Laive S.A — Res. 1125-2025

Mediante Orden de Inspección N° 1548-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 780-2022-SUNAFIL/IRE-AQP (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de tres (03) infracciones muy graves en materia de relaciones laborales y una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 1265-2022-SUNAFIL/IRE-AQP/SIFN2, de fecha 13 de diciembre de 2022, notificado el 15 de diciembre de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 3-2023-SUNAFIL/SIFN-AQP, de fecha 05 de enero de 2023 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual, procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Arequipa, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 256-2023-SUNAFIL/IRE- SISA-AQP, de fecha 16 de marzo de 2023, notificado el 20 de marzo de 2023, multó a la impugnante por la suma de S/ 132,894.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 12 de abril de 2023, la impugnante presentó recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 256-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 169-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 28 de junio de 2023 y notificado el 03 de julio de 2023, la Intendencia Regional de Arequipa declaró infundado el recurso de apelación y confirmó la sanción la sanción contra la administrada, sobre la base de los siguientes principales fundamentos:

Con fecha 24 de julio de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Arequipa el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 169-2023- SUNAFIL/IRE-AQP, solicitando informe oral.

La Intendencia Regional de Arequipa elevó el recurso de revisión y los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 1384-2023-SUNAFIL/IRE- AQP, recibido el 03 de agosto de 2023, por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el Principio de Legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que LAIVE S.A., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 169-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, que confirmó la sanción impuesta de S/ 132,894.00 por la comisión de tres (03) infracciones muy graves en materia de relaciones laborales, tipificadas en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT; así como, una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del mismo cuerpo normativo, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 04 de julio de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por LAIVE S.A.

Previa evaluación de los argumentos postulados en el recurso de revisión, resulta pertinente tomar en consideración la Resolución de Sala Plena Nº 003-2022- SUNAFIL/TFL, vigente desde el 18 de agosto de 2022, el cual constituye precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, y que expresamente señala:

Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo No 004-2017- TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal. 6.18. Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones. 6.19. Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo este órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación.

Sobre esa base, se advierte del recurso de revisión algunos argumentos genéricos, no ceñidos a los criterios antes señalados; es decir, no se ha incorporado en el recurso fundamentos encuadrados en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal, así como tampoco, se encuentran vinculados a las infracciones muy graves materia de sanción. En ese sentido, se precisa que esta instancia analizará solo los fundamentos vinculados a los aspectos señalados en el precedente antes invocado y/o a la postulación de la afectación del debido proceso9, no tomando en consideración los argumentos que excedan a dichos presupuestos.

En principio, constitucionalmente, el derecho a la jornada máxima se encuentra reconocido como un derecho fundamental, sobre la base de lo regulado en el artículo 25 de la Constitución Política del Perú:

En ese mismo sentido, el Convenio Nº 1 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en cuanto al derecho a la jornada máxima, establece en su artículo 2, lo siguiente:

Sobre esas bases, la más especializada doctrina ha establecido que:

Desde el plano legislativo, el Texto Único Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2002-TR (en adelante LJT), respecto de la jornada máxima de trabajo, a dispuesto lo siguiente:

El mismo parámetro ha resultado definido por la LJT, en cuanto a la jornada máxima en el caso de jornadas atípicas o acumulativas12, en la cual se ha señalado que sumadas, no puede exceder de ocho (08) horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas semanales como máximo, según lo concordado por el artículo 9 de la misma fuente, sobre la base de los siguientes términos:

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional, en la sentencia de fecha 17 de abril de 2006, dictada mediante el Expediente Nº 4635-2004-AA/TC, respecto de las jornadas acumulativas:

Por otra parte, a propósito de la actividad minera, el Tribunal Constitucional ha establecido determinadas condiciones para aplicar válidamente la jornada acumulativa o atípica. Dichas condiciones constituyen el test de protección de la jornada máxima, y son las siguientes13:

Teniéndose establecido estos alcances, corresponde analizar el presente extremo de la causa que nos aborda, en el marco de lo verificado por el comisionado y los pronunciamientos de las instancias precedentes. Así tenemos, se le imputa a la administrada la imposición de una jornada de trabajo atípica no acorde a los parámetros constitucionales y legales vigentes, al no acreditar su justificación y verificar el incumplimiento de la jornada máxima de 48 horas semanales.

Sobre el particular, según el tipo de jornadas reconocidas en la constitución y la norma especial (ordinarias o atípicas), la implementada por la administrada en la planta de Majes constituye una atípica ante la comprobada y asumida variación de la jornada ordinaria en el centro de trabajo desde agosto de 2018 a julio de 2022, por una jornada correspondiente a 14 días laborados por 02 días de descanso y de 10 días laborados por 02 días de descanso, y a partir de agosto de 2022, una correspondiente a 12 días laborados por 02 días de descanso.

De ese modo, respecto a la justificación de la variación de la jornada ordinaria en el centro de trabajo, se verifica que la administrada ha proporcionado dos razones sustanciales sobre los cuales ha implementado dicha variación, estos son: i) la necesidad de producción, en razón a la declaración proporcionada en actuación inspectiva por el Jefe de Gestión Humana (numeral 4.13. del acta de infracción); y, ii) la solicitud de los propios trabajadores, en razón a las cartas adjuntas generadas por ciertos trabajadores que no componen el bloque de afectados identificados en la presente investigación.

Sobre el particular, este Tribunal coincide con lo analizado por el comisionado, al verificarse que entre el distrito de Majes y la ciudad de Arequipa existe una distancia de, aproximadamente, 100 km unidos por una red vial asfaltada, y los trabajadores asisten al centro de trabajo en horarios fijos desde sus domicilios. Además, en razón de la Memoria Anual del año 2020, para dicho año la planta de Majes acopio el 70% de lo procesado por la empresa, junto a las plantas de Arequipa y Lima, por tanto, no se identifica que las labores desarrolladas por el sujeto inspeccionado en el centro de

Si bien la administrada ha proporcionado en actuación inspectiva cartas suscritas por ciertos trabajadores, en los cuales se logra verificar la solicitud de los mismos para aplicar la variación de la jornada, a fin de acreditar que esta responde a un pedido expreso de los mismos a su empleador; sin embargo, no ha demostrado que dichas manifestaciones de voluntad correspondan a los sujetos afectados determinados en la investigación, omisión probatoria que se ha extendido a lo largo del proceso administrativo y el propio recurso de revisión. Es decir, al no existir justificación válida para la implementación de la variación de la jornada atípica en el centro de trabajo, la empresa no ha logrado demostrar que, respecto de los trabajadores afectados, haya instaurado una variación de jornada ordinaria en el que no le otorgue descansos semanales típicos bajo el expreso consentimiento de cada uno de los trabajadores involucrados.

En ese sentido, en cuanto al numeral i) del recurso de revisión materia de análisis, se verifica que las instancias de mérito han generado absolución expresa de cada uno de los argumentos formulados en los descargos y el recurso de apelación correspondiente por parte de la impugnante; por tanto, no se ha configurado afectación alguna de la debida motivación de resoluciones, máxime si en el presente caso, la administrada no ha identificado en su recurso de revisión las presuntas omisiones alegadas de manera expresa, a fin de otorgar sustento al presente extremo. En ese sentido, al encontrarnos ante un argumento estéril, corresponde desestimar este extremo del recurso.

Por otra parte, respecto de los numerales ii), iii) y vi) del recurso de revisión, si bien la administrada persiste en alegar que la jornada definida en el centro de trabajo para sus colaboradores corresponde a una compensatoria, al no haber acreditado la solicitud expresa de cada uno de los sujetos afectados identificados, carece de sustento insistir en la valides de aplicación de la misma. Así, lo que pretende la impugnante es, mediante el ofrecimiento de ciertas solicitudes de variación de jornada de trabajadores ajenos a la investigación de la presente materia, acreditar que la empresa ha procedido conforme al pedido de sus trabajadores; sin embargo, omite que en razón de la naturaleza de goce personalísimo de descanso semanal, no basta sugerir que procedió según la solicitud de un sector de trabajadores, sino que específica e individualizadamente los sujetos afectados han manifestado voluntad sobre dicha variación, a fin de otorgar validez al mismo, aspecto no acreditado en el presente extremo.

No debe perderse de vista que ha resultado ser el propio Jefe de Gestión Humana, el que ha manifestado, dejando expresa constancia del modo de la materialización de la jornada atípica, que los trabajadores van y vienen del centro de trabajo a sus domicilios (numeral 4.13. del acta de infracción); por tanto, no encuentra sustento pretender acreditar existencia del convenio de variación de jornada de los sujetos afectados mediante la “razonabilidad” que sugiere el administrado en la aplicación de dicha medida por motivo de la distancia entre la planta de Majes y Arequipa. En ese sentido, los argumentos forzados que postula la administrada no permiten rebatir las conclusiones expuestas precedentemente, razón por la cual se desestiman estos extremos del recurso.

Del mismo modo, respecto del numeral vii) del recurso de revisión, se precisa que, mediante Resolución de Superintendencia N° 233-2017-SUNAFIL, de fecha 13 de noviembre de 2017, se aprobaron los criterios normativos adoptados por el “Grupo de Trabajo de Análisis de Criterios en materia legal aplicables al Sistema Inspectivo”, entre los cuales se precisó parámetros para la aplicación del concurso de infracciones, estos son:

Al respecto, se precisa que la infracción por la implementación de una jornada atípica inconstitucional en el centro de trabajo y el no haber pagado los descansos semanales obligatorios, constituyen en definitiva dos infracciones distintas. Si bien la primera ha podido contribuir a la configuración de la segunda, nos encontramos ante dos conductas infractoras diferentes, pues la primera constituye la vulneración de los parámetros de la jornada de trabajo desde la transgresión del exceso del tope máximo, la segunda se configura en razón al incumplimiento de pago de la remuneración y sobretasa del descanso semanal obligatorio no gozado y no sustituido. Por tanto, no se identifican los presupuestos de infracciones, razón por la cual se desestima el presente extremo del recurso.

Sobre la base de dicho marco normativo, probatorio y fáctico, se confirma la sanción contra la administrada por implementar en el centro de trabajo (planta de Majes) una jornada atípica incompatible con la constitución, razón por la cual, se ha configurado una infracción tipificada bajo el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT.

En principio, en razón a los argumentos expuestos en el recurso impugnatorio y a lo desarrollado en el proceso administrativo sancionador, este Tribunal procede a realizar el análisis respectivo desde la aplicación del Principio del Debido Procedimiento y su relación con la validez de los actos administrativos emitidos en el marco de la presente causa.

Sobre el particular, el numeral 1.2. del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

A su vez, el numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG establece que:

Concordante a ello, la LGIT desarrolla en su artículo 44 los principios generales del procedimiento sancionador, entre ellos: “(…) a) Observación del debido proceso, por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho (…)”.

El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA: “2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido). 6.26. En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional en el Fundamento Jurídico 5 de la Sentencia recaída en el Expediente N° 02098-2010-AA señaló que no solo existe base Constitucional o jurisprudencial para la configuración y desarrollo del derecho al debido procedimiento, sino que existe sustento Convencional, a saber:

Conforme a ello, dada la claridad expositiva del Tribunal Constitucional, así como de la norma contenida en el TUO de la LPAG y la LGIT, respecto de los alcances del derecho al debido procedimiento, debe analizarse el caso concreto en relación con la vulneración alegada.

Entre las garantías que el proceso administrativo debe resguardar, se encuentra el principio de tipicidad regulado en el numeral 4, artículo 248 de la LPAG, el cual a la letra expresa:

Sobre dicho margen, queda claro que sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía.

En esa línea de razonamiento, este Tribunal ha identificado dos niveles del mandato de tipificación en el proceso administrativo, según lo fundamentado en el numeral 6.3. de

Sobre dicho marco, la imputación contra la administrada entraña -en adición a la precedente- la sanción de las infracciones tipificadas bajo el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, por no cumplir con las normas que regulan la materia de descanso semanal obligatorio y de descanso en día feriado, a favor de los ex trabajadores identificados en el acta de infracción (cuadro Nº 01).

De acuerdo a ello, mediante el Decreto Legislativo N° 713, fuente que regula los descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, se dispone que los trabajadores, de manera ordinaria, tienen derecho a 24 horas consecutivas de descanso semanal obligatorio15, de no acatarse, el trabajador tiene derecho al pago de una retribución por el trabajo desempeñado y una sobretasa del 100%16. En ese mismo sentido, los feriados establecidos por ley se deben celebrar y gozar en la fecha respectiva17, correspondiendo también el pago de una retribución más una sobretasa de 100%, si estos no son gozados por motivo de la prestación de servicios efectiva en favor del empleador18.

Al respecto, del mandato de la medida de requerimiento de fecha 23 de setiembre de 2022, se verifica que el comisionado determinó que el incumplimiento normativo a subsanar por parte de la impugnante es el pago de varios conceptos, entre ellos, el del descanso semanal obligatorio y el de feriados, al verificarse que los sujetos afectados

Ante el incumplimiento de la medida de requerimiento por parte de la administrada, se verifica que la imputación se sostiene respecto de dos infracciones correspondientes a la materia de “jornada, horario y descansos remunerados” (sub materia: descanso semanal obligatorio y feriados), estas son: i) la no acreditación de pago de la remuneración y la sobretasa por la prestación de servicios en el día de descanso semanal obligatorio; y, ii) la no acreditación de pago de la remuneración y la sobretasa por la prestación de servicios en el día de feriado; las cuales fueron tipificadas, cada una, bajo el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT.

Bajo la necesidad de establecer la ratio de la imputación de dichas infracciones, se advierte que la misma se enmarca desde una base de causalidad en razón al incumplimiento de la medida de requerimiento. Al respecto, la doctrina señala que el Principio de Causalidad, según los términos expuestos en el numeral 8 del artículo 248 del TUO de la LPAG19, descarta la aplicación del criterio de causa próxima y opta por una causalidad adecuada. En otras palabras, la causalidad no debe entenderse como aquella causa sin la cual la infracción no hubiera ocurrido, sino como aquella que sea idónea y tenga aptitud suficiente para producir la lesión que cataloga como una vulneración al ordenamiento20.

De este modo, en el marco de la actuación inspectiva, la configuración del tipo infractor

En esa línea de razonamiento, este Tribunal precisa que el tipo sancionador imputado a la administrada para cada caso (numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT), contempla una serie de supuestos, entre los cuales se encuentra considerado la sanción por la falta de goce del derecho al descanso semanal obligatorio y del feriados legal, sobre la base de los siguientes términos: “El incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la jornada de trabajo, refrigerio, trabajo en sobretiempo, trabajo nocturno, descanso vacacional y otros descansos, licencias, permisos y el tiempo de trabajo en general.” (énfasis añadido).

De este modo, se deja sentado que la administración debe verificar que el trabajador(a) haya alcanzado el derecho a los respectivos descansos, y segundo, que la inspeccionada no haya cumplido con su otorgamiento dentro del periodo que correspondía su goce. De manera análoga, para el caso del descanso de vacaciones, este Tribunal ha aplicado dicho criterio, mediante la Resolución de Sala Plena Nº 008-2025-SUNAFIL/TFL, de fecha 27 de junio de 2025, el cual también tiene la condición de precedente de observancia obligatoria, sobre la base de los siguientes términos:

En el presente caso, al momento de subsumir la conducta infractora, se confunde la omisión del pago de los conceptos de descanso semanal obligatorio y feriados laborados, con la omisión de otorgamiento de los mismos, lo cual resulta erróneo, pues se trata de dos conductas distintas. Tanto es así que, para la configuración del primer tipo infractor, se requiere que el trabajador haya gozado de su descanso semanal o en el feriado legal; sin embargo, el empleador no canceló de forma íntegra y oportuna el pago correspondiente al concepto de remuneración y las sobretasas. Mientras que, para el segundo, el trabajador(a) debe haber alcanzado el derecho de goce semanal o por feriado legal; y, a pesar de ello, su empleador no cumplir con su otorgamiento, es decir, que el trabajador no haya gozado de su derecho al descanso semanal o en feriado, supuesto determinado en el presente caso.

En ese sentido, se evidencia que los incumplimientos imputados a la administrada no se subsumen únicamente en el tipo legal contenido en el numeral 25.6 del RLGIT, en tanto se le atribuye al impugnante la no acreditación de pago de remuneraciones y sobretasa por el no goce de descanso semanal obligatorio y en día feriado laborados, cuando el tipo legal contemplado en el numeral 25.6 del RLGIT establece claramente que la conducta sancionable se fundamenta en el no otorgamiento y goce de dichos derechos.

De este modo, en razón a las infracciones configuradas desde el incumplimiento de la medida de requerimiento en actuación inspectiva, mediante el cual se exigió el pago de los conceptos materia de análisis, la imputación a la administrada se ha definido sobre el marco del incumplimiento del deber económico en perjuicio del sujeto afectado, esto es: el adeudo al sujeto afectado del pago de la remuneración y sobretasa de los descansos semanales y feriados laborados; sin embargo, la tipicidad aplicada a dichas inconductas se encuentran delimitadas sobre un marco fáctico distinto, esto es, respecto de aquellos casos en los que el sujeto afectado, habiendo adquirido el derecho, no gozó los descansos semanales y/o feriados, por lo cual se ha transgredido los parámetros del Principio de Tipicidad.

A consideración de esta Sala, la interposición de una sanción sin haberse delimitado correctamente el tipo infractor genera serios cuestionamientos a la aplicación de la potestad sancionadora en el caso de autos. En esa línea de razonamiento, se advierte que se ha vulnerado el debido procedimiento, a raíz de afectación del Principio de Tipicidad. En tal sentido, resulta necesario que la autoridad de sanción motive adecuadamente el extremo señalado, considerando los hechos verificados, los medios probatorios aportados y lo señalado en los fundamentos previos. Por lo tanto, la Resolución de Sub Intendencia incurre en una falta de motivación y análisis de la base fáctica y legal en el presente caso, vulnerando el debido procedimiento.

Resulta imperativo enfatizar que las instancias del sistema responsables de la tramitación del procedimiento administrativo sancionador deben garantizar el respeto por los principios del procedimiento administrativo -entre los cuales se encuentran los principios de Debido Procedimiento y Verdad Material21-, y que la motivación

Cabe precisar que, realizado el análisis de conservación del acto conforme al artículo 14° del TUO de la LPAG, el vicio resulta trascendente y no comprendido en las causales taxativamente consideradas en el precitado artículo por no tratarse de una motivación insuficiente o parcial sino una aparente. Por ello, conforme al numeral 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG, el acto deviene en nulo, así tenemos:

Por tanto, resulta imposible convalidar las actuaciones tanto de la Intendencia como de la Sub Intendencia y del propio inspector, las cuales debieron evaluar de manera adecuada los hechos que motivaron el presente procedimiento sancionador y advertir los errores incurridos en el Acta de Infracción. Debe recordarse que recae en la Administración el deber de acreditar fehacientemente cada conducta antijurídica en el imputado, luego de un procedimiento llevado a cabo con las garantías constitucionalmente reconocidas y reseñadas líneas arriba.

Estando a lo expuesto, este Tribunal ha identificado que la Resolución de Sub Intendencia N° 256-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, de fecha 16 de marzo de 2023, y confirmada por la Resolución de Intendencia N° 169-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 28 de junio de 2023, incurren en vicio de nulidad y se encuentra dentro del supuesto de hecho contemplado en el numeral 2 del artículo 1022 del TUO de la LPAG, dada la existencia de un vicio en el acto administrativo constituido por la motivación aparente.

En tal sentido, considerando que la Resolución de Sub Intendencia Nº 256-2023- SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, en el extremo referido a las infracciones muy graves tipificadas bajo el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, en cuanto a las materias de descanso semanal obligatorio y feriados legales, ha sido emitida vulnerando el Principio de Tipicidad; corresponde declarar la nulidad parcial de la citada resolución, y de los sucesivos actos u actuaciones del procedimiento vinculados a dicho extremo, de conformidad con el numeral 12.1 del artículo 12 y el numeral 13.1 y 13.2 del artículo 1324 del TUO de la LPAG.

Cabe mencionar que, la nulidad parcial permite anular una parte del acto y dejar intacta la otra, separando según la independencia que las mismas puedan brindar respecto de la otra parte. De igual manera permite reconocer otros efectos distintos al acto nulo25.

Conforme a lo anterior, se deberá retrotraer el procedimiento administrativo sancionador al momento en el cual se produjo el vicio inicial que motiva la nulidad parcial; esto es, al momento de emisión de la Resolución de Sub Intendencia respectiva, a efectos que dicha instancia emita una nueva decisión en el extremo referido a las infracciones muy graves tipificadas bajo el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, acorde a los argumentos contenidos en la presente Resolución.

Por otro lado, esta Sala debe advertir que lo fundamentado en líneas precedentes constituye un redireccionamiento de la línea de criterio que hasta la presente fecha se ha venido alimentando, en cuanto a la tipificación de la infracción por el incumplimiento de pago de los descansos semanales obligatorios y de feriados laborados, supuesto infractor que se ha encuadrado bajo el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT.

Conforme a lo motivado, se evidencia que la tipificación aplicada a dichas conductas no se encuentra alineada con la finalidad de dicho dispositivo legal, razón por la cual, ante la oportunidad que el presente caso nos otorga, desarrollado el correspondiente análisis esta Sala concluye que corresponde redefinir la línea de pronunciamientos aplicado hasta el presente caso, bajo la finalidad que el presente órgano entraña y la ruta interpretativa ya iniciada por este Tribunal respecto de los descansos ordinarios en la relación de trabajo.

Sobre el particular, resulta pertinente lo definido en el reciente precedente de observancia obligatoria de la Resolución de Sala Plena Nº 008-2025-SUNAFIL/TFL, de fecha 27 de junio de 2025, mediante la cual -entre otros extremos- esta Sala efectuó interpretación de la tipificación de la infracción por el incumplimiento de la materia de vacaciones bajo los siguientes términos:

De este modo, se ha establecido que el tipo infractor del numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT reprocha, únicamente, la conducta de no otorgamiento de descanso más no el de no pago de este, para el cual resulta pertinente el tipo infractor del numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Es decir, si bien mediante el precedente de observancia obligatoria citado se ha atribuido dicha interpretación para los casos de descanso vacacional, bajo una consecuente línea interpretativa y por seguridad jurídica, resulta necesario extender dicha interpretación a los demás tipos de descansos ordinarios, como es el caso del descanso semanal obligatorio y feriados legales.

De este modo, se establece que el sentido de la variación se sustenta en la necesidad de cambio y evaluación de la jurisprudencia administrativa ante las exigencias a las que el presente órgano debe dar respuesta en términos jurídicos, bajo la necesidad de garantizar la legalidad en nuestros pronunciamientos y, consecuentemente, el debido proceso al que los administrados se encuentran sometidos, desde su igualdad ante la ley26.

El numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5 de la LGIT, regula que los inspectores del trabajo están investidos de autoridad y facultados para requerir al sujeto responsable que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento. Sobre ello, el numeral 13.5 del artículo 13 del RLGIT establece que, dichas medidas, se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refieren los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13 del mismo reglamento.

A su vez, el numeral 20.3 del artículo 20 del RLGIT, ha establecido que las medidas de requerimiento son órdenes dispuestas, por la inspección del trabajo, para el

Así las cosas, corresponde indicar que la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una disposición ordenada por el servidor – inspector de trabajo- que puede tener como objeto el revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador (medida de requerimiento en modalidad de subsanación de una infracción determinada por la inspección del trabajo), existiendo otra variante por la que los inspectores conminan al sujeto inspeccionado a adecuar su comportamiento a lo prescrito en las normas de trabajo (medida de requerimiento en modalidad de rectificación de una infracción determinada por la inspección del trabajo).

En esa línea de argumentación, de conformidad con el precedente administrativo de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2022- SUNAFIL/TFL, publicado el 06 de mayo de 2022, en el diario oficial El Peruano, la evaluación de los alegatos relativos a las medidas inspectivas de requerimiento deben de encontrarse vinculadas bajo los siguientes aspectos:

En ese sentido, respecto de la medida de requerimiento emitida en fecha 23 de setiembre de 2022, se verifica que ha resultado generada dentro de los parámetros definidos precedentemente y otorgado un plazo adecuado y razonable para acreditar su cumplimiento (ver Imagen Nº 01).

De la verificación del mandato de la medida de requerimiento, se ha logrado verificar el incumplimiento por parte de la administrada de lo ordenado por el comisionado, el cual constituía una solicitud ajustada a derecho y sobre el cual se pretendía restituir el derecho adquirido por parte del sujeto afectado, en cuanto a cada una de las infracciones configuradas en su oportunidad.

Sobre el particular, en cuanto a la implementación de la jornada atípica incompatible con la constitución en la planta de Majes, se advierte que la imputación de infracción contra la administrada se sostiene en razón a la vulneración de la materia de la “jornada y horario de trabajo” respecto del periodo investigado (agosto de 2018 a julio de 2022), sobre la base de los fundamentos expuestos entre los numerales 6.3. a 6.20. de la presente resolución, al haberse verificado la ilegalidad de la jornada atípica implementada en el centro de trabajo.

Vulneración normativa sobre la cual se dejó constancia de su carácter insubsanable en el numeral 19 de la medida de requerimiento y numeral 4.19. del acta de infracción, en razón a la imposibilidad de retrotraer los efectos de haber hecho laborar a los sujetos afectados en una jornada atípica que vulnera la jornada máxima de la prestación de servicios, respecto del periodo investigado.

Sobre el particular, resulta pertinente citar lo prescrito por la versión Nº 2 de la Directiva Nº 001-2020-SUNAFIL/INII, denominada “Directiva Sobre el Ejercicio de la Función Inspectiva”, aprobada mediante Resolución de Superintendencia Nº 216- 2021-SUNAFIL, de fecha 10 de agosto de 2021, de la cual, respecto de la determinación del carácter insubsanable de las infracciones, se prescribe lo siguiente:

De acuerdo a dicha disposición, la Directiva aplicable establece que no se requiere la emisión de ninguna acta o constancia en específico por parte del comisionado que defina el carácter insubsanable de la infracción determinada, para lo cual basta que este deje constancia de la misma durante la investigación y que sea notificado al inspeccionado, en el marco de la imposibilidad de retrotraer sus efectos en el tiempo, lo cual derivará en la no emisión de la medida de requerimiento respecto de la infracción determinada en periodo y forma.

Lo precedentemente expuesto, permite comprender el proceder del comisionado en el presente caso, pues si bien determinó y fundamentó el carácter insubsanable de la infracción por la implementación de la jornada atípica en el centro de trabajo en el contenido de la medida de requerimiento, esta correspondió al periodo investigado, esto es, desde agosto de 2018 a julio de 2022; sin embargo, al corroborar la vigencia del proceder infractor por parte de la inspeccionada en el centro de trabajo al momento de la actuación inspectiva, el cuerpo inspectivo se encontró plenamente habilitado para que, en un mismo acto, ordene la subsanación de dicha conducta en la misma medida de requerimiento, a fin de revertir la afectación del derecho involucrado y bajo un periodo distinto al precedentemente señalado, bajo la necesidad de revertir dicha situación en el futuro.

Dicho proceder se encuentra plenamente justificado por la finalidad de la medida de requerimiento que el artículo 1427 de la LGIT establece, de la cual no se identifica prohibición alguna para que en un mismo acto se ejecuten ambas acciones, esto es, la determinación del carácter insubsanable de la infracción y el mandato subsanatorio, pues prima la necesidad de restituir el estado del derecho afectado, siempre y cuando nos encontremos ante un derecho subsanable, como en el presente caso.

De este modo, se concluye que, respecto del cese de la jornada atípica incompatible con la constitución en la planta de Majes, se ha cumplido con la debida fundamentación y proceder por parte del comisionado, de la cual se corrobora que, si bien la administrada acredita haber generado una comunicación masiva de la variación de la misma en el centro de trabajo, en fecha 30 de octubre de 2022, no ha acreditado el emplazamiento a los trabajadores comprendidos en la investigación y que tienen la calidad de sujetos afectados, máxime si el mandato establecía que esto debía realizarse “a cada trabajador” identificado.

Es decir, respecto del numeral 4. del mandado de la medida de requerimiento, que se ha encontrado dirigido a garantizar la variación de la vulneración del derecho a la jornada máxima en el centro de trabajo desde setiembre de 2022 en adelante, se ha verificado que no ha resultado satisfecho desde los actos parciales generados por la administrada; sin perjuicio que, la vulneración normativa determinada en el periodo precedente (agosto de 2018 a julio de 2022) se ha encontrado inalterable en razón al carácter insubsanable de la infracción.

Así, respecto de los numerales iv), v) y x) del resumen del recurso de revisión, en razón a lo fundamentado entre los numerales 6.48. y 6.53. de la presente resolución, queda claro que el comisionado en la presente causa ha cumplido con sus deber de informar oportunamente al administrado sobre el carácter insubsanable de la infracción por la implementación de una jornada atípica inconstitucional en el centro de trabajo, respecto del periodo de agosto de 2018 a julio de 2022, y, adicionalmente, haber emitido la medida de requerimiento, en cuanto a la misma infracción, a fin de evitar la permanencia en el tiempo de la misma en el centro de trabajo, conducta que no ha resultado subsanada adecuadamente. Por tanto, no nos encontramos ante ningún incumplimiento del procedimiento en cuanto al carácter insubsanable de la infracción, ni eximente de responsabilidad alguna por parte de la administrada, según lo definido por el artículo 257 del TUO de la LPAG.

Por otro lado, en cuanto al mandato correspondiente al pago de las remuneraciones y sobretasas de los días de descanso semanal obligatorio y feriado laborados, en el marco de lo fundamentado en los numerales 6.21 a 6.51 de la presente resolución, mediante el cual se fundamenta la nulidad de las infracciones imputadas al administrado en cuanto a dichas materias, carece de objeto emitir valoración probatoria y pronunciamiento de fondo, a fin de no incurrir en un adelanto de opinión sobre un extremo aún pendiente de evaluación por las instancias de grado. En ese mismo sentido, tampoco se generará absolución de los ítems viii) y ix) del resumen del recurso de revisión, al encontrarse asociados a las materias sobre las cuales se declaró nulidad.

En ese sentido, sobre la base del proceder obstructivo de la impugnante ante el incumplimiento en su integridad de la medida de requerimiento, su finalidad no ha podido ser satisfecha; razón por lo cual, se resuelve confirmar este extremo de la resolución impugnada.

El artículo 15 de la Ley N° 29981 señala que el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. En ese sentido, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”. Precisa, además, que se sustenta en la “inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal”.

En este expediente se han identificado vicios al debido procedimiento de la impugnante, al momento de motivar sobre las presuntas infracciones cometidas por este, en específico, respecto a la tipificación de las infracciones definidas en el numeral 6.39. de la presente resolución.

En tal sentido, considerando que la Resolución de Sub Intendencia N° 256-2023- SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, de fecha 16 de marzo de 2023, ha sido emitido vulnerando el derecho al debido procedimiento administrativo, de conformidad con el numeral 12.1 del artículo 12 y el numeral 13.1 del artículo 13 del TUO de la LPAG, tal resolución carece de efecto y, en consecuencia, corresponde declarar la nulidad parcial de la citada resolución y de los sucesivos actos u actuaciones del procedimiento, al haberse vulnerado los principios de debido procedimiento y de tipicidad.

Conforme a lo anterior, se deberá retrotraer el procedimiento administrativo sancionador al momento en el cual se produjo el vicio inicial; esto es, al momento de emisión de la Resolución de Sub Intendencia respectiva, a efectos que dicha instancia emita una nueva decisión considerando los argumentos contenidos en la presente Resolución, conforme a lo prescrito en el numeral 12.1 del artículo 12 del TUO de la LPAG.

En consecuencia, se remite la presente Resolución a la Intendencia Regional de Arequipa y a la Gerencia General de SUNAFIL, a efectos que -de ser el caso- procedan conforme a sus competencias, en el marco del ejercicio de la potestad disciplinaria de la Administración regulada en el Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos Humanos y conforme al Título V del TUO de la LPAG.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG reconoce a los administrados el goce de los derechos y garantías del debido procedimiento administrativo, que comprende de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

Al respecto, el Tribunal Constitucional Peruano en la sentencia recaída en el Expediente N° 00789-2018-PHC/TC, en el literal d) del fundamento 9 señala que:

En similar sentido, mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2021-SUNAFIL/TFL, se ha determinado:

Por consiguiente, esta Sala considera que cuenta con elementos suficientes para resolver el caso, pudiendo prescindir del informe oral solicitado por el impugnante.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente —sin perjuicio del pronunciamiento que se emita como efecto de la nulidad desarrollada en la presente resolución—, como resultado del procedimiento administrativo sancionador, serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.