Komatsu - Mitsui Maquinarias Perú S.A — Res. 488-2024

Mediante Orden de Inspección N° 2170-2021-SUNAFIL/IRE-PIU, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1. Las actuaciones inspectivas culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 999-2021-SUNAFIL/IRE-PIU (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de dos (02) infracciones muy graves, una la labor inspectiva y, otra, en materia de relaciones laborales.

Mediante Imputación de Cargos N° 561-2021-SUNAFIL/IRE-PIU/SIAI-IC, de fecha 14 de diciembre de 2021, notificada a la impugnante el 16 de diciembre de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 025-2022-SUNAFIL-SIAI-IRE-PIURA, de fecha 10 de febrero de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Piura, la que mediante Resolución de Sub Intendencia N° 476- 2022-SUNAFIL/IRE-PIU/SISA, de fecha 14 de setiembre de 2022, notificada el 16 de setiembre de 2022, multó a la impugnante por la suma de S/ 69,344.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 07 de octubre de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 476-2022-SUNAFIL/IRE-PIU/SISA, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 153-2022-SUNAFIL/IRE-PIU, de fecha 10 de noviembre de 20222, la Intendencia Regional de Piura declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 02 de diciembre de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Piura, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 153-2022-SUNAFIL/IRE-PIU.

La Intendencia Regional de Piura, admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-001437-2022- SUNAFIL/IRE-PIU, recibido el 13 de diciembre de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que KOMATSU - MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 153- 2022-SUNAFIL/IRE-PIU, emitida por la Intendencia Regional de Piura, que confirmó la sanción impuesta de S/ 69,344.00, por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, y una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del mismo cuerpo normativo, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la notificación de la citada resolución; el 15 de noviembre de 2022.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por KOMATSU - MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.

De acuerdo con el principio de tipicidad regulado en el numeral 4 del artículo 248 del TUO de la LPAG9, sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley, o en norma reglamentaria (en los casos que por ley o decreto legislativo se permita por norma reglamentaria) mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía.

Sobre el caso concreto, se observa, tanto en la evaluación del inspector comisionado como en la de los órganos intervinientes en el procedimiento sancionador, que han subsumido los hechos en el tipo sancionador previsto en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, que prevé taxativamente como infracción muy grave en materia de relaciones laborales: “ El incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la jornada de trabajo, refrigerio, trabajo en sobretiempo, trabajo nocturno, descanso vacacional y otros descansos, licencias, permisos y el tiempo de trabajo en general.” (el énfasis es añadido).

Ahora bien, sobre las facultades del empleador con relación a la modificación de jornadas, horarios y turnos, y al procedimiento de dicha modificación, cabe traer a colación lo dispuesto en el artículo 2 del TUO de la LJTHTS, aprobado por el Decreto Supremo Nº 007- 2002-TR, sobre:

De lo expuesto, se desprende que el empleador tiene el deber de comunicar al trabajador la modificación del horario y/o jornada de trabajo11. Ello por cuanto, entre el poder de dirección contenido en el artículo 9 de la LPC12 y la subordinación que involucra la puesta

Así, el contrato de trabajo no puede significar o validar el cambio intempestivo de las condiciones laborales inicialmente pactadas, sin que medie antes, una comunicación previa por parte del empleador a su trabajador, con el objeto de que conozca con una debida antelación su decisión sobre la modificación del horario y/o jornada de trabajo. Ello es así, por cuanto el numeral 2 del artículo 2 del TUO de la Ley de Jornada de Trabajo, al remitir, a su vez, al numeral 1 del mismo cuerpo normativo, no hace referencia a supuestos excluyentes para su aplicación.

Siendo que, coadyuva a la solución oportuna de los conflictos de naturaleza laboral que el trabajador conozca con la debida anticipación de la decisión de su empleador de modificar la jornada u horario de trabajo, pues de estar en desacuerdo con la medida dispuesta por el empleador, estos pueden dialogar y arribar a una solución pronta sobre dicha discordancia.

Cabe precisar que si bien la pandemia del Covid-19 fue un hecho que afectó a las empresas desde la declaratoria del Estado de Emergencia a partir del mes de marzo de 2020, también es cierto que, el Estado Peruano a partir de esa fecha adoptó una serie de lineamientos a fin de prevenir la propagación del virus; sin que estas configuren una derogación de las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo Nº 007-2002-TR, conforme se ha señalado, también, en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021- SUNAFIL/TFL.

Ahora bien, la recurrente sostiene: i) que lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto de Urgencia Nº029-2020, le facultaba la modificación unilateral de la jornada de trabajo y por ende, no se encontraba sujeta a lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 007-2002- TR, dado el contexto de la pandemia por el Covid-19; ii), cumplió con comunicar a sus trabajadores de la modificación de dicha jornada.

Sobre la interpretación errónea de lo dispuesto por el Decreto de Urgencia Nº 029-2020, alegada por la recurrente. Al respecto, el artículo 25 del Decreto de Urgencia Nº 029- 2020, dispuso lo siguiente:

En ese sentido, el Decreto de Urgencia solo autorizó el cambio del horario de trabajo y del turno de trabajo, los cuales no son sinónimos de jornada de trabajo, como erróneamente pretende sostener la impugnante a lo largo del presente procedimiento, al alegar que se habría realizado una interpretación errónea del artículo 25 del Decreto de Urgencia Nº 029-2020.

En efecto, conforme el artículo 6 del TUO de la LJTHTS, el horario de trabajo está orientado a la hora de ingreso y salida del trabajador de su centro de labores, esto es, es el fragmento del tiempo específico de la prestación de servicios; mientras que los turnos de trabajo, pueden ser fijos o rotativos, conforme el artículo 2 de la LJTHTS-Decreto Legislativo Nº 854-. Mientras que la jornada de trabajo según el artículo 1 de la LJTHTS, está orientada al número de horas máximas en la que se puede desempeñar un trabajador, esto es, de ocho horas diarias o cuaterna y ocho semanales como máximo.

De lo descrito precedentemente, se puede determinar que los conceptos de turno de trabajo, horario de trabajo y jornada de trabajo, no son iguales; y la modificación de estos, se regulan por sus propios procedimientos contenidos en el TUO de la LJITHTS y la LJTHTS. Siendo que, por el contexto de la pandemia del Covid-19, se flexibilizaron los procedimientos, referidos a la modificación de turnos y horarios de trabajo, conforme el Decreto de Urgencia Nº 029-2020, estableciendo como parámetro la garantía del descanso semanal obligatorio. En ese sentido, lo señalado por la impugnante no resulta idóneo, esto es, que el Decreto de Urgencia Nº 029-2020, haya autorizado la modificación unilateral de la “jornada de trabajo”. Por lo que, tales argumentos deben ser desestimados.

En cuanto al alegato referido a que “no es verdad que KOMATSU haya incumplido lo dispuesto por el artículo 2 del D. S. No. 7-2002-TR, dado que en el contexto de pandemia por la Covid-19, otra norma que concedió a los empleadores la facultad de modificar unilateralmente la jornada, sin aludir a la disposición contenida en el D.S. Nº 7-2002” (SIC); se aprecia que la impugnante no precisa el dispositivo normativa que sustenta su alegato, por lo que, en aplicación del artículo 14 del Reglamento del Tribunal, aprobado por aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2017-TR, que prescribe que el recurso de revisión se sustenta en la inaplicación, aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal, al tratarse de dispositivos normativos la impugnante debía precisar de forma expresa en que normativa se sustentaba, empero no se advierte ello.

En efecto, la impugnante no ha expresado el dispositivo normativo en el cual sustenta su alegato y que no habría sido observado por las instancias de mérito, ya que solo afirma de forma genérica que se emitió una normativa que le facultó a la modificación unilateral de la jornada; sin embargo, a la fecha de los hechos materia de fiscalización, se verifica que el Decreto Supremo Nº 007-2002-TR, no tuvo ninguna modificación o derogación respecto al procedimiento de modificación de la Jornada de Trabajo; por ello, se deben desestimar los alegatos en este extremo.

La imputación se sustenta que hasta antes del 07 de junio de 2021, los trabajadores tenían una jornada de trabajo acumulativa de 20 días de labor por 10 de descanso; y, a partir del lunes 07 de junio de 2021, la impugnante, modificó de forma unilateral, sin comunicación previa, la jornada de trabajo a una de 12 días de labor por 09 de descanso, sin acreditar que esta se haya realizado conforme lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 007-2020, ni acreditó haber cumplido siquiera ex ante de la adopción de dicha modificación al arribo de un acuerdo con el sindicato de trabajadores.

La impugnante ha sostenido que debido al estado de emergencia sanitaria no era necesario cumplir con las obligaciones prescritas en el Decreto Supremo Nº 007-2002-TR.

Sin perjuicio de lo expuesto, la recurrente afirma en su recurso de revisión que ha cumplido con informar a sus trabajadores del cambio de jornada de trabajo; sin embargo, este alegato no desvirtúa la imputación realizada por la inspección del trabajo y determinado órgano administrativo sancionador, ya que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 007-2002-TR, la inspeccionada debió comunicar del cambio con ocho días de anticipación a la adopción de la medida, lo cual no fue acreditado por la recurrente.

En efecto, conforme el numeral 4.27 de su recurso de revisión, el correo electrónico con el que pretende acreditar su alegato data del 21 de junio de 2021, esto es, semanas

Además, tampoco se evidencia una afectación al principio de licitud ni de verdad material, en los términos alegados por la recurrente, ya que contrario a lo afirmado por la recurrente en su recurso de revisión, la inspección de trabajo agotó los medios de investigación para determinar la configuración de las infracciones reprochadas, así como la normativa sociolaboral infringida, lo cual fue valorado y determinado, también, por las instancias de mérito, en consecuencia, se debe desestimar los alegatos dirigidos a cuestionar este extremo.

Por las razones que anteceden, así como los hechos constatados del acta de infracción la inspección de trabajo constató que la impugnante no ha cumplido con el procedimiento establecido para la modificación de la jornada de trabajo, incurrió en la infracción tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Por tanto, no corresponde amparar dicho extremo del recurso de revisión.

Cabe añadir que, del examen efectuado, no se advierte vulneración genérica por ausencia de motivación, ni al debido procedimiento; por tanto, no cabe acoger los argumentos expuestos en este extremo, debiendo ser desestimado; sin perjuicio de examinarse la motivación específica respecto del reproche administrativo, calificado como infracción muy grave a la labor inspectiva, falta imputada al administrado.

Por tales razones, la nulidad alegada por la impugnante no debe ser acogida, al no evidenciarse que se haya incurrido en alguna causal de nulidad contemplada en el artículo 10 del TUO de la LPAG. Al haberse observado el debido proceso en el presente procedimiento administrativo.

Conforme lo establece el numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5 de la LGIT, los inspectores del trabajo están investidos de autoridad y facultados para requerir al sujeto responsable que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento. Sobre ello, el numeral 13.5 del artículo 13 del RLGIT establece que, dichas medidas, se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refiere los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13 del mismo reglamento.

A su vez, el numeral 20.3 del artículo 20 del RLGIT, ha establecido que las medidas de requerimiento son órdenes dispuestas, por la inspección del trabajo, para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Así como que éstas pueden consistir en ordenar al empleador, siempre que se fundamente en el incumplimiento de la normatividad legal vigente, la paralización o prohibición inmediata de trabajo o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, entre otras.

Como se evidencia de las normas glosadas, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento administrativo sancionador (PAS).

Cabe indicar que, la inobservancia o incumplimiento de la medida de requerimiento genera la infracción calificada como muy grave a la labor inspectiva, prevista en el inciso 46.7 del artículo 46 del RLGIT, por no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas para el cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral. Asimismo, cabe precisar que, esta infracción a la labor inspectiva se generaría con independencia y en forma adicional a las identificadas dentro del marco de la ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y de seguridad y salud en el trabajo.

En esa línea argumentativa, de conformidad con el precedente administrativo de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2022- SUNAFIL/TFL, publicado el 06 de mayo de 2022 en el diario oficial El Peruano, la evaluación de los alegatos relativos a las medidas inspectivas de requerimiento deben de encontrarse vinculadas bajo los siguientes aspectos:

En ese sentido, de la revisión de los actuados se observa que el inspector comisionado emite la medida inspectiva de requerimiento de fecha 02 de setiembre de 2021, otorgando un plazo de cinco (05) días hábiles a la impugnante para que cumpla con subsanar su conducta, advirtiéndose que el incumplimiento de dicha medida constituiría infracción a la labor inspectiva, sancionable con una multa. Sin embargo, conforme consta

En tal sentido, debe mantenerse la sanción impuesta por la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT y desestimarse todos los argumentos dirigidos a cuestionar este extremo; por lo que se encontraba en el deber de cumplir con lo dispuesto por la autoridad inspectiva, al no evidenciarse una vulneración en la emisión de la medida inspectiva de requerimiento, que transgreda lo dispuesto por el artículo 14 de la LPAG y el numeral 17.2 del artículo 17 y 20.3 del RLGIT, en los términos alegados por la impugnante.

Siendo que, se observa la razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida inspectiva de requerimiento, toda vez que no se aprecia que la inspección del trabajo haya tomado conocimiento de la imposibilidad del cumplimiento sobre la acreditación del cumplimiento del procedimiento de modificación de jornada de trabajo, pues, conforme al documento denominado “ayuda memoria”13, la recurrente afirmó ante la inspección de trabajo haber cumplido con el procedimiento dispuesto en el artículo 2.2 del Decreto Ley Nº 854, sin embargo, no presentó algún documento que sustente su alegato, por lo que, valorando los documentos presentados, se emitió dicha medida dentro de las actuaciones inspectivas derivadas de la Orden de Inspección N° 2170-2021- SUNAFIL/SUNAFIL/IRE-PIU, a efectos de cumplir con el objeto materia de la inspección del trabajo. Figura Nº 02 Ayuda memoria

Por tanto, corresponde declarar infundado el recurso de revisión en este extremo, en tanto la impugnante no acreditó el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, conforme lo han determinado las instancias de mérito, al evaluar y valorar todas las documentales presentadas.

Asimismo, debe recordarse que la medida inspectiva de requerimiento no se agota en la sola presentación de documentos por parte del sujeto inspeccionado, sino que estos deben encontrarse, debidamente, sustentados en lo ordenado expresamente por la autoridad inspectiva.

Por tanto, estando a que la autoridad administrativa cumplió con el estándar de prueba fijado para el procedimiento administrativo sancionador, desvirtuando el principio de licitud del administrado, al determinar las infracciones incurridas por parte del sujeto inspeccionado, luego de la valoración presentada en la fase inspectiva y sancionadora; por lo que, correspondía al sujeto inspeccionado, en ejercicio de su derecho de

Siendo que, de los actuados, se advierte el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, la cual constituye una infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Por lo que, se debe desestimar todos los argumentos dirigidos a cuestionar este extremo.

La impugnante sostiene que se ha configurado un eximente de responsabilidad, pues, en tres requerimientos de información de fechas 02, 23 de agosto y 02 de setiembre de 2021, se le solicita acreditar el procedimiento de cambio de jornada de trabajo; sin que el primer requerimiento de información, se precise que lo solicitada estaba referido al procedimiento establecido en el Decreto Supremo Nº 007-2002-TR.

Al respecto, el literal e) del artículo 257 del TUO de la LPAG, establece lo siguiente:

En se sentido, se precia que la recurrente cuestiona que el primer requerimiento de información no habría sido precisa al señalar qué aspecto del procedimiento de la modificación de la jornada de trabajo se ordenaba en su exhibición; sin embargo, debe indicarse que no es materia del reproche administrativo algún incumplimiento por el primer de requerimiento de información, de fecha 02 de agosto de 2021; menos aún se ha determinado alguna sanción o reproche administrativo por este extremo.

Por tales razones, no se advierte que la administración haya inducido a error al administrado, menos que se haya emitido una disposición confusa o ilegal; en consecuencia, se debe desestimar los alegatos en este extremo.

Debe precisarse que lo que es materia del reproche administrativo es el incumplimiento al procedimiento en la modificación de jornada de trabajo, así como el incumplimiento a la medida de requerimiento de fecha 02 de setiembre de 2021, el cual, según refiere la impugnante en el numeral 4.20 de su recurso de revisión no tuvo dudas de su mandato, pues, este fue preciso al igual que el segundo requerimiento de información.

Asimismo, sobre las resoluciones administrativas invocadas por la recurrente, debe recordarse a la inspeccionada que conforme lo dispuesto en el Reglamento del Tribunal de Fiscalización, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2017-TR, el recurso de revisión se sustenta en la inaplicación, aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal, naturaleza que no contienen las resoluciones invocadas en el recurso de revisión, por lo que, no corresponde acoger sus alegatos en este extremo, ni evidenciarse una afectación al principio de predictibilidad o confianza legítima.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponde a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.