Leche Gloria Sociedad Anónima - Gloria S.A — Res. 1060-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Relaciones colectivas (Sub materia: Huelga). 1.2. Que, mediante Imputación de Cargos N° 1064-2022-SUNAFIL/ILM/AI2, de fecha 08 de junio de 2022, notificado el 10 de junio de 2022, se inició la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por incurrir en actos que afectaron el derecho de huelga en perjuicio de 544 trabajadores afiliados al sindicato, tipificada en el numeral 25.9 del artículo 25 del RLGIT.

i. Se imputa una infracción que no está calificada como grave, siendo un supuesto de hecho que no está regulado ni tiene consecuencia jurídica, es decir, el movimiento interno de personal, ya que la conducta infractora tipificada es la contratación de personal para sustituir trabajadores en huelga, ya sea a través de una contratación directa o indirecta, y no el movimiento interno de personal el cual es facultad del empleador. ii. La Primera Sala del Tribunal de Fiscalización Laboral a través de la Resolución N° 717-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala proscribe las cláusulas indeterminadas de infracción, lo cual ocurre en el numeral 25.9 del artículo 25 del RLGIT, que no señala de manera expresa la figura del esquirolaje interno. iii. No es posible afirmar una afectación cuando el porcentaje de trabajadores reemplazados es minúsculo pues no se puede afectar el derecho a la huelga con la sustitución de cuatro huelguistas. iv. La resolución apelada se equivoca al señalar que la sanción con un día de suspensión sin goce de haberes a los 57 trabajadores que concurrieron al centro de trabajo constituye una falta que vulnera el derecho a la libertad sindical puesto que los trabajadores comprendidos en la estación no se encontraban en ejercicio de ningún derecho colectivo. v. La resolución apelada se equivoca al señalar que el artículo 68 del Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo no resultaba aplicable al presente caso, pues se debió aplicar la retroactividad favorable al administrado, ya que antes de la emisión de la norma precisada existía un vacío legal y no una norma contradictoria, debiéndose aplicar la norma benigna de acuerdo a lo señalado en el artículo 248 del TUO de la LPAG.

i. La interpretación sostenida por la inspeccionada en torno a que no se encontraría tipificado el esquirolaje interno se basa en una lectura parcial de dicho tipo infractor. ii. El hecho de que expresamente no se establezca el supuesto del esquirolaje interno no quiere decir que no se pueda subsumir la conducta ilegal en dicho tipo infractor como un acto que impide el libre ejercicio del derecho de huelga. Dicha interpretación se encuentra respaldada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través del Oficio Circular N° 059-2011-MTPE/2/16. iii. El traslado de trabajadores dentro de la organización empresarial cuando se encontraban acatando los trabajadores afiliados al Sindicato una medida de fuerza, constituyen actos que afectaron el derecho de huelga. iv. El pronunciamiento de primera instancia, que decide sancionar a la inspeccionada por no cumplir con sus obligaciones reconocidas en la normativa sociolaboral, se encuentra fundamentada.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

2 Notificada a l impugnante el 07 de noviembre de 2022, ver folio 177 del expediente sancionador. 3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 2.2. Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye la última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LECHE GLORIA SOCIEDAD ANONIMA - GLORIA S.A.

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR. de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 8 de noviembre de 2022.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

i. Inaplicación de los artículos 248º del TUO de la LPAG, 2º de la LGIT y 3º del RLGIT. No es cierto que el artículo 25.9 del RLGIT regule un concepto genérico (actos que afectan el derecho a la huelga), que se construya a partir de la interpretación de cualquier autoridad judicial o administrativa en cada caso concreto, pues ello vulneraría el principio de seguridad jurídica y la predictibilidad en las decisiones de la administración pública. ii. La Primera Sala del Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante la Resolución Nº 717- 2022-SUNAFI L/TFL-Primera Sala, concluyó que nuestro ordenamiento jurídico proscribe las cláusulas indeterminadas de infracción; además, interpretó que el numeral 25.9 del artículo 25º del RLGIT no establece una cláusula abierta que permita incluir la figura del esquirolaje interno. iii. Respecto a la ausencia de un procedimiento previo para la imposición de un día de suspensión de goce de haberes, en ninguna parte de la resolución recurrida se señaló en qué dispositivo legal en materia laboral se ha establecido un procedimiento interno previo, a efectos de aplicar medidas disciplinarias distintas al despido, tal como la suspensión sin goce de haber. En ese sentido, queda claro que la Intendencia de Lima Metropolitana no ha cumplido con observar los principios de tipicidad y legalidad, pues nos ha imputado una falta inexistente en el ordenamiento jurídico. iv. Se ha incurrido en una causal de nulidad prevista en el numeral 1 del artículo 10º del TUO de la LPAG, al vulnerarse el principio de legalidad y tipicidad. v. Inaplicación del artículo 59º de la Constitución Política del Perú y el artículo 9º del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. En virtud del derecho a la libertad de empresa, GLORIA cuenta con diversas facultades, entre las que se encuentra la libertad de organización, mediante la cual el empleador tiene la potestad de dirigir y planificar su actividad en atención a sus recursos, fijando los objetivos que estime necesarios. vi. No es posible hacer referencia a una vulneración al contenido esencial del derecho a la huelga, toda vez que 544 trabajadores afiliados al SINATOG hicieron ejercicio de este derecho sin que se demuestre que GLORIA efectuó alguna acción para que esta huelga no se lleve a cabo. vii. En ninguna parte del presente procedimiento administrativo se presenta algún documento que evidencie que únicamente por el día de la huelga, esto es, el 18 de abril de 2018, se ordenó que los 4 trabajadores aludidos efectúen labores distintas a sus cargos. viii. Inaplicación del artículo 78º y 81 del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y del artículo 70º del Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, pues los 57 trabajadores sancionados se encontraban dentro de la nómina presentada por el sindicato para cubrir actividades indispensables

durante la huelga. Asimismo, se está avalando una modalidad irregular de huelga, lo cual se encuentra prohibido en el ordenamiento jurídico.

- A la fecha ya se ha operado el plazo de prescripción establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Análisis Del Recurso De Revisión

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos:

i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

Sobre la prescripción de la infracción

9 Resolución de Sala Plena N° 008-2023-SUNAFIL/TFL, publicado el 9 de mayo de 2023. “(…) 29. Por ello, es importante señalar que toda afectación o invocación al debido procedimiento por parte de los recurrentes –y en general a alguno de los principios identificados en el Título Preliminar del TUO de la LPAG– debe de encontrarse vinculada con una infracción de naturaleza muy grave, como parte del presupuesto de la competencia material de este Tribunal, además, de encontrarse debidamente fundamentada y delimitada por el solicitante de un recurso extraordinario (conforme se detalló en los fundamentos 6.17 a 6.19 de la Resolución de Sala Plena N° 003- 2022-SUNAFIL/TFL). 30. Por el contrario, aquellos recursos de revisión que contengan la invocación a situaciones que pueda evidenciar la vulneración al debido procedimiento, así como a otro principio reconocido por el TUO de la LPAG pero que verse sobre infracciones que no son de competencia de este Tribunal o que no se encuentren debidamente fundamentada y delimitada en el recurso extraordinario, deberán ser declarados como improcedentes.”

“Artículo 252.- Prescripción 252.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años. 252.2 EI cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de infracciones comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido en el caso de las infracciones instantáneas o infracciones instantáneas de efectos permanentes, desde el día que se realizó la última acción constitutiva de la infracción en el caso de infracciones continuadas, o desde el día en que la acción cesó en el caso de las infracciones permanentes. EI cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador a través de la notificación al administrado de los hechos constitutivos de infracción que les sean imputados a título de cargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 255, inciso 3. Dicho cómputo deberá reanudarse inmediatamente si el trámite del procedimiento sancionador se mantuviera paralizado por más de veinticinco (25) días hábiles, por causa no imputable al administrado”10.

“Artículo 51.- Prescripción La facultad de la autoridad inspectiva para determinar la existencia de infracciones en materia sociolaboral a que se refiere el artículo 13 de la Ley prescribe a los cuatro (4) años (…)”.

10 El subrayado es nuestro. materia legal aplicables al Sistema de Inspección del Trabajo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL”, donde se indica respecto al cómputo del plazo de prescripción lo siguiente:

“A efectos de determinar el dies a quo, es fundamental efectuar un análisis caso por caso para distinguir las diversas clases de infracción, para lo cual será necesario acudir a la norma que prevé la conducta infractora y examinar la acción o acciones concretas que se tipifican como ilícito administrativo, para precisar en qué momento se consuma la infracción y se inicia el cómputo de la prescripción.

1) La infracción instantánea se consuma con la conducta misma, sin que la situación ilícita sea permanente o duradera en el tiempo. Por lo tanto, el plazo de prescripción empieza a computarse desde la consumación de la infracción, esto es, desde la realización de la conducta infractora. 2) La infracción instantánea con efectos permanentes es aquella que, asimismo, se consuma en el mismo acto, pero produce un estado de cosas antijurídico permanente. En este caso, el plazo de prescripción se inicia desde que se ha consumado la infracción, esto es, desde que se ha creado la situación antijurídica. 3) La infracción continuada es aquella que se configura cuando se realizan distintas conductas (pluralidad de acciones), siendo cada una de ellas una infracción independiente, pero se considera como única infracción, siempre y cuando conformen un proceso unitario y homogéneo de acción. Este caso, el plazo de prescripción empieza a computarse desde que se lleva a cabo la última acción constitutiva de la infracción. 4) La infracción permanente es aquella que se caracteriza porque la acción infractora crea una situación antijurídica que se prolonga en el tiempo, es decir, la conducta misma se sigue consumando hasta que el autor decide abandonarla. De igual forma como sucede en las infracciones continuadas, el plazo de prescripción empieza a computarse desde que ha cesado la situación antijurídica, toda vez que es el momento en que se ha consumado la infracción (y no mientras dicha conducta se mantiene)”.

1. El plazo para determinar la existencia de infracciones administrativas es de cuatro años. 2. El cómputo del plazo se inicia desde la comisión de la infracción, observando la naturaleza de esta. 3. Este plazo sólo se suspende por el inicio del procedimiento administrativo sancionador que comprende la debida notificación de los hechos imputados. 4. Por tanto, finalizada esa diligencia, si el procedimiento continúa en un estado de inactividad, deberá inmediatamente reanudarse el referido cómputo luego de veinticinco (25) días hábiles.

procedimiento, en cuyo trámite, necesariamente, se articula la facultad sancionadora del Estado y sus límites, entre los cuales destaca el plazo de prescripción.

“Como se ha dicho en los fundamentos precedentes la administración en el ejercicio de su facultad sancionadora tiene el irrestricto deber de respetar los derechos procesales constitucionales de los administrados entre los cuales se encuentra el instituto procesal de la prescripción (…)” (el subrayado es nuestro)

11 Fundamentos 9 del expediente N° 8092-2005-PA/TC. 12 Un ejemplo ilustrativo del mismo es el caso de la situación excepcional originada por la declaración del Estado de Emergencia Nacional por la aparición de la Covid-19, en cuyo contexto, la inactividad de las entidades obedeció a la imposibilidad de que sus servidores acudan a prestar servicios, dado el aislamiento social obligatorio a que hace referencia el artículo 1 del Decreto Supremo N° 044-2020- PCM y la restricción a la libertad de tránsito, determinada por el artículo 3º de la citada disposición normativa. “Declárese la suspensión por treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicado el presente Decreto de Urgencia, del cómputo de los plazos de inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a plazo, que se tramiten en entidades del Sector Público, y que no estén comprendidos en los alcances de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020; incluyendo los que encuentran en trámite a la entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia” (énfasis añadido).

Inicio del cómputo de plazo 3 meses, 3 días de suspensión 1 años, 10 meses y 26 días (hasta el 22.03.2020) 2 año, 1 meses y 4 días (desde el 27.06.2020) Fin del cómputo del plazo 4 años

Sobre la infracción sancionada

13 TUO de la LPAG Artículo 248 (…) 4. Tipicidad. - Sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras. 14 TUO de la LPAG Artículo 248 (…)

TUO de la LPAG), lo cual satisface un estándar razonable para la imputación de responsabilidad administrativa en este tipo de casos.

“22. Así, conforme con las resoluciones invocadas en el numeral 16 del presente Acuerdo Plenario, es preciso establecer la existencia de actos de hostilidad cuando se despliegan medidas disciplinarias contra trabajadores sin haberse seguido un procedimiento que cumpla con los derechos fundamentales a la defensa, al debido proceso o a la prueba, derechos constitucionales que deben tener plena vigencia en la relación de trabajo, conforme con el tercer párrafo del artículo 23 de la Constitución.

23. En ese sentido, la autoridad instructiva y sancionadora, durante la tramitación del procedimiento sancionador respectivo, deberá examinar que en la inspección de trabajo donde se analice la presunta comisión de actos de hostilidad en contra de trabajadores sancionados con medidas disciplinarias; se haya verificado si previamente a la imposición de la sanción, el empleador siguió un debido procedimiento cautelando el derecho a la defensa y a la prueba; preservándose el ejercicio disciplinario que sea justo y respetuoso de tales derechos.” (énfasis añadido) 6.35. Asimismo, debemos tener en cuenta que el RLGIT ha regulado, de manera expresa, un tipo sancionador aplicable para cuando se advierten lesiones al derecho de huelga.

10. Culpabilidad. - La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva. En efecto, ciertas afectaciones que se podrían producir en contra del ejercicio de este derecho deben subsumirse a través del numeral 25.9 del artículo 25 del RLGIT.

“6.17 De esta forma, cualquier tipo de afectación del derecho a la huelga es subsumible como una infracción muy grave bajo el numeral 25.9 del artículo 25 del RLGIT, siendo este tipo propio y específico frente a todos aquellos incumplimientos que se pudieran producir en contra de este derecho. Por ende, a criterio de este Tribunal, en este caso las conductas descritas como prácticas antisindicales, debido a la imposición de sanciones disciplinarias a los huelguistas y por colocar comunicados y/o carteles advirtiendo la imposición de estas medidas por continuar con la huelga, estarían subsumidas en el tipo infractor contenido en el numeral 25.9 del artículo 25 del RLGIT”.

15 Al respecto, cabe indicar que por ejemplo la Corte Suprema, mediante la Casación Nº 3480-2014-Lima, refiriéndose a la infracción prevista en el numeral 25.9 del artículo 25 del RLGIT, ha interpretado, creemos acertadamente, lo siguiente: “Décimo Primero: Que, la infracción relacionada con la realización de actos que impidan el libre ejercicio del derecho de huelga, comprende también el caso en que el empleador efectué movilizaciones internas de su propio personal para ejecutar las labores de los trabajadores en huelga, y en general, cualquier otro comportamiento del mismo que esté destinado a restarle efectividad a cualquier medida de acción iniciado por los trabajadores en huelga” (énfasis nuestro). 16 A este tipo de regulación de infracciones administrativas, la doctrina las ha denominado como “cláusulas de interpretación analógica”, y han sido consideradas como válidas por el Tribunal Constitucional (Cfr. sentencia recaída en el Expediente N.º 010-2002-AI/TC). Para una revisión más detallada del tema puede leerse: Espinoza, Frank. La infracción administrativa laboral. Tesis de Maestría de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Lima, PUCP (Escuela de Posgrado), Lima, 2013, pp. 61 y ss.

Información Adicional

Materia

Conducta infractora Tipificación legal y clasificación

Relaciones Laborales

Incurrir en actos que afectaron el derecho de huelga en perjuicio de trabajadores afiliados al sindicato.

Numeral 25.9 del artículo 25 del RLGIT

MUY GRAVE

17 Literal iii) del numeral 48.1-B, del artículo 48 del RLGIT.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por LECHE GLORIA SOCIEDAD ANONIMA - GLORIA S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 1835-2022- SUNAFIL/ILM, de fecha 04 de noviembre de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 3774-2019-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante Resolución de Subintendencia de Sanción N° 1119-2022-SUNAFIL/ILM/SISA3, de fecha 20 de setiembre de 2022, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 1835-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referido a la realización del esquirolaje, conducta prevista para la configuración de la infracción muy grave tipificada en el numeral 25.9 del artículo 25 del RLGIT, sin que ello modifique el monto de la multa impuesta.

TERCERO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1835-2022-SUNAFIL/ILM, el extremo referido a la realización de actos que afectaron el derecho de huelga por imposición de sanciones disciplinarias, conducta prevista para la configuración de la infracción muy grave, tipificada en el numeral 25.9 del artículo 25 del RLGIT, confirmándose así el monto de la multa impuesta por dicha infracción.

CUARTO. -Declarar agotada la vía administrativa, debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

QUINTO. - Notificar la presente resolución a LECHE GLORIA SOCIEDAD ANONIMA - GLORIA S.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20250820CEC - HR 31109-2018