Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Mejor Jequetepeque – Clase — Res. 890-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Vacaciones); Remuneraciones (Sub materia: pago de la remuneración (Sueldos y Salarios); y, Gratificaciones); Certificado de trabajo (Sub materia: Incluye todas); Bonificación no remunerativa (Sub materia: Incluye todas); y, Compensación por tiempo de servicios (Sub materia: Depósito de CTS). 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft Auscultación), para verificar el pago de la liquidación de beneficios sociales, entre otros.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa a facilitar el requerimiento de información solicitada el 03 de mayo de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa a facilitar el requerimiento de información solicitada el 15 de mayo de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. Alegan que, si bien la información requerida por el personal inspectivo no fue presentada oportunamente, no obedeció a una negativa, pues, a la fecha de los requerimientos, si contaban con la información solicitada, sino que se debió a la mala fe del denunciante, Segundo Reyna Marín, pues al momento que interpuso la denuncia, el abogado que patrocinó al denunciante, era el asesor legal de la institución. ii. Refieren que, en los descargos presentados contra la Imputación de Cargos N° 696-2021-SUNAFIL/IRE-LIB/SIAI, ya se ha presentado la información solicitada en los requerimientos de información notificados el 03 y 17 de mayo de 2021. iii. Señalan que, se presentó una transacción judicial respecto al Expediente N° 31- 2016, ante el Poder Judicial; asimismo, menciona una investigación penal en la carpeta fiscal N° 1394-2019, en la Fiscalía Mixta de Pacasmayo y el expediente judicial N° 451-2019, ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de San Pedro de Lloc. Finalmente, refiere que se ha hecho una correcta liquidación de beneficios sociales al denunciante, pese a que, se le otorgó licencia sin goce, al tratarse de persona vulnerable.

iv. Respecto al derecho de defensa, precisan que el fin del vínculo laboral fue hasta el 09 de diciembre de 2020, que en febrero de 2021 se ingresa la solicitud de liquidación de beneficios sociales y la denuncia del recurrente ante la SUNAFIL, no solicitándola ante la empresa, siendo que en dicho periodo la inspeccionada se encontraba asesorada por el abogado que había sido el patrocinador del señor Reyna Marín, en el proceso contenido en el Expediente N° 31-2016. v. Refieren que no se han considerado los argumentos de su escrito de descargos, vulnerando su derecho de defensa, pues el Informe Final de Instrucción, solo menciona respecto de los requerimientos de información, sin pronunciarse sobre la posibilidad de la empresa de presentar la información, y sobre el actuar de mala fe del denunciante. vi. Finalmente, alegan que, la SUNAFIL debe adoptar una postura objetiva durante el procedimiento, lo cual, no ha ocurrido, al afectar la debida motivación sin analizar los argumentos expuestos, afectando el principio del debido proceso y derecho de defensa.

i. En el presente caso, de acuerdo a lo consignado en los numerales 4.1 al 4.4 del Acta de Infracción, el personal inspectivo dejó constancia que, en fechas de 03 y 17 de mayo de 2021, se notificó a la inspeccionada, los requerimientos de información pertinentes mediante uso de Casilla Electrónica, los mismos que contaban con fecha máxima de respuesta los días 06 y 21 de mayo de 2021, respectivamente. Sin embargo, de la revisión del sistema, el comisionado advierte que la inspeccionada incumplió con remitir información solicitada en el plazo establecido a pesar de encontrarse válidamente notificada; por lo cual, se obstruyó la labor del personal comisionado para verificar el cumplimiento de la normativa laboral objeto de inspección, configurándose dos infracciones a la labor inspectiva, una por cada cumplimiento. ii. Al respecto la apelante detalló que, en fecha 04 de octubre de 2021, presentó la información de los requerimientos de información notificados mediante Casilla Electrónica, solicitada por el inspector comisionado, y con la finalidad de dar cumplimiento a los mismos, se procedió a presentar la documentación, cumpliendo con el deber de colaboración. iii. En el presente caso, si bien la inspeccionada refiere que remitió la información requerida por el personal comisionado en la presentación de los descargos a la Imputación de Cargos, dicha presentación fue extemporánea, y no desvirtúa

2 Notificada a la impugnante el 04 de julio de 2022, véase folio 90 del expediente sancionador. las infracciones propuestas puesto que las infracciones cometidas por la inspeccionada son de naturaleza insubsanable. iv. Por otra parte, en el numeral 4.5 del Acta de Infracción N° 509-2021- SUNAFIL/IRE-LIB, el inspector comisionado dejó constancia que la materia objeto de inspección no pudo ser verificada al no obtener la información requerida por parte de la empresa inspeccionada. v. Asimismo, la apelante añadió que el incumplimiento se debió a la mala fe del denunciante, pues al momento que se interpuso la denuncia contra la inspeccionada; quien se encontraba asumiendo la asesoría legal de la institución, era el abogado que patrocinó al denunciante en el proceso contra la inspeccionada; sin embargo, independientemente de los temas internos que atravesó la empresa, ello no desvirtúa las infracciones propuestas, ya que los temas empresariales o civiles son de exclusiva responsabilidad de la inspeccionada, y si considera algún comportamiento “no profesional” de sus empleados, puede recurrir a las autoridades competentes. vi. Adicionalmente, conforme a la Ley N° 28806 y su Reglamento, cuando se recibe una denuncia por hechos que presuntamente constituirían infracciones administrativas, la SUNAFIL, tiene la obligación de atenderla; por tanto, si la empresa considera que, el denunciante presentó su denuncia con mala fe u otro motivo, tiene expedito el derecho para acudir a la vía judicial correspondiente. vii. Asimismo, la apelante señaló que, presentó una transacción judicial ante el Poder Judicial, así como, sobre una investigación penal y el expediente judicial 451-2019, señalando que han hecho una correcta liquidación de beneficios sociales al denunciante. No obstante, el presente procedimiento sancionador versa sobre infracciones a la labor inspectiva, respecto de la negativa de brindar información requerida a través de dos requerimientos de información de fechas 03 y 17 de mayo de 2021, no sobre materias sociolaborales (pago de beneficios sociales, entre otros). viii. De otro lado, respecto a lo alegado que no se consideraron sus argumentos de descargos a la Imputación de Cargos, lo señalado no se ajusta a la realidad, puesto que la fase instructora a través del Informe Final N° 950-2021- SUNAFIL/IRE-LIB/SIAI, evaluó dichos descargos y fueron desestimados conforme los argumentos señalados en dicho Informe Final, ya que dichos descargos presentados en su oportunidad no desvirtúan las infracciones propuestas.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Artículo 14 del Decreto Supremo N° 016-2017-TR.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MEJOR JEQUETEPEQUE – CLASE A

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 25 de julio de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 154-2022-SUNAFIL/IRE-LIB, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que es el mismo numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT que establece que debe existir una negativa por parte de la inspeccionaba respecto a proporcionar la información o documentación solicitada por el personal inspectivo; sin embargo, se puede evidenciar, tanto de las actuaciones inspectivas, como de lo señalado y fundamento en sus descargos y apelación, que no existe una negativa expresa a proporcionar la información requerida por el personal inspectivo, sino que, al contrario, lo que pretendieron fue aportar la documentación con la que, reiteran, si contaban, pero que, por motivos ajenos a su actuación, no pudo ser presentada oportunamente; por lo que, existe una calificación errónea por parte de la autoridad administrativa a considerar que han incurrido en la infracción tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, pues no se presenta la conducta configurativa del tipo, referida a la negativa, lo que vulnera el principio de tipicidad, el derecho de defensa al debido procedimiento y la inalterabilidad de los hechos imputados. ii. Invocan la Resolución N° 012-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, emitida por el Tribunal de Fiscalización Laboral, que señala que en el ámbito del derecho sancionador estatal corresponde tomar en cuenta el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N° 2192-2004-AA/TC, para así vincular al test de razonabilidad en la evaluación de la responsabilidad administrativa, lo que a su consideración no ha sido debidamente analizado y aplicado, pues la sanción aplicada no resulta adecuada en tanto no se ha demostrado que exista la conducta atribuida como infractora, siendo la sanción que se pretende aplicar una que carece de coherencia, así como, la conducta desplegada no constituye una falta que merezca ser sancionada con la severidad con la que se pretende, no estando de acuerdo a los estándares de proporcionalidad que debe existir entre la infracción cometida y la sanción impuesta. iii. Alegan que, se evidencia, tanto una inaplicación y aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, como un apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral al imputar una infracción que no corresponde, identificando erróneamente el tipo en el que presuntamente se ha incurrido, del mismo modo en que se corrobora una vulneración del derecho al debido procedimiento consagrado como derecho constitucional en el artículo 139° de nuestra Carta Magna. iv. Respecto a la imposibilidad de atención de los requerimientos de información de fecha 03 y 15 de mayo de 2021, señalan que, no se ha tenido en consideración el artículo 257 del TUO de la Ley N° 27444, así como el artículo 47-A del RLGIT, en tanto que, si bien se ha acreditado una imposibilidad sobre tomar conocimiento respecto de ambas notificaciones, la autoridad administrativa precisa que dicho impedimento no constituye una razón, a que el hecho obedece a un problema interno, del mismo modo en que señala que es deber del agente inspeccionado revisar periódicamente la casilla electrónica; sin embargo, es la misma autoridad administrativa la que señala en su considerando 19 de la Resolución de Intendencia, que “resulta imperativo que la administrada ejerza sus obligaciones, no con la intención de otorgar validez al procedimiento inspectivo y sancionador, sino con la necesidad que la misma pueda hacer valer sus derechos y evitar futuras contravenciones a las normas legales”. v. Precisan que, en el entendido de que la revisión periódica de la casilla electrónica se lleve a cabo con el fin principal de que pueda efectuar cabal y efectivamente sus derechos, tanto de defensa, como al debido procedimiento; el hecho de que el actuar negligente y de mala fe de terceros afecte el pleno ejercicio de dichos derechos, evidencia que éstos están siendo vulnerados; por lo que, al haber sido expresada la causa que justifica la inatención de los requerimientos de información, aún más cuando esta sobrepasa el fin que la notificación de los mismos persigue, debe desestimarse que hubo una falta por su parte. En tal sentido, alegan que, tratándose de un hecho propiciado por terceros, ajenos al desarrollo de sus actividades propias, los incumplimientos a los requerimientos de información constituyen un hecho de caso fortuito. vi. Por último, señalan que es un hecho extraordinario, en tanto no es un suceso que evidencia el desarrollo normal de sus funciones, es imprevisible, toda vez que no había forma alguna de que, mediante actos de precaución normales o comunes, se puede prevenir, dado que, habiendo establecido una relación contractual con el asesor legal, se confía en que éste actuara y se desempeñara con buena fe y probidad; así como se trata de un hecho irresistible, pues no hubo forma o método razonable mediante el cual, el hecho suscitado haya podido ser evitado en el momento en el que se desencadenó, dado que se confió la revisión de la casilla, así como brindar atención necesaria a lo requerido por la autoridad administrativa. Por tanto, se evidencia que se

está ante un supuesto de caso fortuito, correspondiendo que se deje sin efecto la Resolución de Intendencia.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el deber de colaboración a la labor inspectiva

9 TUO de la LPAG, Título Preliminar, Artículo IV, Numeral 1.8. orientarse al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su Reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad10.

10 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

- A folio 3, se aprecia el documento denominado “Requerimiento de Información para las actuaciones inspectivas de investigación”, de fecha 03 de mayo de 2021; y, a folios 4 la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, depositada en la Casilla Electrónica de la impugnante el 03 de mayo de 2021, con lo cual se deja constancia del depósito del referido documento, conforme se puede apreciar a continuación:

Figura 01:

- Así también, se aprecia a folio 9, el documento denominado “Requerimiento de Información para las actuaciones inspectivas de investigación”, de fecha 15 de mayo de 2021; y, a folios 10 la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, depositada en la Casilla Electrónica de la impugnante el 17 de mayo de 2021, con lo cual se deja constancia del depósito del referido documento, conforme se puede apreciar a continuación:

Figura 02:

11 RGLIT Artículo 15.- Deberes de colaboración con los inspectores del trabajo 15.1 Durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley.

establecieron precisiones respecto de la demora en la respuesta de los requerimientos de información y la tipificación propuesta, inicialmente planteados mediante los fundamentos 15 y 16 de la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL.

12 TUO de la LPAG Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. cada empleador fiscalizado, reconociendo en la prexistencia de comunicaciones entre dicho administrado o de sus representantes y los servidores de la inspección del trabajo a un valor necesario para procurar contacto bajo estos canales, cuando exista la autorización correspondiente (expresa o tácita). En ese sentido, el proceder del personal inspectivo debe conducir, al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su reglamento, agotando todos los medios necesarios para lograr el objetivo de la orden de inspección.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Labor inspectiva La negativa a facilitar el requerimiento de información solicitada el 03 de mayo de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE Labor inspectiva La negativa a facilitar el requerimiento de información solicitada el 15 de mayo de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MEJOR JEQUETEPEQUE – CLASE A, en contra de la Resolución de Intendencia N° 154-2022-SUNAFIL/IRE-LIB, de fecha 30 de junio de 2022, emitida por la Intendencia Regional de La Libertad, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 546-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 154-2022-SUNAFIL/IRE-LIB, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a la JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MEJOR JEQUETEPEQUE – CLASE A, y a la Intendencia Regional de La Libertad, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20230913MCR