Laboratorios Portugal S.R.L — Res. 652-2026

Mediante Orden de Inspección N° 1587-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 843-2022-SUNAFIL/IRE-AQP (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada, en aplicación del inciso f) del artículo 12 de la LGIT.

Mediante Imputación de Cargos N.° 79-2023-SUNAFIL/IRE-AQP/SIFN, notificada el 06 de marzo de 2023, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006- TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la Autoridad Instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 345-2023-SUNAFIL/IRE-AQP/SIFN, notificado el 05 de junio de 2023 (en adelante, el Informe Final), que determinó la 20555195444 soft

Con fecha 06 de setiembre de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 846-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP.

Mediante Resolución de Intendencia N° 30-2024-SUNAFIL/IRE-AQP, notificada el 30 de enero de 2024, la Intendencia Regional de Arequipa, declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, confirmando la Resolución de Sub Intendencia N° 846-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP.

Con fecha 20 de febrero de 2024, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Arequipa el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 30-2024- SUNAFIL/IRE-AQP.

La Intendencia Regional de Arequipa admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante memorándum, recibido el 11 de marzo de 2024 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299811, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299812, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo3 (en adelante, LGIT), el artículo 17

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral,

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”6.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En este orden de ideas, resulta indispensable que el Tribunal revise el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral -tanto adjetivo como sustantivo- así como vele por la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema de Inspección del Trabajo. La normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como sujetos del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídico-procedimental establecida en el marco del Sistema de Inspección del Trabajo. Cabe precisar que dicho análisis garantiza la vigencia del debido proceso en sede administrativa, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional7.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 30-2024- SUNAFIL/IRE-AQP, que confirmó la sanción por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.10 del artículo 25 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 31 de enero de 2024.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L.

Asimismo, el artículo 42 del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2003-TR (en adelante, TUO de la LRCT), igualmente reconoce que la fuerza vinculante de los Convenios Colectivos de la siguiente manera:

Entonces, el inciso 2 del artículo 28 de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el artículo 42 del TUO de la LRCT, establecen que la fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado obliga:

En este punto, cabe precisar que el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 0008-2005-PI/TC (fundamento jurídico 33), concluyó lo siguiente respecto a la fuerza vinculante que tiene un convenio colectivo:

Al respecto, la doctrina ha precisado que existe una naturaleza dual de los convenios colectivos: una parte normativa y otra obligacional8 La primera, parte de establecer derechos y obligaciones para los trabajadores comprendidos, cuya titularidad es individual; la segunda lo hace para los propios sujetos pactantes (empleador y sindicato) que genera derechos y obligaciones de titularidad colectiva. Así, por ejemplo, son cláusulas normativas las que se refieren a remuneraciones, jornadas, beneficios sociales, etc., mientras que las obligacionales se refieren al otorgamiento de facilidades al sindicato.

Para el profesor Alfredo Villavicencio Ríos9 este modelo implica “la presencia gravitante de la autonomía colectiva como institución en la que se expresa el papel preponderante que deben tener las representaciones de trabajadores y empleadores para autorregular sus intereses contrapuestos”, porque “su origen consensual, el conocimiento detallado de la realidad a normar, su duración limitada en el tiempo, le dan una idoneidad, equilibrio y aceptación inconseguibles desde la heterorregulación estatal”. Ello en el entendido de que “la situación de cada unidad productiva es peculiar”, por tanto, las normas que regulen sus relaciones laborales deben tener un grado de especificidad y flexibilidad muy grande, y ello solo es posible desde la autonomía colectiva”.

En tal sentido, debemos entender que en función a su “fuerza vinculante”, el convenio colectivo pone al empleador y a los trabajadores en cuyo nombre se haya celebrado el acuerdo en posición de sujetos obligados a respetar su alcance, las limitaciones o exclusiones del convenio colectivo; siendo esto, como hemos señalado, la manifestación de la autonomía colectiva que tienen las organizaciones sindicales para establecer acuerdos que protejan sus intereses, dentro del marco dispositivo que la legislación reconoce.

De la revisión del expediente inspectivo, se advierte que el Inspector comisionado a cargo de la investigación, ha identificado que la organización sindical denominada “Sindicato de Trabajadores de Laboratorios Portugal” - SITRALAB (en adelante el Sindicato) es un sindicato minoritario; en tanto que, de la revisión de la documentación presentada por el sujeto inspeccionado en la diligencia de comparecencia de fecha 14 de setiembre de 2022, se observa la Carta suscrita por el apoderado de la impugnante, en la que indica lo siguiente:

Sobre el particular, de conformidad con lo previsto en el artículo 9° de la LRCT, los sindicatos que agrupen a la mayoría absoluta de trabajadores; esto es, a más del 50%, tendrán la calidad de mayoritarios; por ende, los beneficios que consigan por convenio colectivo serán aplicables a todos los trabajadores aún incluso a los no afiliados a dicha organización sindical; teniendo el mismo resultado en caso exista más de un sindicato pero que no cumplan con el requisito de comprender a la mayoría absoluta por sí solos pero que unidos lo puedan conseguir; por el contrario, los sindicatos que no agrupen a la mayoría, tendrán la calidad de minoritarios, en cuyo caso, los beneficios convencionales sólo serán aplicables a sus afiliados (énfasis añadido).

Corresponde precisar que, las actuaciones inspectivas de investigación se inician en mérito a las denuncias interpuestas por el sindicato, con Hoja de Ruta N° 0000122896- 2022 y N° 0000121417-2022, sobre incumplimiento, pago diminuto y discriminación en cuanto al pago de beneficios otorgados mediante convenio colectivo, referidos al pago de la gratificación extraordinaria, pago de devengados de vale de alimentos en la suma de S/ 20.00 mensuales a partir de enero 2022, pago de devengados del incremento remunerativo de S/ 100.00. Indicando, además, la realización de prácticas antisindicales al haberse extendido los beneficios a todos los trabajadores no sindicalizados.

Ahora bien, de la revisión del documento denominado “CONVENIO COLECTIVO”, de fecha 13 de mayo de 2022, con vigencia desde el 17 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2022, celebrado entre el sujeto inspeccionado y el Sindicato, se verifica en la cláusula QUINTA, que el inspeccionado otorga un vale de alimentos en los siguientes términos:

Asimismo, respecto al ámbito de aplicación del convenio colectivo, se observa en las cláusulas PRIMERA y SEGUNDA, lo pactado entre el sujeto inspeccionado y el Sindicato, conforme al siguiente detalle:

Corresponde precisar que, el día 13 de mayo del 2022, el Sindicato y la Empresa celebraron una “ADENDA” al convenio colectivo, que a través de su cláusula SEGUNDA extiende los beneficios otorgados en el referido convenio, en particular, al personal no sindicalizado de categoría Obrero, con la condición de que en ningún caso se otorgue un doble aumento o el beneficio sea mayor al convenido en la negociación colectiva, además no incluirá a los trabajadores de dirección ni de confianza, conforme al siguiente detalle:

Ahora bien, de autos se advierte que el sujeto inspeccionado ha acreditado que el Sindicato es minoritario, y a la pregunta si en efecto, el beneficio de “PRESTACIONES ALIMENTARIAS”, consignado en la cláusula QUINTA del convenio colectivo, fecha 13 de mayo de 2022, que comprende el “Vale de alimentos mensual de S/ 20.00 soles”, extendido a los no sindicalizados por Adenda suscrita con la comisión negociadora, sigue siendo pagado sólo a los trabajadores no sindicalizados, señaló lo siguiente: “sí se paga únicamente a los trabajadores no sindicalizados”. Asimismo, precisa que “la empresa ha tomado la decisión unilateral de extender beneficios del convenio colectivo a trabajadores no sindicalizados bajo política remunerativa vigente desde el mes de mayo 2022”. 6.15. De las actuaciones inspectivas de investigación, se advierte que, en la visita inspectiva al centro de trabajo, en fecha 21 de octubre de 2022, se verificó que el beneficio de “prestaciones alimentarias”, pactado por convenio colectivo y extendido a trabajadores no afiliados al sindicato, mediante adenda, de fecha 13 de mayo de 2022, se ha extendido a los trabajadores no sindicalizados sin considerar el término del plazo del convenio colectivo pactado; otorgándoles a los trabajadores no sindicalizados un mayor beneficio, en tanto que, se advierte que se suscribieron convenios individuales de otorgamiento de prestaciones alimentarias (todos de mayo 2022); convenios que se anexan a la “Constancia de Actuaciones Inspectivas de Investigación”, de fecha 21 de octubre de 2022, mediante los cuales se otorga la suma de S/ 20.00 soles, en la modalidad de suministro indirecto de prestaciones alimentarias de forma permanente, condición no establecida en el convenio colectivo; conforme se aprecia a continuación:

Por lo tanto, se advierte que, mientras que, para los miembros del Sindicato, dicho beneficio tuvo un plazo determinado (la vigencia del convenio), para los no sindicalizados la vigencia se determinó “hasta el cese definitivo del vínculo laboral”, lo que trajo como consecuencia que sea más atractivo para los no afiliados su no incorporación en la organización sindical, y para los afiliados, les resulta más beneficioso desafiliarse para obtener mayor ventaja del beneficio en análisis, encontrándose acreditadas las desafiliaciones efectuadas de forma posterior al cese del beneficio de prestaciones alimentarias a los afiliados de la organización sindical, conforme se aprecia de la información remitida por el Sindicato denunciante en fecha 13 de octubre de 2022, a través de la cual hace llegar catorce (14) renuncias remitidas al SITRALAB, las que se anexan a la “Constancia de Actuaciones Inspectivas de Investigación”, de fecha 24 de octubre de 2022.

Por otro lado, se verificó que el sujeto inspeccionado ha convenido por prestaciones alimentarias el monto de S/ 200.00 soles mensuales a favor de la trabajadora Castro, quien además ostenta el cargo de “Supervisora de producción”, incumpliendo la cláusula segunda de la Adenda de fecha 13 de mayo del 2022, conforme se aprecia a continuación: FIGURA N° 06

Por tanto, se advierte que el inspector comisionado ha dejado constancia que, el sujeto inspeccionado ha afectado la libertad sindical de los trabajadores afiliados al “Sindicato

Al respecto, cabe precisar que, si bien es cierto, debe imperar el principio de igualdad en una relación laboral, no es menos cierto que la igualdad implica actuar igual ante los iguales y desigual ante los desiguales. En ese sentido, en el caso concreto se verificó que los destinatarios de los conceptos o beneficios convencionales no son iguales, pues los diferencia justamente su condición de afiliado frente a los que no están afiliados al Sindicato. Así pues, el afiliado forma parte de la organización sindical, aporta su cuota sindical, destina parte de su tiempo a las reuniones que convoque su agrupación sindical, asume el compromiso de pertenecer a un sindicato y lo que ello trae consigo como conseguir beneficios en base a negociaciones, huelgas (que implica el no pago de su remuneración), ser sancionados por no participar en reuniones sindicales según lo establezca su estatuto, coadyuvar al crecimiento del sindicato, etc. Sin embargo, todo ello no es parte del personal o trabajador no afiliado; razón por la cual la extensión de los beneficios convencionales a los no afiliados, resulta ilegal, no sólo por las diferencias existentes entre unos y otros sino también porque del artículo 9° de la LRCT se colige que cuando no existan sindicatos mayoritarios, cada sindicato (entendiéndose a los minoritarios) representan únicamente a sus afiliados.

Al respecto, cabe traer a colación los criterios expuestos en la Resolución de Sala Plena N° 009-2022-SUNAFIL/TFL, de fecha 04 de octubre de 2022, publicada en el diario oficial El Peruano en fecha 23 de octubre de 2022, referidos a la extensión de beneficios de los convenios colectivos minoritarios por parte de los empleadores, conforme al siguiente detalle:

Asimismo, los criterios expuestos en la Resolución de Sala Plena N° 026-2024- SUNAFIL/TFL, de fecha 20 de diciembre de 2024, publicada en el diario oficial El Peruano en fecha 29 de diciembre de 2024, referido a la afectación a la libertad sindical por extender beneficios económicos a trabajadores no sindicalizados, precisando lo siguiente:

En atención a lo expuesto se verificó que el sujeto inspeccionado al extender el beneficio de “prestaciones alimentarias” a los trabajadores no afiliados al Sindicato ha ejercido actos que vulneran la libertad sindical, derecho fundamental que no solo tiene protección constitucional a través del artículo 28° de la Carta Magna, sino que también tiene connotación internacional a través de los convenios colectivos 87 y 98 de la OIT. Así también, este derecho comprende no sólo el derecho a fundar o constituir un sindicato, o a afiliarse al mismo sino también a lograr su crecimiento lo cual ha sido desalentado con la extensión de los beneficios a los no afiliados; por lo que, como ya se ha mencionado, desincentiva la afiliación y por ende impide que el Sindicato crezca y aumente en número.

En este punto, cabe precisar, en relación a la afectación a la libertad sindical, es importante definir que, se obliga al Estado, los empleadores, y los representantes de uno y otros a abstenerse de toda clase de actos que tiendan a coactar, restringir o menoscabar, en cualquier forma, el derecho de sindicalización de los trabajadores, y de intervenir en modo alguno en la creación, administración o sostenimiento de las organizaciones sindicales que estos constituyen10.

En ese sentido, el RLGIT proscribe en el numeral 25.10 de su artículo 25 como infracción muy grave: “La realización de actos que afecten la libertad sindical del trabajador o de la organización de trabajadores, tales como aquellos que impiden la libre afiliación a una organización sindical, promuevan la desafiliación de la misma, impidan la constitución de sindicatos, obstaculicen a la representación sindical, utilicen contratos de trabajo sujetos a modalidad para afectar la libertad sindical, la negociación colectiva

Del contexto normativo expuesto y de la doctrina descrita, precedentemente, se advierte que existe un bloque de legalidad que lo conforman los Convenios 98, 100 y 111 de la OIT, con el numeral 2 del artículo 2°, el numeral 1 del artículo 26° y el artículo 28° de la Constitución Política del Perú, que conjuntamente garantizan y protegen la libertad sindical, y como consecuencia de esto, se proscribe todo acto u omisión que tenga como consecuencia su limitación, agresión o afectación.

Cabe precisar que, el trabajador o grupo de trabajadores que pertenecen a una organización sindical, como manifestación de su ejercicio a la libertad sindical, tienen una especial protección constitucional; por lo que, la acción u omisión del sujeto agente que comete el acto en contra de este grupo será reprochado administrativamente.

Por lo expuesto, se concluye que el sujeto inspeccionado ha incurrido en el tipo infractor muy grave en materia de relaciones colectivas, prevista en el numeral 25.10 del artículo 25 del RLGIT, por afectar la libertad sindical, al haber hecho extensivo el beneficio de “prestaciones alimentarias” logrados por el Sindicato minoritario al personal no afiliado, desincentivando su libre afiliación. Por tanto, se desvirtúa el alegato de la impugnante, referido a que, no existe normatividad que restringa el otorgamiento de beneficios por el empleador al personal no sindicalizado.

Al respecto, la impugnante alega que, con el personal no sindicalizado no existe convenio que determine plazo de vigencia de las prestaciones que perciben. Es decir, nunca se convino el tiempo por el cual se otorgaría cualquier beneficio que el empleador tuviera a bien implementar respecto al personal no sindicalizado, por lo tanto, no se incumple lo pactado con el sindicato. Sobre el particular, contrario a lo alegado por la impugnante, de la cláusula QUINTO del “CONVENIO INDIVIDUAL DE OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES ALIMENTARIAS” (mayo 2022), celebrado entre 16 trabajadores y el sujeto inspeccionado, individualmente; se advierte que el “(…) convenio tendrá vigencia desde el 27 de mayo de 2022 hasta el cese definitivo del vínculo laboral del EL(LA) TRABAJADOR(A) con EL EMPLEADOR, fecha en que culminará automáticamente el presente convenio (…)”. En consecuencia, no cabe acoger los argumentos expuestos en este extremo por la impugnante.

Por otro lado, se sostiene que, no se prueba ni se determina durante el procedimiento inspectivo, la configuración de la supuesta afectación, más allá de la alegación de la posibilidad de desafiliaciones, pero que no se ha determinado la configuración de las mismas y que estén ligadas directa, única y exclusivamente a lo que supone. Al respecto, corresponde precisar que, de las actuaciones inspectivas de investigación se advierten

Sin perjuicio de lo señalado, es necesario señalar que, el empleador está prohibido de cometer cualquier acto antisindical independientemente de las consecuencias prácticas del mismo; en tanto que, de los hechos constatados del acta de infracción se advierte que el sujeto inspeccionado, otorgo beneficios económicos a los trabajadores no sindicalizados, lo que constituye un desincentivo de la afiliación sindical y un incentivo a la desafiliación al margen de las consecuencias que pueda acaecer respecto a la disminución o incremento del número de afiliados, la cual depende de múltiples factores; por lo que, corresponde precisar que lo que se prohíbe no es propiamente la disminución de la afiliación sindical sino la comisión de actos tendientes a perjudicar al sindicato minoritario. En consecuencia, se deben desestimar los argumentos dirigidos a cuestionar este extremo. Sobre la presunta vulneración de los plazos administrativos

Al respecto, la impugnante alega que, se ha excedido el plazo para el inicio de las actuaciones inspectivas, en tanto que, la asignación del expediente a los inspectores comisionados se realizó el 19 de agosto de 2022, misma fecha en que se recibió la orden de inspección. Agregan que, el plazo de 10 días hábiles para las actuaciones inspectivas inició el mismo 19 de agosto y venció el 02 de setiembre de 2022; sin embargo, las actuaciones iniciaron el 05 de setiembre de 2022, un día después del plazo previsto por ley, sin que se haya alegado ni acreditado por los inspectores caso fortuito o fuerza mayor. Por tal motivo, todas las actuaciones realizadas en el presente procedimiento adolecen de nulidad.

Sobre el particular, corresponde precisar que el literal a) del numeral 9.1 del artículo 9 del RLGIT, dispone que: “Las actuaciones inspectivas se inician por disposición superior, mediante la expedición de una orden de inspección emitida por los directivos. La orden designa a los inspectores o al equipo de inspección del trabajo, quienes deben iniciar sus actuaciones inspectivas: a) De manera general, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles de recibida la orden de inspección, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditada”.

Por otro lado, el numeral 7.6.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, Directiva sobre el Ejercicio de la Función Inspectiva, aprobada por Resolución de Superintendencia N° 216-2021-SUNAFIL (en adelante, Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII), establece que, recibida la orden de inspección por parte del inspector y luego de su corrección de ser el caso, las actuaciones inspectivas deben iniciarse, como máximo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado por el inspector ante su Supervisor. El cumplimiento de dicho plazo es verificado por el Supervisor Inspector a cargo o quien haga sus veces, bajo responsabilidad.

Ahora bien, del expediente inspectivo se advierte que, con fecha 19 de agosto del 2022, se asignó la Orden de Inspección N° 1587-2022-SUNAFIL/IRE-AQP a la Inspectora, habiéndose iniciado la etapa de fiscalización con la primera actuación inspectiva que data del 05 de setiembre de 2022 (notificación de requerimiento de comparecencia).

Por tanto, se advierte que, la Inspectora cumplió con iniciar las actuaciones inspectivas de investigación correspondientes a la Orden de Inspección, en el plazo prescrito por las normas citadas, toda vez que, el plazo establecido se computa en días hábiles siguientes a la recepción de la orden, verificándose que, desde el 19 de agosto de 2022 al 05 de setiembre de 2022 transcurrieron los 10 días hábiles prescritos. Por lo tanto, no corresponde acoger este extremo del recurso.

Por otro lado, la impugnante sostiene que, se ha excedido el plazo para la emisión del acta de infracción. Al respecto, el artículo 1 de la LGIT, establece que la función inspectiva es la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. En esa línea, el artículo 5 de la misma norma contempla las facultades inspectivas, señalando que los inspectores de trabajo están investidos de autoridad para ejercer durante el desarrollo de las funciones de inspección. Por ello, el numeral 5.511 del referido artículo 5, precisa que los inspectores de trabajo adoptan, entre otras medidas según sea el caso, una vez finalizadas las diligencias inspectivas, el inicio del procedimiento administrativo sancionador mediante la extensión del Acta de Infracción.

Tomando en cuenta lo antes expuesto, se debe precisar que, el numeral 13.5 del artículo 13 del RLGIT señala: “Las medidas a que se refiere el numeral 5 del artículo 5 de la Ley se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refieren los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13”. Ahora, de la revisión de los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13 del RLGIT, se advierte que la norma dispone que las actuaciones de investigación o comprobatorias deben realizarse dentro del plazo señalado en las ordenes de inspección, siendo el plazo máximo para su realización el de treinta (30) días hábiles, computándose desde la fecha en que se inicien las actuaciones inspectivas, pudiéndose prorrogar dicho plazo por una sola vez y por el plazo máximo de treinta (30) días hábiles.

Cabe señalar que, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto de aquellos procesos en los cuales se exceda el plazo razonable, siendo una consecuencia de éste no la nulidad o la invalidez de la emisión del pronunciamiento o actividad esperada de acuerdo a derecho, sino que por el contrario; se exige que el órgano que conoce de la

En el caso en particular, del expediente inspectivo digital se advierte la Orden de Inspección N° 1587-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 19 de agosto de 2022, que dio origen al inicio de las actuaciones inspectivas de investigación o comprobatorias a la impugnante, y de la misma se evidencia que, el plazo para el desarrollo de las actuaciones inspectivas fue de veinticinco (25) días hábiles. Sin embargo, mediante INFORME N° S/N-2022-SUNAFIL/IRE-AQP/HYAA, la Inspectora de Trabajo, solicita la ampliación del plazo para el desarrollo de las actuaciones inspectivas, en tanto que, las actuaciones inspectivas tomarán un mayor tiempo para la verificación de las materias asignadas. En consecuencia, mediante Proveído, de fecha 04 de octubre de 2022, la Sub Intendencia de Fiscalización e Instrucción de la Intendencia Regional de Arequipa, autoriza la ampliación del plazo inicialmente concedido en la referida orden de inspección, así el nuevo plazo es de veinticinco (25) días hábiles a treinta y cinco (35) días hábiles, conforme se aprecia a continuación:

Ahora bien, considerando que el cómputo del plazo se inicia desde la fecha en que se inician las actuaciones inspectivas que, según se aprecia del Acta de Infracción, éstas iniciaron el 05 de setiembre de 2022 (notificación de requerimiento de comparecencia), el inspector comisionado tenía para culminar las actuaciones inspectivas de investigación hasta el 25 de octubre de 2022. Ahora bien, del Acta de Infracción se advierte que el inspector culminó las actuaciones inspectivas de investigación el 24 de octubre de 2022 (notificación de hechos insubsanables), conforme a lo dispuesto en el numeral 13.5 del artículo 13 del RLGIT, tal como se aprecia a continuación:

Por lo que, queda establecido en la norma que, el plazo de las investigaciones inspectivas de iniciado el procedimiento, tiene una duración de 30 días hábiles, el mismo

El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA:

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Sub Intendencia N° 846-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, como la Resolución de Intendencia N° 30-2024-SUNAFIL/IRE-AQP, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestos por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Del examen efectuado por esta Sala sobre las resoluciones emitidas en el Procedimiento Sancionador, se puede observar que estos 4 elementos pueden ser satisfactoriamente comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador.

Asimismo, se corrobora, de los actuados, que ni el procedimiento inspectivo ni el sancionador, contravienen a la Constitución, a los principios del procedimiento administrativo, ni a las leyes o normas reglamentarias, además contiene los requisitos de validez del acto administrativo relacionados a la competencia, objeto o contenido, finalidad pública y procedimiento regular. Además, es necesario reiterar que, la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada, al exponer una relación concreta y directa de los hechos probados durante el desarrollo del presente procedimiento, no verificándose la vulneración a los principios invocados por la impugnante. Por lo que, corresponde no acoger los argumentos expuestos en este extremo del recurso.

Por tales razones, se debe desestimar la nulidad deducida por la impugnante, al no evidenciarse que, en el presente procedimiento, se haya incurrido en alguna causal de nulidad contemplada en el artículo 10 del TUO de la LPAG. Al haberse respetado el derecho al debido proceso administrativo de la recurrente. Por tanto, no cabe acoger este extremo del recurso.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.