Junta de Usuarios del Sector Hidraulico Menor Jequetepeque-clase — Res. 884-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Hostigamiento y Actos de Hostilidad (Sub materia: otros hostigamientos). 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa del sujeto inspeccionado de facilitar al inspector de trabajo la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones, a través del requerimiento de información notificado el 19/11/2021 tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa del sujeto inspeccionado de facilitar al inspector de trabajo la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones, a través del requerimiento de información notificado el 26/11/2021tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/11,572.00.

i. Que, se atribuyó a la administrada la negativa a facilitar información requerida mediante requerimiento de información en dos oportunidades, hecho que no concuerda con la realidad pues, el incumplimiento de los requerimientos de información de fechas 19 y 26 de noviembre de 2021, se debió a la imposibilidad de acceder óptimamente a la casilla electrónica y tomar conocimiento de las actuaciones inspectivas realizadas. ii. En marzo de 2021 hizo un cambió en su asesoría legal, la cual se encargaba de la revisión y atención de notificaciones de la casilla electrónica de Sunafil, siendo que, la mencionada asesoría se llevó a cabo hasta el 19 de septiembre de 2021, una vez terminado su patrocinio está continuó asumiendo la revisión y atención de las notificaciones a la casilla electrónica, situación que se sostuvo hasta enero de 2022, obviando dar respuesta a los requerimientos de información de fechas 19 y 26 de noviembre de 2021. iii. Refiere que esa época estaba atravesando por un periodo de transición respecto a la nueva elección de Consejo Directivo por ello no pudo dar respuesta a los requerimientos de información notificados mediante casilla electrónica, de igual forma, no se contaba con la información relacionada al usuario y clave del acceso de la casilla electrónica, agregando que por el cambio de asesoría legal no pudo tener acceso a la casilla hasta enero de 2022. iv. Por otro lado, la administración señaló que, mediante resolución de subintendencia se tomo conocimiento de la emisión de los requerimientos de información dentro del plazo máximo para la información solicitada, teniendo como fecha de descarga dichos

requerimientos el 30 de noviembre de 2021, no obstante, no se cumplió con adjuntar la documentación requerida, incurriendo en falta de colaboración. v. El primer requerimiento fue notificado con fecha 19 de noviembre de 2021, y el personal inspectivo estableció como plazo de respuesta 4 días hábiles, de modo que, se tenia como fecha límite de presentación el 25 de noviembre de 2021; en ese sentido, la inspeccionada no se encontraba dentro del plazo para dar cumplimiento al primer requerimiento, siendo erróneo lo señalado por la administración en la resolución apelada. vi. Que al haber hecho la revisión de la casilla contando con un día para presentar la documentación requerida, el hecho carece de razonabilidad, dado que la información y documentación solicitada no podía ordenarse y adjuntarse en dicho plazo. vii. El actuar de la mala fe de la asesoría legal externa como la no inscripción en registros, son hechos de caso fortuito, constituyendo así una casusa eximente por infracciones administrativas, ya que, son hechos extraordinarios en tato no se tratan de sucesos que se evidencien en el desarrollo normal de las funciones de la administrada. viii. Los hechos eran imprevisibles toda vez que no había forma alguna de que mediante actos de precaución normales o comunes se pudiera prevenir la male fe de la asesoría legal contratada y no comunicara sobre los requerimientos a la administrada, del mismo modo que, tampoco se pudo prevenir que, por cuestiones de la oficina de Registros Públicos, no se pudiera llevar a cabo la oportuna y adecuada inscripción- ix. Ante ello, la administración en la resolución apelada reitera que, un inspector de trabajo emite y notifica un requerimiento de información con la finalidad del correcto desarrollo de las actuaciones inspectivas, siendo que, tiene un día y hora máxima de cumplimiento, a excepción que exista una situación de fuerza mayor o caso fortuito no imputable al administrado, hechos que se presentaron en el presente caso. x. Que no hubo afectación al trabajador, ya que la afectación del caso en cuestión ocurre del incumplimiento de los requerimientos de información. xi. En cuanto al derecho de defensa y debido procedimiento, la administrada presentó el escrito de descargos con fecha 17 de junio de 2022, documento donde se señaló que, el incumplimiento de los requerimientos de información obedeció a hechos ajenos a las actuaciones de la administrada.

i. Los requerimientos de información fueron depositados a la casilla electrónica de la empresa inspeccionada, todos los dispositivos leales se encuentran debidamente publicados en el Diario Oficial El Peruano; por tanto, dichas normas son de público conocimiento, por ello, al ser responsabilidad del administrado el conocer lo dispuesto

2 Notificada a la impugnante el 16 de enero de 2023.

en las normas citadas y siendo que ésta pudo tomar conocimiento sobre los alcances de la implementación de la casilla electrónica no se advierte la falta de razonabilidad. ii. No obstante, mas allá de los impedimentos o no que se suscitaron, ello no logra que se le exima de la responsabilidad a la administrada por no responder los requerimientos de información pues pudo otorgar poder a otra persona para que responda y tenga la obligación de revisar periódicamente el sistema de casilla electrónica; sin embargo, no adoptó las medidas necesarias y diligentes que le permitieran cumplir oportunamente con los requerimientos de información. iii. La administrada tuvo conocimiento pleno de las notificaciones de los requerimientos de información, toda vez que, en su escrito de apelación precisa que, descargó el día 30 de noviembre de 2021 los requerimientos cuando la presentación del primer requerimiento ya había pasado y solo le quedaba un día para responder el segundo requerimiento de información, ante ello pudo solicitar una ampliación de plazo. iv. El Inspector comisionado determinó en el acta de infracción que, el fin de las actuaciones no se cumplió, no siendo posible comprobar si existió una afectación al trabajador porque el sujeto inspeccionado no remitió la información solicitada. v. Quedo acreditado que la administrada incurrió en infracción a la labor inspectiva y a razón de ello se le impuso sanción, no existe agravio con la resolución apelada al haber sido expedida conforme a ley y con la fundamentación apropiada pues se ha verificado que se ha desarrollado la investigación inspectiva y el procedimiento sancionador dentro de los lineamientos de la legalidad y observándose las garantías respectivas. vi. Se advierte que la resolución apelada recoge el análisis efectuado por la autoridad instructora, al haber evaluado el alegato del proceso de transición a causa de la elección del nuevo consejo directivo y el no cumplimiento de la información solicitada en ambos requerimientos, debido a la falta de conocimiento de los mismos, por eso no es cierto que se hayan vulnerado los derechos de debido procedimiento y derecho a la defensa cuando las instancias anteriores han valorado los argumentos de los descargos presentados en su oportunidad por la impugnante

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR JEQUETEPEQUE-CLASE A

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal.

corresponde analizar los argumentos planteados por JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR JEQUETEPEQUE-CLASE A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 3 de febrero de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 020-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, señalando los siguientes alegatos:

i. El incumplimiento a los requerimientos de información, no se dio en razón al actuar mal intencionado de ocasionar una obstrucción a la labor inspectiva o de no dar cumplimiento a los requerimientos, la falta de presentación de la información o documentación obedeció a hechos ajenos, no existió mala fe, no pudiendo entenderse de ello que se negó a presentar la información requerida. ii. La norma establece que debe existir una negativa por parte de la institución o sujeto inspeccionado respecto a proporcionar la información o documentación solicitada por el personal inspectivo; sin embargo, se puede evidenciar que no existe una negativa expresa a proporcionar la información requerida por el personal inspectivo, no existiendo actuar de mala fe, existe una calificación errónea por parte de la autoridad administrativa al considerar que se ha incurrido en la infracción tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del Reglamento, dado que no se presenta la conducta configurativa del tipo referido a la negativa, habiendo la autoridad administrativa incurrido en una incorrecta tipificación de la infracción, soslayando el principio de tipicidad, el derecho de defensa, al debido procedimiento y la inalterabilidad de los hechos imputados, . iii. Al no encontrarse debidamente tipificada la infracción en la que aparentemente ha incurrido su representada con su actuar negligente, se evidencia una clara vulneración al principio de tipicidad, reiteran que en ningún momento se expresó dicha negativa de facilitar la información al inspector comisionado, de modo que, al no existir tal, no puede considerarse que se haya incumplido. iv. En ese sentido, se puede apreciar que existe una clara vulneración del debido procedimiento, pues se ha visto soslayado el principio de tipicidad al atribuirse una conducta ajena a la realidad. v. Que no se ha cumplido con el test de razonabilidad, pues la sanción aplicada no resulta adecuada en tanto no se ha demostrado que exista la conducta atribuida como infractora, la sanción carece de coherencia, la conducta de la institución no constituye una falta que merezca ser sancionada con severidad, no estando de acuerdo a los estándares de proporcionalidad que debe existir entre la infracción cometida y la sanción impuesta. vi. Se evidencia una inaplicación y aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, como un apartamiento inmotivado de los precedentes, al imputar a su representada una infracción que no le corresponde, se corrobora una vulneración del debido procedimiento consagrado en el artículo 139 de la Carta Magna.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la aplicación de las disposiciones vigentes y el principio de razonabilidad como manifestación de la proporción de los medios y fines que persigue la Administración Pública del Trabajo

a. El objeto del citado cuerpo normativo regula el uso obligatorio de la notificación vía casilla electrónica (artículo 1º). b. La casilla electrónica se constituye como un domicilio digital obligatorio para efectos de la notificación (artículo 6º, primer párrafo). c. La SUNAFIL tiene la carga de comunicar al usuario cada vez que se le notifique un documento a través de alertas dirigidas al correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería (artículo 6º, segundo párrafo). d. Los usuarios tienen la obligación de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada a efectos de tomar conocimiento de los documentos y/o actos administrativos que se les notifiquen (artículo 8. 1º). e. El contenido de la notificación vía casilla electrónica debe contener cinco elementos, sin que —entre ellos— se haya previsto a la alerta referida antes (artículo 9º). f. La validez de la notificación se produce con el depósito del documento en la casilla electrónica (artículo 11. 1º). 6.5 Es también relevante para el análisis sobre la obligatoriedad de la casilla electrónica que el Decreto Supremo Nº 003-2020-TR, emitió, en su Primera Disposición Complementaria

Final, un cronograma para su implementación. El mismo fue aprobado a través de la Resolución de Superintendencia Nº 058-2020-SUNAFIL e, incluso, fue modificado posteriormente por la Resolución de Superintendencia Nº 114-2020-SUNAFIL. Asimismo, se aprecia que la propia SUNAFIL ha procurado la difusión de esta obligación, lo que fluye por ejemplo de materiales instructivos que datan de julio de 20209 los que se han replicado en diversos otros medios, incluyendo las redes sociales. Así, el cumplimiento del deber estatal de dar publicidad a las normas se halla suficientemente cumplido, pues conforme ha anotado la doctrina:

“Sólo puede reputarse "publicitada" una norma cuando hay la posibilidad de que sea conocida por todos por haberse usado los medios necesarios para su divulgación. Esa posibilidad, precisamente, produce un efecto jurídico fundamental: el precepto se convierte en norma ya que por la "publicidad" (que es el resultado, estado o calidad) el precepto alcanza, simultáneamente, "existencia" en el mundo del derecho”10

“7. No cabe duda entonces que el requisito de la publicidad, tanto de las leyes como de las normas con rango de ley, tiene por objeto la difusión de su contenido de manera que todos tengan conocimiento de aquella y pueda exigirse su cumplimiento obligatorio, dentro del ámbito territorial correspondiente”.

9 Al respecto, véase el siguiente enlace el cual se encuentra en la cuenta institucional de YouTube de SUNAFIL denominado: “Guía del usuario para el envío de respuestas a las cartas inductivas”, de fecha 27 de julio de 2020: publicados). https://www.youtube.com/watch?v=ZvndX6G6yfE&t=2s 10 Paniagua Corazao, V. (1987). La publicidad y publicación de las normas del Estado (El caso de los Decretos Supremos no publicados). THEMIS Revista de Derecho, (6) 18. Recuperado a partir de: https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/11489.

“28. Ahora bien, el derecho al debido proceso en el ámbito administrativo sancionador garantiza, entre otros aspectos, que el procedimiento se lleve a cabo con estricta observancia de los principios constitucionales que constituyen base y límite de la potestad disciplinaria, tales como el principio de legalidad, tipicidad, razonabilidad y, evidentemente, el principio de publicidad de las normas. Estos principios garantizan presupuestos materiales que todo procedimiento debe satisfacer plenamente, a efectos de ser reputado como justo y, en tal sentido, como constitucional”.

Sobre el deber de colaboración a la labor inspectiva 6.10 Sobre el particular, el TUO de la LPAG establece que “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental”11 (énfasis añadido).

11 Principio de buena fe procedimental regulado en el numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG.

tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad12.

• Se aprecia el documento denominado “REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LAS ACTUACIONES INSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN” de fecha 19 de noviembre de 2021, en la que se precisa la información requerida y el apercibimiento en caso de incumplimiento constituirá infracción a la labor inspectiva sancionable con multa; y la “Constancia de notificación vía casilla electrónica” notificada en la casilla electrónica de la impugnante en el mismo día, con lo cual se deja constancia del depósito del referido documento, conforme se puede apreciar a continuación:

12 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

Imagen N° 01

• Igualmente, se aprecia el documento denominado “REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LAS ACTUACIONES INSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN” de fecha 26 de noviembre de 2021, en la que se precisa la información requerida y el apercibimiento en caso de incumplimiento constituirá infracción a la labor inspectiva sancionable con multa; y la “Constancia de notificación vía casilla electrónica” notificada en la casilla electrónica de la impugnante en el mismo día, con lo cual se deja constancia del depósito del referido documento, conforme se puede apreciar a continuación: Imagen N° 02 -

• Se aprecia también, en aplicación del principio de verdad material13, consultando en el aplicativo14 de “Consulta de Notificaciones” implementado por la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OTIC) de la SUNAFIL, que la impugnante había tenido accesos previos a la casilla, así como había registrado un

13 Artículo IV del TUO de la LPAG 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 14 https://aplicativosweb6.sunafil.gob.pe/si.consultaNotificacion/accesosEmpresa

correo electrónico: ANTONYRT13@HOTMAIL.COM , donde le habrían llegado las alertas de notificación correspondiente, conforme se ve de las siguientes imágenes:

Imagen N° 03

Imagen N° 04

Imagen N° 05 Alerta de notificación del requerimiento del 19.11.2021

Imagen N° 06 Alerta de notificación del requerimiento del 26.11.2021

Sobre la conducta tipificada 6.20 Entre los argumentos del recurso de revisión, se objeta el tipo infractor imputado, al sostener que no se configuró una infracción a la labor inspectiva; es ese sentido, afirma que no se ha realizado una adecuada tipificación. Para examinar al tipo sancionador controvertido en el recurso impugnatorio presentado ante esta Sala, es preciso partir de la comprensión del principio de tipicidad, del bloque de legalidad que la Constitución integra.

15 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa: La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales (…) 4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras”. 16 MORÓN URBINA, “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 4 edición. Tomo II., p. 421.

formación básica, comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción en una determinada disposición legal”17.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

17 Vid. Sentencia del 11 de octubre de 2004 recaída en el Expediente N° 2192-2004-AA/TC, segundo párrafo del fundamento jurídico 5.

Sobre la gradualidad de la sanción

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 3. Razonabilidad. - Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación: a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción; b) La probabilidad de detección de la infracción; c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; d) EI perjuicio económico causado; e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción. f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Labor Inspectiva Por la negativa del sujeto inspeccionado de facilitar al inspector de trabajo la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones (respecto del requerimiento de información notificado vía casilla electrónica en fecha 19 de noviembre de 2021) Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE Labor Inspectiva Por la negativa del sujeto inspeccionado de facilitar al inspector de trabajo la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones (respecto del requerimiento de información notificado vía casilla electrónica en fecha 26 de noviembre de 2021) Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE: PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR JEQUETEPEQUE-CLASE A en contra de la Resolución de Intendencia N° 020-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, de fecha 13 de enero de 2023, emitida por la Intendencia Regional de La Libertad, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 139-2022-SUNAFIL/IRE-LIB, por los fundamentos expuestas en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 020-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, en todos sus extremos. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia. CUARTO. - Notificar la presente resolución a JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR JEQUETEPEQUE-CLASE A y a la Intendencia Regional de La Libertad, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA