Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Mejor Jequetepeque – Clase — Res. 804-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Compensación por Tiempo de Servicios (Sub materia: Depósito de CTS). 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft 1.2 Que, mediante Imputación de Cargos N° 960-2021-SUNAFIL/IRE-LIB/SIAI-IC, de fecha 30 de noviembre de 2021, notificada el 06 de diciembre de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa a facilitar el requerimiento de información de fecha 07 de julio de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa a facilitar el requerimiento de información de fecha 26 de julio de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. Señalan que, existió imposibilidad de acceder tanto a la información requerida, como a la casilla electrónica, para poder dar atención a los requerimientos, toda vez que, el local fue tomado por un grupo de agricultores (conforme obra en la constatación policial) desde el 01 de febrero de 2021 hasta el 14 de setiembre de 2021 (conforme consta en el Acta de Consejo Directivo), viéndose impedidos de responder, al no tener acceso a la documentación, como los depósitos y pagos de beneficios sociales, viéndose obligados a adoptar temporalmente otro local. ii. Lo manifestado fue desestimado por la primera instancia, al señalar que, la constatación policial sólo indicó desde el 03 de febrero de 2021; sin embargo, el Acta de Consejo Directivo es un documento interno; no obstante, en el mismo se dejó constancia que se ingresó con la presencia del Juez de Paz de la ciudad, a fin de dar cuenta del estado situacional del local, siendo ratificado por el Juzgado de Paz de Segunda Nominación, lo cual se adjuntó al recurso de apelación, asimismo, se puede verificar con el enlace de la entrevista de un diario, evidenciándose que se produjo hasta setiembre de 2021, verificándose una imposibilidad de fuerza mayor, por actuar de terceros. iii. Respecto al depósito de la CTS al trabajador, no pudo realizarse de manera efectiva, toda vez que la cuenta de CTS, no se encontraba activa, al haber

realizado el retiro de la totalidad del dinero, simulando el término del vínculo laboral, sin que tuvieran conocimiento del referido hecho, lo cual fue desestimado por la Sub Intendencia, al señalar que no se acreditó documentalmente; no obstante, se puede verificar en los documentos presentados, evidenciándose que ha incumplido su deber de adecuada valoración de los medios probatorios presentados, lo que afecta el debido procedimiento y el derecho de defensa.

i. Respecto de la presunta afectación al debido procedimiento, debe precisarse que, sobre los medios probatorios presentados por la apelante referido a la toma del local de la empresa, debe señalarse que, la propia administrada en su recurso de apelación, manifestó que la Sub Intendencia analizó el acta de constatación policial y desestimó el acta de Consejo Directivo, considerando injusto el criterio adoptado por dicha instancia, por lo tanto, se evidencia que, la apelada sí consideró, y analizó los medios probatorios presentados por la administrada. ii. Ahora bien, respecto del análisis de la documentación presentada para acreditar el pago o depósito de la CTS, debe señalarse que, en el presente procedimiento sancionador, no corresponde la actuación o evaluación sobre las materias a investigar, en tanto que, el presente procedimiento administrativo sancionador, versa sobre el incumplimiento de los requerimientos de información durante la tramitación de las actuaciones inspectivas efectuadas; por tanto, no corresponde el análisis del mismo, al versar sobre otra materia. iii. Sobre la negativa a brindar información a la labor inspectiva, debe precisarse que, respecto al Acta de Consejo Directivo, se trata de un documento interno; no obstante, se verificó que, con la presentación en el recurso de apelación del Acta de Constatación de fecha 14 de setiembre de 2021, se realizó la constatación de los bienes del local de la empresa; sin embargo, del contenido de la referida acta de constatación judicial, no se verifica ni se deja constancia que, el local se hubiere encontrado tomado por el grupo de agricultores. iv. Ahora bien, conforme el enlace de la entrevista realizada por un diario local, debe precisarse que, la misma se realizó en fecha 08 de setiembre de 2021; no obstante, de la misma se verifica manifestaciones que señalan respecto de la entrega de cargo de la junta directiva anterior de la junta, hacia la nueva junta

2 Notificada a la impugnante el 27 de junio de 2022, véase folio 46 del expediente sancionador. directiva, por la existencia de conflictos internos entre ambos, perjudicando la transferencia de funciones; por tanto, en efecto, se genera un indicio que el referido local, estuvo tomado por los mismos. v. No obstante, si bien dichos indicios generarían la posibilidad de la toma del local de la administrada; sin embargo, conforme al criterio de esta Intendencia, ello no justificaría el incumplimiento de la atención de los requerimientos de información, toda vez que, conforme a lo señalado en las normas especiales, los requerimientos fueron realizados de manera virtual, a través del Sistema de Casilla Electrónica, y por tanto, su atención también debió ejecutarse a través de la misma, no siendo necesaria la presencia física del representante o apoderado de la empresa. vi. Asimismo, si la administrada estaba presentando el problema descrito, sobre la toma del local por parte de agricultores, debió manifestarlo durante la tramitación de las actuaciones inspectivas, pudiendo presentar documentos o escritos de manera virtual, y la documentación suficiente para acreditar los hechos descritos. No obstante, la inspeccionada no presentó documento alguno ni respondió los requerimientos de información, verificándose una total desatención. vii. Respecto de la imposibilidad del depósito o pago de la CTS al trabajador, debe señalarse que, la finalidad de los requerimientos de información, es que, el personal inspectivo, investigue, analice y evalúe el cumplimiento de las normas sociolaborales respecto de la Orden de Inspección; por lo que, el incumplimiento de otorgar la información solicitada, origina que el inspector se vea frustrado o obstaculizado en dicha investigación, no pudiendo cumplir a cabalidad con las funciones ordenadas; y, en ese sentido, se otorga un plazo para su cumplimiento, no resultando razonable que, la inspeccionada remita la información requerida, posterior a la culminación de la etapa de investigación, durante la tramitación del procedimiento administrativo sancionador o explique las circunstancias que conllevaron a que no pueda cumplir en su oportunidad con el pago de las mismas, cuando ya no se puede ser sujeto de evaluación sobre las materias a analizar.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar

misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” III. DEL RECURSO DE REVISIÓN

8 Artículo 14 del Decreto Supremo N° 016-2017-TR.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MEJOR JEQUETEPEQUE – CLASE A

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 19 de julio de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 148-2022-SUNAFIL/IRE-LIB, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que, se ha podido corroborar de la entrevista realizada por la presidenta de la Junta con fecha 08 de noviembre de 2021, por el diario “Un Diario”, que, en efecto, el local se encontraba tomado por los agricultores inconformes con la elección del nuevo Consejo Directivo, hasta la fecha en que se llevó a cabo la referida entrevista, así como el Acta de Constatación Judicial y Acta de Constatación Policial, debieron de ser evaluadas en conjunto con las demás prueba ofrecidas, pues ello permite desarrollar una idea certera sobre la toma del local producida como hecho que propició la imposibilidad de dar cumplimiento a los requerimientos de información de fecha 07 y 26 de julio de 2021. ii. En ese sentido, cuestionan que, al no existir una correcta valoración y calificación de los medios probatorios por parte de la Autoridad Administrativa, se está vulnerando el derecho constitucional a un debido procedimiento. iii. En relación a la imposibilidad de atención de los requerimientos de información, alegan que, no se ha tenido en consideración los preceptos normativos consistente en el artículo 257 del TUO de la LPAG, así como el artículo 47-A del RLGIT; en razón de que, si bien se ha acreditado una imposibilidad de acceder a la información, tanto administrativa como procesal, dicha imposibilidad constituye directamente un impedimento de dar atención a los requerimientos de información de fecha 07 y 26 de julio de 2021, mismas que fueron notificadas a la casilla electrónica de la institución; por lo que, es necesario precisar que, tratándose de un hecho propiciado por terceros, ajenos al desarrollo de las actividades propias de la institución, la toma del local constituye una hecho de caso fortuito, el cual, de acuerdo con la Casación N° 1693- 2014-LIMA, debe entenderse como aquel hecho producto del actuar ajeno en el cual es posible evitar el daño producido mediante una diligencia normal o común, constituyendo así una causal eximente de responsabilidad por infracciones administrativas. iv. Asimismo, al respecto refieren que, la toma del local es un hecho extraordinario, en tanto no es un suceso que se evidencia en el desarrollo normal de las funciones de la institución; es imprevisible, toda vez que no había forma alguna de que, mediante actos de precaución normales o comunes, se pueda prevenir el hecho de que los agricultores del sector decidan tomar la Junta; así como, se trata de un hecho irresistible, pues no hubo forma o método razonable mediante el cual el hecho suscitado haya podido ser evitado en el momento en el que se desencadenó. v. Por último, señalan que, respecto al argumento del Intendente de que la toma del local no es óbice para no haber dado atención a los requerimientos de información; es necesario precisar que, si bien parte de la información como la vigencia de poder del representante legal, y las Constancias de Alta – Modificatoria o Actualización de datos de los trabajadores, dicha información se encuentra registrada únicamente en los ordenadores o equipos electrónicos de la Junta, pues dada la naturaleza de dicha información los trabajadores no pueden portarla ni transferirla a sus dispositivos de uso personal; por lo que, al encontrarse imposibilitados de presentar la información requerida, no contaban con la información de acceso a la casilla necesaria, así como, constituyendo dicho hecho un caso fortuito, corresponde se deje sin efecto la Resolución de Intendencia.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el deber de colaboración a la labor inspectiva

9 TUO de la LPAG, Título Preliminar, Artículo IV, Numeral 1.8.

los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y, en cumplimiento de dicha obligación de colaboración, deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”.

10 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.” ELECTRÓNICA” de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, denominada “DIRECTIVA SOBRE EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN INSPECTIVA”, aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 3 de febrero de 2020 (vigente en ese momento), se dispone que: “si el sujeto inspeccionado no cumple con proporcionar al inspector comisionado la información solicitada mediante esta modalidad y bajo apercibimiento, incurre en infracción a la labor inspectiva, según los previsto por el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, siempre que haya sido válidamente notificado según lo establecido en el TUO de la LPAG”.

- A folio 02, se aprecia el documento denominado “Requerimiento de Información para las actuaciones inspectivas de investigación”, de fecha 07 de julio de 2021; y, a folios 04 la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, depositada en la Casilla Electrónica de la impugnante el 07 de julio de 2021, con lo cual se deja constancia del depósito del referido documento, conforme se puede apreciar a continuación:

Figura 01:

- Así también, se aprecia a folio 07, el documento denominado “Requerimiento de Información para las actuaciones inspectivas de investigación”, de fecha 26 de julio de 2021; y, a folios 09 la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, depositada en la Casilla Electrónica de la impugnante el 26 de julio de 2021, con lo cual se deja constancia del depósito del referido documento, conforme se puede apreciar a continuación:

Figura 02:

11 Véase folio 16 del expediente sancionador. 12 Véase folio 17 (reverso) del expediente sancionador. la función inspectiva constituyen infracciones pasibles de sanción económica, pues conforme a los hechos, el sujeto inspeccionado se encontraba obligado a facilitar y entregar la información y/o documentación requerida, lo cual no se evidenció en el desarrollo de las actuaciones inspectivas, obstaculizando y frustrando la labor inspectiva. Por lo tanto, no corresponde acoger este extremo del recurso.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

13 RGLIT Artículo 15.- Deberes de colaboración con los inspectores del trabajo 15.1 Durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley.

estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA:

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Labor inspectiva La negativa a facilitar el requerimiento de información de fecha 07 de julio de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE Labor inspectiva La negativa a facilitar el requerimiento de información de fecha 26 de julio de 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MEJOR JEQUETEPEQUE – CLASE A, en contra de la Resolución de Intendencia N°148-2022-SUNAFIL/IRE-LIB, de fecha 23 de junio de 2022, emitida por la

Intendencia Regional de La Libertad, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N°807-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 148-2022-SUNAFIL/IRE-LIB, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a la JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MEJOR JEQUETEPEQUE – CLASE A, y a la Intendencia Regional de La Libertad, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20230823MCR