entrego la documentación requerida, incluso ya había entregado información mucho antes del requerimiento, por lo que cree que el inspector debió continuar con el procedimiento, pero desde su punto de vista no lo hizo pues no encontró infracción alguna en su accionar, sin embargo, ello no es materia de este recurso, simplemente dejar constancia, pues mal puede el inspector imputar a su representada la responsabilidad de que el procedimiento no haya concluido.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre las inasistencias a las diligencias de comparecencias en las fechas de 13 y 26 de febrero de 2020

9 LGIT, artículo 1. 10 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.” 11 “Artículo 11.- Modalidades de actuación

Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el sector público.”

Figura N°01

Además, es importante recalcar que el requerimiento de comparecencia señala expresamente que la inasistencia constituye una infracción a la labor inspectiva sancionable con multa, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 36 y 39 de la LGIT.

Figura N° 02

Sobre el derecho a la motivación y debido procedimiento administrativo sancionador

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas

de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

12 Numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 13 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 173.- Carga de la prueba 173.1 La carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio establecido en la presente Ley. 173.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.” 14 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 124.- Requisitos de los escritos Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente (…) 2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoyen y, cuando le sea posible, los de derecho.” 15 Numeral 1 del artículo 67 del TUO de la LPAG, a través del cual se establecen los deberes generales de los administrados en el procedimiento.

sociales CTS, vacaciones, gratificaciones, bonificaciones extraordinarias, con los intereses legales de ser el caso referido a los ex trabajadores Negrón Valenzuela Alberto y Barco Castañeda Luis Miguel. La documentación se refiere al periodo 11.05.2016 al 18.06.2018 y 19,06.2018 al 02.09.2019 de Negrón Valenzuela Alberto y del periodo 16.10.2018 al 12.09.2019 de Barco Castañeda Luis Miguel.

16 “Artículo 4.- Ámbito de actuación de la Inspección del Trabajo En el desarrollo de la función inspectiva, la actuación de la Inspección del Trabajo se extiende a todos los sujetos obligados o responsables del cumplimiento de las normas sociolaborales, ya sean personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, y se ejerce en: 1. Las empresas, los centros de trabajo y, en general, los lugares en que se ejecute la prestación laboral, aun cuando el empleador sea del Sector Público o de empresas pertenecientes al ámbito de la actividad empresarial del Estado, siempre y cuando estén sujetos al régimen laboral de la actividad privada. (…)”

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Labor inspectiva Inasistencia a la comparecencia programada para el día 13 de febrero de 2020 a las 12:00 horas. Numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE Labor inspectiva Inasistencia a la comparecencia programada para el día 26 de febrero de 2020 a las 11:00 horas. Numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por LEGALL S.A.C. en contra de la Resolución de Intendencia N° 632-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 27 de abril de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 4108-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 632-2022-SUNAFIL/ILM, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a LEGALL S.A.C. y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

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