Karel Klean S.A.C — Res. 1115-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Planillas o registros que la sustituyan (sub materia: registro de trabajadores y otros en la planilla). soft 20555195444 soft CABALLERO SEGA Katty Angelica FAU 20555195444 soft

literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no facilitar la información solicitada mediante el requerimiento de información de fecha 28 de septiembre de 2021; tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 2,992.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no facilitar la información solicitada mediante el requerimiento de información de fecha 04 de octubre de 2021; tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 2,992.00.

i. Los requerimientos de información fueron atendidos fuera del plazo otorgado, pero se cumplió con la totalidad de la información requerida antes de la notificación de la imputación de cargos. Asimismo, no se ha determinado ninguna infracción laboral por parte de su representada, solamente se le sanciona por no haber cumplido dentro del plazo otorgado. ii. Se trae a colación la Resolución N° 550-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, de donde concluyen dos cosas: En primer lugar, el Tribunal señala que no solo basta que el inspector haya notificado los requerimientos a través de la casilla electrónica, sino que también debe emitirse las alertas respectivas, sin embargo, en el presente caso no se recibió las alertas a través del correo electrónico y/o el sistema de mensajería, tal como lo dispone el artículo 6 del D.S. N° 003-2020-TR. En segundo lugar, el numeral 46.3 del RLGIT, no se refiere a una mera omisión o falta de respuesta, sino a una conducta claramente establecida en la que el impugnante o su representante se niegan a entregar la información solicitada. En el presente caso, a pesar de no haberse cumplido con la notificación de las alertas, se cumplió con remitir toda la documentación requerida, aunque de manera extemporánea, pero antes de la notificación de la imputación de cargos.

2 Notificada a la impugnante el 14 de febrero de 2022, véase folio 222 del expediente sancionador.

adecuando el monto de la multa impuesta en la suma de S/ 1,012.00, por considerar los siguientes puntos:

i. De la información remitida por la OGTIC, con fecha 09 de febrero de 2022, se advierte que la inspeccionada registró sus datos en la casilla electrónica el día 29 de setiembre de 2021, es decir, con posterioridad a la notificación del primer requerimiento de información de fecha 28 de septiembre de 2021, asimismo, según se advierte de la constancia de envío de alerta, la inspeccionada sólo habría recibido la alerta correspondiente al segundo requerimiento de información notificado el día 04 de octubre de 2021. ii. En ese sentido, no se puede imputar a la inspeccionada la omisión de la obligación de atender el requerimiento de información notificado el 28 de octubre de 2021, por cuanto no recibió la notificación del documento remitido a la casilla electrónica a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, en su correo y/o mediante servicio de mensajería tal como lo ordena el artículo 6 del D.S. N° 003-2020-TR, por tanto, siguiendo el criterio interpretativo del Tribunal de Fiscalización Laboral sobre el particular, se concluye que no se ha configurado la negativa a colaborar con la labor inspectiva, recaída en el artículo 46.3 del RLGIT, correspondiendo acoger respecto al requerimiento de información de fecha 28 de setiembre de 2021, lo alegado a través del recurso interpuesto, dejando sin efecto la sanción impuesta. iii. Respecto del segundo requerimiento de información el día 04 de octubre de 2021, según lo informado por la OGTIC, la inspeccionada sí recibió la alerta de notificación electrónica, por tanto, queda demostrado que respecto a la notificación del segundo requerimiento de información se ha procedido conforme a lo establecido en el artículo 6 del D.S. N° 003-2020-TR, deviniendo en infundado este extremo del recurso interpuesto. iv. La LGIT como el RLGIT no han establecido expresamente respecto a las infracciones catalogadas en el artículo 46.3 del RLGIT, que para el cálculo de la multa deba considerarse la totalidad de los trabajadores de la inspeccionada, esta intendencia en reiterados pronunciamientos ha considerado pertinente considerar para el cálculo de la multa de aquellas infracciones catalogadas en el artículo 46.3 del RLGIT, el mínimo que establece el artículo 48.1 del citado dispositivo legal en función al número de trabajadores afectados, en ese sentido, y considerando que la sanción de multa por la infracción determinada se calculó en función de veinte trabajadores, resulta necesario reformularla calculándola de acuerdo al mínimo que establece el artículo 48.1 del RLGIT en la tabla correspondiente a la microempresa. Por tanto, corresponde aplicar en función a 0.23 UIT, ascendente a S/. 1,012.00.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE KAREL KLEAN S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 02 de marzo de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 012-2022-SUNAFIL/IRE-MOQ, señalando los siguientes alegatos:

i. De la verificación de los documentos obrantes en el expediente, se tiene que los requerimientos hechos por la entidad se realizaron el primero el 28 de septiembre de 2021, y el segundo el 04 de octubre de 2021. Ambos fueron cumplidos el 22 de octubre del 2021, fuera del plazo otorgado, pero se cumplió con la totalidad de la información requerida antes de la imputación de cargos. ii. En aquellos casos en los cuales el inspector empleó la notificación electrónica prevista por el SINEL-SUNAFIL, y no se tiene constancia del envío de las alertas por correo electrónico o por servicio de mensajería, según lo dispuesto por el artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, deberá dejarse sin efecto la sanción impuesta por aquellas infracciones derivadas del incumplimiento de los requerimientos remitidos a través del sistema de casilla electrónica, como es el caso de autos. iii. El numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, sanciona la negativa del sujeto inspeccionado o de sus representantes en facilitar la información y documentación necesaria, no de una mera omisión o falta de respuesta, sino una conducta claramente establecida en la que la impugnante o su representante se niegan a entregar la información solicitada. iv. En el caso de autos, al margen del procedimiento de notificación se trata de una omisión subsanada y no una conducta clara de negarse a entregar la información solicitada.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la notificación realizada mediante casilla electrónica

1. La obligatoriedad del uso de la casilla electrónica en los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL, independientemente del consentimiento del usuario para tal fin.

9 STC 00649-2002-AA/TC, 03793-2006-AA/TC, entre otras.

2. La validez y los efectos de la notificación, entendida ésta desde el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario en el SINEL-SUNAFIL; y, 3. La obligación del usuario de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada.

10 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 11 Artículo 6.- Asignación de la casilla electrónica La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) asigna al usuario una casilla electrónica en el Sistema Informático de Notificación Electrónica, la cual se constituye en un domicilio digital obligatorio para la notificación de los actos administrativos y/o actuaciones emitidas en el marco de sus funciones y competencias que correspondan ser informadas al administrado. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) comunica al usuario cada vez que se le notifique un documento a la casilla electrónica a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, en su correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería (énfasis añadido).

“11.1 La notificación se entiende válidamente efectuada con el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario. 11.2 La notificación surte efectos el día que conste haber sido recibida en la casilla electrónica o, en caso tal día sea no hábil, a partir del primer día hábil siguiente de haber sido recibida.”

En consecuencia, por un lado, se establece que el sólo depósito equivale a notificación válida y, por otra, que el administrado tiene derecho a recibir una alerta que le indique la existencia de dicho depósito (segundo párrafo del artículo 6 de la misma norma, antes citado).

12 Cfr. GUASTINI, Riccardo. "Antinomia y lagunas." Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Nº. (1999): 437-450, p. 437. Ubicable en https://revistas- colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/juridica/article/view/11388/10435 13 LPAG, artículo 1.8. El énfasis es añadido.

vinculadas a la Carta Magna, de modo que si ésta resuelve sobre asuntos de interés del administrado, y lo hace mediante procedimientos internos, no existe razón alguna para desconocer las categorías invocables ante el órgano jurisdiccional. (Cfr. STC 4889- 2004- AA)”14.

14 Citada por la sentencia del Exp. N° 8957-2006-PA/TC, fundamento jurídico 9. 15 Cfr. STC 00748-2012-PA/TC, fundamento jurídico 3. 16 Ibid. fundamento jurídico 4. 17 Loc. Cit. 18 Ley General del Procedimiento Administrativo General (LPAG), artículo 1.6. La importancia de este principio ha sido puesto de manifiesto por la Corte Suprema en la Casación N° 11434 – 2015 -CUSCO, fundamento jurídico 14. 19 STC 00020-2015-PI/TC, fundamento jurídico 19. 20 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo

Figura N°1:

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.8. Principio de buena fe procedimental. - La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental. (énfasis añadido)

Figura N°02:

Figura N°03

dispuesto en fecha 21 de octubre de 2021 por la Subintendencia de Actuaciones inspectivas. En ese sentido, no fue posible verificar dicha información, debido a que, la etapa investigatoria ya había concluido con la emisión del acta de infracción. 6.26 Al respecto, debemos precisar que, conforme a lo detallado precedentemente, el Inspeccionado fue correctamente notificado, a través de la casilla electrónica, el 04 de octubre del 2021, sin embargo, no cumplió con remitir la información solicitada por el personal inspectivo dentro del plazo establecido. Asimismo, el Sujeto inspeccionado no ha acreditado fehacientemente los motivos de la imposibilidad de cumplir con el envió de todos los documentos requeridos. Por lo que, la conducta materializada bien constituye una negativa a cumplir con el requerimiento de información válidamente notificado. Ahora bien, constituye responsabilidad de la inspeccionada el cumplimiento pleno de su deber de colaboración y en el caso en particular el cumplir con remitir toda la documentación solicitada. Sobre la conducta tipificada 6.27 De acuerdo al artículo 1 de la LGIT, las actuaciones inspectivas son las diligencias que la Inspección del Trabajo sigue de oficio, con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, para comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y poder adoptar las medidas inspectivas que en su caso procedan, para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales. Asimismo, “la función inspectiva, es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”. En ese entendido, el comportamiento del inspector comisionado debe orientarse al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad21. 6.28 Del mismo modo, numeral 15.1 del artículo 15 del RLGIT, establece: “Durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley”.

21 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

22 LGIT, “Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar las investigaciones del inspector y obstaculizar o impedir la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical (…). 23 TUO de la LPAG, “Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa: La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales (…) 4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras”.

administrativa cuando instruye un procedimiento sancionador y debe realizar la subsunción de una conducta en los tipos legales existentes”24. 6.33 Es necesario señalar que, conforme a los artículos 16 y 47 de la LGIT, los hechos constatados por los inspectores actuantes que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos que se establezcan, se presumen ciertos sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de sus respectivos derechos e intereses, puedan aportar los interesados. 6.34 Del mismo modo, es oportuno señalar que, este Tribunal mediante Resolución de Sala Plena N° 001-2021- SUNAFIL/TFL, que constituye precedente de observancia obligatoria, reconoce la naturaleza independiente de las infracciones contra la labor inspectiva, señalando: “los actos o hechos que impiden o dificulten la labor inspectiva y que se consignan en el acta de infracción, constituyen infracciones que no tienen una naturaleza secundaria, adjunta ni dependiente respecto de posibles infracciones ocurridas y detectadas en la visita inspectiva, referentes a aspectos sustantivos objeto de control por la inspección del trabajo”. Por lo que, su configuración se efectúa independientemente de las infracciones al ordenamiento jurídico sociolaboral o en materia de SST, que se detecten. 6.35 Sin perjuicio de lo señalado, si se toma en consideración que la conducta reprochable radica en una falta de colaboración por parte del sujeto inspeccionado, en el presente caso se puede verificar que la imputación de responsabilidad, sustentada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, resulta pertinente tomando en cuenta que se aprecia de las actuaciones de la inspeccionada, una negativa expresa a remitir la información con la que cuenta y que fue requerida por el inspector actuante, puesto que, conforme se ha mencionado, el Sujeto inspeccionado fue notificado con el requerimiento de información el 04 de octubre del 2021, sin embargo, no ha acreditado que exista algún motivo de fuerza mayor que justifique porque no presentó la información solicitada dentro del plazo brindado por el personal inspectivo, a pesar que tuvo conocimiento oportuno del mismo. 6.36 En ese orden de ideas, se ha podido determinar que el comportamiento de la Inspeccionada impidió que el personal inspectivo cumpla con el objetivo de la inspección. Por tanto, la conducta del Sujeto inspeccionado conllevó a que se frustre la fiscalización efectuada. Así tenemos que aun cuando el Sujeto inspeccionado alegue que cumplió con el requerimiento de fecha 04 de octubre del 2021, mediante escrito de fecha 22 de octubre del 2021, dicha documentación fue exhibida después del cierre de la orden de inspección, la cual se produjo el 21 de octubre del 2021. Por tanto, había concluido la etapa investigatoria.

24 MORÓN URBINA, “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 4 edición. Tomo II., p. 421.

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Labor inspectiva No remitir, a través de la casilla electrónica, la documentación requerida en fecha 04 de octubre del 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019- 2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por KAREL KLEAN S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 012-2022-SUNAFIL/IRE-MOQ, emitida por la Intendencia Regional de Moquegua dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 283-2021-SUNAFIL/IRE.MOQ, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 012-2022-SUNAFIL/IRE-MOQ, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, por no facilitar la

información solicitada mediante el requerimiento de información de fecha 04 de octubre de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a KAREL KLEAN S.A.C., y a la Intendencia Regional de Moquegua, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente KATTY ANGÉLICA CABALLERO SEGA

20221130MLA